EN LA DÉCADA PRODIGIOSA DE LAS RENOVABLES
75 M en mordidas, 100 parques
eólicos y 15 imputados: juicio al gran caso de corrupción de Castilla y León
Diez años después de que se destapara la Trama Eólica comienza el juicio, que se prolongará hasta finales de enero. La Fiscalía pide en total 138 años de cárcel y 848 millones en multas
Por Vidal Arranz. Valladolid 13/09/2025
Más de 2.200 parques eólicos fueron solicitados entre 2005 y 2015 en Castilla y León, la década prodigiosa de las energías renovables, propulsados por más que jugosos beneficios fiscales con los que el Gobierno quería impulsar estas alternativas energéticas. En ese hervidero de proyectos, en Castilla y León se gestó una gigantesca operación de corrupción capitaneada, según la Fiscalía, por el viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, cabecilla de una trama que implicó a un centenar de proyectos eólicos y que generó 75 millones de euros en mordidas.
Hace diez años, una inspección de la Agencia Tributaria destapó
la existencia de la ‘trama eólica’ de Castilla y León bajo gobierno del
PP, el mayor caso de corrupción conocido en esta comunidad. Y el
lunes 15 de septiembre comenzará el juicio, en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
de Valladolid, que sentará en el banquillo a 15 acusados.
Para ellos, la Fiscalía solicita, en
conjunto, penas de cárcel que
suman 138 años, y multas por importe de 848 millones de euros. El acusado
número 16 del auto de procesamiento no se sentará en el banquillo por
fallecimiento: Manuel Ordóñez Carballada, responsable del Ente
Regional de la Energía. Como tampoco lo hará el exconsejero de Economía de la
Junta, Tomás Villanueva, el que supuestamente daba las órdenes a Delgado, fallecido
en 2017, cuando tenía la condición de imputado en la trama y todavía
no se había producido el auto de procesamiento.
El modus operandi era sencillo y complejo
a la vez, pues debía burlar los principios de iniciativa empresarial y
libre competencia que proclamaba la Ley del Sector Eléctrico. Por un
lado, la Consejería de Economía concentró en sí misma la responsabilidad de
conceder unas autorizaciones que, en principio, debían realizar los servicios
territoriales, a los que se obligaba a avocarse en favor de la dirección
central. Por otra parte, Delgado, junto con el consejero Tomás Villanueva,
diseñó una política que, so pretexto de garantizar la presencia de empresas
locales entre los accionistas de los proyectos eólicos, generaba un
mecanismo de enriquecimiento fácil.
La normativa regional imponía que
los proyectos contaran con un 40% de empresas locales en el
accionariado, pero era la Junta quien otorgaba esa condición. De facto, las que
fueron seleccionadas eran al mismo tiempo ‘empresas amigas’ próximas a
la Consejería de Economía del gobierno regional.
La Consejería no solo valoraba o intermediaba, sino que directamente decidía qué empresas locales debían formar parte de los proyectos si estos querían lograr la aprobación. En muchos casos, ello obligó a que sus promotores iniciales vendieran a bajo coste sus acciones, pues sus proyectos, paralizados en los servicios territoriales, nunca lograrían autorización de otro modo.
"De lo actuado se desprende que, en
la tramitación dirigida desde la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León"
para las autorizaciones y puesta en marcha de los parques
eólicos "no sólo hubo empresas escandalosamente beneficiadas",
sino también otras "que resultaron claramente perjudicadas,
teniendo que desistir de sus empeños, tareas e inversiones, por no ser
consideradas ‘suficientemente locales’ o por no llegar a acuerdos con
quienes se les sugería", resume Ecologistas en Acción, que es
acusación particular, en su solicitud de apertura del juicio oral por las
irregularidades y delitos de la trama eólica.
Las ‘empresas locales’ elegidas por la
Consejería de Economía obtenían importantes beneficios sin ningún riesgo y sin
tener que hacer nada, pues la gestión práctica de los proyectos recaía en
empresas capacitadas para ello, como Iberdrola, que tenían la mayoría de la gestión. Los
socios locales compraban acciones a muy bajo precio y las venían con grandes
plusvalías una vez conseguida la autorización. En total se estiman en 75
millones de euros los beneficios extremadamente irregulares logrados
de este modo. Mordidas que fueron repercutidas en la factura eléctrica.
La información que acredita estas
prácticas es abundante y en ella se constata que fue un modus operandi
regular y estable que se repetía una y otra vez, al margen de la
provincia donde fuera a asentarse el proyecto, al margen de quienes fueran los
promotores ‘reales’ o de otros factores.
43 sesiones
En total serán 43 sesiones las que
permitirán dictar sentencia, entre el 15 de septiembre y el 28 de enero. Las
primeras dos sesiones se dedicarán a las cuestiones previas, mientras que en
las 25 siguientes -según las estimaciones iniciales- está previsto que
comparezcan los 84 testigos y 19 peritos propuestos por las
distintas partes. Entre ellos no estarán ni el ex presidente de la Junta
de Castilla y León Juan Vicente Herrera, ni la ex consejera de
Economía Pilar del Olmo, que la Audiencia consideró improcedentes.
Aproximadamente a partir del 10 de octubre se producirán las declaraciones de los 15 acusados y luego se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.
La mayor petición de penas corresponde
al exviceconsejero Rafael Delgado, considerado el cabecilla de la trama, y para
el que se reclaman 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa. Delgado
fue viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general de la
consejería entre 2007 y 2011. Otra pieza importante de las acusaciones es Ricardo
Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables,
para el que se piden 6 años de prisión y 100 millones de euros.
Como también a Rafael Icaza,
asimismo de Ibercyl, para el que también se piden 100 millones. Presuntamente,
Iberdrola fue la principal beneficiaria de los amaños de la
trama. Por ello será responsable subsidiario, junto con el Gobierno
regional, de las sanciones que pueda imponer la sentencia.
Otros acusados son los empresarios Alberto Esgueva y Germán Martín, ambos con 12 años y 65 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio de cárcel y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros. Asimismo, con peticiones de 6 años de cárcel figuran también Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones de multa; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa constructora Collosa, para los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones. Para Mar Moreno (exesposa de Alberto Esgueva), se reclaman 4 años de prisión 215.000 euros de multa.
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