Intervención de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria en el Pleno del Ayuntamiento de Molledo de18 de octubre de 2021, Exclusión eólica.

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

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Pleno Ayuntamiento de Molledo.

Exclusión eólica. 18 de octubre de 2021

Si se quiere que este pleno sirva para algo más que como intento para librar -solo a Molledo- de la implantación de polígonos, subestaciones, líneas,…, formulamos unas preguntas que habría que responder:

¿Cree alguien que no todos los polígonos industriales eólicos que dicen parques son dañinos? ¿Alguien piensa que, no implantados en Molledo, son democráticos, sostenibles, ecológicos? ¿Defiende que son efectivos en la lucha contra el daño climático?

¿Hay alguien que no se oponga a que, en otros lugares alejados del consumo, se implanten polígonos gigantes en suelo comunal, cientos de turbinas y aspas de 200 m, subestaciones, miles de kms. de líneas de alta tensión, pistas, Tm y Tm de hormigón, acero, plásticos, aluminio, cobre, plomo, tierras raras (varios kg en cada turbina), fibra óptica, de vidrio y carbono,… con ondas electromagnéticas que generen cáncer?

Nosotros decimos que, en todo caso y lugar los polígonos concentrados son innecesarios, dañinos, injustos, insostenibles,… Sostenible, gratis, distribuido, inagotable,…  son el viento, el agua, la luz,…, energías de todos, no de quienes concentran donde quieren su transformación en electricidad, destrozan el territorio comunal y agravan el caos climático.

Por ello, no es momento de debatir sobre dónde implantar polígonos industriales gigantes, sino de oponerse a ellos y exigir con Greta Thunberg que para frenar el daño ¡hay que cambiar el sistema!

Por si alguien aun cree que, como cuentan dinero, políticos y medios y si no le afectan a él, los polígonos eólicos son rentables y útiles, explico rápido, con hechos, no opiniones, la situación de aquí ahora:

1.     Hay unanimidad sobre la crisis climática, sí, pero es falsa,

2.   vivimos una crisis terminal que los causantes del caos solo combaten con bla, bla, bla: ecología, descarbonización, sostenible, verde,…

3.     en el debate social sobre el cambio energético no intervenimos,

4.     deciden, solos, políticos y dinero, y

5.   les molesta que afectados e interesados tengamos Ley, Tribunales y derechos ganados por otros, no solo caridad y exclusión eólica, ese ¡Aquí no! que no soluciona, esencial, el ¿pues dónde?

En ESPAÑA, se abusa del estado de alarma e incumple el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, sobre información y participación ambiental, al tramitar, ilegales y veloces, en especial, cuatro normas nulas:

1.     el PNIEC 2021-2030, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,  enviado a Europa sin aprobar su DAE; la Plataforma tiene pedida por escrito y en trámite su nulidad de pleno derecho,

2.     la Ley del Cambio Climático, cocinada en el parlamento por la empresas, Equo, Podemos, PSOE,… también recurrida por nula.

3.     el Tratado sobre la Carta de la Energía y su cláusula ISDS, que suple a los Tribunales por “árbitros” amigos de las multinacionales y

4.     el Real Decreto-ley 23/2020. 23 junio, medidas en materia de energía para reactivar la economía, aprobado mientras la Covid19  nos amordaza, por cierto, ¿lo ha leído alguien?

En CANTABRIA, una pregunta, ¿merecen su sueldo parlamentarios y gobierno?, y una respuesta, ¡¡NO!!; esto es un páramo legal, pues

1.    no hay Ley de Suelo ni PROT, y nos mienten al decir que los habrá en días, tras haber retirado el anterior, ilegal, interruptus PROT, de la CROTU, a inicios de 2018, tras una denuncia de la Plataforma por su ilegalidad y un  anuncio de acciones penales,

2.     tampoco hay PSEC, caducado, sin utilizar, desde 2020,

3.     ni siquiera hay un mínimo Plan eólico o fotovoltaico.

Así pues, los políticos no se ganan el sueldo, no hacen nada.

 Somos, además, un páramo social de

1.     individuos egoístas con el viejo, subvencionado ecologismo de dinosaurios callado, un páramo en el que,

2.     los políticos no usan la Ley ni piensan, quieren seguir cobrando sin trabajar.

El valle de IGUÑA, lo sabéis bien, es epicentro del caos, rodeado de polígonos, achicharrado por líneas de alta tensión y cientos de Has fotovoltaicas, una subestación que crece en Molledo -y dicen de Aguayo- y la amenaza de la Central Hidroeléctrica Aguayo II que exige muchos Hm3 del agua, escasa, para nuestra industria y consumo humano, que enriquecerá a Viesgo/EoN/Repsol, Josu Jon Imaz, con 1400 Mw, el doble de los 707,3 eólicos del PSEC 2014-2020.

No basta, pues, exigir una exclusión eólica, es preciso debatir, TODOS, cuánta energía necesitamos/queremos, cómo, dónde y con qué leyes la generaríamos y, hasta tanto, exigir que cumplan sus  normas, muy malas, algo que no hacen.

Insistimos, los grandes polígonos son injustos, innecesarios, dañinos, insostenibles,…, el gobierno central y regional los tramitan ilegalmente y los ayuntamientos lo saben y ocultan a los concejos y vecinos dueños de los terrenos, razones de que, tras lograr que los Tribunales anularan los 1.400 Mw del “concurso eólico”, la Plataforma haya podido evitar que, en 12 años, haya un solo molino en Cantabria.

Acabo insistiendo en lo dañino que es el egoísmo NIMBY (No en mi patio trasero - No In My Back Yard), ¡Aquí, a mí no!, lloriqueo del ¡Allí, a ti, al resto sí!, que, sin afrontar el problema, insolidario, hace que nos enfrentemos entre nosotros.

Por ello, la Plataforma, al frenar TODA la salvajada en marcha, demuestra la fuerza del individuo frente al poder y, al tiempo, exige un DEBATE ABIERTO en el que estemos todos.

Muchas gracias, a pelear y buena suerte.

Nota de prensa 30-09-2021. NULIDAD DEL PROT. Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

NOTA DE PRENSA

A LA OPINIÓN PÚBLICA

30/09/2021

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

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Quiebra del Estado de Derecho

Dañinos delitos impunes

Urgencia de un debate -de verdad- público

El gobierno regional continúa, sin que actúen fiscalía y tribunales ni que casi nadie diga nada, desobedeciendo las sentencias de TSJC y TS que, hace ya 10 años, anularon el "concurso eólico" y ahora sigue tramitando autorizaciones de mamotretos industriales eólicos sin haber planificado y evaluado previa y globalmente sus dañinos efectos en la vida humana y la biodiversidad, incurriendo en ilícitos penales de, al menos, desobediencia a TSJC y TS, prevaricación y contra el patrimonio comunal, la biodiversidad, el medio ambiente y derechos que protege la Constitución

En 2012 y 2015, TSJC y TS establecieron lo que debía -y no debía- hacer el gobierno de Cantabria al regular la generación "eólica", sentenciando que

·         se había "indebidamente omitido la evaluación ambiental exigida para los planes y programas con efectos significativos sobre el medio ambiente", obligación legal que aún hoy sigue incumplida, pese a haber en trámite las solicitudes de decenas de polígonos, unos 2.500 Mw, potencia que supera la del “concurso”,

·         la "convocatoria del concurso de asignación de potencia eólica es -debe ser- algo bien distinto a un instrumento de planificación o de ordenación" y "la resolución impugnada -y también la asignación de potencias- incluye previsiones y determinaciones que no son propias de una convocatoria de concurso y sí lo son, en cambio, de un instrumento de planificación", lo que, con más dolo, ocurre ahora, al permitir la Administración a las empresas que, sin haberse ordenado ni evaluado- planifiquen, se apropien y destruyan el territorio, casi todo él comunal,

·         aunque el “concurso eólico” incluía una “subordinación a los instrumentos de planificación (...) lo cierto es que esa declaración formal carece en buena medida de virtualidad", lo que hoy, 12 años después, es incluso más evidente, pues -dolosa- la Administración, incumple su esencial obligación de proteger el territorio de todos planificando y evaluando en conjunto los graves impactos de lo que sobre él se permita realizar, pues,

·         como no puede ser de otro modo, "la secuencia lógica y obligada es que el planeamiento preceda a la ejecución, siendo ésta la que debe acomodarse a aquélla", lo contrario es poner el carro delante de los bueyes y "supone la íntegra desnaturalización del planeamiento como instrumento legalmente configurado para el diseño y trazado de los actos singulares que deben acomodarse a él" y, con ello, el TS desmonta la peregrina maldad de Administración y consorcios de subsanar a posteriori la ilícita, dañina falta de planeamiento y evaluación global que, de modo doloso, aún mantiene el mismo infractor -el gobierno regional al que TSJC y TS dijeron cómo debía actuar- que ahora intenta que las empresas, a su gusto e interés, planifiquen sin antes evaluar los impactos globales.

Son exigencias reiteradas por la Plataforma en diversos escritos, a los que, con incumplimiento de las normas del procedimiento administrativo, ni siquiera responden, pese a haber requerido que el gobierno regional tramite una Revisión de oficio y declare la nulidad de pleno derecho -y, al tiempo, la inmediata paralización- de todos los "expedientes eólicos".

Las ilegalidades son tan evidentes, el riesgo/daño generado tan grave y el desprecio a los vecinos tan escandaloso que nadie puede dudar que estamos ante una quiebra total del Estado de Derecho, un atropello del interés general y un grave atentado contra el territorio comunal que, tan salvajemente, están siendo agredidos por quienes, con graves responsabilidades económicas personales, lo intentaron y fracasaron en 2009.

Los parques eólicos no son “verdes”, ni contribuyen al mejor empleo, tecnología y calidad de vida de los afectados, ni menos aún a paliar una emergencia climática que, por contra, con su implantación empeora; son un medio burdo y dañino de generar energía, con la forma abusiva en que, con apoyo "político", el capital impone sus proyectos a las comunidades, sin valorar sus impactos humanos, sociales, ambientales...

Rechazamos los parques industriales, la generación concentrada, además de por su cierta y burda ilegalidad, por 1) su falso carácter “verde”, 2) su gran poder especulador, 3) el hecho de que los proyectos, sin información ni debate previo, sean impuestos a las comunidades y, además, 4) que el ciclo de vida de la generación eólica exija recursos no ecológicos ni renovables que, además, destrozan el territorio comunal con gigantescas estructuras metálicas, hormigón armado, pistas de rodadura, líneas de altísima tensión, subestaciones, cobre, plásticos y fibras, metales raros, daño al agua, aceites,...

Su implantación es acaparamiento del territorio, en especial comunal, control de todo él, que es la vida de la población, dañinos impactos contra ésta y aquél, deforestación, aplastamiento de la habitual actividad económica, contaminación, desvalorización progresiva, pérdida de elementos culturales, históricos, ambientales,… daño en la fauna, la flora, la biodiversidad,… y, en definitiva, destrozo de una visión ancestral, consolidada, del mundo y una forma lógica de relacionarse con lo natural.

Es, por ello, esencial que “los políticos hagan su trabajo y los empresarios el suyo”, separados, pues “cuando se cruza la raya, aparece la corrupción”, siendo evidente que en lo que denunciamos se ha cruzado esa raya y hay motivo sobrado para castigar penalmente lo que es corrupción sistémica cierta, quiebra del Estado de Derecho en múltiples procedimientos administrativos, a partir de la ilícita connivencia de dinero y política, corrupción que, al querer imponer, aquí ahora, la implantación de gigantescas turbinas, pistas, líneas de alta tensión, subestaciones,… en naturales montañas y valles comunales, destruye el tradicional lógico uso agrícola, ganadero, cultural, turístico, deportivo,… del territorio con procedimientos administrativos groseramente ilegales, superpuestos, confusos, aquelarre con un claro objeto ajeno al interés general y con un fin programado, definido mucho antes de iniciarse cualquiera de ellos.

Además, ahora tramitan, sin cumplir una sola exigencia legal y en medio de un casi absoluto silencio cómplice, la Ley del Suelo y el -manoseado- PROT, intentando crear la apariencia de que hacen algo para evitar, al menos paliar, el dañino caos en que nos tienen metidos, siendo todo tan siniestro, irregular, burdo y prohibido que parece irreal la tétrica situación que, torpes corruptos con espurio poder, nos están haciendo vivir.

Asusta, cada día más, el futuro a que nos conducen estos sinvergüenzas, izquierda o derecha, progresistas o carcas, rojos, morados, azules o verdes, internacionalistas o regionalistas catetos, al servicio, siempre, del dinero, así que, condenados por nuestra falta de fuerza a la única lucha que se nos permite, la legal consistente en, con desiguales armas, exigir que se cumpla la muy mala ley elaborada por ellos, citamos a quien quiera -políticos o empresas-, donde -local social, medio de comunicación, sede política o sindical,…- y como -por supuesto sin censura, difundido, abierto,…- a un debate público con luz y taquígrafos en el que puedan desmontar, ¡ay, si hubiera medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos,…! lo que, hace años y ahora, denunciamos.

Pensamos que es una razonable, sencilla cita, a la que, como siempre, nos responderá un clamoroso, muy cobarde silencio.

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado a la Secretaría de Estado de Energía y MITERD alegaciones sobre la nulidad de la 2ª Subasta de Renovables. 26/08/2021

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

NOTA DE PRENSA

27/08/2021

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La vergonzosa segunda subasta de energías renovables que pretende convocar el MITERD para repartir entre el oligopolio eléctrico -además del territorio comunal- el dinero -que dicen de Europa- del que respondemos todos los españoles es NULA DE PLENO DERECHO.

Alegaciones presentadas:

https://drive.google.com/file/d/1m13i7YYT92UidmC3DUmcLYg-948VvTOQ/view?usp=sharing

La Plataforma para la Defensa del sur de Cantabria insta a la nulidad del Documento Inicial Estratégico y Borrador del PSEC 2021-2030. 17/08/2021

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

NOTA DE PRENSA

19/08/2021

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La Plataforma ha instado a las consejerías de Medio Ambiente, Industria y Ordenación del Territorio mediante un escrito dirigido a la primera que, de forma inmediata y a tenor de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y otras, declaren nulo de pleno derecho lo tramitado del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, PSEC 2021-2030.

Se apoya, en primer lugar, en el incumplimiento de normas elementales emanadas del artículo 45  CE, entre otras la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental o la 27/2006, reguladora del derecho a la información y participación pública, a tenor de las cuales "no se puede sostener con un mínimo de lógica jurídica que a Administraciones e interesados llegue, sin información ni debate previo con el órgano sustantivo -que, en este caso, es además promotor- de un Plan tan relevante como el PSEC 2021-2030, la inapelable decisión política de elaborar tal PSEC en este momento concreto, con normas condicionantes para el futuro como son las contenidas en los denominados Documento Inicial y Borrador del PSEC 2021-2030 que, sin información ni participación de nadie, incluso sobre su conveniencia o necesidad, determinan el futuro de los trámites".

El conocimiento que de ello tiene esa Administración se evidencia en la página 17 del llamado Documento inicial del PSEC 2021-2030, en el primer y segundo párrafo del apartado 5. Desarrollo previsible del Plan en el que dice que, estando sometido a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, al decir expresamente que “estos documentos -Inicial Estratégico y Borrador del PSEC- serán aportados al órgano sustantivo para su análisis y aprobación inicialcomo paso previo, que sin duda no se ha dado, no teniendo, por ello, conocimiento la Plataforma del -supuesto- acto en que “el órgano sustantivo lo remite al órgano ambiental”, que, “en un plazo de veinte días hábiles desde la recepción de esos documentos podrá resolver su inadmisión, con previo aviso al promotor y al órgano sustantivo por un plazo de diez días”, actuaciones todas ellas no recogidas en el expediente sometido a información, por lo que falta, es evidente, el conocimiento previo por las Administraciones y personas interesadas -en la elaboración, aprobación y tramitación del Plan Inicial Estratégico y el Borrador del PSEC- de la conveniencia estratégica, la orientación y el alcance de la política energética que propone el Plan, carencias que determinan la nulidad absoluta de lo tramitado hasta ahora.

Además de su argumentada nulidad intrínseca, basar el PSEC 2021-2030 en el PNIEC 2021-2030 provoca, por la ilegalidad de éste y su DAE -cuya revisión de oficio y nulidad de pleno derecho tiene solicitada la Plataforma ante el MITERD- la nulidad de pleno derecho de aquel.

Por similares razones, tenemos solicitada la anulación por Consejería de Industria y MITERD de los trámites de todos los PP.EE en Cantabria tramitados sin aprobar el PSEC 2021-2030 ya que, incluso éste, en su apartado 7. Incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes, página 45 del Documento Inicial PSEC 2021-2030, dice que el PSEC 2021-2030 afectará a elementos estratégicos de la comunidad”, esencialmente “las infraestructuras”, por lo que “el PSEC debe estar en sintonía con lo establecido en otros planes de Cantabria”, puntualizando seguido, 7.1. Plan Regional de Ordenación Territorial que, al parecer, está “actualmente en fase de redacción” con gran  influencia en la definición de las zonas de implantación de las instalaciones contempladas en el PSEC”, por lo que “se mantendrá una coordinación entre ambos planes, con el objetivo de atender al conjunto de las necesidades territoriales y energéticas de la región”, algo que, de ser cierto y estarse haciendo, se estaría llevando a efecto en el más absoluto e ilegal secreto, al menos y en concreto en lo que afecta a la Plataforma. 

Vinculado a la inexplicable falta de planificación y evaluación de impactos de que adolece nuestra región, ya el 12 de noviembre de dos mil diecinueve, hace casi dos años, la Plataforma presentaba ante Consejería regional y MITERD escritos exigiendo la nulidad -no una inane moratoria- de todos los expedientes de polígonos eólicos en trámite en Cantabria por razones en especial referidas al caos creciente de la cada día más incontrolada presentación de solicitudes de dañinos proyectos industriales eólicos con turbinas cada día mayores, sin previa planificación ni, por tal falta de ella, haber llevado a efecto la EAE que exige la normativa vigente.

Es escandaloso que se tramiten en Cantabria, sin Ley del Suelo, ni PSEC, ni PROT, ni Plan Eólico, y, más grave, sin la información previa y la participación ciudadana que el Convenio de Aarhus, las Directivas que lo desarrollan y, en España, la Ley 27/2006 exigen para iniciativas con la incidencia ambiental de las solicitudes de autorización de un elevado, ilógico e injustificado número de polígonos industriales eólicos cada día más agresivos y dañinos que, dado el modo en que son presentadas por iniciativa privada -ejerciendo de facto una espuria función planificadora-, es causa de indefensión e inseguridad jurídica y, por ello, de  nulidad de los expedientes en trámite.

Por ello, en un momento que exige virar hacia un modelo energético que frene la imparable destrucción de la vida en el planeta que causa el modelo energético concentrado de las grandes corporaciones por uno distribuido que no actúe en su exclusivo beneficio, es inaplazable la exigencia esencial de frenar lo que se está haciendo y abrir un debate socio-político en que, en especial, participen afectados e interesados; informar, discutir y decidir sobre las reales necesidades energéticas y la sostenibilidad/conveniencia -para el interés general- de mantener la actual dañina política de concentración de mega-polígonos -aquí- eólicos, tendidos de altísima tensión, subestaciones enormes y dañinas, fracking,... o si, al contrario, hay que,  radicales, ir a la raíz del problema, a "cambiar el sistema", anular el concentrado de las grandes corporaciones e ir decididos hacia la soberanía energética del pequeño consumidor, la generación distribuida, de proximidad, la reducción del consumo de energía,... y que vecinos, concejos, ayuntamientos, asociaciones,... generen la parte mayor de una nueva energía de modo -de verdad- renovable, determinando, sin abuso de los medios -del capital-, si podemos mantener el insostenible crecimiento actual o si, por contra, debemos fijar nuestras reales necesidades y, a partir de ellas, decidir si abandonamos esa actual locura eólica con que, aquí ahora, pretenden arrasarnos.

Insistimos en que se incumplen las obligaciones de información pública, consultas y participación que exige el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, lo que también es causa de nulidad.

Insistimos en que entendemos obligada la previa aprobación de la nueva Ley del Suelo, respecto a lo que, hace un año alegábamos, sin tener respuesta, ante la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del gobierno regional respecto a la publicación en el BOC de 31 de julio de 2020 de anuncio referido a resolución de 24 de igual mes y año por la que “se somete a Información Pública el Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria”, no habiendo recibido aún, pese al tiempo transcurrido, ninguna respuesta, por lo que tenemos que entender que la Administración ha desistido de su inicial idea de aprobar el citado ilegal anteproyecto.

Argumentada la evidente vinculación que debe existir entre PSEC y PROT y dado que el PROT “identifica las pautas generales del desarrollo de Cantabria, fija los criterios para la ordenación del territorio, establece las prioridades económicas, sociales y ambientales, y define el modelo territorial deseable”, parece razonable exigir la aprobación de éste, de alcance global, general, antes de la del sectorial, energético PSEC, recordando cómo el antiguo borrador del PROT -del que sus redactores huyeron a causa de sus gravísimos defectos legales denunciados por la Plataforma que lo hacían, además de sospechoso, nulo de pleno derecho e ineficaz, pues no planificaba ni ordenaba siquiera en el territorio los Mw eólicos del PSEC 2014-2020, poco más de 700, y mucho menos la cantidad que ahora, de modo desordenado se solicita, superando los 1.400 Mw del ilegal/anulado Concurso eólico, causa, insistimos, de indefensión e inseguridad jurídica para interesados/afectados, a los que no permite conocer todo lo que se pretende hacer; en esas circunstancias, resulta evidente la imposibilidad legal de plantearse, como se hace, aprobar el PSEC 2021-2030.

Po todo ello, aun siendo innecesario argumentar respecto a la ilegalidad material del contenido de los dos documentos sometidos a examen, dada su nulidad radical por razones formales, el llamado Objetivo 2030 se ha fijado sin información ni participación generando la impresión de que ni los redactores clandestinos de los documentos tienen idea de lo que pretenden, llamando en especial la atención los datos referidos a la generación eólica terrestre, 700 Mw, que se citan a bulto de forma muy ambigua que induce a sospechas y dudas y la hidroeléctrica, 1.500 Mw cuya generación nos dejaría sin agua para consumo humano e industrial, facilitando, eso sí, un gran negocio a dos grandes empresas, asiduas visitantes de los despachos de la Administración regional.

Denunciábamos para acabar la problemática vinculación evidente que existe entre la Administración y las tradicionales, caducas entidades -que dicen- ecologistas que, a cambio de subvenciones no objetivas, pueden decir en la misma frase y día una cosa y la contraria, siempre ambiguas y a favor del sistema que financia tales entidades que aparecen en informes que "justifican" las atrocidades que nos han traído aquí -por ejemplo, los redactores del panfleto "de la universidad" que sirvió de coartada para los 1.400 Mw del ilegal destrozo del "concurso eólico" y, sin pedir perdón, las cosas que, con la boca pequeña, dicen ahora- por lo que sería urgente disponer del detalle exacto y público de las subvenciones pagadas a esas llamadas ONGs ecológicas, su cuantía, justificación, motivos, destino,..., una información con la que todos estaríamos más seguros sobre la credibilidad y los motivos de muchas de sus opiniones.

Insistimos en que, desde el punto de vista jurídico, establecida la nulidad de todo lo tramitado por las razones formales argumentadas, en lo que se refiere al contenido "sustancial" de los dos citados documentos del PSEC simplemente dejamos constancia de lo inane, poco indicativos y sospechosamente peligrosos que son los -muy pocos- datos concretos -exceptuados los interesados y amasados con los corporaciones en torno a los millones de los fondos europeos que pagaremos todos...- que recogen los dos citados, ilegales documentos.

LOS EÓLICOS SEGÚN UN CARMUNIEGU. Agosto 2021

OCTAVIO CÉSAR AUGUSTO GOBIERNA EN ROMA. EN UN ESPACIO DE DIEZ AÑOS. A PARTIR DEL 29 A.DE.J.C. ASUME TODAS LAS MAGISTRATURAS. LAS AGUILAS ROMANAS GOBIERNAN EN CASI TODO EL MUNDO CONOCIDO PERO ALGUIEN NO ESTA CONFORME CON ESTE ESTADO DE COSAS. UN PUEBLO DE GUERREROS. AMANTES DE SU LIBERTAD. LOS CÁNTABROS

EL CANTABRUM ÍNDUCTUM YUGA FERRENOSTRA. EN DEFENSA DE LOS MUNICIPIOS DE CANTABRIA, CANTABRIA EN LOS ULTIMOS 2000 AÑOS HA VENIDO SUFRIENDO CIERTAS ALTERACIONES EN LOS LIMITES DEL TERRITORIO, EL ULTIMO POR LOS CLERIGOS EN 1.833- LOS CANTABROS NO PERDIERON LA IDENTIDAD, HOMBRES, LIBRES, AMANTES DE LA LIBERTAD Y DE SU INDEPENDENCIA UNA CANTABRIA HEROICA, SOMETIDO A LOS INVASORES. 

UN CARMUNIEGU

POBRE CANTABRIA, DESPROTEGIDA DE LOS ÍNTERESES GENERALES, DE SUS MUNICIPIOS Y HABITANTES, CANTABRIA TIENE UN PARLAMENTO Y UN GOBIERNO DE BUROCRATAS, 35 DIPUTADOS UN PRESIDENTE OCHO CONSEJERÍAS MONTONES DE DIRECTORES GENERALES Y SECRETARIAS G. Y FUNCIONARIOS, TODA ESTA BUROCRACIA HAY QUE CORTARLA RADICALMENTE AL 50% INCLUIDO SUS SALARIOS. POBRE CANTABRIA QUE TIENEN QUE SALIR A DEFENDERLA PERSONAS DE GENTE HUMILDE, ABANDONADOS POR EL PODER PUBLICO, POR LOS ATROPELLOS CONTINUOS DE SUS TERRITORIOS, SUS MONTAÑAS Y CUMBRES, SUS RIOS, SUS ACUIFEROS, SUS LADERAS Y MONTES, SUS CAMINOS HABITUALES, SUS COSTUMBRES, SU TRANQUILIDAD SIN RUIDOS, EL SER VIGILADO CON CAMARAS, EL DESASOGIEGO LA INTRANQUILIDAD, EL RUIDO DE ESOS MONSTRUOS MOLINOS QUE AFECTA A LAS PERSONAS AL SISTEMA NERVIOSO, LA CABEZA LAS SIENES AVOCADAS A LA LOCURA DE LOS HABITANTES DE ESTOS MUNICIPIOS, ESTA CONTAMINACIÓN ACUSTICA Y CONTAMINACION DE GRASAS Y ACEITES DERRAMADAS POR LAS LADERAS, AFECTA A LOS ANIMALES, LOS MOLINOS SON ATRAEDORES DE TORMENTAS, RAYOS. LOS CUATREROS ANDAN DE RONDA HACIENDO UN CARRUSEL DE VISITAS REUNIONES POR LOS MUNICIPIOS DE SOBA, TRASMIERA, EL PAS, Y LOS MUNICIPIOS CAMPURRIANOS, ESTOS EXPECULADORES DE EÓLICOS Y FRAKING SON LOS ENEMIGOS DEL BIEN COMUN. FUNCIONARIOS REGIONALES Y LOS NUEVOS CLERIGOS, A ESTOS HAY QUE DECIRLES QUE SE ALEJEN DE ESTOS MUNICIPIOS, QUE NADA MAS CUENTAN PATRAÑAS INTENTANDO CONTAMINAR LAS MENTES DE LOS CIUDADANOS, CON COSAS INFANTILES, QUE HACEN PISTAS PARA EL GANADERO, QUE CUANDO NIEVA LES QUITAN LA NIEVE, ESTOS CUATREROS CUANDO HACEN LA RONDA, DESPRECIAN A LOS CIUDADANOS QUE NO PIENSAN COMO ELLOS, LOS COMPLICES FUNCIONARIOS DE LOS NUEVOS CLERIGOS VAN HACER, PRIMERO, CONSEGUIR ROBARLES PARTE DE LOS MUNICIPIOS, SEGUNDO, DESTROZAR TODAS LAS MONTAÑAS, TERCERO CONTAMINARLES TODAS LAS AGUAS ACUIFEROS, CUARTO, VOLVER LOCOS ENFERMOS A LAS PERSONAS DE ESTOS MUNICIPIOS, Y SER VIGILADOS 24-h. FUERA EXPECULADORES, A LOS GA-NADEROS HAY QUE ARREGLARLES LOS SENDEROS Y LAS CAMBERAS DE CARRO DE TODA LA VIDA, Y HACERLO LA ADMINISTRACIÓN.

Plataforma en Defensa de los Valles del Sur se querella contra Marcano y Blanco por el desarrollo eólico. DM 30-07-2021

Plataforma en Defensa de los Valles del Sur se querella contra Marcano y Blanco por el desarrollo eólico

Les atribuyen supuestos delitos de «desobediencia a sentencias judiciales

DM .Santander   Viernes, 30 julio 2021

https://www.eldiariomontanes.es/region/campoo-sur/plataforma-defensa-valles-20210730213251-nt.html

La Plataforma para la Defensa de los Valles del Sur de Cantabria ha presentado una «querella criminal» contra los consejeros de Industria y Medio Ambiente, los regionalistas Javier López Marcano y Guillermo Blanco, respectivamente, por el desarrollo eólico.

Así lo ha anunciado este colectivo, que ha explicado que también se ha querellado contra los directores generales de Industria y de Medio Ambiente, Daniel Alvear y Antonio Lucio, respectivamente.

A los cuatro les atribuye supuestos delitos de «desobediencia a sentencias judiciales, contra el patrimonio comunal y el medio ambiente, contra derechos protegidos por la Constitución y prevaricación».

La Plataforma ha decidido presentar esta querella contra la cúpula de las consejerías de Industria y Medio Ambiente por la, según señala, «ilegal y dañina reiteración» del Gobierno de Cantabria en «desobedecer», según ha señalado, lo exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Tribunal Supremo cuando anularon la adjudicación de potencias del concurso eólico de 2009.

También justifica la querella presentada el pasado lunes, 26 de julio, a la «falta de actuaciones» del Ejecutivo respecto a las «continuas demandas» de la Plataforma de planificar y evaluar estratégicamente los impactos del desarrollo eólico y paralizar las autorizaciones de los parques éolicos.

«Las ilegalidades son tan evidentes, el riesgo que se está generando es tan grave y el desprecio a los vecinos tan escandaloso que nadie puede dudar que, salvo quiebra total del Estado de Derecho, el juzgado de instrucción adoptará con urgencia, como hemos solicitado, las medidas precisas para paralizar de forma inmediata el grave atropello contra el territorio comunal y el interés general que, tan salvajemente, están siendo agredidos por quienes ya lo intentaron, fracasando, en 2009», ha afirmado la Plataforma.

Este colectivo ha afirmado que los parques eólicos «no son verdes, ni contribuyen al desarrollo del empleo, la tecnología y la calidad de vida de los afectados, ni mucho menos a solucionar el calentamiento global» sino que, a su juicio, son un «medio burdo y dañino de generar energía y se caracterizan por la forma abusiva en que, con apoyo político, grandes corporaciones imponen sus proyectos a las comunidades, sin valorar sus impactos humanos, sociales, ambientales,...».

2Comentarios 

cinexin1975

Hace 15 minutos

para el señor marcano una querella criminal es como ir a comprar el pan todos los dias.

Responder

fjvazquezal_1546941814

Hace 94 minutos

Quién se cree que Blanco y Marcano se van a interponer en los planes de los promotores de aerogeneradores. Los que se han pasado toda la vida medrando no van a comportarse ahora de otra manera.