PERMISOS DE FRACKING EN CANTABRIA: INTERVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO DE LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA


NOTA DE PRENSA
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha sido invitada a intervenir en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el 13 de julio, a las 15:40 horas, para defender una queja formulada  el 9 de octubre de 2014 sobre la fracturación hidráulica (fracking) en general y especialmente en Cantabria.
Pese a haberse tardado casi dos años en atender nuestra queja, ésta tiene hoy una relevancia trascendental, tanto general como en especial para el sur de Cantabria, puesto que los únicos sondeos que hay en tramitación afectan a Valdeprado del Río y Valderredible.
Nuestra queja, como en el caso de la agresión eólica, se refiere a la falta de información y participación política ciudadana -Convenio de Aarhus- puesta en relación con la falta de una planificación general previa (PROT y Planes energético y eólico) y la exigible, y también inexistente, Evaluación Ambiental Estratégica general; al plantearla afectaba a los permisos de investigación de hidrocarburos, preparatorios del fracking, entonces aprobados en Cantabria y el norte de Burgos, en concreto los llamados Bezana-Bigüenzo, Luena Profundo 1 y Usapal.
A día de hoy, a partir del permiso Bezana-Bigüenzo, se han solicitado una serie de sondeos ya en tramitación, todos los cuales se encuentran en Valdeprado del Río y Valderredible. De los 8 sondeos de investigación previstos en Valdeprado del Río, 5 están en Los Carabeos y 3 en Arcera, mientras que de los 3 de Valderredible, el Cadalso-2  está en San Martín de Elines, el Coto-2, en La Población de Arriba y el recientemente solicitado El Sestero-1, en Otero del Monte, donde ya se solicita expresamente la utilización del fracking.
El permiso Bezana-Bigüenzo fue aprobado por R.D. 1781/2009, de 13 de noviembre, cuando, al parecer, en España -salvo Revilla y sus socios, que autorizaron el permiso “Arquetu”- nadie había aún oído hablar de lo que era el fracking, motivo por el cual no se presentaron alegaciones, siendo que, además, en ningún sitio se indicaba que se tratara de tan agresiva técnica del fracking, sino que tan sólo se refería a un permiso más para la extracción de hidrocarburos.
Toda vez que el resto de permisos en Cantabria han sido aprobados del mismo modo, se puede decir que no sólo que no ha habido información y participación política ciudadana, sino que incluso ha habido ocultismo.
La “superficie otorgada” en los tres permisos mencionados es de 328.997,50 Has, equivalente a dos tercios de la superficie total de Cantabria, una superficie sobre la que se otorga a unas mercantiles con sólo interés y lucro privado la posibilidad de adoptar decisiones y ejecutar actuaciones que conllevan graves riesgos para los habitantes, su calidad de vida y el medio ambiente de ese territorio, afectando de modo directo a sus actividades económicas.

Por este motivo, la falta de participación e incumplir el Convenio de Aahrus y por no exisitir planificación previa ni Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que tengan en cuenta las afecciones sobre las actividades socioeconómicas que ya se desarrollan en el territorio, iguales motivos de los que adolecen las pretensiones eólicas para el mismo territorio, es por lo que desde la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria se decidió presentar una queja, en primer lugar ante el Consejo de Ministros del Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Cantabria, y ante la callada recibida por respuesta, posteriormente ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, queja que, cumplido el muy restrictivo trámite a que está sometida, tendrá una vista, en la que defenderemos nuestros planteamientos, el próximo día 13 de julio en Bruselas.
Monte Bigüenzo, que da nombre al permiso 

El parlamento polaco adopta la regla 10H obligatoria para los eólicos industriales (10 veces la altura de la turbina)



El parlamento polaco adopta la regla 10H obligatoria para los eólicos industriales (10 veces la altura de la turbina)
Comunicado de prensa 10 de junio de 2016

El 9 de junio el Senado polaco ha aprobado el proyecto de ley que prevé las distancias obligatorias en relación a las viviendas, para los nuevos proyectos eólicos en desarrollo, éstas habían sido ya adoptadas por la Cámara baja, hace unas semanas. Para que se convierta en ley, este texto debe ahora ser firmado por el presidente polaco Andrzej Duda y oficialmente publicado. La ley deberá entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2016.

Esta nueva reglamentación afecta a las comunidades rurales en los siguientes aspectos importantes:

- Los futuros parques eólicos pueden situarse exclusivamente sobre la base de planes locales de desarrollo territorial adoptados por los Consejos municipales. Anteriormente los parques eólicos se podían aprobar por decisiones individuales de las autoridades locales (alcaldes);

- La Ley prevé distancias obligatorias para los eólicos industriales de 10 veces la altura de la turbina (altura total de un aerogenerador, incluidas las palas), en relación a las viviendas residenciales y las “zonas naturales protegidas”, tales como Natura 2000, y los parques Nacionales. Antes no había ninguna exigencia de planificación formal en este aspecto;


- Introduce una nueva definición de “estructura de construcción” en el derecho polaco. El aerogenerador entero es, sin embargo definido como “estructura de construcción”. Anteriormente las palas y la turbina no eran tratados como componentes de la estructura y en tanto que tales, no estaban sometidos a ninguna supervisión técnica;

- La ley transfiere el poder de autorizar los permisos medioambientales de las autoridades municipales a agentes regionales gubernamentales especializados en las cuestiones de protección medioambiental (directores generales de protección del Medio Ambiente);

Conviene resaltar que esta ley no prevé el fin de todos los parques eólicos existentes, ni modifica de ningún modo el funcionamiento actual de éstos, ni el sistema de subvenciones públicas para la energía eólica industrial.

Un reciente informe del “Auditor Nacional Polaco” (NIK), ha apuntado la omisión de proteger el interés público en el proceso de planificación y aprobación local de parques eólicos. Sobre la base de una encuesta plurianual a 70 autoridades a nivel local y condados, el informe ha identificado conflictos masivos de intereses (parques eólicos situados sobre terrenos pertenecientes a responsables locales que han aprobado esos proyectos), pero también una violación generalizada de leyes del gobierno local, la falta de medidas exactas de emisiones sonoras de los aerogeneradores, y los fracasos de la consulta correcta a las comunidades locales sobre los proyectos.

Por su lado el Instituto Polaco de Salud Pública (PIZP-PZH) ha emitido una recomendación para que los parques eólicos estén situados a más de 2 kilómetros de las viviendas, publicando un reportaje exhaustivo de revistas científicas actuales (cerca de 500 artículos) y advirtiendo que el principio de precaución forma parte de la legislación de la UE.

stopwiatrakom.eu


Comentario
En Alemania el Gobierno de Baviera ha ganado recientemente su proceso contra los opositores a la ley de 10H, a los operadores eólicos y partidos de la oposición del Parlamento Bávaro contra la regulación 10-H. El Tribunal Constitucional Bávaro ha confirmado la legalidad y constitucionalidad de la regulación 10H el 09.05.2016.

TRAMA EÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN Y LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO. CORRUPCIÓN EÓLICA CASTILLA Y LEÓN


Malos vientos sobre Castilla y Léon

Las sospechas sobre las adjudicaciones de parques eólicos sobrevuelan la gestión del gobierno regional

ELOY DE LA PISA El Norte de Castilla 11.06.2016

La denominada trama eólica de Castilla y León es, por el momento, un caso de ámbito más político que judicial. De hecho, aún está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía anticorrupción. Esa es la causa de que sí exista una comisión de investigación abierta, aunque poco activa, en las Cortes autonómicas. Y de que todo el asunto, por el momento, no haya repercutido en la estructura del Gobierno ni le haya afectado más allá de la misma pelea política. Pero vamos por partes.

¿Qué es la trama eólica? Básicamente se trata de un entramado creado a partir de la normativa regional para la construcción de parques eólicos. Castilla y León es, por orografía, un territorio goloso para establecer este tipo de producción de energía: suelo barato y extenso, viento asegurado todo el año y poblaciones pequeñas con poco poder de presión. Es lugar abonado para que las grandes compañías se hagan con muchos parques. Para evitarlo, la Junta de Castilla y León exige que quien desee montar un huerto de viento debe hacerlo asociado a una empresa castellano y leonesa. Y esa fue la puerta de entrada: muchas pequeñas empresas se convirtieron en el vehículo para que las grandes tuvieran su opción de montar los molinos de viento en las nueve provincias de la región.

El problema llegó cuando un informe de un inspector de la Agencia Tributaria destapó que solicitudes de parques eólicos cuyo expediente dormía el sueño de los justos desde hacía tres años se reactivaban y adjudicaban con rapidez en cuanto esas grandes compañías entraban como socios de las pequeñas. Hasta 110 millones de euros se estima que se movieron de forma más o menos subrepticia en las diversas operaciones. Lo que ahora trata de determinar la Fiscalía Anticorrupción es qué pasó con ese dinero, donde fue a parar y si sirvió para comprar voluntades y acelerar procesos detenidos a la espera de la ‘gasolina’ del papel moneda.

Pero encontrarlo se está convirtiendo en una tarea compleja. El entramado de sociedades interpuestas y de relaciones entre sociedades instrumentales es harto complicado, y a la justicia le está costando desenmarañarlo. Máxime cuando las primeras pesquisas, además de las fuertes relaciones administrativas encontradas entre las diversas compañías, han encontrado salidas de divisas hacia numerosos países, principalmente Polonia y Suiza.



Consuelo Madrigal: «El corto periodo electoral no interferirá en la investigación de la trama eólica»

La Fiscal General del Estado asegura en Valladolid que Anticorrupción trabaja «con plena dedicación» para establecer si hay ilícito penal en las adjudicaciones de los parques de aerogeneradores en Castilla y León

m. j. pascual | valladolid,  El norte de Castilla 10.06.2016

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha manifestado este viernes en Valladolid que la investigación sobre las adjudicaciones de los parques eólicos de Castilla y León sigue su curso «con normalidad» en la Fiscalía Anticorrupción. Tras reunirse con el cuerpo de fiscales en la sede de la Audiencia vallisoletana, Madrigal declaró a los periodistas que se trabaja «con plena dedicación» para aclarar si existió cobro de comisiones por valor de 110 millones de euros por cargos, excargos de la Junta y empresarios de la comunidad autónoma a cambio de la agilización de los trámites en las adjudicaciones de los parques eólicos, tal y como sostiene un informe de la Agencia Tributaria en el que se basan las diligencias de la Fiscalía.

Consuelo Madrigal, que estuvo acompañada por la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, y la fiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez, que lidera la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid sobre las operaciones urbanísticas del edificio Perla Negra, en Arroyo de la Encomienda, y los terrenos del parque industrial de Portillo, dos asuntos que tienen los mismos protagonistas que la supuesta trama eólica, subrayó que «el corto proceso electoral no interferirá en las investigaciones». Señaló también, respecto de la comisión parlamentaria de las Cortes de Castilla y León, órgano al que Anticorrupción negó facilitar el informe de la Agencia Tributaria sobre dicha trama, que la función de la comisión es determinar las responsabilidades políticas y que la Fiscalía tiene su propio trabajo, establecer las responsabilidades penales si las hay, «pero lo hacemos con plena dedicación».

LA MUELA, OPERACIÓN MOLINOS, CORRUPCIÓN EÓLICA ARAGÓN.


La Muela, con el viento en contra

La exregidora de esta localidad de Zaragoza, María Victoria Pinilla, está acusada de cobrar comisiones millonarias de varios promotores a cambio de recalificar sus terrenos como edificables

María Eugenia Alonso | Madrid, 10 junio 201612:22

El 18 de marzo de 2009 la tranquilidad de La Muela, ubicado a escasos veinte kilómetros de Zaragoza, se vio sacudida por el inicio de la 'operación Molinos', la que hasta el momento es la mayor trama de corrupción urbanística destapada en Aragón. En total 43 imputados que suman 184 delitos y cuya principal acusada es su exalcaldesa María Victoria Pinilla.

La 'Reina del viento', como se calificó a esta singular política aragonesa porque durante su mandato hizo una firme apuesta por la energía eólica, se enfrenta a una solicitud de condena de 35 años de prisión por los 24 delitos que se le imputan; entre los que se encuentran el cohecho, la prevaricación y el blanqueo de capitales.

Pinilla fue regidora de La Muela entre los años 1987 y 2011. Se resistió a dejar el bastón de mando cuando fue detenida, así que mantuvo su condición de alcaldesa, en las filas del PAR, durante todo el tiempo que permaneció en prisión provisional. Cuando recuperó la libertad a la espera de juicio, se reincorporó plenamente a sus funciones en el Consistorio, aunque en las elecciones municipales de mayo de 2011 se vio definitivamente aparcada de la política.

Durante su mandato La Muela prosperó de forma disparada. En diez años el municipio aragonés quintuplicó su población y pasó de 800 a 5.000 habitantes. Corría el dinero público y privado de forma desorbitada para la dimensión de este pequeño municipio. Primero, empujado por la proliferación de parques eólicos; luego, con la promoción por parte del Ayuntamiento de un gran polígono industrial al pie de la autovía Madrid-Zaragoza, que acabó siendo utilizado como plataforma para la trama corrupta. La misma regidora pasó de ser dueña de una granja de conejos a poseer numerosas cuentas bancarias y propiedades, incluso en la República Dominicana y en la exclusiva urbanización de Sotogrande (Cádiz), coches de lujo y a vivir con un alto poder adquisitivo.

En el municipio comenzaron a proliferar parques eólicos y el Ayuntamiento promocionó a bombo y platillo un polígono industrial al pie de la autovía Madrid-Zaragoza, que acabó siendo utilizado como plataforma para la trama corrupta. Con tanto dinero, el Consistorio se embarcó en todo tipo de obras e infraestructuras como varios museos, una plaza de toros y hasta un zoo. Además, mantenía el apoyo vecinal regalando viajes a destinos exóticos. Una década de bonanza económica que explotó en 2009 y dejó una deuda en el Ayuntamiento de 25 millones de euros y un agujero tributario de 8,5.

Plataforma en Defensa del Sur se querella contra el consejero de Industria por la tramitación eólica

Plataforma en Defensa del Sur se querella contra el consejero de Industria por la tramitación eólica

POR EUROPA PRESS SANTANDER| 09/06/2016

http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/energia-alternativa/Plataforma-Defensa-Sur-Industria-tramitacion_0_924508437.html

La Plataforma para la Defensa del Sur ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdeprado del Río por prevaricación y delitos contra el medio ambiente y urbanístico en la tramitación de parques eólicos.

Según ha informado en rueda de prensa el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, la querella criminal va dirigida contra el consejero de Industria, Francisco Martín, el director general de Industria, Raúl Pelayo; el alcalde de Valdeprado, Jaime Soto Marina; y el secretario municipal, Alfredo Fernández.

No obstante, la plataforma considera que todo el Consejo de Gobierno es "cómplice" y también censura la "colaboración imprescindible" de los ayuntamientos. En el caso concreto de Valdeprado, donde seis de los siete concejales de la Corporación son del PP, Merodio ha denunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado el informe de compatibilidad urbanística necesario para instalar un parque eólico sin informar a los concejos ni al edil independiente.

La plataforma considera que hay "motivos suficientes" para denunciar penalmente lo que consideran un caso de "corrupción sistémica" que, en su opinión, favorece "una abusiva apropiación del territorio de otros; una dañina imposición de nuevos usos en una parte comunal y privativa del mismo; y la implantación de infraestructuras dañinas para el medio ambiente".

"FALTA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN"

El presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez Postigo, ha denunciado que el proceso de tramitación de parques eólicos en Cantabria "adolece de dos carencias fundamentales, por un lado la falta de participación ciudadana, y por otro lado, la falta de planificación territorial".

En este sentido, ha censurado que hasta ahora "nadie ha podido ver" el contenido de los proyectos de los 14 parques eólicos que según el Gobierno están en tramitación. Asimismo, ha criticado que después de tardar más de tres años en tramitar el Plan de Sostenibilidad Energética (PLENERCAN), los cuatro primeros proyectos de parques eólicos de los que se ha tenido noticia están ubicados en lugar de interés comunitario (LIC).

Además, ha denunciado la coincidencia en la ubicación de parques eólicos y pozos de fracking; o de parques eólicos tramitados en Castilla y León y en Cantabria; y ha criticado que los arreglos de carreteras en Valdeprado y Valderredible se realizan en pueblos donde hay proyectos de parques eólicos o pozos de fraking, lo que supone "pagar con dinero público vías de acceso que tendrían que pagar los proyectos privados", ha denunciado Martínez Postigo.

Por lo que se refiere a los ayuntamientos, ha dicho que "se está pretendiendo la eliminación de los concejos" justo en los lugares donde hay se proyectan parques eólicos, porque "son los propietarios legítimos del monte público" y tienen que autorizarlos.

Por su parte, el abogado de la plataforma ha añadido que desde el fallido concurso eólico, que en su opinión, es "la madre de todo", "no se ha colocado un molino, porque todo se ha declarado ilegal, y como sigan así, no se va a poner ni uno". Ha recordado además que la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto proyectos a la de Industria por no cumplir la legalidad.

"Han cometido suficientes ilegalidades como para que digamos basta ya, que venga otra gente a gobernar, aunque por lo que vemos lo que viene es parecido, porque Podemos mantiene los mismos planteamientos", ha apostillado Merodio, quien ha reiterado que la eólica "no es una energía verde", ya que "causa muchos destrozos".

QUERELLA EÓLICA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA


NOTA DE PRENSA

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Querella por el planeamiento y desarrollo energético

No nos dejan otra salida. No hay información ni participación. Medio ambiente devuelve, por su ilegalidad, todas las iniciativas de Industria para la instalación de parques. Industria no contesta ninguno de nuestros escritos. El Ayuntamiento de Valdeprado y otros colaboran, con su misma ilegalidad y secreto, con Industria.

Los parques eólicos no son, al contrario de lo que se nos dice, una “energía verde”, ni contribuyen al desarrollo del empleo, la tecnología y la calidad de vida de los afectados. Se trata de un medio más de generar energía y se caracterizan por la forma abusiva en que las grandes corporaciones, con apoyo de los políticos, imponen sus proyectos a las comunidades, sin valorar sus impactos humanos, sociales o ambientales.

Rechazamos los parques industriales eólicos, además de por su burda ilegalidad, 1) por su falsa caracterización de “verde”, 2) por el incontrolado poder de especuladores, multinacionales y bancos que los manejan, 3) por el hecho de que los proyectos, sin información ni debate previo, llegan impuestos a nuestras comunidades y, además, 4) porque el ciclo de vida de la energía eólica precisa recursos ni ecológicos ni renovables, como son el hormigón, las gigantes estructuras metálicas, el cobre, los lantánidos, el agua, el aceite, además del destrozo que suponen las infraestructuras, los molinos, las pistas de rodadura, las líneas de evacuación, las subestaciones,…

Además, su instalación significa un acaparamiento de tierras, entre ellas de los montes comunales, el control de todo el territorio, que es la vida de su población, dañinos impactos contra ella y aquel, deforestación, aplastamiento de la habitual actividad económica, desvalorización progresiva, pérdida de los elementos culturales, históricos, ambientales, daño en la fauna y la flora, contaminación y desvío de cauces,…, afectan, en definitiva, a una visión ancestral, consolidada, del mundo y una forma lógica de relacionarse con la naturaleza.

Por ello, en lo que se refiere a tal actividad, exigimos que “los políticos hagan su trabajo y los empresarios el suyo”, separados, pues “cuando se cruza la raya, aparece la corrupción” y, a partir de ella y la leal convicción de que en los hechos que denunciamos se ha cruzado esa raya, hay motivo suficiente para denunciar penalmente lo que representa un caso de corrupción sistémica cierta, quiebra del Estado de Derecho en el trámite de varios procedimientos administrativos a través de los que se pretende 1) una abusiva apropiación del territorio de otros, 2) una dañina, ilegal e ilógica imposición de nuevos usos en una parte comunal y privativa del mismo, 3) la implantación en él de ilegales infraestructuras dañinas para el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes y 4) la privación de facto de los ancestrales, legales y lógicos usos de tal territorio por sus propietarios, consecuencia todo ello de la ilícita connivencia del dinero y los políticos.

Es corrupción que, a través de actuaciones administrativas ilegales, pretende imponer, en este caso, la implantación de gigantescos aerogeneradores, pistas de rodadura, líneas de alta tensión, subestaciones,… en las naturales montañas y valles del Sur de Cantabria, destruyendo el tradicional y lógico uso agrícola, ganadero, cultural, turístico, deportivo,… de ese territorio.

Son varios procedimientos administrativos groseramente ilegales, superpuestos, confusos, con un claro objeto ajeno al interés general, evidentemente impuesto por un poder no electo y con un fin programado y definido mucho antes de iniciarse cualquiera de los procedimientos.

Hemos vivido el constante aquelarre de un salvaje “milagro” eólico. Industria, Francisco Martín y Raúl Pelayo, impulsan el trámite de mil parques ilegales y Medio Ambiente les explica que, aunque técnicos y lobbystas no lo entiendan, hay que crear la apariencia de un Estado de Derecho, respetar la ley, el Convenio de Aarhus y otras incomodidades.

Por el momento, se ha frenado el atropello que Industria/EDP Renovaveis Cantabria S.L.U./Biocantaber-Iberdrola/Oxital-Huerta quieren perpetrar en Valdeprado, Valderredible, Valdeolea,… (P.E. El Escuchadero, Céspedes, La Milla-El Horno, Somaloma-Las Quemadas,…). Los de siempre, como siempre. Transcurridos siete años desde el concurso anulado no hay ni un solo parque eólico -que sepamos- en tramitación. Un éxito de todos los afectados y un sonoro fracaso de la especulación.

¿Y ahora, qué? Industria, como si fuera una eólica, alega frente a Medio Ambiente. Iberdrola insiste. Oxital/Huerta, crea y controla una sociedad con un capital de 10.000 €, la presenta como si fuera una gran multinacional y anuncia, no a Industria, a la Vicepresidenta, además Consejera de Medio Ambiente, ¿por qué a ella?, que pretende construir siete parques, 263 Mw., la mitad casi del PSEC 2014-2020,… http://elperiodicodelaenergia.com/oxital-se-une-a-la-norteamericana-crossfield-para-construir-siete-parques-eolicos-en-cantabria/

Visto lo visto, no se puede seguir así. Se nos acabó la paciencia y acudimos a los Tribunales con una querella ante la Sala de lo Penal del TSJC, en principio contra Francisco MARTÍN GALLEGO y Raúl PELAYO PARDO, Consejero y Director General de Industria y contra Jaime SOTO MARINA y Alfredo FERNANDEZ DIAZ, Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Valdeprado del Río, así como contra todas aquellas otras personas que en las actuaciones que se practiquen en el procedimiento aparezcan como imputables. Se trata que, de una vez por todas, se nos diga por los Tribunales si la falta de información y participación, la omisión de los estudios de impactos legales, la falta de planificación, que no haya ni una sola reunión con los propietarios (Concejos y particulares) de los terrenos que se pretenden destrozar, la complicidad de los Ayuntamientos,…, en definitiva, el burdo, voluntario y abusivo desprecio de la Ley constituyen delitos de prevaricación, contra el medio ambiente, urbanísticos, por falta de planificación,… Y si lo son que, también de una vez por todas y para poner fin al rosario de ilegalidades, señalen a los culpables y les impongan las penas que se merezcan.

La falta de información impide que los interesados participen, de verdad, en la decisión, al tiempo que la ausencia de PROT, planificación y ordenación territorial, evita ordenar y valorar los efectos sinérgicos, propiciando la coincidencia de aerogeneradores de diferentes proyectos en un mismo territorio, provocando una ilegal e ilógica concentración de molinos, tendidos, pistas, subestaciones,…, incluso fracking, a su conveniencia.

BNK Petroleum renuncia a los pozos de fracking SEDANO4


BNK renuncia al proyecto de fracking Sedano 4, que preveía abrir 6 pozos

1 DE JUNIO, 2016

http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/bnk-renuncia-proyecto-fracking-sedano-4-que-preveia-abrir-6-pozos.html

Por Diario de Burgos | 1 de Junio, 2016.

· La empresa, filial de la canadiense BNK Petroleum, presentó hace unos días el escrito en la Junta. Satisfacción en Merindad del Río Ubierna y Valle de Sedano, los municipios afectados.


· Medio Ambiente estaba culminando el Estudio de Impacto Ambiental.

· Contemplaba media docena de pozos en Masa, Cemégula y Mozuelos, con zonas de especial protección.


Satisfacción generalizada en los municipios afectados por los sondeos de investigación de hidrocarburos Sedano, así como en la Asamblea Vecinal Urbel-Rudrón, al conocer que la empresa BNK España, filial de la canadiense BNK Petroleum, ha renunciado al permiso Sedano 4 (Merindad de Río Ubierna y Valle de Sedano), en cuyo Estudio de Impacto Ambiental estaba trabajando la Junta de Castilla y León, para la investigación de hidrocarburos. El proyecto de BNK pretendía abrir 6 pozos de perforación en Masa, Cernégula y Mozuelos.

Fuentes de la propia empresa confirmaban ayer que la pasada semana se presentó ante el departamento de Industria de la Junta de Castilla y León la renuncia a este permiso de investigación de gas denominado Sedano 4, y reiteraba que, por el contrario, mantiene sus planes de continuar hacia delante con el permiso de investigación Urraca, cuyos primeros pozos se podrían perforar en Medina de Pomar, Villarcayo y Cuesta Urria, en caso de obtener un informe favorable a su Estudio de Impacto Ambiental y si el nuevo Gobierno mantiene la legislación actual.

Los argumentos esgrimidos por BNK a Diario de Burgos para tomar esta decisión respecto a la investigación Sedano 4 se basan en la “incertidumbre política y legal sobre el desarrollo de la actividad, aunque también ha habido motivos técnicos”. Precisamente el pasado mes de febrero, la Consejería de Economía y Hacienda resolvía conceder a la empresa la ampliación de la vigencia del permiso de investigación Sedano hasta 2017. Dicha concesión iba vinculada a la suspensión de los trabajos por agotamiento del plazo de 24 meses concedido o por resolución previa de la solicitud de autorización de los proyectos de sondeo sujetos a conseguir la declaración de impacto ambiental preceptiva para la perforación de los pozos de exploración.

El tiempo de ampliación del permiso era de 10 meses, la diferencia temporal entre la fecha de suspensión de los trabajos (10 de enero de 2015) y la fecha de finalización de los permisos (10 de noviembre de 2015), por lo que se extendería hasta noviembre de 2017.

Por otra parte, hace pocas semanas se conocían, tras el balance de 2015 de esta empresa, las pérdidas millonarias que sufrió el pasado año a consecuencia de sus actividades en busca de gas en Europa, básicamente en Polonia. A raíz de las mismas anunciaba la posibilidad de reducir su presencia en Europa o buscar socios inversores. De Polonia ya se ha retirado. Mientras que para el permiso Urraca, la decisión ha sido esta última, la de buscar socios inversores, según explicó ayer BNK.

La Junta respeta la decisión

Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente explicaban ayer que el informe de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental sobre el permiso Sedano estaba prácticamente terminado y solo restaba que fuese analizado por la comisión de Medio Ambiente y Urbanismo. En este estudio se “alertaba que había muchas incertidumbres básicamente por la composición kárstica del terreno y por los aditivos químicos que se utilizan en el fracking”, según explicó el jefe del Servicio.

Por su parte, el propio delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Baudilio Fernández Mardomingo, manifestó ayer que se trata de una decisión empresarial “que respetan”.

Más de 4500 alegaciones

Más de 4500 alegaciones se presentaron al permiso de investigación de gas Sedano, entre particulares, localidades afectadas y la Asamblea Vecinal Urbel-Rudrón. Además, en prácticamente, todas las localidades afectadas de los municipios de Valle de Sedano y Merindad de Río Ubierna, además de otros como Montorio, Huérmeces o Valle del Tozo, sus plenos aprobaron mociones en contra del proyecto, además de otras genéricas en contra del fracking. Raúl Martín, alcalde de la Merindad, mostró ayer su satisfacción por la decisión de BNK, al tiempo que recordaba el impacto negativo que los vecinos entienden que tendrá en su territorio. Tanto Martín Bellostas, como Eduardo Rodrigo, de la Asamblea Vecinal, y Donato Rodero, alcalde de Montorio, recordaron que los sondeos previstos se sitúan, por una parte, cerca de dos proyectos sensibles, como son las fábrica de explosivos Maxam y del centro de almacenamiento de CO2 en Hontomín, y que afectan igualmente a zonas de especial protección de aves (ZEPA), y de otras de interés comunitario (UD).


CANTERA DE PIZARRA EN IRUELA (LEÓN). CHANGE.ORG


PROYECTO DE CANTERA DE PIZARRA EN IRUELA, T.M. de TRUCHAS EN LA CABRERA (LEÓN)

La empresa gallega HERMANOS CAMPO FIDALGO, S.L. pretende explotar en la provincia de León una mina de pizarra a cielo abierto en el pueblo de Iruela, perteneciente al término municipal de Truchas, en la comarca de la Cabrera, a través del PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE PIZARRA “AMANDA-5ª FRACCIÓN” Nº14.850-50. Ocuparía una superficie de más de 100.000 metros cuadrados (dos o tres veces la superficie construida del pueblo) y se ubicaría en terrenos comunales cuya gestión pertenece a la Junta Vecinal y al Concejo de Iruela, estando ambas en contra de la instalación de dicho proyecto, lo que socava gravemente la soberanía de estas entidades para gestionar sus propios recursos además de la democracia local.

La apertura de este tipo de explotación a menos de 1 km de la localidad de Iruela, afectaría directamente al entorno natural y ambiental de la zona. Las voladuras y el tránsito de maquinaria pesada suponen un fuerte impacto que generaría contaminación acústica, polvo en suspensión y una grave afección al paisaje. Además, es previsible que a tan poca distancia del núcleo urbano, las voladuras con explosivos puedan afectar a las casas del pueblo, edificadas directamente sobre la pizarra y sin cimientos. Este tipo de explotaciones a cielo abierto, suponen la construcción de una enorme escombrera (en este caso de más de 100 m. de altura) en el que se depositaría el material de desecho extraído de la cantera y que se ubicaría en una vaguada, además de la apertura de varias pistas de acceso a la mina, balsas de decantación de aguas residuales y pluviales, una nave y otras infraestructuras anexas.

El enorme agujero, supondría un fuerte descenso de las capas freáticas que secaría fuentes y manantiales. La propia actividad de la cantera necesitaría de ingentes cantidades de agua en una zona caracterizada por fuertes sequías estacionales, provocando también un grave deterioro de los arroyos que vierten hacia el pueblo, debido a la reducción y contaminación del caudal. Así mismo, esta actividad provocaría una grave afección en la fauna y flora del entorno, situada entre dos zonas ZEPA (MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE LA CABRERA) y LIC dentro de la Red Natura 2000 de gran valor natural. Se produciría, por tanto, una importante pérdida del paisaje y una drástica disminución de la calidad de vida de los vecinos del pueblo.

La explotación, proyectada en un horizonte de más de 40 años, apenas aportaría 6 puestos de trabajo, que previsiblemente traerían de fuera de la comarca, y desplazaría a las actividades económicas que actualmente se llevan a cabo en los montes de utilidad pública del pueblo, como son la ganadería y la caza y que tienen un carácter socio económico y ambiental más sostenible que la minería y que también suponen una importante fuente de ingresos para el pueblo junto con el turismo de naturaleza. Además supondría una drástica caída en la valoración económica de las propiedades de los vecinos del pueblo.

La Plataforma vecinal de Iruela - Truchas (León), 

No permitan la cantera de pizarra a cielo abierto en IRUELA

NEOCOLONIZACIÓN EÓLICA EN TEHUANTEPEC (MÉXICO). LA LUCHA POR UN MODO DE VIDA Y EL TERRITORIO


Bettina Cruz, mujer indígena, activista defensora de los derechos humanos en México critica las formas en que las multinacionales imponen la construcción de parques eólicos en su comunidad

04 junio 2016,  La Marea 4.06.2016, Beatriz Plaza*

En el istmo de Tehuantepec, en México, han proliferado en los últimos años un sinfín de proyectos de parques eólicos, de la mano de grandes multinacionales que se han visto favorecidas por la última reforma energética promovida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aprovechando esta coyuntura, se han servido del acaparamiento de tierras y el expolio de recursos naturales (agua) para implementar sus negocios con la etiqueta de “energía verde” y la supuesta justificación de contribuir al desarrollo, el empleo y la transferencia de tecnología. Frente a ello, diferentes comunidades del istmo se han venido articulando y organizando a nivel regional, nacional e internacional para defender su vida, la de sus comunidades, la tierra y el territorio.

Para conocer más de cerca esta lucha, hemos hablado con Bettina Cruz: mujer indígena del pueblo binni’zaa (zapoteca), activista defensora de los derechos humanos y miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, que desde 2009 viene denunciando las graves violaciones cometidas por las multinacionales que se encuentran en su territorio.

De entrada, nos comenta que no es fácil encontrar alianzas con organizaciones internacionales que les apoyen en sus reivindicaciones, porque pareciera que están en contra de la “energía renovable”. Cruz explica, sin embargo, que el objetivo de su lucha no es ir contra las renovables sino denunciar el modo en que las multinacionales han impuesto sus proyectos en las comunidades, y cómo han construido los parques eólicos sin tener en cuenta los impactos sociales ni ambientales que han generado.

¿Cuales son sus reivindicaciones?

Nosotros no rechazamos la energía eólica, que en un momento determinado sí que podría ser una alternativa energética; lo que sí rechazamos son las multinacionales que controlan esos proyectos y las prácticas que están detrás de la construcción de parques eólicos. Primero, porque son proyectos que llegan impuestos a nuestras comunidades. Segundo, porque se sirven del desconocimiento de las propias comunidades, cuya lengua materna no es el castellano, para lograr y legitimar sus licencias. Y, tercero, porque en el ciclo de vida de la energía eólica se necesitan recursos que no son precisamente renovables ni ecológicos, como las estructuras metálicas, el cobre, el agua o el aceite que se usa tanto en su construcción como para su funcionamiento.

¿Quiénes forman parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio?

Somos comunidades indígenas que el mismo Estado ha querido desaparecernos durante mucho tiempo pero no lo ha logrado. Sin embargo, sí nos ha ignorado e invisibilizado diciendo que estadísticamente somos pueblos y comunidades que estamos en pobreza extrema, y que tenemos unos índices muy bajos de educación y empleo. Este ha sido, justamente, uno de los argumentos que han utilizado para promover la entrada de los proyectos eólicos en nuestros territorios. A la gente de las comunidades la convencen prometiéndole empleo y luego, cuando el parque eólico se construye, vemos que apenas dan trabajo a las personas de la región y que los empleos ofrecidos son los de menor calidad.

En cambio, sí que hemos visto y sistematizado los impactos generados por estos proyectos. Y se trata de impactos dañinos contra nuestra población y territorio: deforestación, desplazamiento de nuestras actividades económicas, desvalorización y progresiva pérdida de nuestra cultura, ocupación y profanación de nuestros lugares sagrados, pérdida de fauna y flora, acaparamiento de tierras, contaminación y desvío de ríos… En definitiva, prácticas que afectan directamente sobre nuestra visión del mundo y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y la tierra.

¿Cuáles son las multinacionales que promueven el desarrollo de estos proyectos?

Las primeras que llegaron fueron Unión Fenosa, Endesa, Eoliatec, Peñoles, Iberdrola, Renovalia Energy y Abengoa. Ahora mismo hay muchísimas más empresas: también están Acciona, que es de las más fuertes, EDF y otras que se disfrazan con nombres propios de la región para que no se les vincule fácilmente con las grandes multinacionales. Están poniendo nombres en nuestra lengua materna a los parques eólicos: Unión Fenosa, por ejemplo, tiene un parque que se llama “Bií Hioxo”, que en nuestra lengua significa “el viento fuerte” y “el viento viejo”. Y estas multinacionales son las promotoras, pero además se relacionan con otras como Gamesa, que aportan maquinaria y se encargan de la construcción, o Grupo México, que es una compañía minera y la tercera productora de cobre más grande del mundo.

¿Se puede contrarrestar el discurso empresarial basado en promesas sociales a la población?

Nosotras analizamos palabra por palabra lo que ellos prometen; cuando dicen empleo, por ejemplo, analizamos a ver qué tipo, qué duración y qué calidad de empleo es el que prometen en sus proyectos, porque para 10-15 turbinas se necesita una sola persona trabajadora. Lo otro que hacemos es analizar los impactos que van a tener sobre la tierra y el control territorial. Esto es muy importante porque, allá donde se establecen, controlan la totalidad del territorio. Donde están los parques instalados, ellos tienen caminos que están cerrados, controlados por cámaras y vigilados por policía y empresas de seguridad privadas, a los que no podemos acceder. Además vemos el desequilibrio y la asimetría que hay entre las multinacionales y las comunidades. Por ejemplo, se tenía previsto que uno de los parques fuera protegido por las fuerzas armadas mexicanas, con lo que le iban a quitar el control del mar a las personas de la comunidad que se dedican a la pesca. Con toda esta información vamos e informamos a la gente; la información es poder y organización.

¿Cómo están organizando la resistencia frente a este tipo de proyectos?

Cuando empezaron a entrar las multinacionales, nos formamos y empezamos a buscar información. Luego pasamos a analizar las restricciones que tenían los contratos de cesión de territorio que algunas personas habían firmado, y nos topamos con que en los mismos figuraban prohibiciones sobre muchas cosas (caza, quema de rastrojos, construir pozos, etc.). Ahí formamos la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán y logramos anular cerca de 200 contratos de Unión Fenosa, Endesa, Eoliatec y otras empresas. A partir de ese momento, el movimiento se extendió y conformamos la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Una de nuestras últimas luchas es con las altas tarifas de la energía eléctrica. Ahora mismo, hay ocho comunidades que están en resistencia por esta cuestión y eso es paradójico, porque en los mismos territorios donde se está produciendo energía los costes de las tarifas eléctricas para las comunidades son elevadísimos. Nos estamos coordinando en la Red Nacional de Resistencia Civil, que reivindica la energía como un derecho humano y no como una mercancía. A lo largo de esta lucha hemos tenido y seguimos teniendo amenazas directas contra la vida de diferentes personas de las comunidades y sus familiares. Amenazas que se han denunciado, pero ahí siguen. Pensamos que, tras lo ocurrido con Berta Cáceres, nos puede ocurrir lo mismo a cualquiera de nosotros. Pero ahí seguimos: mientras podamos, seguiremos defendiendo nuestro territorio porque es nuestra vida.

* Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

CORRUPCIÓN EÓLICA CASTILLA Y LEÓN


Un empresario alertó al presidente de Castilla y León del "abuso de poder" en la tramitación de parques eólicos

El Diario.es

En 2006, escribió una carta a Juan Vicente Herrera denunciando que la Administración llevaba tres años sin concederle las licencias que otros recibían en meses.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, conoció de primera mano los extraños manejos que había en la autorización de parques eólicos en la Comunidad –las eléctricas se asociaron con empresarios locales y ex altos cargos del Gobierno regional para conseguir licencias a cambio de 110 millones de euros– y que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.

El responsable de Ibervento, una empresa de energía renovable, informó a Herrera en una carta el 14 de marzo de 2006. "Todos los hechos apuntan hacia la, según nuestro criterio, injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto para la tramitación Parques Eólicos en la Comunidad", decía en los primeros párrafos de la misiva.

Ibervento es una de las empresas que acabaron fuera del negocio que habían iniciado, en favor de otras sociedades, siempre las mismas: aquellas que estaban formadas por empresarios locales o ex altos cargos de la Junta aliados con las eléctricas que luego les compraban las acciones.

La mercantil, formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001. Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y junio de 2003.

Con la DIA favorable, lo único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto 189/1997, no podía tardar más de tres meses. Tardó nada más y nada menos que tres años, y además el parque tuvo que cambiar de manos para ello. Pero, en tres años la Junta no pudo estar más informada de lo que ocurría, porque el responsable de Ibervento no dejó de reclamar lo que por derecho creía que le correspondía.

En enero de 2005, después de una espera de dos años, este empresario registró un escrito en la Junta en el que recordaba que sus parques se habían paralizado desde la DIA, algo que no ocurría con parques como Urbel del Castillo II, que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental un año más tarde que Cantiruela pero que consiguió la autorización a los cuatro meses; y el parque La Lastra, con la DIA aprobada el mismo día que Cantiruela y que consiguió la autorización tan solo un mes después.

Días más tarde, registra un nuevo escrito, con más ejemplos de parques que habían conseguido la autorización en los plazos normales: Lodoso y Marmuellar tenían la DIA en noviembre de 2003, cinco meses más tarde que Cantiruela, y estaba autorizado a los ocho meses, y El Perul, con DIA el 9 de mayo de 2002, fue autorizado a los dos meses.

Los ejemplos son claros. Los parques de algunas sociedades se tramitaban sin pausa, y otros se quedaban paralizados.

Pero la situación aún tenía más vueltas de tuerca. Cuando en marzo de 2005 Ibervento dirigió un escrito al jefe del Servicio Territorial de Industria. Éste remite otro escrito a la Dirección General de Minas en el que se deduce que había instrucciones primero verbales y luego escritas para que el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado (considerado pieza clave en la trama eólica) diese las autorizaciones, olvidando que quien tenía la capacidad para hacerlo era el propio jefe del Servicio Territorial, puesto que la avocación no se produce hasta un año después, el 4 de julio de 2006.

Por eso, colmada la paciencia del empresario, remite la carta a Herrera en marzo de 2006. Le comunica no sólo que está sufriendo discriminación, sino que tiene todos sus proyectos paralizados desde 2003. "Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía", decía, "pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León", avisó.

Aunque no lo dice claramente, el autor de la carta insinúa que los requerimientos que se le hacen desde Economía pasarían por un cambio de socios: "Por no aceptar dichos requerimientos, que, parece ser tienen su única motivación en la nacionalidad de los socios de Ibervento, nuestros proyectos no han llegado a fructificar",relataba a Herrera.

Así, la única salida, "después de múltiples intentos para solucionar el problema manteniendo encuentros con altos responsables de la Consejería de Economía", fue recurrir a los tribunales de Justicia, la Embajada de Alemania en España, el Ministerio de Industria, la Dirección General de Energía en Bruselas y la Comisión Nacional de Energía, entre otros.

La carta finalizaba con la esperanza de que Herrera pudiese solucionar "el grave problema de la tramitación administrativa de los parques eólicos de Ibervento". Además, el empresario se ofreció a aportar más datos en una reunión. Si se produjo o no, es una incógnita, pero un mes antes, una comparecencia en la Comisión de Economía y Empleo en las Cortes de Castilla y León dejaba más que claro que la Junta no quería, de ninguna forma, autorizar un negocio en el que hubiese alemanes: "Me tendrá usted que explicar cuál es el beneficio económico de esa sociedad (Ibervento), con dos socios alemanes y con un particular, me lo tendrá usted que explicar al detalle", espetó el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, a una pregunta de la oposición sobre el inexplicable retraso de las autorizaciones a Ibervento.

La autorización no llegó. Finalmente, el 100% de Ibervento S.L se vende a Productor Regional de Energía S.A (una empresa constituida por Inverduero, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa) y se comunica el 26 de julio de 2006.

Fue entonces cuando una autorización paralizada durante tres años, llegó en dos días, el 28 de julio. Esta concatenación de hechos refuerza la teoría de que la Junta sólo concedía autorizaciones a empresarios afines. Una vez conseguido el parque, las eléctricas recompraban la parte de la sociedad de los empresarios, que apenas habían movido un papel.

Las desventuras de Ibervento no acabaron con los parques de Burgos. En Valladolid las cosas no fueron mucho mejor. En 2001 esta empresa registró la solicitud de autorización de varios parques en los términos de Peñaflor de Hornija y Medina del Campo. En 2004 se solicitó una paralización para efectuar nuevos estudios y posteriormente la continuación de la tramitación.

Dos años después, en 2006, la tramitación del parque de Peñaflor seguía paralizada, por lo que se reclamó que continuase y se explicase a qué se debía ese parón. En 2009 se registró un registro de cese de inactividad de la administración, y se puso como ejemplo las tramitaciones de otros parques, mucho más ágiles. La respuesta de la Junta llegó en 2010: denegaron a Ibervento la solicitud de autorización, después de ocho años de espera. El argumento del Gobierno fue que no tenía suficiente capacidad económica y que parte de la documentación era incompleta, a pesar de que en ningún momento, a lo largo de esos ocho años, se solicitó una subsanación como es preceptivo.

Sin embargo, Ibervento sí que consiguió, pese a esa supuesta falta de capacidad económica, desarrollar parques eólicos en Segovia, una de las provincias a donde, supuestamente, la trama eólica no llegó.

La Fiscalía Anticorrupción, mientras tanto, continúa investigando el fraude descubierto por Hacienda, que cifra en 110 millones de euros las comisiones que obtuvieron empresarios afines a la Junta y ex altos cargos por asociarse con las compañías eléctricas para agilizar las licencias de los parques. En el punto de mira están el que fue viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, en cuyas empresas la Agencia Tributaria ve ingresos sospechosos, y el exconsejero delegado de la empresa de internacionalización de la Junta, Alberto Esgueva, que recibió 47 millones de euros de Iberdrola y que hoy construye rascacielos en Polonia.

Los dos están imputados en el caso Perla Negra, donde además de una supuesta malversación de decenas de millones de euros, se acaba de descubrir una adjudicación ilegal de 4,4 millones de euros a Unifica, la empresa que reformó la sede del PP de Madrid con dinero negro.



El diario.es 31 de mayo de 2016 

El presidente de Castilla y León acusa al empresario eólico que le avisó del "abuso de poder" de querer hacer negocio

http://www.eldiario.es/politica/Castilla-Leon-explicaciones-Junta-obtuvieron_0_521798638.html

Juan Vicente Herrera rehúye explicaciones de los excargos de la Junta que obtuvieron 110 millones de euros en una rueda de prensa de urgencia para abordar la información publicada en eldiario.es

Considera "irrelevante" que pasasen tres años sin conceder una autorización que debía llegar en tres meses
Respalda la declaración judicial en la que el hermano del exministro Trillo aseguró haberle avisado del precio disparatado del edificio de Economía

Se pone "a disposición del juez" que investiga el sobrecoste del inmueble

Laura Cornejo 31/05/2016

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha visto obligado a hacer "un ejercicio rápido de transparencia, el mejor de los remedios". Lo hizo después de más de un mes sin comparecer ante los medios, convocando con una hora de antelación y para dar respuesta a dos informaciones, las dos publicadas en eldiario.es, una de ellas en exclusiva. La carta de un empresario de parques eólicos que en 2006 alertó a Herrera de un "abuso de poder" en la tramitación, puso en la diana al presidente. "Teniendo en cuenta que estamos en precampaña y que hay una comisión de investigación, es una coincidencia casual", ironizó.

Herrera aseguró que se había preparado "volando" las explicaciones sobre la carta del empresario, "porque no es algo nuevo". Las pistas, dijo, se las dio el Grupo Parlamentario Socialista, que emplea "una estrategia sucia". Centrado en la carta, admitió su existencia, aunque advirtió que no la facilitaría a los medios y desgranó algunas partes. "El responsable de Ibervento habla de injusta discriminación, que son opiniones de parte, y de múltiples encuentros con representantes de Economía", apuntó para defender que la Junta se interesó por el problema. Sin embargo, se apresuró a decir que la carta "es un documento de carácter reservado y secreto" a la que tuvieron acceso "dos distinguidos y activos miembros del Grupo Parlamentario Socialista" el pasado mes de febrero. Lo que no explicó es la razón de que la comisión de investigación de la trama eólica, en la que el Partido Popular ostenta la mayoría, se declarase secreta.

Para justificar la actitud de la Junta, Herrera se refirió a una querella interpuesta por Ibervento en un juzgado de instrucción burgalés y que acabó archivada. "Se puso 7 meses antes de escribir esa carta. Yo hubiese preferido que antes de llegar a eso, se hubiese intentado hablar con nosotros", lamentó el presidente. Lo cierto es que Ibervento no dejó en ningún momento de escribir a distintas instancias del Gobierno Regional. "Lo que quería Ibervento era vender", justificó.

Este diario recordó a Herrera que los parques de Ibervento habían obtenido la Declaración de Impacto Ambiental y por ley debían autorizarse en los tres meses después, pero eso no ocurrió en tres años, por lo que era normal que el empresario quisiera vender. "Eso lo sabe usted que se ha estudiado el tema esta mañana antes de venir, pero yo desconozco esos extremos", se despachó Herrera, que minutos antes aseguraba saberse el tema "de la cruz a la raya". El Boletín Oficial de Castilla y León sostiene todo lo publicado por eldiario.es. Aún así, el presidente de Castilla y León volvió a insistir en que la intención del empresario era "vender", y por eso acabó desistiendo de la queja interpuesta en Bruselas. Lógico, Ibervento acabó vendiendo los parques, sin autorizar, a Prodener, del Grupo Collosa, vinculado, según Hacienda, a la trama eólica. Dos días después, Collosa conseguía esa autorización que durante tres años se paralizó para Ibervento. "Es que querían vender", repitió Herrera.

Sin embargo no supo valorar la venta millonaria realizada por quien formó parte de su equipo, Alberto Esgueva, responsable de la oficina de internacionalización de la Junta, que vendió su parque a Collosa por 47 millones de euros, una operación que puso en alerta a la Agencia Tributaria y que destapó la trama eólica en abril del pasado año. "Desconozco el caso", respondió, "pero me lo estudiaré y le contestaré en la próxima comparecencia", aseguró. "Actuamos con acierto y prudencia en el caso Ibervento. Me alegro de no haberme reunido con ese empresario porque cualquier otra iniciativa se habría interpretado como debida", zanjó.

El otro asunto por el que Herrera convocó la rueda de prensa de urgencia, fue la declaración judicial del delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, en el caso del edificio de Economía conocido como 'Perla Negra'. Trillo, que figura entre los 26 investigados, relató ayer al juez que en 2008 se reunió con Herrera para alertarle de que tanto el precio de alquiler como el de compra que se estaba manejando "era disparatado". "A quien corresponde valorar esa declaración, es al juez", avanzó Herrera. No obstante, el presidente de la Junta se reunió ayer con Trillo. "No sé si complicidad es la palabra más adecuada, pero hablamos en tono sereno. Él me transmitió los términos en los que la fiscal y el juez se habían interesado", afirmó.

Según Herrera, la decisión de comprar el edificio con una rebaja sustancial fue cuestión de los técnicos. "¿Es que no me han entendido? ¿volvemos a empezar con la comparecencia?", cuestionó cuando se le volvió a preguntar por su papel. "Yo no fijé el precio, yo recomendé, aconsejé, dispuse, expresé mi opinión de que se escuchasen las valoraciones de nuestros técnicos", insistió. Aún así, no quiso pronunciarse acerca del sobrecoste que, según la tesis de la Fiscalía y un informe de la Intervención General del Estado, se produjo incluso con dobles facturas.

"Ofrezco mi colaboración al juez, no sé cuál es la fórmula, pero le daré explicaciones a él y a ustedes, que son el brazo armado de la opinión pública", aseveró. "Estoy muy tranquilo porque hay una investigación judicial", explicó. Pero no supo argumentar cómo era posible que con la transparencia de la que hizo gala, no se hubiese conocido, de no ser por la investigación judicial, que la Junta adjudicó la división interior del Perla Negra a Unifica Servicios Integrales, la empresa que hizo la reforma de la sede del PP de Madrid y que se pagó con dinero de la Caja B de Bárcenas. "Es una apreciación muy valiosa. No volverá a pasar porque vamos a poner en marcha mecanismos de control", dijo.

Herrera también reconoció que no recordaba qué era lo que había hablado con el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, al que los imputados señalan como el que tomaba "todas las decisiones", pero bromeó diciendo que "no es el más expresivo de todos" para a continuación añadir: "Yo le quiero muchísimo".

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, calificó la rueda de prensa de Herrera, como "un día histórico para Castilla y León", ya que es la primera vez que obligado por el cerco que le rodea" y "arrastrado por las circunstancias" ha dado "medias explicaciones" a la prensa sobre las informaciones que aseguran que un empresario alertó al presidente del "abuso de poder" en la tramitación de los parques eólicos y sobre la declaración en el juzgado de Pablo Trillo. Tudanca acusó a Herrera de conocer desde el origen todo lo que ocurría en la Junta respecto a las adjudicaciones de los parques eólicos en Castilla y León sin hacer nada."Consintió y confirmó en sus puestos a los responsables de las extorsiones a los empresarios y se ha quemado las manos", afirmó.

Tudanca puso el acento en el hecho de que a Herrera le pareciese normal que los empresarios eólicos pasasen por los despachos de la Consejería de Economía. "Parece mentira que ese sea el 'modus operandi'", lamentó.