Conseguidores e influencers Fernando Merodio 02/01/2022. Corrupción eólica

Conseguidores e influencers

Fernando Merodio

200 Los domingos cavilar

02/01/2022

https://fernandomerodio.blogspot.com/2022/01/200-los-domingos-cavilar-conseguidores.html

Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de sus fatigas”. San Juan 4,39

"Banco Santander se incorpora a los promotores del parque eólico de El Escudo que lidera Iberdrola (...) La entrada de Banco Santander en el proyecto en absoluto es baladí, puesto que supone un espaldarazo a la actuación" (El Delirio Montañés. 29/12/21)

Cumplo, con esta, 200 Cavilaciones dominicales sucesivas y aprovecho la efeméride para, a cara de perro, denunciar que "conservadores" y "progresistas" están arrasando las humanas, viejas, entrañables fatiga y mérito, al tiempo que, cínicos sin pudor, las sustituyen por corrupción rampante, llamando los nuevos "bárbaros" “conseguidores” a quienes, usando en especial de sucios vínculos económicos, familiares o de amistad, y en general sin más mérito, logran que el poder público más ilegal e injusto, apoye, facilite, autorice el logro de lo que conviene a un interés particular, mientras dicen que es “influenciadores” o “influencers” quienes, sin ser siquiera famosos, usan medios, en especial del ámbito digital, para adornarse de una cierta credibilidad, -absurda- acerca de determinadas cuestiones, lo que les convierte en sus mensajeros/valedores...

un ejemplo es la abracadabrante noticia (¡) aparecida en El Delirio Montañés, tan ajena -como casi siempre- al mínimo rigor que es, sin más, falsa. pues el panfleto, indocumentado/malicioso, decía actuando al -impúdico- servicio del “conseguidorcillo” local Agustín "Valcárcel" -premonitorio, quizás, acabado en "l" y con acento en la segunda “a”- Polanco, discípulo sin duda de Manuel Huerta, cuyos rescoldos aún cabrillean trémulos en las inconstantes listas de sospechosos proyectos eólicos, sin dinero el de la "l" y el acento, pero dotado de bien engrasados vínculos diversos con, entre otros, judicatura y fiscalía que habría que analizar y aliado al gran capital vasco, a la pestilente Iberdrola, tan hedionda que -incluso para los maleables, capitalistas reguladores USA- no es lavable; explica con descaro el osado juntaletras de El Delirio que tan hábil operación “supone un espaldarazo a la actuación“, al dañino polígono industrial eólico, pues a “la compraventa de acciones (¡) a un ‘pool’ de propietarios, se añaden  instrumentos financieros” que aparentan la solvencia que hoy no tiene el vendedor, sin reparar el anuncio en que vende Ocyener, S.L., sociedad de responsabilidad limitada, con participaciones, no acciones, y un capital social, tras su última ampliación, de ¡12.500 €!, lo que revela un magnífico negocio del banco que compra el 45% de la mitad del dudoso polígono industrial y asume la responsabilidad de ¡5.625 €!, mientras si hablan de cifras mayores, sea cual sea el truco usado, se trata de una operación cuya explicación social exige finura de orfebre, no zafiedad de conseguidor y/o especulador.

Para conocer con cierto detalle cómo funciona “la cosa”, los  aficionados a google pueden trastear en la -que dicen- trama eólica en Castilla y León, en la que se asienta ese desarrollo por el que tanto suspiran, amor al “progreso”, M.A. Castañeda & Co, en que, con la dilación propia de la Justicia -en alguna ocasión- inexorable, verán cómo, tras varios años de vaivenes judiciales, “el juez imputa a 17 personas, dos ex altos cargos de la Junta”, “empresarios” y, faltaría más, alguna filial de Iberdrola, por el indudable “progreso” que -para ellos- significó tal trama, y encontrarán evidentes, constates coincidencias con la brillante operación, que alaba El Delirio, de Ocyener, S.L. y ese banco que, si no le paramos los pies, acabará marcando el paso -de oca- (in)cultural en nuestra ciudad, entre aplausos de paniaguados y tarugos.

Para saber un poco más de “conseguidores” e “influencers”, se puede, también, analizar las relaciones de Capital Energy con la que fue Directora General de Industria en Asturias, ejemplo paradigmático de puerta giratoria en ambas direcciones o, más reciente, la tramposa venta de Reitel, doloso e ilegal negocio de fibra óptica -sin  autorizar y pagado a costa del recibo de la luz- de la semipública Red Eléctrica, refugio de destituidos políticos que hoy preside la “social-progresista” Beatriz Corredor- a KKR, multinacional USA que, por todo mérito energético, administra fondos de inversión y capital riesgo, al parecer asesorada por el “popular” Juan Lasala ex-consejero delegado de REE que -dicen- habría asegurado en público que “si sale la operación, me jubilo”, siendo cierto que, jubilado en efecto, al parecer asesora, mezcla de “conseguidor” e “influencer”, a interesados en la compra de activos de REE, empresa semipública en caída libre, a cuya cúpula, sin eliminar a los anteriores, han añadido -cuestión, parece, de cuota- a “progresistas” como Miryam Aguilar, Eva Santiago, Laura de Rivera, Fátima Rojas, Eva Pagán,…, una venta, la de la fibra óptica, en la que al asesor corresponde un “pastizal”, entre el 1 y el 2% del total importe de la operación, concurriendo, además, en el caso de Lasala la muy sucia coincidencia de que es “presidente no ejecutivo -¿qué es eso que tan poca cosa suena?- de la hoy omnipresente Capital Energy, en la -muy- sucia pelea por acceder a la red de transporte de muy alta tensión… que gestiona REE, acceso que, no olvidar, hacen que solamente las empresas a las que sean concedidos tendrán posibilidad de recibir el esperado maná de los “fondos europeos”… que pagaremos entre todos.

La importancia del “conseguidor” o “influencer” económico/político estriba en su capacidad -sea cual sea la causa, casi siempre sucia- y coarta decisiones relevantes, usando también casi siempre a los medios de comunicación afines, interesados.

Vuelvo al principio, a la extraña relación eólica entre el pequeño, mínimo “Valcárcel” y Ana Botín, cuyo Banco Santander aporta tan poca credibilidad y solvencia a “la actuación” que quiere ser el polígono industrial eólico “El Escudo”, pues tal banco, ya hace años, fue, por su ilegalidad rampante, uno de los fracasados en el malogrado intento de atropello que llamaron “concurso eólico”, debiendo todos preguntarnos cómo será, geniales finanzas, esta nueva operación, pues quien vende, Ocyener, o sea el “Valcárcel” con acento y "l", es una del más del millón de Sociedades Limitadas, S.L. que hay en Espala, ésta con un capital social de 12.500 € y aunque el mercantil -y tantos otros- no es mi ámbito en el -poco- saber del Derecho, sí conozco que se trata de una sociedad en la que la responsabilidad personal de sus socios alcanza solo -ése sí que de verdad- al poco capital aportado y no al patrimonio de sus socios; prototipo de cobarde sociedad capitalista, con el capital dividido en participaciones sociales -no acciones, escribidor de El Delirio- iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas a títulos negociables ni, insisto, ser denominadas acciones, pudiendo ser su gestor un administrador único, aquí “Valcárcel”, con muy amplios -¿totales?- poderes, siendo, en el caso de Ocyener, S.L., una nueva sociedad, Pilalva Inves, S.L. su, al parecer, único socio, lo que la somete a otros requisitos que, supongo, cumplirá y, aun sabiendo, que el tan traído y llevado polígono industrial eólico El Escudo, dada su grosera ilegalidad, nunca se ejecutará, seguiremos atentos la “brillante” operación.

Doble coda, sobre sorpresa y felicitación.- En primer lugar, sorprende el descaro del suplemento Sotileza de El Delirio Montañés, de 30/12/2012, dedicado, en belleza, por quienes, a capa y espada defienden, impulsan, patrocinan, promueven el “progreso” que -para ellos- es el atropello eólico, a un sentido monográfico “Contra el olvido del patrimonio cultural inmaterial” y, superada tal sorpresa, debemos felicitar a Pablo Manuel Iglesias Turrión, a quien el Consejo de Ministros, sus antiguos cuates, ha otorgado “la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, destinada a reconocer su trabajo en beneficio de España y de la Corona” ¿Enhorabuena?

Resumen de la Trama eólica en Castilla y León. Corrupción eólica. Oct y Dic 2021


La Fiscalía pide 42 años de prisión y 239 millones de multa al exviceconsejero de Economía de Castilla y León por la Trama Eólica

·    El fiscal anticorrupción apunta que Rafael Delgado siguió las instrucciones del entonces consejero, Tomás Villanueva y de un directivo de Iberdrola Renovables

·    HEMEROTECA — Guía para conocer la Trama Eólica, el caso con 21 imputados en Castilla y León

Laura Cornejo7 de octubre de 2021 diario.es castilla y leon 

https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/tribunales/fiscalia-pide-42-anos-prision-239-millones-multa-exviceconsejero-economia-castilla-leon-trama-eolica_1_8375699.html

El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, se enfrenta a 42 años de prisión y multas de 239 millones de euros como principal acusado de la Trama Eólica. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral y ha formulado escrito de acusación contra 16 excargos de la Junta y empresarios a los que considera responsables y beneficiarios de la concesión irregular de las autorizaciones de los parques eólicos, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. La macrocausa de la Trama Eólica, que empezó a instruirse en 2017, ha investigado durante estos años las mordidas o comisiones que recibieron altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos entre los años 2000 y 2015.

Aunque es Delgado, alto cargo de la Junta entre 2003 y 2011, el acusado al que más delitos atribuye el fiscal, Tomás Herranz, (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y delitos contra la Hacienda Pública), deja muy claro que este actuó siguiendo las instrucciones del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva (que fue imputado si bien su responsabilidad penal se extinguió con su repentino fallecimiento), junto con el responsable de Iberdrola, Ricardo Bravo, también acusado y con el que ideó el plan para "exigir ilegalmente a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización que cedieran o permitieran la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización, participación que requería ser próxima al 40 por ciento".

Siguiendo esa trama, se seleccionaba y se favorecía ilegalmente a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, con quienes actuó "concertadamente". Entre estas personas menciona a los hermanos Esgueva, Francisco y Alberto, este último exaltocargo de la Consejería de Economía, el director general de Deportes de la Junta hasta 2003, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo o los tres hermanos propietarios de la constructora Collosa, Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente Muñoz, para que se les transfiriese parques que se iban a autorizar.

El fiscal subraya que "salvo los hermanos Llorente Muñoz, ninguno de los citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o de Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial, de de otra parte, que esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas".

El fiscal pide que se abra juicio contra Delgado, Manuel Ordóñez Carballada, Jesús Rodríguez Recio, Alberto y Francisco Esgueva, Marc Nadelar, Germán José Martín Giraldo, César Hernández Chico, María del Mar Moreno Fernández, Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz, Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota, Pedro Barriuso Otaola y Andrés Martín de Paz. También contra entidades, en este caso la Junta de Castilla y León, Iberdrola Renovables Castilla y León, Sinae Inversiones Eólicas, Grupo Empresarial Inverduero y Parque Eólico La Boga como responsables civiles.

Los hermanos Esgueva se enfrentan a 12 años de cárcel y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, a 10,5 años de prisión y más de 25 millones de multa, mientras que César Hernández, podría ser condenado a 7 años y al pago de 1.888.000 euros.

Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, podría tener que asumir 6 años de cárcel una multa de 100 millones de euros, igual que Rafael Icaza, de Ibercyl. Los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la constructora Collosa y a los que se piden seis años de cárcel y 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, seis años de cárcel y 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una pena de seis años y multa de ocho millones.

Además, Anticorrupción interesa cuatros años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL, e idéntica pena privativa de libertad y 215.000 euros para María del Mar Moreno, exmujer de Alberto Esgueva, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación.

Delgado autorizaba los parques directamente con un cambio de norma ilegal

El fiscal relata en su escrito cómo fue la operativa. En el año 2003, Rafael Delgado "con el fin de lograr su propósito" indicó a los jefes de servicio territoriales de industria que no concedieran la autorización de más parques eólicos e indicó al director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla León, el acusado Manuel Ordóñez Carballada, que elaborara una instrucción para que, a partir de la misma, las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de servicios territoriales de industria a quienes correspondía legalmente y le fuera conferida a él, por el mecanismo de su avocación, la potestad de otorgarlas. Mecánica que aprovechó después para decidir, conforme a sus particulares intereses, el momento de avocación.

De esa manera, Ordóñez, de acuerdo con Delgado, dictó la Instrucción 2/2004 de 14 de abril por la que se ordenaba a los servicios territoriales que avocaran en todos los casos la autorización en favor del viceconsejero. Como consecuencia, con una norma de rango inferior se revocó la competencia para autorizar parques eólicos que tenían los servicios territoriales por decreto, lo que según el fiscal es "ilegal". Con esta aplicación de la Instrucción 2/2004 la práctica totalidad de las autorizaciones concedidas mientras el Rafael Delgado fue viceconsejero de Economía fueron concedidas por este; en el resto de las ocasiones en que no fue así, el jefe del Servicio Territorial de Industria correspondiente siguió en cada caso las previas órdenes de Delgado.

Además, una de las reglas de la Instrucción 2/2004 permitió a Delgado y a Ordoñez "manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos desde la Dirección General de Energía y Minas al controlar el momento en el que se debía tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa". En concreto, la regla del apartado F de la Instrucción establecía la expresa orden de no proceder al otorgamiento de autorizaciones administrativas por parte de los Servicios Territoriales hasta no recibir la instrucción oportuna de la Dirección General.

 Delgado, para "un mejor control de sus propósitos" ordenó la elaboración de listados informáticos de solicitudes de autorizaciones de parques eólicos con la finalidad de que estos contuvieran los datos relacionados con las gestiones que realizaba para conseguir "sus ilícitos propósitos de introducir participación de local en las sociedades promotoras de parques eólicos". De su elaboración se encargaron en el Ente Regional de la Energía (EREN) las mismas personas que habían hecho otros anteriores con la finalidad de efectuar un seguimiento continuado de la evolución de los expedientes administrativos, Tomás Ciria y Ricardo González Mantero quienes, por esas fechas, años 2003 a 2005, eran, respectivamente, el jefe del área de eólica y el director del departamento de relaciones externas, estudio y formación del EREN, (Ricardo González pasó a Director del EREN en mayo de 2005).

En estos nuevos listados informáticos, realizados por solicitud expresa de Rafael Delgado, que carecían de los datos técnicos que figuraban en los originales, ordenó que se indicaran en una hoja llamada “desglose promotores”, de forma separada, los datos del nombre del promotor y del parque, su situación administrativa, el nudo de evacuación y la provincia, los megavatios solicitados y, "dato especialmente relevante", el promotor. En otra hoja llamada “resumen promotores” se debían indicar, en columnas separadas, los propietarios, los megavatios correspondientes a cada uno y las promotoras en las que estaban presentes.

En la columna correspondiente al promotor definitivo de la hoja desglose de promotores ordenó que se indicara el nombre de las sociedades a las que tenía intención que el promotor que había solicitado cada parque traspasara una participación (de ordinario el 40%). Cuando todavía no tenía decidido la sociedad a la que debía traspasarse el parque se indicaba en esta columna que estaba “pendiente”. A su vez, en la columna propietarios de la hoja resumen promotores no se indicaban los promotores de los parques sino el nombre de aquellos a los que se iban a traspasar. En la columna 'megavatios' de esta hoja se indicaban los totales que correspondían a cada “propietario”.

Para conseguir la participación de empresarios locales en los parques eólicos y aprovechando la Instrucción 2/2004 de la DGEYM ordenó que no se solicitara la avocación de la autorización de los parques en tanto no estuviera asegurada esta participación "local". Y para justificar esta paralización y la posterior selección y con el pretexto de que el artículo 7.4o del Decreto 189/1997 establecía que para resolver la competencia de proyectos debían utilizarse como criterios de la elección, la iniciativa, capacidad técnica y financiera, la afección ambienta/ la adaptación a la planificación energética, así como presentar mayores ventajas socioeconómicas para la zona o la comunidad de Castilla y León concretadas en el fomento de la investigación y el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la reducción de costes de inversión para aumentar su capacidad industrial, decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo, que denominó competencia por evacuación, que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local. Recuerda el fiscal que 'trámite' no se encuentra previsto en la normativa reguladora siendo contrario a la letra y al espíritu de aquella y vulnera esenciales principios inspiradores de la LSE; concretamente el de libre iniciativa empresarial (art. 2.1) y el de carácter reglado de la autorización que debe otorgarse sujeta a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación (arts. 21 y 28.1). Las mayores ventajas socioeconómicas para la zona que como criterio de elección establece la norma se refieren al fomento de la investigación y el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la reducción de costes de inversión para aumentar su capacidad industrial; criterios que no cumplían ninguno de los promotores locales finalmente seleccionados.

 De hecho, apunta el fiscal "hasta la llegada de Rafael Delgado a la viceconsejería los informes del EREN entendían cumplido y acreditado el requisito de presentar mayores ventajas socioeconómicas si los aerogeneradores que se preveían instalar estaban fabricados por empresas radicadas en Castilla y León".

Rafael Delgado intervino paralizando los parques en los que sus promotores no cedían la participación a las personas que él había decidido beneficiar. Es el caso de  Cannon Power España SL, participada en un 75% por los hermanos Ricardo y Álvaro Fúster Garraizábal y en un 25% por Cannon USA; sociedad en la que ejercía el cargo de consejero delegado Ricardo Fúster y Álvaro Fúster el de director. Había solicitado en la provincia de León varios parques que el fiscal detalla y cuya autorización final se retrasó durante años hasta que los propietarios admitieron la entrada de un socio local. Posteriormente acabaron vendiendo los parques al socio, Iberdrola Renovables, participada por Biovent Holding, que estaba unida empresarialmente a los hermanos Llorente con Inverduero. El fiscal relata cómo los parques cambiaban de manos para beneficiar a estos y otros empresarios de Castilla y León, ahora acusados de cohecho. El caso más llamativo es el de Alberto Esgueva, que con una inversión de poco más de 24.000 euros y sin hacer nada más que vender sus participaciones obtuvo beneficios por valor de 51 millones de euros.

CAPITAL ENERGY y REE. Dic 2021

La Red

JUAN LASALA, PRESIDENTE DE CAPITAL ENERGY

El exconsejero delegado de Red Eléctrica asesoró a los interesados en su filial de fibra óptica

EDUARDO SEGOVIA OKDIARIO 27/12/2021

La reciente venta de Reintel, el negocio de fibra óptica de Red Eléctrica, al fondo KKR tiene más componentes escandalosos. La empresa semipública que preside la socialista Beatriz Corredor no sólo se ha beneficiado de esta operativa en vez de destinarla a rebajar el disparado recibo de la luz, como informó OKDIARIO, sino que su exconsejero delegado, Juan Lasala, asesoró a algunos de los participantes en la puja por esta filial.

Según fuentes conocedoras de la situación, Lasala aseguró al abandonar su cargo en Red Eléctrica que se iba a dedicar a asesorar a los inversores interesados en los activos de la empresa, como la citada Reintel o Hispasat (que también pretende vender). «Si sale una operación, me jubilo», llegó a decir a todo el que le escuchaba.

Las fuentes consultadas no coinciden en si Lasala ha asesorado concretamente a KKR, pero sí en que ha trabajado para varios de los participantes en la puja que al final ha ganado el fondo norteamericano. En la fase final compitieron también el francés Vauban, el holandés PGGM y el australiano Queensland. E inicialmente también se interesaron por la operación los gigantes aseguradores Allianz y Axa.

Precio exorbitante

KKR se hizo finalmente con el 49% de Reintel pero pagando un precio exorbitante ...

La influencia de Lasala en Red Eléctrica

Como ha venido informando OKDIARIO, Lasala mantiene una importante influencia sobre su antigua empresa. Lo hace a través de personas de su confianza que siguen situadas en puestos clave por Corredor (Lasala fue nombrado por el popular José Folgado y destituido por el socialista Jordi Sevilla, antecesor inmediato de Corredor). Se da la circunstancia de que actualmente es presidente no ejecutivo de Capital Energy, empresa que aspira a muchos de los accesos a la red que va a conceder REE, en competencia con el resto de empresas del sector, por lo que su influencia en esta decisión puede ser decisiva.
(...)
Más info: 

SOCIOS NECESARIOS y “COARTADA SOCIAL”: 14/12/2021 Jornada para “Contribuir a la gestión de la aceptabilidad social de la energía eólica en Cantabria”

“Transición energética en Cantabria: retos y oportunidades para energías renovables” ATE, Santander 14/12/2021

14 de diciembre de 2021 Sede del Diario Montañés en Santander

Objetivo: “Contribuir a la gestión de la aceptabilidad social de la energía eólica en Cantabria”

Organiza: Asociación de Transición Energética (ATEnergetica):

https://atenergetica.es/actividades/transicion-energetica-en-cantabria/la-asociacion-para-la-transicion-energetica-analizara-en-una-jornada-los-retos-y-oportunidades-para-las-energias-renovables-en-cantabria

Acceso mediante rigurosa invitación. Es imprescindible confirmar asistencia a: secretarias.dm@eldiariomontanes.es o en el 942 354 001

Programa 

09:00 – 09:30 Bienvenida, presentación y apertura de la Jornada

  • Antonio Cordón, presidente de la Asociación para la Transición Energética
  • Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria
  • Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno de Cantabria

09:30 – 11:00   1ª Mesa de debateDescarbonización de la economía y transición energética: un reto mundial con impacto local

Ponentes:

  • Mario Mañana, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cantabria
  • Jorge Muyo López, director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria
  • Julián Fuentecilla Garcia, alcalde de Soba
  • Álvaro Rodríguez de Sanabria, director de The Climate Reality Project Spain

Modera: Javier Santacruz, economista de la ATE

11:00 – 11:20    Pausa

11:20 – 12:30   2ª Mesa de debate: El desarrollo de las energías renovables en Cantabria: oportunidad y reto

 Ponentes:

  • Alfredo Ortiz Fernández, Jefe de Estudios del Máster en Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingenieros Industriales de Cantabria
  • José Luis Gochicoa González, consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria
  • Silvia Gómez, presidenta del Concejo de La Costana
  • Carlos García, secretario general de ARCA

Modera: María Jesús González, secretaria general de la ATE

12:35 – 13:35   3ª Mesa de debate: Los actores de la transición energética en Cantabria: expectativas y compromisos

Ponentes:

  • Juan Guillermo Blanco Gómez, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria
  • Eduardo Gutiérrez Osoro, alcalde de San Miguel de Aguayo
  • Felipe González, delegado SEO-BirdLife en Cantabria
  • Agustín Valcarce, presidente Asociación Eólica de Cantabria

Modera: Miguel Aguado Arnáez, socio director de B-Leaf, experto medioambiental

13:45 – 14:00   Clausura

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente

Denuncia de actuaciones ilegales en la zona del P.E. EL ESCUDO. BIOCANTABER (IBERDROLA + OCYENER). Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria noviembre 2021


AL AREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA y a la DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL MITERD.

___________, Presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número _______ y domicilio a efectos de notificaciones en __________________________, en mi reconocida condición de interesado en el concreto expediente administrativo a que se refiere el denominado P.E. El Escudo, comparezco tras haber efectuado las correspondientes comprobaciones sobre el territorio y, como mejor proceda en Derecho, formulo DENUNCIA referida a las actuaciones ilegales que relato, a tenor de las siguientes CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO:


PRIMERA.- Tramitación del llamado P.E. El Escudo.-

Por resolución de 14 mayo 2021, hace ya seis meses, de la Dirección General Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITERD, se formulaba "declaración de impacto ambiental proyecto 'Parque Eólico El Escudo' de 151,2 Mw, en Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria)".

Tal declaración de impacto ambiental, en adelante DIA, emanaba del órgano ambiental en el expediente -la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de ese MITERD- y, como es sabido, frente a ella no cabe recurso -art. 41.4, Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental- hasta tanto, en su caso, el órgano sustantivo -la Dirección General de Política Energética y Minas, del mismo MITERD-, autorice el proyecto que, cumpliendo la ley y en base a la DIA, deberá elaborar el promotor, una autorización -o, previsiblemente, denegación- que sí admite recursos administrativos y, en su caso, judiciales.

 

SEGUNDA.- Irregularidades en la DIA.-

Dicha DIA fue otorgada, entre otras muchas irregularidades que conoce el MITERD, con apoyo en un ilegal informe de la Dirección General de Medio Ambiente regional, que de modo injustificado y malicioso contradecía frontalmente, al menos, otro anterior, ese sí legal, referido a polígonos eólicos ubicados en los llamados “valles pasiegos”.

 

TERCERA.- Situación actual.-

La situación actual es que, transcurridos 6 meses desde que se formuló la DIA, interesados y afectados ignoramos si el promotor ha redactado en forma legal el proyecto adecuado a ella, redacción que, desde luego, no nos ha sido notificada por ese MITERD, cuyo órgano sustantivo tampoco ha publicado el pertinente otorgamiento de autorización -o denegación- de tal proyecto, momento en que comenzarían a correr los plazos para los recursos y el resto de las acciones legales que se pudieran iniciar, debiendo advertirse que -artículo 42, 1, Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental- el órgano sustantivo, “deberá tener en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto (…), la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas”, siendo evidente que, muy importante -art.42.3 de la misma Ley-, podrá denegar la autorización, indicando “las principales razones de la denegación”, lo que, sin duda, deberá ocurrir aquí.

 

CUARTA.- Acciones de la Plataforma.-

Además de las pertinentes alegaciones al polígono industrial, con mayor celeridad que promotora y Administración, toda vez que la DIA, además de estar incursa en muy graves incumplimientos formales en su trámite, no se ajusta a los hechos ni al Derecho material aplicable a la solicitud de un polígono industrial como El Escudo, vulnera en especial la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, LPAC, y la 21/2013, de Evaluación Ambiental, de modo gravemente perjudicial para el interés general y el de numerosos particulares diversos, en base a los artículos 106.1 y concordantes de dicha LPAC, el 10 de junio pasado, hace 5 meses, la Plataforma formulaba escrito, reiterado el 1 de julio, para que, a nuestra solicitud y previo informe del Consejo de Estado, se procediera a la REVISION DE OFICIO de la resolución por la que se formulaba la DIA, para declarar ésta nula de pleno derecho con los efectos que para otros actos conexos se deriven de tal revisión y declaración de nulidad radical, escritos de los que, como es lógico, hemos dado traslado a la Dirección General de Industria y la de Medio Ambiente regionales, sin que, incumpliendo de forma evidentemente maliciosa la LPAC, ni las D.G. regionales, ni el MITERD hayan siquiera acusado recibo de nuestra solicitud y respondido a la misma en legal forma de ninguno de ellos.

 

QUINTA.- Solvencia de la promotora del polígono industrial El Escudo.-

Es obligación legal de la Administración comprobar fehacientemente la solvencia y capacidad empresarial de quien se postula para ejecutar una actuación industrial tan importante y de tan graves repercusiones sociales como el P.E. El Escudo y, por ello, suponemos que habrá comprobado que tal polígono industrial lo promueve Biocantaber,

S.L., con un capital social de 44.768 €, participada, al parecer al 50%, por Iberdrola Renovables, de aparente solvencia y Ocyener, S.L., que es quien, a través de Agustín Valcarce Polanco -administrador de ella y Biocantaber-, lleva toda la gestión comercial y administrativa -pública-, con un capital social de 12.500 €, con el mismo domicilio social que Biocantaber y la misma nula/experiencia y sin la menor garantía de correcta ejecución y gestión, en caso de autorizarse, del agresivo polígono industrial proyectado.

No hemos podido ver en ningún punto del expediente análisis de la solvencia económica y, sobre todo, experiencia empresarial para la ambiciosa -e ilegal- tarea que afirman pretender llevar a la práctica Biocantaber, Ocyener y las personas que, en el momento actual, las representan, que tienen toda la apariencia de meros intermediarios, conseguidores locales que, posiblemente, se retirarían -previo cobro de importantes cifras- como, a través de los Tribunales de Castilla y León, empezamos a ver respecto a su -muy corrupto- desarrollo eólico, allí ya consolidado.

 

SEXTA.- Actuaciones ilegales que se están realizando en la zona.-

Vecinos, asociaciones y concejos nos denuncian que -tal como hemos comprobado sobre el terreno- existen pinturas, marcas y todo tipo de señales en el suelo -afectando incluso a lastras- de la Sierra del Escudo, indiciariamente realizadas por la promotora del polígono industrial citado, pues las mismas coinciden con la situación prevista para diversos aerogeneradores. 

Toda vez que la DIA formulada por el MITERD constituye un simpe trámite -ilegal, además, en este caso- en el proceso hacia la autorización administrativa, Biocantaber no dispone de ningún tipo de autorización para actuar en un territorio, en especial si, como aquí ocurre, no dispone de la autorización de ninguno de los Concejos propietarios del suelo comunal sino, muy al contrario, la oposición expresa y frontal de la práctica totalidad de ellos, expresada unánimemente en distintas asambleas vecinales. Lo expresado constituye, sin duda, una evidente infracción legal administrativa que demanda, además de la restitución del territorio a la situación previa, la sanción de los responsables, previa incoación, que solicitamos del MITERD, del pertinente expediente.

Agrava todo ello la evidente "preocupación” e “inseguridad jurídica” que denuncian los vecinos, que, en algún indeseado caso, podría llegar a provocar desagradables incidentes con las personas que, sin duda siguiendo las instrucciones de la empresa, cometen materialmente las ilegalidades, actuaciones e instrucciones que, sin duda, se pueden tipificar como, al menos, coacciones penales que la Administración está obligada a evitar y, de ser preciso, denunciar ante los Tribunales.

Denunciamos, pues, el lógicamente ilegal carácter de las obras señaladas, así como la, también racional, imposibilidad de que, por las reiteradas razones expresadas, se pueda autorizar la ejecución del proyecto de la aberración llamado P.E. El Escudo, motivo por el que insistimos en la urgencia de que, en Cantabria, epicentro hoy de un insoportable caos energético/eólico, se celebre un serio y profundo debate público con luz, taquígrafos, afectados, empresas y representantes políticos, al que agradeceríamos ser invitados y en el que, de serlo, muy gustosamente participaríamos.

Por todo ello,

SOLICITO que se tenga por presentado ESCRITO DE DENUNCIA, por efectuadas las consideraciones de hecho y derecho que en el mismo se contienen y, a su tenor, por solicitada la incoación de expediente en el que se determinen las responsabilidades de todo tipo que concurren en los hechos denunciados, al tiempo que por reiterado lo interesado en anteriores escritos respecto a la nulidad de pleno derecho de la DIA correspondiente al denominado P.E. El Escudo, dada su ilegalidad evidente y la alarma, indefensión e inseguridad jurídica que todo ello causa en afectados y organizaciones de ámbito local que defienden el territorio, considerándosenos parte en el expediente que se tramite y notificándosenos, por ello, cuanto al respecto se acuerde, hasta dictarse la resolución que más arriba señalamos de incoar expediente sancionador respecto a los hechos denunciados y acordar la nulidad radical, de pleno derecho, del expediente del llamado P.E. El Escudo íntegro.

En Santander a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

La ex directora general de Industria de Asturias regresa a una empresa, Capital Energy, con 35 parques eólicos en tramitación en el Principado. Noviembre 2021

La ex directora general de Industria del Principado regresa a una empresa con 35 parques eólicos en tramitación



El BOPA anunció el cese el pasado 30 de septiembre de Rosana Prada, quien ha confirmado en su red profesional su reincorporación a la firma Capital Energy.

La empresa Capital Energy, fondo con 35 proyectos eólicos en tramitación en Asturias, reincorpora a la que hasta hace dos meses era la directora general de Industria de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. El cese de Rosana Prada se hizo oficial el pasado 30 de septiembre a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias, como ya adelantó este medio. En su perfil profesional de LinkedIn figura que se sumó al área de ‘Nuevos Proyectos’ de la firma energética en octubre, a la cual ya había estado vinculada hasta 2019 en el “desarrollo del negocio sector eólico y solar norte de España”, según indica la propia web del Principado.

El Gobierno del Principado justificó el cese en la necesidad de contar con un nuevo perfil para “reforzar” la gestión de los fondos europeos. Una decisión tomada después de que la figura de Prada estuviese en el punto de mira de las asociaciones ecologistas, que llegaron a solicitar su destitución por, según sus denuncias, “su vinculación profesional con grandes empresas del sector eólico”. Estos colectivos hablaban de “puertas giratorias” y cuestionaban su papel en un momento clave del mandato, cuando se están tramitando decenas de solicitudes de parques eólicos. “Resulta muy llamativo que el pasado día 1 de marzo de 2021 se hiciesen públicas las solicitudes de instalación de parques eólicos en zonas de exclusión eólica atendiendo a la normativa en vigor y que, tan solo dos días después, en fecha 3 de marzo de 2021, las Consejerías de Industria, Empleo y Promoción Económica (a la que pertenece la Dirección General de Rosana Prada Otero) y de Medio Rural y Cohesión Territorial publicasen su resolución de fecha 19 de febrero de 2021 en la que se comunica el inicio de un procedimiento de modificación de las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, en el que entre otras cosas, se pretende apartar a varios concejos de la lista de exclusión eólica”, señalaron los ecologistas a principios de marzo.

De hecho, el pasado mes de marzo el Ejecutivo regional replicó a estas acusaciones con un comunicado en el que señalaba que la Dirección General de Industria “carece de competencias en la tramitación de expedientes para la instalación de parques eólicos”. “El departamento que dirige Rosana Prada no interviene ni emite informes sobre las solicitudes de nuevos emplazamientos”, defendía el Principado pocos meses antes de anunciar el controvertido cese. En medios no oficiales se ha vinculado su salida del gobierno con una decisión personal del Consejero de Industria, Enrique Fernández, motivada por discrepancias con otros miembros del ejecutivo. El puesto de Prada ha sido ocupado por Juan Carlos Aguilera Folgueiras (Oviedo, 1969), doctor ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo, en la especialidad de Combustibles y Energía, y especialista en Gestión y Auditoría Energética en la Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. Su tesis doctoral se centró en el diseño de modelos de trabajo para agencias de energía.