Industria aplica a los nuevos parques eólicos un impuesto de 40.000 euros por megavatio
En un cambio de criterio, la consellería obliga a los promotores a tributar por Transmisiones Patrimoniales
X. A. TABOADA – SANTIAGO
El sector eólico tiene otro motivo de preocupación en Galicia, que se suma a los problemas para conseguir financiación con la que costear la construcción de nuevas instalaciones, a la supresión de los incentivos estatales que hacen más rentable la explotación de los aerogeneradores y a la intención del Gobierno central de crear una nueva tasa específica por la generación de electricidad. La patronal eólica de Galicia (EGA) denuncia que la Xunta está aplicando a los nuevos parques el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) e impone a los promotores una tasa de 40.000 euros por cada megavatio autorizado. Esto supone que para un parque de 40 megavatios, el impuesto requerirá el desembolso de 1,6 millones de euros.
"Es un cambio de criterio total porque este impuesto nunca se ha aplicado en Galicia ni tampoco está vigente en el resto de España para los parques eólicos", censura EGA. La decisión de la Xunta reportaría a las arcas autonómicas unos ingresos de 93 millones de euros por los 2.325 megavatios de su concurso eólico.
La patronal asegura que la Delegación de la Xunta en Lugo fue la primera en comunicar a los promotores de la provincia que deben abonar 40.000 euros por cada megavatio en el momento en que sea autorizado por la Administración autonómica y que ahora la medida se está extendiendo al resto de las provincias. Preguntada al respecto, la Consellería de Economía e Industria no dio ayer respuesta alguna.
¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora se quiera cobrar el ITP a los parques eólicos? La EGA sostiene que sus instalaciones siempre tuvieron la naturaleza de "autorización administrativa", por lo que estaban exentas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pero que ahora la Xunta, "en un cambio de criterio", las consideran "concesiones", por lo que sí deben cotizar por este impuesto, "algo que hasta ahora no se hacía en Galicia ni tampoco se hace en el resto de España".
El Gobierno gallego, según la patronal del sector, está comunicando la obligación de tributar por el ITP a los promotores a quienes se le autorizaron parques eólicos en los últimos cuatro años. Y, claro, también se le aplicará el tributo a los 2.325 megavatios del concurso de la Xunta del PP, que a finales de este año recibirán la autorización administrativa y tendrán que pagar por ello, salvo que se dé marcha atrás a la medida. En este sentido, la EGA ya ha pedido una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para mediar una solución.
Pero hay más amenazas sobre el sector eólico, también en forma de figura tributaria. El Gobierno central está estudiando la creación de una tasa específica para aplicar por la generación de electricidad, que afectaría tanto a las renovables como a la hidráulica y a la nuclear. La patronal gallega tan solo conoce que existe esta intención de implantar una nueva tasa, pero sin más detalles. En todo caso, sostiene que será otro elemento que añadirá más "complicaciones" a la viabilidad de un sector que ha visto como a principios de año se quedaba sin incentivos por el propósito del Gobierno de reducir el déficit eléctrico.
Según diversas fuentes, el Ejecutivo de Madrid pretende recaudar 850 millones por la electricidad que produzcan las fotovoltaicas, la termosolar y la eólica. Y otros 1.900 millones de euros se cargarían a las centrales nucleares y a la hidráulica. La tasa se aplicaría en función de la eficiencia de cada planta.
Los promotores no esperan cambio alguno del Ejecutivo central para recuperar las primas
Feijóo ya advirtió varias veces a los promotores eólicos que si no quieren seguir adelante con sus proyectos por la decisión del Ministerio de Industria de suspender las primas por la implantación de nuevas instalaciones de energías renovables, que renuncien a los megavatios y los pongan a disposición de la Xunta para repartirlos entre los aspirantes suplentes. Pero a día de hoy nadie ha renunciado, según constata EGA, aunque eso, precisa, no significa que todo siga igual como si nada hubiera pasado.
La causa de que todos los promotores adjudicatarios de los 2.325 megavatios del concurso de la Xunta sigan de momento adelante es que el escenario está sin clarificar y las empresas no saben a ciencia cierta a qué acogerse porque, además, tienen de plazo hasta final de año, momento en el que la Xunta concederá las autorizaciones definitivas. Mientras tanto, asegura la patronal del sector, se desconoce el marco retributivo, es decir, el dinero que recibirán las nuevas instalaciones por la producción de electricidad, ni tampoco está claro cuándo los nuevos parques podrán comenzar a operar porque no está resuelto el problema de la evacuación de la energía que produzcan, dado que las líneas existentes actualmente son insuficientes.
La patronal tampoco espera ninguna sorpresa por parte del Ministerio de Industria sobre la propuesta de la Xunta de dar a los parques eólicos gallegos un tratamiento económico diferenciado por su alta eficiencia. "No hay ninguna receptividad por parte de Industria. Nos extrañaría mucho que hubiera algún tipo de especificidad con Galicia. No esperamos nada", avisan fuentes de EGA.
