PAISAJE BLINDADO EN EL PRIORAT CATALÁN

Paisaje blindado


El Priorat firma la Carta del Paisaje para proteger el territorio tras ocho años de debate y pedagogía

Tarragona
05/10/2012 - SARA SANS

La carta debe garantizar que el desarrollo económico y urbanístico de la comarca potencie la calidad de su paisaje. LVE / VICENÇ LLURBA


Más de sesenta entidades del Priorat firmaron ayer el documento que debe garantizar que el desarrollo económico y urbanístico de la comarca no sólo sea compatible, sino que potencie la calidad de su paisaje. Sobre el papel -entre otras recomendaciones- la Carta del Paisaje aleja futuros parques eólicos o infraestructuras con un impacto negativo, como la nueva línea que quiere instalar Red Eléctrica y que cruza la comarca. Los alcaldes ya mostraron ayer su rechazo a este proyecto.

"La Carta del Paisaje marca el inicio de una nueva forma de hacer las cosas; es la herramienta que debe potenciar el desarrollo que tenemos en marcha y que se basa en la excelencia paisajística, agrícola y turística", dijo ayer Cèsar López, presidente del Consell Comarcal del Priorat, que ha impulsado la redacción del documento con el apoyo del Observatori del Paisatge y del Departament de Territori i Sostenibilitat.

En una reunión previa a la firma del documento -que hace meses que estaba finalizado y estaba pendiente de la agenda del conseller-, Cèsar López planteó a Lluís Recoder la preocupación de los alcaldes por el proyecto de Red Eléctrica: "Por la comarca ya pasan dos líneas eléctricas de 220 voltios y ahora quieren hacer una nueva con dos instalaciones, una de 440 y otra de 220", explicó el president del consejo comarcal. Esta nueva línea que iría de Escatrón (Zaragoza) hasta la Secuita (Tarragona) cruzaría los municipios de Masroig, Falset y Pradell de la Teixeta. El conseller de Territori se comprometió a hablar del asunto en una próxima reunión con Red Eléctrica y apostó por "reforzar las líneas que ya existen", dijo, refrendando así la demanda de los alcaldes.

Recoder afirmó que la carta "no es sólo un proyecto del Priorat, sino un proyecto de país" y destacó que "las propuestas del documento deberán incorporarse en los planes generales de cada municipio porque el paisaje es un elemento económico clave".

"El proceso de redacción ha sido largo porque se ha buscado el máximo consenso y la máxima implicación de todos los agentes del territorio, se ha hecho mucha pedagogía", dice el director del Observatori del Paisatge, Joan Nogués. La del Priorat es la quinta carta del paisaje que se aprueba en Catalunya: "Ahora, con la crisis, es un buen momento para impulsar herramientas como esta porque no hay las presiones que había hace unos años".

La carta se puso encima la mesa cuando el sector vitivinícola ya había cuajado en el Priorat y, con él, una sensibilidad hacia el entorno que chocaba con otros intereses urbanísticos. El consejo comarcal ha liderado un proyecto en el que se han sumado todos los ayuntamientos (menos Porrera, Torroja y la Torre de Fontaubella) y que ha tenido un proceso muy amplio de participación. Han participado medio centenar de entidades -entre ellas, las denominaciones de origen- e incluso se ha incluido el paisaje en el currículo escolar.


Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia
Valderredible
Valderredible y molinos de la Lora (Burgos)

OLEADA DE SOLICITUDES DE CANTERAS EN VALDEPRADO DEL RÍO Y VALDEOLEA


Durante los últimos meses se han iniciado las solicitudes de permisos y prórrogas de varias canteras en Valdeolea y Valdeprado del Río:


- Permiso 16.641 “POZAZAL” en Matarrepudio (Valdeolea), Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río;

- Permiso prórroga ALFA 16228 y ALFA DEMASIA 16.228-01, Sotillo-San Vítores (Valdeprado del Río;

- Permiso de investigación nº 16.593 “ALFA 3” promovida por “CEMENTOS ALFA, S.A.”, Cuetu, San Andrés de Los Carabeos (Valdeprado del Río)

El "chollo de que pongan molinos en tu terreno



El 90% de los dueños de terreno eólico perciben 100 euros al año

Las asociaciones de propietarios denuncian su indefensión frente a las empresas

Economía digital 12 de octubre de 2012

Por C. Díaz Pardo 12/10/2012

No están siendo buenos tiempos para las empresas que controlan el viento. Las adjudicatarias del último concurso eólico de la Xunta de Galicia han tenido que lidiar con la retirada de las primas y con los impuestos propios que aplica el Gobierno gallego a los parques, el de transmisiones patrimoniales y el propio canon eólico. Por otro lado, los grupos que se vieron perjudicados por la decisión del Ejecutivo de Núñez Feijóo de tumbar el anterior concurso eólico del bipartito preparan una denuncia que esperan presentar en breve ante el TSXG. Sin embargo, los dueños de los terrenos sobre los que se asientan los parques eólicos reivindican que en todo este proceso han sido los grandes olvidados.

Según datos de la asociación de propietarios Ventonoso, el 90% de los propietarios de terrenos eólicos en Galicia no percibe ni 100 euros al año por el arrendamiento de sus tierras a las grandes firmas del sector. Las empresas que se dedican a la explotación de viento acostumbran a pagar en función de los aerogeneradores que se establecen en un terreno. Sin embargo, las características parcelarias de Galicia juegan una mala pasada. “Muchas fincas son alargadas y estrechas por lo que al final perciben tan solo un porcentaje que, en muchas ocasiones no llega a los diez euros al mes”, explican propietarios.

Expropiar o alquilar

“Cuando una empresa quiere usar para un parque eólico un terreno hay dos opciones: que el propietario acepte el contrato o que vaya a la expropiación”, indica José Antonio Diéguez, de Ventonoso. “Con ese contrato, la empresa adquiere un derecho de superficie, por lo que, aunque el generador solo ocupe una parte de la finca en cuestión, esta no puede tocarse”, indica.

Otro hecho que denuncian los propietarios eólicos es que, según el tipo contractual establecido, es el propietario el que procede a alquilar a la empresa un terreno. “Por este motivo, el propietario debe hacer una liquidación y pagar el IVA a Hacienda... Hemos conocido casos de gente, que debido a alquilar el terreno, pagó más entre impuestos y gestor, que lo que le dan por el terreno. Unos 125 euros en total”, comenta Diéguez.


Los propietarios abandonan

Por cuestiones como esta, los dueños de terrenos eólicos en Galicia denuncian que existe “un corralito expropiatorio”. “Estás apañado si un terreno tuyo está en la zona de un parque”, indican varios propietarios de fincas, que añaden otros problemas a la lista.

“Como tú eres el que alquila, tú eres el que tiene que emitir la factura por tu terreno. Sin embargo, a veces hay cambios en los domicilios sociales de las empresas, o simplemente cambia el nombre de la misma, o de la filial que te paga. Entonces los recibos no llegan a su fin. Muchos dueños de tierras en las que hay parques funcionando --anteriores por tanto a este último concurso eólico-- que ya han desistido”, indican.

En el caso de los parque que están proyectados, pero no construidos, la situación no mejora. "La mayoría de los contratos establecen que se comenzará a pagar el alquiler cuando el parque está funcionando, y tal como está la cosa, ese no es un muy buen acuerdo".

PARQUE EÓLICO ILEGAL EN CATALUÑA

El País 18 de octubre de 2012


Declarado ilegal un parque eólico con 27 molinos en Les Garrigues

El TSJC anula la autorización que la Generalitat dio a Acciona en 2005

Los jueces sostienen que el Gobierno catalán vulneró la normativa urbanística

Jesús García Barcelona18 OCT 2012 - 01:13 CET

Los molinos de viento, gigantes de más de 80 metros de altura que pueblan el territorio catalán, se tambalean por la acción de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado ilegal el parque eólico de la Serra de Vilobí, en la comarca leridana de Les Garrigues, con el mismo argumento con que lo ha hecho en otras ocasiones: incumple la normativa urbanística. El parque funciona desde 2008, cuenta con 27 aerogeneradores y produce 40,5 megavatios de potencia. Pero su futuro es incierto. La sentencia se limita a anular la autorización que la Generalitat dio a la empresa Acciona para poner en marcha el complejo. Esa decisión, sin embargo, abre la vía para reclamar que el parque sea demolido y se restaure la situación anterior.

En septiembre de 2005, la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial otorgó a la instalación un “régimen especial” —que permite a la empresa beneficiarse de subvenciones y primas—, la declaró de utilidad pública y concedió la autorización administrativa a Acciona. Esa resolución es la que, ahora, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC considera nula. El proyecto preveía erigir generadores de tres palas y 77 metros de diámetro en los municipios de Tarrés y Fulleda.

La organización ecologista Ipcena y un particular —miembro de una organización en defensa del territorio— presentaron un recurso en el que pidieron anular la resolución de 2005 y echar el parque abajo. Los magistrados rechazan el recurso de Ipcena porque lo presentó fuera de plazo, pero admiten el del vecino. El hombre ofreció una docena de argumentos para avalar su tesis. A su juicio, la Generalitat vulneró el principio de participación ciudadana, ya que no abrió un “diálogo con la población afectada” para buscar “alternativas”.

La decisión de instalar el parque en la sierra de Vilobí atenta, según el vecino, “contra el patrimonio artístico y cultural”, ya que altera la ruta del Císter y el camino de Santiago. El recurso plantea que los informes sobre el impacto en la vegetación, la flora y el paisaje tienen “carencias y omisiones sustanciales” y subraya que el proyecto carece de interés público.

Los magistrados descartan la mayoría de esas razones por falta de pruebas y centran el caso en una figura urbanística que ha servido para proclamar la ilegalidad de otros parques eólicos en Cataluña.

Una instalación como la de la sierra de Vilobí, señala la sentencia, debe tramitarse dentro de lo que, en la normativa urbanística, se conoce como “sistemas generales”. Un plan con carácter general es el que debe “vertebrar, estructurar, distribuir y organizar” por el territorio este tipo de infraestructuras. Lo mismo vale, señala la sentencia, en otros supuestos como centrales térmicas, vertederos, infraestructuras de electricidad y de abastecimiento de aguas. Todas ellas son “elementos sustanciales y determinantes del desarrollo urbano” y, por tanto, es “imprescindible” su “previsión a nivel general”.

El problema es que, en el caso del parque eólico de Les Garrigues, se elaboró únicamente un plan especial. Una medida insuficiente por las dimensiones del parque y su “relevancia cuantitativa y cualitativa”. La Generalitat escogió un “atajo jurídico” que ha “hurtado” la posibilidad de vertebrar el territorio. “Redirigir el caso a un régimen jurídico de autorizaciones o licencias dista mucho de poder aceptarse”, concluyen los magistrados.

Tanto Ipcena como el particular pidieron, además, que se anulasen las licencias municipales y se paralizasen las obras o, en su caso, la “demolición de las instalaciones ilegalmente construidas”. La sentencia rechaza esa pretensión, lo cual no quiere decir, en absoluto, que el tema quede cerrado. “El parque queda en una situación de absoluta ilegalidad. Cualquier persona puede iniciar ahora un procedimiento para proteger la legalidad urbanística”, subraya la abogada Elena Moreno, especializada en derecho urbanístico y medioambiental.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con otro parque eólico, el de la sierra del Tallat, en el municipio leridano de Vallbona de les Monges (Urgell). El TSJC lo declaró ilegal con argumentos y en términos similares a los que ha empleado ahora con el parque de Les Garrigues. Un particular pidió que la instalación fuera derribada y un juez de Lleida dictó la orden. Los 33 molinos de viento del Tallat, sin embargo, siguen en pie, ya que la Generalitat recurrió la sentencia y anunció que aprobaría un plan especial para dar cobertura legal al parque.

A juicio de Moreno, que ha dirigido ambas demandas, no se puede restablecer la legalidad de un parque a posteriori. La letrada admite que se trata de procesos lentos y muy complicados, que enfrentan intereses económicos, sociales y ambientales. “La Administración no se da por enterada y sigue usando planes especiales para aprobar parques eólicos. La justicia, al menos en Cataluña, los está tumbando”, remacha. Como en el caso de la sierra de Vilobí, los argumentos de los jueces van más en la línea del incumplimiento de las normas urbanísticas que en la protección del medio ambiente, que en realidad es la principal preocupación de las asociaciones y particulares que interponen demandas.

Las partes demandadas (Generalitat y Acciona) aún pueden recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Según datos de la Asociación Eólica de Cataluña, en la comunidad hay 35 parques eólicos en funcionamiento, la mayoría concentrados en las provincias de Tarragona y Lleida. Otros 31 están cuentan ya con autorización administrativa, según las mismas fuentes.



SECTOR EÓLICO, VIENTOS FRENADOS Y CONFUSIÓN


ABC 28 de septiembre de 2012


Sector eólico, vientos frenados y confusión

POR ABEL VEIGA   Día 28/09/2012

Eolo quiso que Galicia conociera de sus vientos. Otros han querido aprovecharlos, captarlos y transformarlos en energía eléctrica. Pero la confusión política y partidista, también empresarial, ha acabado generando un caos cuyos remolinos no distan aún de ser claros. Controversia, disputas, acusaciones y pronunciamientos judiciales han ido condicionado y secuenciando lo eólico en Galicia sobre todo en lo que a concursos se refiere. Amén de los problemas del propio concurso en sí y que desde hace ya un lustro no se construye un solo parque eólico, uno de los principales problemas deriva sobre las primas o no y los precios de mercado a los que tendrían que hacer frente las empresas del sector. Obviamente no se dice de modo tan transparente que el precio final de la energía eléctrica lo acaban, haya prima o no, soportando los ciudadanos. Hubo un tiempo donde la apuesta decidida y alternativa de futuro eran las energías renovables, pero esos tiempos perecieron en la ciclogénesis de una crisis que rompió criterios, partituras y hojas de ruta.

Hay muchos parques eólicos ya operativos, la mayoría en las zonas más óptimas, también hay megavatios concedidos por concurso pero que no producen y que han entrado en la polémica del canon y los impuestos, pero ¿realmente repercute en una fuente de generación de energía tan rica y barata que compense el daño ambiental y paisajístico?¿realmente es una fuerza generadora de riqueza y de empleo como algunos blasonan?, energías limpias o no, nucleares o no, de carbón y gas o no, ¿qué capacidad y potencia pueden generar las eólicas cuando hay miles de megavatios concedidos pero no todos operativos?¿a quién beneficia realmente lo eólico? ¿A las empresas privadas, las administraciones autonómicas y locales o a los ciudadanos?¿son realmente competitivas estas empresas sin subvenciones ni ayudas públicas? Hace sólo unos meses el presidente de la Xunta retaba a los adjudicatarios de megavatios a devolverlos en su caso.

Qué duda cabe que hoy uno de los principales problemas o dificultades que el sector eólico encuentra es hallar financiación para construir sus parques generadores, de evacuación de energía y sus molinos aerogeneradores oteando con sus cadencias al viento. Pero también el gravamen impositivo por megavatio, tasas y tributos que al lado del de transmisiones no cejan de crecer y alimentar unas arcas exhaustas, vacías y que buscan ingresos como sean. De los algo más de 2300 megavatios concedidos en el concurso de la Xunta, la cifra a 40.000 por unidad es clara. Ya no es tiempo de subvenciones, de esas que nunca se devuelven. Tal vez hemos vivido demasiado tiempo apegados a esa concepción patrimonialista pero también clientelar del estado central y autonómico.

Para emponzoñar aún más el debate partidista y político, tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Xustiza el pasado agosto de la suspensión del concurso eólico llevado a cabo en las postrimerías del bipartito, unos y otros arrojan sus diatribas políticas pero no solucionan los problemas de fondo. ¿Puede Galicia hoy generar la energía que necesita autosuficientemente? Y, sobre todo, ¿a qué precio para el ciudadano? No es lo mismo exportarla que importarla, tampoco exportar la que se genera y comprarla porque no tenemos suficiente para propio consumo doméstico o industrial. Seriedad e ideas claras. Que no se las lleve el viento partidista.

VIENTOS DE CÓLERA

Motion d'orientation de Vent de Colère !


http://www.ventdecolere.org/

« Bâti sur plusieurs contre vérités, l'éolien industriel n'a, en France, d'intérêt ni économique, ni énergétique, ni écologique, pas d'avantage social.

C'est pourquoi, compte tenu de ses multiples nuisances, nous nous opposons à tout éolien industriel, dont la seule raison d'être est l'enrichissement garanti des promoteurs, aux dépens des consommateurs et des contribuables français et au détriment des économies d'énergie, de la recherche et du développement des autres énergies renouvelables ».

Le ministre britannique de l’Energie, John Hayes, vient de dresser en une phrase le bilan de l’éolien : « Les énergies renouvelables doivent prouver à la fois leur insertion environnementale et leur performance économique.Les éoliennes ne franchissent aucune de ces deux conditions. »


MOCIÓN DE ORIENTACIÓN DE VIENTO DE CÓLERA!


“Construidos sobre numerosas contra verdades, el eólico industrial no tiene, en Francia, ni interés económico, ni energético, ni ecológico, ninguna ventaja social.

Es por lo cual, habida cuenta de sus multiples perjuicios, nos oponemos a todo eólico industrial, cuya única razón de ser es el enriquecimiento garantizado de los promotores, a costa de los consumidores y de los contribuyentes franceses y en detrimento del ahorro energético, de la investigación y del desarrollo de otras energías renovables”

El ministro británico de la Energía, John Hayes, acaba de resume en una frase los eólicos:

“Las energías renovables deben probar al mismo tiempo su inserción medioambiental y su logro económico. Los eólicos no cumplen ninguna de estas dos condiciones”.

Chatarras eólicas ¿Quién desmonta después los molinos?

MÁS IRREGULARIDADES CONCURSO EÓLICO GALICIA

El País, 17 de septiembre de 2012


Industria ordenó a sus funcionarios ocultar informes contrarios a eólicas

Una instrucción por escrito de un director general exigió posponerlos y que no figurasen en los expedientes durante el trámite de exposición pública

José Precedo Santiago17 SEP 2012

Es una instrucción por escrito que remitió a los técnicos de su departamento el director general de Industria, Angel Bernardo Tahoces, el pasado marzo, con el cuño de la Consellería de Industria y que acompaña su propia firma. En ella el alto cargo de Javier Guerra pide a los funcionarios que retrasen informes relativos a los proyectos de ejecución de los parques eólicos surgidos del último concurso eólico hasta “una vez concluidos los trámites de información pública y de información a otras Administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general”.

La instrucción que el alto cargo de Industria firmó el pasado 14 de marzo daba respuesta a un informe negativo del jefe de servicio de Energía de la misma consellería en el que alertaba de que la empresa Norvento, la segunda mayor adjudicataria del concurso eólico con 303 megavatios, proponía a la hora de construir tres instalaciones unas líneas de evacuación de la energía distintas a las que figuraban en los planos que presentó al concurso. Tras constatar que la solución técnica de la eólica “no coincide con la presentada” para competir con otras firmas por los megavatios, el dictamen de los técnicos de la Xunta advirtió: “La solución adoptada podría modificar sustancialmente la puntuación obtenida en dos de los apartados del Anexo III a la orden del 29 de marzo [que regulaba la mayor adjudicación de la historia de la autonomía] así como el proyecto de los parques eólicos”.

La respuesta por parte del director general a ese reproche de los funcionarios fue exigir a los jefes territoriales de su departamento que pospusiesen dichos dictámenes de forma que no figurasen en los expedientes que los afectados pueden consultar durante el período de exposición pública, limitando así las alegaciones que los vecinos afectados, las empresas de las competencia o los Ayuntamientos donde van a instalarse los molinos pudieran realizar apoyándose en esos informes técnicos.

Tahoces justifica su instrucción para “imprimir la máxima celeridad a la fase de instrucción del procedimiento de autorización administrativa correspondiente a los expedientes de los parques eólicos del concurso actualmente en tramitación”. Y ordena a los técnicos que “se tenga en cuenta que el informe relativo a la normativa de las instalaciones industriales y eléctricas, será remitido en el momento previo a la remisión del expediente completo a esta dirección general para su resolución y una vez concluidos los trámites de información pública y de información a otras Administraciones, organismos y empresas de servicio público e interés general”. Concluye la orden del director general: “No existiendo ninguna previsión legal que condicione la realización del trámite de información pública a la existencia de un informe técnico previo del órgano instructor, se insta a las jefaturas territoriales a prescindir de la emisión de este tipo de informes en cualquier otro momento procedimental distinto del mencionado”.

Fuentes conocedoras de cómo se está desarrollando la ejecución de los parques eólicos —y los proyectos industriales que las adjudicatarias presentaron para hacerse con una porción del reparto— aseguran que esta instrucción no solo rige para los parques de Norvento sino que se ha repetido en muchos de los expedientes en que los funcionarios detectaron irregularidades o cambios entre los proyectos presentado al concurso y los que ahora se pretenden ejecutar. Según esas fuentes, la orden de Tahoces siempre fue la misma: posponer esos informes técnicos para que no den pistas a particulares, empresas e instituciones en la fase de exposición pública, un período de 30 días que la consellería está haciendo coincidir con los meses de verano en muchos de los parques cuya tramitación continúa.

Preguntada sobre los motivos que llevaron a la Consellería de Industria a remitir esta instrucción a los técnicos, el departamento de comunicación explicó ayer a EL PAÍS vía correo electrónico lo siguiente: “Por medio de la citada instrución, a la que se hace referencia, la Dirección Xeral de Industria recuerda la necesidad de emitir el informe, así como el momento del procedemiento en el que deberá ser emitido según la normativa de aplicación”. El escueto comunicado no aclara cual es el objetivo de retrasar los informes técnicos hasta después de que finalice el trámite de exposición pública. Se limita a asegurar la Xunta que “el procedimiento sigue su curso y que cualquier modificación de los parques debe contar con el aval de la comisión de seguimiento”.



IRREGULARIDADES CONCURSO EÓLICO GALLEGO

El País, 14 de septiembre de 2012


Informes internos de la Xunta destapan irregularidades en el concurso eólico

Técnicos alertan a Industria de que algunos parques no respetan los proyectos premiados con adjudicaciones. El Gobierno hizo caso omiso de los funcionarios

José Precedo Santiago14 SEP 2012 - 17:22 CET

Informes internos de la Consellería de Industria del Gobierno gallego han destapado un rosario de irregularidades en la tramitación de los parques eólicos adjudicados por la Xunta en el concurso fallado por el departamento de Javier Guerra durante noviembre de 2010. Técnicos de la Xunta han puesto sus reparos por escrito que aluden a media docena de instalaciones repartidas por toda Galicia donde Industria ha autorizado molinos de viento a distintas empresas en la mayor adjudicación pública de la historia de la Autonomía. La argumentación en todos los reproches de los dictámenes técnicos es similar: que los proyectos de ejecución de estas infraestructuras introducen cambios sobre los planes originales que se presentaron al concurso público.

Un ejemplo: el pasado 26 de diciembre de 2010 el jefe de Servicio de Enerxía de la Xunta remitió un documento de dos páginas a la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas que alude a tres parques eólicos adjudicados a Norvento, la segunda firma que más megavatios obtuvo (303) en el reparto del actual Gobierno, solo por detrás del conglomerado energético Gas Natural Unión Fenosa.

En ese informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el funcionario de la consellería alude a tres parques que la firma gallega tiene previsto desarrollar entre Outes y Negreira (21 megavatios), en Vimianzo (21 megavatios) y en Ponteceso (18 megavatios) y desvela que las líneas de evacuación de la electricidad que figuran en el proyecto de ejecución no coinciden con las que aparecían en la documentación que la empresa presentó al concurso. El funcionario lo advierte con estas palabras: “Norvento presentó unas soluciones de evacuación [en el proyecto que presentó al concurso] y paralelamente junto con otro promotores planteó la solicitud conjunta de acceso a la red de transporte Regoelle a 220 kilovatios, la solución técnica no coincidiría con la presentada [para optar a las adjudicaciones]“.

Tras aludir a esa irregularidad, el funcionario avisa de que de aceptar los cambios que presenta Norvento posteriores a la adjudicación de los megavatios: “La solución adoptada podría modificar sustancialmente la puntuación obtenida en los apartados b) y c) del Anexo III de la orden de 29 de marzo de 2010, así como el proyecto de los parques eólicos preesentado”. Por ello, el jefe de servicio de la Xunta concluye: “Procede ponerlo en conocimiento de esa Dirección Xeral de Industria, Enerxía y Minas y solicitar instrucciones al respecto”.

El documento pone de relieve prácticas que fuentes que conocen cómo se está desarrollando la ejecución de los distintos parques eólicos consideran habituales: empresas que al llevar sobre el terreno los planos que presentaron al concurso introducen variaciones como cambiar las líneas de evacuación o incluso mover de sitio las torres con los aerogeneradores. Las advertencias no han surtido efecto alguno en Industria, que ha decidido tirar hacia delante y continuar la tramitación sin atender a las pegas de sus funcionarios.

Es la última anomalía de un proceso salpicado por la polémica desde el mismo momento en que la Xunta de Feijóo decidió anular el concurso convocado la pasada legislatura por el bipartito. Esa primera decisión adoptada por el PP fue recurrida por algunas de las firmas agraciadas en aquel reparto. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón a estas empresas que ahora se preparan para solicitar indemnizaciones millonarias. La anulación del reparto eólico efectuado por el ala nacionalista del bipartito constituyó uno de los ejes de la campaña del PP hace cuatro años, cuando se comprometió en su programa a anularlo para presentar otro más transparente y que resituase a Galicia como líder en esta energía renovable.

Cuatro años más tarde, el procedimiento sigue encallado: donde la Xunta de Feijóo observó “tachas de legalidad” en el reparto de sus antecesores, los jueces avalaron el reparto del bipartito y mientras tanto el sector sigue paralizado y con nulas perspectivas tras la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de retirar las primas a las energías renovables. Tanto que algunos de los adjudicatarios del último reparto ya han asumido que no llevarán a cabo sus proyectos.



MANIFESTACIÓN 6 OCTUBRE FRACKING NO SANTANDER


manifestación por las calles de santander


La plataforma contra el 'fracking' teme que no se concrete la derogación de permisos

Los manifestantes partieron de Cuatro Caminos hacia la Plaza Porticada, tras una gran pancarta con el lema "Frackin No. Ni aquí ni en ninguna parte"

06.10.12 - EFE Santander

http://www.eldiariomontanes.es/20121006/local/cantabria-general/plataforma-contra-fracking-teme-201210061421.html

La plataforma contra el "fracking" teme que el anuncio del presidente de Cantabria , Ignacio Diego, de que el Ejecutivo prohibirá la técnica de fractura hidráulica en la región, no se vaya a concretar en la "derogación real" de los permisos de investigación.


Aunque la plataforma valora positivamente la declaración de que el Gobierno buscará fórmulas legales para prohibir el uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en la comunidad, tanto para la extracción de gas como para las investigaciones previas, duda de que el Gobierno de Cantabria tenga competencias para anular los permisos.

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas uno de los portavoces de la plataforma en el transcurso de la manifestación que se ha celebrado esta mañana en Santander para expresar el rechazo al uno del fracking como sistema para localizar gas.

La plataforma teme que la declaración de Ignacio Diego no sea más que un intento de "desmovilizar a la población", después de que 28 ayuntamientos de Cantabria se hayan posicionado en contra del fracking.


Esta posibilidad queda reflejada en el manifiesto hecho publico por los convocantes de la manifestación, en el que se aprecia que sin el anuncio del Gobierno se podía haber superado con creces el millar de manifestantes que ha tomado parte en la movilización.


La plataforma exige "la prohibición de la técnica y la derogación de los permisos concedidos" y hace hincapié en la competencia para convertir un permiso de investigación en uno de explotación la tiene el Ministerio de Industria, de ahí las dudas que tiene en cuanto a la eficacia del anuncio de Ignacio Diego.

"Nos preocupa que se pueda permitir a las empresas gasistas comenzar los trabajos sísmicos para realizar mapas, recoger muestras o cualquier labor que tenga por finalidad la fractura hidráulica", señalan en el manifiesto.

Los manifestantes partieron a las 12.00 de Cuatro Caminos en dirección a la Plaza Porticada, tras una gran pancarta con el lema "Frackin No. Ni aquí ni en ninguna parte", con gritos en los que se hacia saber: "Vamos a defender nuestra agua de beber".


Tras la pancarta que abría la marcha, aparecían otras dos, también de grandes dimensiones, con los lemas "El aire, la tierra y el agua no se venden" y "Para que nos de por el culo no hace falta perforar".
No, no no Fracking no no


Aún no hay plazo de entrada en vigor

El Gobierno de Cantabria prohibirá el 'fracking'

Anulará los seis permisos empresariales que ahora hay concedidos para salvaguardar el paisaje

05.10.12 - David Remartínez
Santander


El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó ayer, fuera del orden del día, buscar una fórmula para prohibir usos de técnicas de fractura hidráulica, más conocidas como 'fracking' en la región en virtud de las competencias que tiene en esta materia. Lo ha anunciado esta mañana el presidente Ignacio Diego en una rueda de prensa donde también ha informado que su gabinete transformará esta decisión en una “iniciativa parlamentaria”, para “blindarla”. Aún no hay plazo de entrada en vigor, pero será “en breve”, ya que el paso por la Cámara se hará de urgencia.

Según ha indicado Diego, tres empresas utilizan la fractura hidráulica en Cantabria para investigar yacimientos de gases y extraerlos, gracias a cinco permisos concedidos por el Gobierno central cuando lo dirigía Zapatero, y a un sexto que autorizó el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla en marzo. Podrán seguir “haciendo mapas, recogiendo muestras, etcétera”, pero no inyectar materiales en el subsuelo para ampliar grietas existentes y sondear o facilitar prospecciones.


La limitación se extiende pues a la extracción y también a la investigación, y responde a dos motivos: el informe publicado en junio de 2011 por la Comisión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Pública del Parlamento Europeo, que rechazaba el citado método por sus repercusiones en el entorno natural, y la “alarma social” despertada en las localidades cántabras donde las empresas energéticas han desarrollado tal labor. En el anverso del asunto, los problemas inmediatos de la prohibición también son dos: las posibles indemnizaciones que haya de afrontar el Ejecutivo, y el hecho de que algunos permisos abarcan áreas de otras comunidades autónomas.

Sobre el dinero, el presidente ha dicho que “vamos a hacerlo de tal manera que evitemos al Gobierno cargar con consecuencias económicas”. No ha concretado, porque lo están estudiando. Respecto a la implicación de otras regiones, Castilla y León principalmente, la administración cántabra hará valer “nuestras competencias”.

La decisión tiene su contexto: el domingo hay convocada una manifestación de los afectados por esta técnica. El expresidente Miguel Ángel Revilla piensa asistir, un apoyo que Diego le ha recriminado: “Todos los cántabros conocen su ausencia de principios, es capaz de dar un permiso cuando gobierna y acudir a la manifestación en contra del permiso que él concedió”. Por su parte, ha subrayado su voluntad de “trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los cántabros”

MITO EMPLEO Y MOLINOS

LA NUEVA COLONIZACIÓN DEL MEDIO RURAL: LOS PARQUES EÓLICOS

José Martínez Sánchez

"Las altas cuantías monetarias destinadas a la creación de “empleo verde” en el sector de energías renovables, han llevado a plantear la existencia de un alto coste de oportunidad de las ayudas a las tecnologías de energía renovable en la creación de empleo y la obtención de beneficios ambientales. De este modo, estudios como el de Frondel, M., en 2010, pronosticaban en el largo plazo un equilibrio “empleo neto igual a cero” (o incluso negativo), incidiendo en la idea de que los empleos generados mediante la promoción de energías renovables se desvanecen tan pronto como se termina el apoyo del gobierno. Por otro lado, es necesario tomar con cautela el crecimiento del empleo que puede generar el sector de las energías renovables en el medio rural, ya que todo el empleo que genera el sector no suele asentarse sobre el medio rural receptor de las instalaciones energéticas. (….) la utilización de recursos territoriales procedentes del medio rural en la producción energética, no se ve consecuentemente traducido a puestos laborales. Gran parte del empleo que es generado por recursos procedentes de zonas rurales va a parar a zonas con un carácter urbano más marcado, no favoreciendo –al menos en la medida que tradicionalmente se suele anunciar- en el desarrollo de estas zonas. Es por tanto una situación donde gran parte de los recursos procedentes de zonas rurales van a aportar empleo (y actividad económica) a zonas urbanas, que además son las principales beneficiarias de la energía producida con estos recursos. Esto implica por tanto la utilización de parte de los recursos del medio rural en el desarrollo del medio urbano, lo que puede incurrir en el agrandamiento de la brecha de desarrollo existente entre ambas sociedades". (La nueva colonización industrial del medio rural: los parques eólicos-José Martínez Sánchez, 2011) (“Estudios sobre parques eólicos”, Monografía asociada a la “Revista Aranzadi de Derecho Ambiental”, nº 18, págs. 95 y 96)