PARÓN EOLICO EN EL PAÍS VASCO

El Diario del Norte 15 de febrero de 2014

La eólica, una energía parada desde hace 10 años

El último parque eólico de Euskadi se abrió en 2005 y la contestación social primero y la interrupción de las subvenciones públicas desde 2012 han frenado su avance.

"En eólica, no se va a hacer nada en Euskadi ni en España por lo menos en los próximos cinco años", asegura un experto energético.

El Gobierno vasco mantiene todavía su plan de cuadruplicar la energía generada por el viento.

Alberto Uriona - Bilbao 15/02/2014 - 21:43h

El desarrollo de la energía eólica lleva parado en Euskadi casi diez años: desde que se inauguró el último parque, el de Badaia en Álava. Y el plan de energías renovables del Gobierno vasco no se ha cumplido ni en un 25% de lo previsto: ahora hay cuatro parques y un miniparque (los que tienen menos de 10 megawatios) con una potencia instalada 153 megawatios, que suministra energía a cerca de 300.000 personas al año; la intención era que en 2010, hace ya cuatro años, se llegara a una quincena de parques y una decena de miniparques, con los que se alcanzaría una potencia de 624 megawatios.

El rechazo en 2006 del departamento de Medio Ambiente a lo que iba a ser entonces el quinto parque eólico, en la sierra vizcaína de Ordunte (la primera decisión contraria en Euskadi por motivos ambientales a un proyecto industrial a punto de acometerse) frenó de cuajó los planes oficiales. La contestación social obligó a dejar en suspenso en 2008 el plan eólico que no se retomó hasta 2010, cuando se desbloqueó la tramitación de otros seis parques. Pero ninguna de las empresas promotoras llegó a tramitar la declaración de impacto ambiental. La razón: que el Gobierno central empezó a tocar las primas a la energía renovable, la clave para que los inversores se animaran a impulsar esta fuente de electricidad renovable.

Hasta entonces las subvenciones llegaban casi a un 40%, puesto que a las empresas que vendían energía eólica se les pagaba un precio fijo de 85 euros por megawatios por hora, cuando el precio del mercado rondaba los 50 euros. Pero el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero creó en 2011 un registro que limitaba el acceso a las primas y el Ejecutivo de Rajoy en 2012 dio la estocada al decretar una moratoria en esta subvenciones. “Ya no salían los números y se pararon las inversiones”, señala un experto en energía.

El Gobierno vasco mantiene aún su plan de energías renovables, que actualizó el que expiraba en 2010 al ampliarlo hasta 2020, en el que se contempla llegar a los 630 megawatios de potencia eólica, cuatro veces más que ahora. “Ese plan ya es papel mojado. Ya no tiene sentido. En la eólica, no se va a hacer nada en Euskadi ni en España por lo menos en los próximos cuatro o cinco años”, agrega el experto energético. El departamento de Desarrollo Económico asegura que mantiene el plan hasta 2020 aprobado por el anterior Gobierno socialista, pero que “a corto o medio plazo se revisará con el horizonte 2025. Después de ese análisis, se plasmará la adecuación necesaria de los objetivos tras las modificaciones del marco regulatorio que también afectan a la consecución de objetivos”, señala un portavoz oficial.

Los cambios en el marco regulatorio al que se refiere el Gobierno vasco son los que está preparando el Ejecutivo central, que contempla ofrecer subvenciones a los parques eólicos a la carta. Es decir, en función de que tengan una rentabilidad en torno a un 7,5%, pero que puede bajar si la instalación ha obtenido en su vida útil hasta ahora unos beneficios superiores a ese porcentaje. “Va a generar un caos, aunque creo que van a seguir funcionando los parques, que tendrán que pelear con el Gobierno las primas y tendrán menos ingresos. No se cerrarán porque no tienen costes de explotación grandes y siempre será más rentable para las empresas tenerlos produciendo”, añade el experto energético. “Pero han creado una gran incertidumbre en los inversores porque quién dice que no va a haber más alteraciones en las primas”.

La cuestión es que la eólica es ahora una energía parada. “Con el nuevo sistema de primas, es dudoso que haya inversiones. En los próximos cuatro o cinco años no vamos a ver más energías eólicas. Otra cosa es que con las nuevas tecnologías sea más rentable. Pero la industria que se ha creado en torno a la eólica tiene que vender su producto en el exterior y la mayoría de sus puestos de trabajo se van fuera”.

QUIEBRA EÓLICA EN EXTREMADURA

Serias dudas sobre la viabilidad de los parques eólicos en Extremadura

Diario Hoy, 19 de febrero de 2014 carlos de rodrigo

En Extremadura continúa el pesimismo en torno a las renovables. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy y en concreto su ministro de Industria, José Manuel Soria, acabara con las primas, el sector no levanta cabeza. Las subvenciones que venían recibiendo las plantas de energías limpias se pusieron en marcha para que cada negocio fuera rentable durante los primeros años de funcionamiento, cuando el gasto en tecnología es más grande. Las reformas aún no han terminado, sumiendo al sector en una incertidumbre tal que, no solo está haciendo que no lleguen nuevos inversores, sino que está espantando a los que ya están.

La última propuesta del Gobierno conocida incluye recortes en el sector de casi 2.000 millones de euros; un impacto de 600 millones solo en la energía fotovoltaica; recortes de hasta el 60% en la termosolar; y la peor parada, la energía eólica, cuyas plantas anteriores a 2004 se quedan sin primas y las que se pusieron en marcha después cobrarán más pero con la menor retribución de todo el sector.

En Extremadura hay muchos proyectos eólicos a los que se ha dado el visto bueno desde la administración regional, pero aún no se ha instalado ni un solo aerogenerador o molino de viento. Y todo apunta a que no veremos ninguno a corto y a medio plazo, según el director de la Agencia Extremeña de la Energía, Fernando López.“En esta región no se levantará ni un solo parque. España ya es la tercera potencia mundial en eólica y la retribución que va a recibir cada parque es tan baja que no tiene sentido poner en marcha ni un aerogenerador”, me comenta en una entrevista.

Sobre las últimas reglas del juego planteadas por el Gobierno, el director de la Agencia Extremeña de la Energía, no cree que vaya a cambiar la situación de incertidumbre en el sector en Extremadura.

Más pesimista se muestra en otra entrevista que me concedió el presidente del Cluster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez. Llega a calificar de “estafa” la regulación del sector que está haciendo el Ministro Soria. “Los empresarios firmaron en su día contratos que no se están cumpliendo, publicados incluso en el BOE”. A su juicio incluso hubo “un efecto llamada” por el que hasta familias invirtieron miles de euros en las renovables y ahora son carne de los conocidos como fondos buitres (fondos de inversión que aprovechan la debilidad de las empresas para comprar activos, en este caso las plantas renovables, a un precio muy barato y tras un tiempo razonable revenderlas para conseguir altas rentabilidades).

Hay muchas plantas que han entrado en suspensión de pagos, me cuenta, por lo que el siguiente paso es ya entregarlas a los bancos. En este sentido, el presidente del Cluster reconoce que él no invertiría en su propio sector.“¿Cómo voy a invertir en un negocio en el que no creo?”, sentencia.

AYUNTAMIENTOS SIN PRIMAS EÓLICAS

La patronal de la energía avisa a los alcaldes de que perderán las primas por tener parques eólicos

La reforma energética de Soria elimina las ayudas a las instalaciones anteriores a 2004
Buñol será, por ahora, el primer parque damnificado: su facturación caerá al 50%

El Mundo 12 de febrero de 2014 FRANCISCO ÁLVAREZ Valencia
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/12/52fb2126e2704e8d0f8b456b.html

La reforma energética que ultima el Ministerio de Industria tendrá efectos en las cuentas de los municipios que albergan parques eólicos. El inminente tijeretazo del Ejecutivo central al sector de las renovables se traducirá también en un descenso de los ingresos que hasta ahora percibían por esta actividad económica. Las empresas del sector energético pretenden reducir esta retribución anual ante la proximidad de un cambio legislativo que castigará especialmente a las eólicas.

La reforma planteada por el Ejecutivo central, que será aprobada como decreto ley, cambiará por completo el escenario actual, según explicó ayer a este diario el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Marcos Lacruz.

Las eólicas buscan renegociar las compensaciones a los ayuntamientos

En diciembre, los alcaldes de municipios con aerogeneradores ya denunciaron la posibilidad de que se redujeran sustancialmente las compensaciones a los municipios por la explotación de estos molinos. Ayer mismo lo confirmó la patronal valenciana de la energía: «El temor es fundado», indicó Lacruz. No afectará, sin embargo, a los ingresos fiscales por el pago de tributos como el IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

En la práctica, Industria plantea recortes para todas las instalaciones, pero son las más antiguas las que resultan peor paradas. No en vano, los parques anteriores a 2004 perderán las primas este año, lo que representa un descenso del 50% en su facturación y amenaza la viabilidad económica de parte de la industria.

Según Lacruz, el borrador establece una rentabilidad para las renovables del 7% y a partir de ahí restringe los beneficios que disfrutan dichas empresas en función de una serie de categorías. De este modo, los parques eólicos se quedarían sin primas al superar la primera década de vida.

En la Comunidad Valenciana, Buñol se erige en el primer parque damnificado, aunque no será el único. «El grueso de ellos entraron en funcionamiento entre 2006 y 2010», precisó Lacruz. En un máximo de diez años todos habrían perdido las primas de continuar vigente esta normativa.

Los parques perderán las primas progresivamente al cumplir 10 años

La reforma que ultima el Gobierno central, sin embargo, abre la puerta a una revisión de la ley a partir de 2016, aspecto que tampoco satisface al sector. Desde la patronal valenciana se critica, de hecho, la inseguridad jurídica derivada de los sucesivos cambios normativos, en función del Ejecutivo de turno: «Ningún banco va a querer refinanciar una deuda con esos plazos, sin saber qué sucederá a partir de este año».

Lo cierto es que las empresas del sector no contemplan otra opción más allá de la mera supervivencia a pesar del rejonazo del ministro José Manuel Soria. La magnitud de la inversión en estas infraestructuras es tal que desinvertir y abandonar la explotación de los aerogeneradores no representa una alternativa viable, ni siquiera para las grandes compañías del sector eléctrico. Por eso sus planes tratarán de compensar la reducción de los márgenes a través de otras vías. Como, por ejemplo, las compensaciones que abonan a los municipios por conceptos tan diversos como el alquiler del suelo o el impacto visual que suponen estas estructuras de gran tamaño desde el punto de vista paisajístico. Un «beneficio social», a juicio del sector, que no se han tenido en cuenta al planificar los recortes.

Por ahora, según indican estas mismas fuentes de este ámbito, todavía no se ha estimado en qué medida se verán mermadas estas partidas, porque los esfuerzos se centran en estos momentos en diseñar las alegaciones que el sector debe presentar ante el Ministerio de Industria a lo largo de los próximos días.

No obstante, se admite abiertamente que será necesario renegociar con los consistorios estas retribuciones, que a lo largo de la concesión suponen un volumen de gasto notable.

LOS PROMOTORES EÓLICOS TIENEN MIEDO

Íñigo Muniozguren: «El promotor eólico tiene miedo»

El sector gallego dejará de percibir 270 millones anuales de primas

La Voz de Galicia, 5 de febrero de 2014. Escrito por: f. fernández

El 70 % de los parques eólicos gallegos, los anteriores al 2004, se quedarán sin derecho a percibir prima y sus promotores ingresarán la mitad que ahora. Así de mal parado saldrá el sector cuando se aplique el nuevo sistema de retribución a las renovables, elaborado por el Ministerio de Industria. El secretario general de la Asociación Eólica de Galicia, Íñigo Muniozguren, detalla cómo será el desastre.

-¿Están sorprendidos con la propuesta de retribución?

-Efectivamente. Sabíamos que iba a hacer otro recorte, pero no contábamos con que la eólica iba a ser tan castigada (soporta el 70 % del recorte a las renovables cuando cobra el 25 % de las primas), ni que se penalizase a las instalaciones más antiguas.

-¿Cómo afectará concretamente al sector gallego?

-La media de los parques gallegos van a ingresar un 40 % menos, cuando a nivel nacional será de un 20 %, y los anteriores al 2004 cobrarán un 50 % menos. Estimamos que vamos a dejar de percibir 270 millones anuales en primas y que quedaremos con 80, el 6,7 % del presupuesto total nacional, cuando Galicia tiene casi el 16 % de potencia eólica. Va a haber muchas instalaciones que probablemente entren en pérdidas y el promotor va a tener un problema con el banco, claro.Si se pierde la retribución, la eólica va a dejar de ser atractiva, no se va a seguir invirtiendo, es muy grave.

-La situación ya era grave.

-Llevamos dos años de recortes continuos, la seguridad jurídica de los inversores está en el aire.

-¿Cómo quedan los parques posteriores al 2004?

-Algunos van a cobrar más, es lo sorprendente. Puede haber parques situados en emplazamientos donde sopla menos el viento y que perciban más dinero que otros situados en zonas más ventosas. Eso quiere decir que se están primando instalaciones ineficientes.

-Pero los parques más recientes sí tienen garantizada...

-Nadie tiene nada garantizado porque todo se revisará en el 2016 y pueden volver a cambiar las circunstancias. Un parque nuevo va a cobrar el precio de mercado (pool) y luego la Administración le medio garantiza una rentabilidad razonable, que cifra en el 7,5 % de la inversión. Pero esa es la teoría. A ese 7,5 no vas a llegar nunca a través del pool, pero la ley plantea que se podrá otorgar una especie de prima para alcanzar esa rentabilidad razonable, pero para obtenerla tendrá que competir con el resto de parques. Otro de los grandes problemas que tenemos es el cálculo que hace el ministerio para retribuir a los distintos modelos estándar porque no están repercutidos gastos que en Galicia son obligados, como los planes industriales que van asociados a los proyectos y el canon eólico.

-¿Qué esperan de la Xunta?

-Que presente un recurso de inconstitucionalidad. Es la única forma de defender el sector eólico gallego, o eso o utilizar la capacidad de presión para que el ministerio cambie de planteamiento, pero se echa en falta esa contundencia.

-Tienen una vía de diálogo abierta con la Xunta para salvar el concurso eólico, de hecho se han autorizado ya los tres primeros parques.

-La sensación que tengo es que una cosa es autorizar y otra construir. La situación actual no parece la mejor para plantearse lo segundo. Habrá que hacer números, pero en este momento el promotor está con mucho miedo a invertir porque no sabe lo que va a pasar.

-La Xunta facilitará la renuncia a la concesión, ¿habrá muchas?

-No lo sé. Eso es cosa de cada promotor

EL CUENTO DE LA LECHERA EÓLICA


Vía libre a las eólicas para renunciar al concurso sin sanción económica

La Xunta les comunica que pueden desistir de los parques y de los planes industriales


Escrito por: Mario Beramendi Santiago / La Voz  de Galicia 15 de febrero de 2014 GMT

La Administración autonómica empezó ayer a enviar a las empresas adjudicatarias del último concurso eólico una circular en la que les informa de que pueden renunciar total o parcialmente a los parques otorgados. Un desistimiento que afecta en la misma proporción a los planes industriales que iban asociados a la potencia adjudicada y sin sanción económica a las empresas.

Esta decisión es fruto del nuevo escenario abierto en el sector, marcado por las dificultades de acceso al crédito y por el fin de las primas a las renovables tras la última reforma energética del ministro Soria. Dos factores que han lastrado la rentabilidad de los nuevos proyectos. En la circular enviada a las empresas por el director xeral de Enerxía e Minas, Bernardo Tahoces, se incluye la renuncia por causas materiales, es decir, por contravenir la legislación ambiental, urbanística y de seguridad aérea. Hechos que estaban amparados ya antes en la regulación. La novedad radica en que, por vez primera, se recoge el desistimiento por la inviabilidad económica de los parques.

Cuando la Administración compruebe que concurren causas justificadas y sobrevenidas, las empresas eólicas podrán recuperar los avales que habían depositado. Esta era una vieja demanda de la patronal eólica gallega, EGA. Su portavoz, Íñigo Muniozguren, aseguró ayer «desconocer el inicio de las comunicaciones» por parte de la Xunta, pero valoró de forma positiva la medida. «No vemos mal que un promotor pueda renunciar a un parque dadas las circunstancias actuales y recuperar la garantía», dijo. Según consta en la circular remitida ayer por la Xunta a las empresas, cuando la renuncia no sea de la totalidad de los parques adjudicados, aquellos que continúan con la tramitación deberán ser sometidos a un nuevo cálculo de puntuación por parte de Economía e Industria. La renuncia no sería admisible si los parques que el promotor quiere mantener, al reevaluar las nuevas magnitudes, no conservasen la potencia adjudicada en el concurso del 2010.

Empleo e inversión

En lo que concierne a los planes industriales asociados a los molinos otorgados, la Xunta permite la modificación cuando causas sobrevenidas con posterioridad al concurso evidencien la inviabilidad económica de esa inversión y se sustituya por otra. Este supuesto estaría condicionado a que no se altere el resultado del concurso -que se mantenga la potencia adjudicada- y se preserve el número de empleos que se iban a crear. Dos requisitos que también se mantienen en el otro punto más novedoso de la circular: la renuncia total o parcial de los planes industriales asociados a los parques. Cuando el desistimiento sea completo, se procederá a la revocación de toda la potencia. Y cuando resulte parcial tendrá que mantener la parte proporcional de inversión y empleo. A modo de ejemplo: si un promotor con 100 megavatios iba a invertir 50 millones y a crear 1.000 empleos, y ahora se queda con 50 megavatios, tendrá que desembolsar 25 millones y generar 500 puestos de trabajo.

BOE. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE CANTABRIA CONTRA EL FRACKING

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 40 Sábado 15 de febrero de 2014 Sec. I. Pág. 14419


I. DISPOSICIONES GENERALES

1633                                            TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recurso de inconstitucionalidad n.º 498-2014, contra la Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 498-2014, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso –27 de enero de 2014–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.

Madrid, 11 de febrero de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

¿POR QUÉ SUBE TANTO LA LUZ EN ESPAÑA?

Enlace interesante del 15 M de Logroño para entender por qué sube tanto la luz en España:




ESPAÑA, LA COBAYA EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS RENOVABLES



“La subasta eléctrica desaparece en abril”

El secretario de Estado de Energía anuncia que usará la media de los precios mayoristas

“Hemos pagado al resto del mundo la curva de aprendizaje en renovables”


Miguel Ángel Noceda Madrid 8 FEB 2014 - 00:13 CET151
El País, 9 de febrero de 2014

Alberto Nadal Belda (Madrid, 1970) se ha encargado, como secretario de Estado de Energía, de ejecutar la reforma eléctrica, con la que ha generado malestar en todos los sectores implicados. En esta entrevista adelanta que el Gobierno suprimirá el sistema de subastas implantado hasta la fecha.

Pregunta. Usted llegó al cargo hace 13 meses para arreglar un sector que estaba para el arrastre.

Respuesta. Cuando se me llamó, no lo dudé un segundo. Pero era consciente de que la tarea no era fácil. Seguramente el problema financiero del sector energético es una de las herencias más complicadas. Subrayo lo del problema financiero, porque el sistema funciona bien: no tenemos apagones, cortes de suministro ni zonas desabastecidas y el mix es el adecuado. Los costes eran muy elevados y nos han hecho perder competitividad a marchas agigantadas y han situado al sistema en una enorme fragilidad financiera. Los ingresos caían y los costes crecían provocando un agujero estructural de 10.000 u 11.000 millones al año. ¡Un punto de PIB! Era insostenible. El reto era ayudar a cerrar esa vía de agua y dar estabilidad. Ahora bien, ese reto no se resuelve con tiritas, requiere decisiones de calado.

P. A toro pasado, ¿cree que está bien pensada, meditada y ejecutada la reforma eléctrica?

R. Está bien pensada y meditada y los pasos más difíciles están dados. Hemos escuchado a todo el sector, a la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] y hemos pulido cientos de pequeños detalles. Ha habido muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, y en realidad hemos dado una vuelta completa al sistema de retribución de la parte regulada, y eso consume recursos.

P. ¿Y qué va a pasar con las subastas que fijaban el precio para los consumidores domésticos?

R. Para el 1 de abril habrá un nuevo sistema mucho más sencillo y transparente que permitirá ahorros importantes para los consumidores domésticos. En el sistema anterior el precio de la energía se establecía mediante subastas, que convertían el precio del mercado mayorista de electricidad, que fluctúa cada hora, en un precio constante durante un trimestre. Era muy complejo, con gran número de intermediarios y generaba un alto sobrecoste para el consumidor. En el nuevo sistema desaparecen las subastas y se tomará como precio de la energía el que efectivamente haya habido en el mercado eléctrico durante el periodo de consumo del recibo.

P. ¿Y cómo se fija?

R. Según el periodo de facturación, que puede ser mensual o bimensual, y se fijará de acuerdo al precio del mercado mayorista. Las variaciones responderán al verdadero coste de la energía. Aunque en el cómputo anual el precio será inferior, con toda probabilidad, al que resultaba hasta ahora. Para quien quiera más estabilidad en su precio vamos a imponer la obligación a los comercializadores de referencia de hacer una oferta en la que el precio se mantenga estable todo el año. Evidentemente, será superior, pero entendemos que hay consumidores que preferirán esta opción.

“Arreglar el sector no se resuelve con tiritas, requiere decisiones de calado”

P. ¿No se corre el riesgo de que se pueda manipular?

R. El mercado de electricidad da, en general, una buena señal de precio, prueba de ello es que ahora mismo tenemos precios muy bajos por una situación meteorológica favorable. Y ya la idea de que el Gobierno y la CNMC están permanentemente vigilando el mercado y, ante cualquier circunstancia atípica, estamos preparados para actuar con rapidez, da garantías, como pasó con la subasta de diciembre, que se anuló en menos de 24 horas.

P. ¿Desaparecerán los intermediarios financieros, por tanto?

R. En efecto, la relación va a ser del consumidor con el comercializador.

P. ¿Los costes regulados van a seguir siendo el 55% de la factura?

R. Sí, salvo una evolución muy volátil de la energía. Lo que ha hecho la reforma es congelar los costes fijos del sistema que se pagan con los peajes y que se fijarán una vez al año, en enero, y ha invertido los dos conceptos por los que se paga, de manera que la potencia pasa de suponer el 35% al 60%, y el consumo, del 65% al 40%, con lo que se trata de beneficiar a las familias.

P. ¿Las eléctricas han ayudado?

R. Los agentes implicados prefieren lógicamente que sean los demás los que asuman el ajuste. Todos entienden el problema, pero nadie está dispuesto a implicarse en la solución. Es el Gobierno el que asume la responsabilidad y distribuye los costes del ajuste. El sector había vivido, en gran medida, al margen de la crisis. Hemos intentado que cada cual aporte lo que le corresponde. No puede ocurrir que todos los sectores y los salarios se ajusten y las retribuciones eléctricas sean intocables.

P. ¿Es consciente de que se enfrenta a un sector muy poderoso?

R. Los sectores organizados, y este es un sector organizado, tienen capacidad de influencia, aunque sólo sea porque se les recibe en los despachos ministeriales. Pero la gran masa de consumidores eléctricos no está tan organizada. Y si por alguien tiene que velar el Gobierno, es por estos, que han visto que la factura crece y crece y no entiende por qué. Los que lo entienden, porque viven dentro de él, hacen lo posible para evitar que el ajuste recaiga sobre ellos.

P. Dice que España tiene un mix energético apropiado, pero...

R. Sí, tenemos nuclear, carbón, gas, fotovoltaica, termosolar, eólica…, todas las tecnologías posibles. El problema es que no se han implantado en el momento adecuado, sobre todo en el caso de las renovables y, dentro de estas, las solares. El Gobierno mantiene su apuesta por las renovables pero con un coste razonable. Si en vez de haber invertido en 2007 y 2008, lo hubiéramos hecho a partir de 2009 nos habría costado mucho menos y habríamos tenido acceso a fondos comunitarios. El arte de la política energética es guardar el equilibrio entre tres patas: garantía de suministro; competitividad y precio, e impacto medioambiental. No se puede sacrificar ninguna y eso fue lo que se hizo en las pasadas legislaturas, que se prestó muy poca atención a la competitividad. Teníamos que haber esperado a que la tecnología estuviera madura.

P. ¿España ha sido cobaya?

R. Más que eso, les hemos pagado al resto del mundo la curva de aprendizaje. Esto es grave porque España no es un país con una riqueza y una potencia como para regalar al resto del mundo ese aprendizaje. Los costes se han convertido en una hipoteca que queda para el consumidor para muchos años y, gracias a ella, otros países instalan tecnología renovable muchísimo más barata. No obstante, hay cosas enormemente positivas de las renovables, ya que reducen la importación de petróleo y aumentan la competencia.

P. ¿Por eso ha cambiado la retribución de las renovables?

R. Las renovables tenían una retribución elevada. Cada vez que salía un real decreto de retribución, había cola de inversores, porque la rentabilidad era excepcional. Se habían previsto 400 megawatios fotovoltaicos en 2007 y surgieron siete veces más. España tenía previsto generar el 13% con renovables para 2013 y estamos en el 17,5%. En termosolares, tenemos el 70% de la potencia mundial instalada, siendo muy cara. Todo ello bajo un sistema en el que se asignaban los permisos según el primero que llegaba. No es una forma de asignación eficiente, ya que se no se otorga al proyecto más barato, sino al que tiene más información. En muchas ocasiones los adjudicatarios vendían inmediatamente los permisos obteniendo un beneficio; en otras, el promotor vendía el proyecto una vez terminado como si fuera una inversión financiera. El apoyo a las renovables terminó convirtiéndose en un negocio financiero basado en el BOE.

P. Les van a llover demandas.

R. No creo que tengamos un orden constitucional y jurídico en el que, una vez que un Gobierno haya tomado una decisión, los gobiernos posteriores no puedan modificarla para la salvaguarda del interés general. La rentabilidad del 7,5% que establecida en la nueva regulación es más que razonable teniendo en cuenta la situación del país y la rentabilidad de las instalaciones. La Ley anterior ya fijaba la rentabilidad razonable como el criterio sobre el que se debe basar el sistema de apoyo a las renovables y en esta misma línea se pronunció el Tribunal Supremo.

P. Las eléctricas se quejan de que no se las consultó.

R. Eso no es así. Podemos haber tenido decenas de reuniones con el sector antes de la reforma.

P. ¿Por qué dicen lo contrario?

R. Porque el BOE no ha reflejado plenamente su posición. El Gobierno ha intentado buscar un centro de gravedad que lógicamente no satisface a nadie. Hemos escuchado a las eléctricas tradicionales, a las renovables, a los cogeneradores, a los consumidores, al operador del mercado, al del sistema…, y hemos optado por lo que nos parecía mejor. Todas y cada una de las soluciones que hemos recibido consistían en subir impuestos, el recibo de la luz o que fuera otra parte del sector la que sufriera el ajuste. Se les escucha, otra cosa es que se les haga caso en todo. Pero la regulación no se puede hacer desde Unesa ni desde ninguna otra asociación; se hace desde el Ministerio escuchando a todos. Además hay muchas cosas que hacemos con ellos, como dar batallas en Bruselas.

P. Las eléctricas aseguran que el recibo recoge costes que no son propios de la industria eléctrica.

R. Para dar una idea de que los costes regulados han sido el problema fundamental del sistema, me parece una campaña adecuada. Pero ellas también participan de subvenciones y otros costes que son ajenos al funcionamiento del sistema eléctrico, como son las primas a las renovables y las extrapeninsulares.

P. Llama la atención que diga que van juntos a Bruselas cuando las eléctricas les denuncian allí.

R. Hay áreas en las que tenemos intereses comunes porque está en juego la garantía de suministro. Por ejemplo, España lleva 11 años de retraso en el objetivo de tener un 10% de interconexión. Sin embargo, Europa está mucho más preocupada en alcanzar objetivos de porcentajes de renovables o de reducción de uso intensivo de energía que en la interconexión. Nuestra misión es poner esas cosas en la agenda. El primer punto que hay que plantear es si la política energética europea es coherente. Creo que Europa se precipitó. Tenía que haber hecho una política europea más eficiente desde el comienzo. Se debió haber apostado por una mayor integración de redes, y en renovables que todo el sistema de retribución contara con primas muy reducidas entre los Estados, teniendo en cuenta la forma más eficiente de tener una economía baja en carbono.

LA PLATAFORMA SOLICITA NULIDAD DE LOS PERMISOS BEZANA BIGÜENZO POR FALTA DE PARTICIPACIÓN


LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA DENUNCIA LA NULIDAD DE LOS PERMISOS BEZANA y BIGÜENZO POR FALTA DE PARTICIPACIÓN Y EAE.

Hemos solicitado por escrito ante el Consejo de Ministros la NULIDAD DE PLENO DERECHO del Real Decreto 1781/2009, de 13 de noviembre, por el que se otorgan a Petroleum Oil & Gas España, S.A., los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Bezana” y “Bigüenzo”.
El objeto Del Real Decreto es otorgar a Petroleum Oil & Gas España, S.A. los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Bezana” y “Bigüenzo, otorgamiento que faculta  a  dicha empresa “para investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada, la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para los mismos (…)”.
La “superficie otorgada” para “investigar en exclusiva” es de 87.580 hectáreas en el caso del permiso “Bezana” y 91.654,50 hectáreas en el del permiso “Bigüenzo”, o lo que es lo mismo, 179.434,50 hectáreas en total, entre Cantabria y la provincia de Burgos, un 33,722%, más de una tercera parte de la superficie total de Cantabria.
Ello supone entregar la posibilidad de tomar decisiones que condicionan el futuro de todo ese territorio a una mercantil única, Petroleum Oil & Gas España, S.A. que, finalmente y al parecer, ha perpetrado la división de la canonjía en tres partes:
·         Petroleum Oil & Gas España, S.A.: 50%
·         Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.: 40%
·         Pyreenes Energy Spain, S.A.: 10%
Son fuentes jurídicas del Real Decreto por las que pretenden que se rija todo lo relacionado con el mismo 1) la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, 2) la Ley de 1974 (franquista), 3) el Reglamento sobre Investigación y Exploración de Hidrocarburos de 1976 (preconstitucional) y 4) la Ley sobre zonas de instalaciones e interés para la Defensa Nacional, de 1975 (franquista). Un Real Decreto de 2009, gobernando el PSOE.
No se hace referencia a la normativa europea, española y autonómica sobre participación ciudadana, nacida del fundamental Convenio de Aarhus, ni al Convenio de Espoo, 25 de febrero de 1991, sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009, ni las Directivas Europeas de él emanadas, entre otras la 2001/42/CE, de 27 de junio, ni mucho menos el Convenio Europeo del Paisaje, Convenio de Florencia, ratificado el 26 de noviembre de 2007, obligatorias normas que garantizan el interés público, anteriores al otorgamiento de los generosos y agresivos permisos el 13 de noviembre de 2009, todas ellas incumplidas en el trámite.

Es inadmisible la pretensión que el poder, con apoyo de los medios, tiene de que todos identifiquemos la defensa del medio ambiente, de la naturaleza en que vivimos y, si nos dejan, vivirán nuestros hijos y nietos, con una especie de exquisito capricho de lo que plumillas llaman ofensivamente “ecologismo caviar” que usa el bucólico paisaje como único argumento frente a sus idílicos “desarrollo”, “progreso”, “crecimiento”,…

Muy al contrario, nuestra “eco/lógica”, defiende el desarrollo sostenible del territorio, la forma de vida más vieja y tradicional, más necesaria, la agricultura, la ganadería,…, y un razonable decrecimiento, la sabia austeridad de todos que posibilite la vida a los que nos siguen…; hace frente al depredador crecimiento insostenible que beneficia a unos pocos, cada día menos, y convierte al resto en consumidores de lo que no pueden y, además, están agotando; denuncia lo que ocurre, usa el Derecho, utiliza la Ley que nos han dado, una Ley que es de “ellos” y no nos gusta, pero exigimos que se cumpla. Hacemos política utilizando esa “eco/lógica”.

El art. 62.1 de la Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo fija los casos en que los actos de las Administraciones son nulos de pleno derecho, entre otros: “a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional” o “e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (…)”, lo que ocurre en este caso.

Se lesionan derechos constitucionales al incumplir, en especial y primer lugar la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública, nacida en nuestro ámbito interno (ver su Exposición de motivos) de la exigencia constitucional de, entre otros, el art. 45 CE.

La instrumentación jurídica de tal participación nació en Europa el 25 de junio de 1998, en la Conferencia Ministerial que firmaba la obligatoria para todos Convención para el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones (…), conocida como Convenio de AARHUS, desarrollado, entre otras, por la Directiva 2003/35/CE, 26 de mayo de 2003 y diversas normas nacionales y autonómicas.

España ratificó tal Convenio, vinculante por comunitario, el 29 de diciembre de 2004 y lo traspuso a nuestro ordenamiento por la citada Ley 27/2006, cuyo doloso incumplimiento es uno de las razones de la nulidad de pleno Derecho del Real Decreto, pues en España tan garantista acuerdo tiene el carácter de bucólico “brindis al sol”, expresión práctica del criterio de que la participación ciudadana comienza y acaba al introducir cada equis años un voto en una urna.

Son exigencias ineludibles nacidas en Aarhus:

          1) hacer accesible la información relevante sobre el plan o norma;

          2) informar del derecho a participar y de la forma en que se pueden hacer;

         3) reconocer el derecho a formular observaciones y propuestas en las fases del procedimiento en las que estén abiertas las opciones de la decisión;

         4) justificar la decisión adoptada y el desarrollo del trámite de participación.

         5) determinar quienes tienen la condición de interesados para participar en tales procedimientos.

Tales exigencias no son, como España pretende, mera declaración de principios sin eficacia práctica y quien las incumpla o burle incurre en comportamiento doloso de lesa democracia, atenta contra un principio básico en la defensa del medio ambiente.

Es objeto declarado y expreso del Acuerdo de Aarhus “fortalecer la democracia en la región”, obligando a la Administración a informar sin límites a los ciudadanos y a asociaciones como la nuestra 1) sobre el estado de los elementos que definen el “medio ambiente” y 2) “las medidas administrativas, leyes, planes, programas,…” que pueden influir en el mismo, para 3) potenciar la “participación” de todos en el seguimiento, elaboración, tramitación, aprobación de todo ello.

Mayor evidencia tiene lo anterior cuando vemos lo que implica el Real Decreto que pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes de un territorio equivalente al 34%, la tercera parte de Cantabria. Se quiere poner en manos privadas la llave para reabrir a la especulación más dañina en nuestro territorio por lo que, desde el mínimo conocimiento de ese territorio e incluso sin acudir a la normativa nacida de Aarhus, está exigido el más sensible, reflexivo y participativo tratamiento para las cuestiones litigiosas o, lo que es lo mismo, lo contrario a lo que aquí y ahora se hace.

Hay que acabar con la siniestra lógica que intenta hacernos creer que para “crear riqueza” y “progresar” es preciso destruir el medio ambiente actuando a espaldas del ciudadano y sus asociaciones y asentar entre nosotros la necesidad de marchar al paso y en la dirección de la naturaleza. No es un lujo (a los deshielos, fríos o calores que niegan el pasado, tornados, ciclogénesis, olas y mareas,… me remito), sino algo urgente y necesario para garantizar el futuro de la vida humana en nuestro planeta.

Es evidente que los hechos concretos a que nos referimos (los “permisos”) han incumplido radicalmente tal normativa, tanto 1) en el trámite administrativo del agresivo, inseguro y zigzagueante Real Decreto, como en 2) el del acomodaticio (ab)uso que de él pretenden hacer ahora sus particulares beneficiarios privados.
Para cumplir las exigencias del Convenio de Aarhus y de la evaluación de los impactos deberá volver a tramitar el Real Decreto, difundir la documentación precisa con la mayor amplitud y detalle, dejar constancia de forma mucho más clara que los “permisos de investigación” tienen el carácter de paso previo para una pretendida extracción de gas mediante la agresiva técnica de la Fractura Hidráulica (“Fracking”).
Siendo, por último, que el Real Decreto 1781/2009 se aprobaba en una situación de falta de sensibilidad ciudadana y desconocimiento sobre el fracking ajena a la actual y aunque ello no quita importancia a la gravedad de los incumplimientos legales producidos, empecinarse en mantener hoy la legalidad y vigencia de los permisos indebidamente concedidos añadiría un componente doloso de grosera actuación “a sabiendas” que podría ser penalmente tipificable.


6 de febrero de 2014


RECHAZO DEL RECURSO DEL AYTO DE VALDEPRADO DEL RÍO CONTRA EL PERMISO BEZANA-BIGÜENZO


El Consejo de Ministros rechaza el recurso de Valdeprado del Río contra los permisos de fracking 'Bezana' y 'Bigüenzo'

Noticia extraída de Europapress. SANTANDER, 31 Ene.

El Consejo de Ministros ha rechazado, en su reunión de este viernes, el recurso extraordinario interpuesto por el Ayuntamiento de Valdeprado del Río contra el Real Decreto de 2009 por el que se otorgaron a Petroleum Oil & Gas España, S.A., los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Bezana' y 'Bigüenzo', en territorio de Cantabria y Castilla-León.

El Ayuntamiento de Valdeprado del Río alegaba error de hecho por no concretarse en los citados permisos de investigación de hidrocarburos el proyecto de la empresa Petroleum Oil & Gas España S.A.

Asimismo, según el recurrente, no se concretaban los métodos de investigación, habían aparecido documentos esenciales posteriores (estudios) que evidenciaban daños ambientales, y se había producido vulneración del procedimiento de infracción de una Directiva comunitaria, al no haberse publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el concurso y los criterios para la concesión de permisos.

El Ayuntamiento de Valdeprado del Río también reclamaba la nulidad y suspensión del Real Decreto por el que se otorgaron los permisos 'Bezana' y 'Bigüenzo' por ser contrario a la Ley de Cantabria que prohíbe el fracking, que ha quedado suspendida tras el recurso de inconstitucionalidad aprobado la semana pasada por el Gobierno.

En una resolución recogida por Europa Press, el Consejo de Ministros inadmite el recurso del Ayuntamiento de Valdeprado del Río, firmado por su alcalde, Jaime Soto Marina (PP), al considerar que "no se aprecia un error de hecho, ya que la vía extraordinaria de impugnación se reserva a cuestiones fácticas, nunca jurídicas, como pretende el recurrente".

Además, señala que la empresa presentó toda la documentación exigida y el proyecto de investigación tiene carácter confidencial de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Añade que los documentos citados no se consideran esenciales al configurarse el otorgamiento de un permiso de investigación como una concesión demanial, por lo que "no puede entrañar por sí ninguna afección al medio ambiente".

También se rechaza la revisión del acto por nulidad, al entender que el procedimiento seguido se adecúa plenamente a la Ley del sector de hidrocarburos y a la mencionada Directiva comunitaria de 1994, ya que se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el anuncio que dispensa de la publicación de la solicitud.

Por último, tampoco ha lugar a la suspensión solicitada del citado Real Decreto de otorgamiento de los permisos, "ya que ésta únicamente tiene virtualidad durante su tramitación y hasta la resolución del recurso, careciendo de sentido una vez resuelto éste".

El permiso de investigación de hidrocarburos Bezana ocupa una superficie de 87.780 hectáreas, y el permiso Bigüenzo, 91.654 hectáreas, ambos en el Sur de Cantabria y el Norte de Burgos y Palencia.

El Ministerio de Industria se los concedió en 2009 a Petroleum Oil & Gas España, S.A., propiedad al 100% de Gas Natural S.A., por un periodo de seis años. En junio de 2011 se autorizó la cesión de un 40% a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., y en febrero de 2012 Petroleum Oil & Gas cedió otro 10% a Pyreenes Energy Spain, SA.