AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE DE RIOMIERA
__________________________,
en nombre propio y representación de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE
CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número ________
y con domicilio a efectos de notificaciones en________________________________________________,
comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:
En el BOC 112, de 12/05/2019, se publica
anuncio sometiendo a “información pública
el expediente para la instalación temporal de una antena anemométrica en
parcela 39, polígono 2 del barrio de Merilla, coordenadas UTM (H30) X: 439.575,
Y: 4786.491”en el término municipal de San Roque de RíoMiera, promovido por Green Capital Power, S.L.U., con relación a lo cual
y dentro del plazo concedido al efecto procedo a efectuar las siguientes
ALEGACIONES:
PRIMERA.-La ubicación de la torre que
solicita Green Capital Power S.L.U.,
corresponde al llamado P.E. Ribota y P.E.
El Acebo solicitados por la misma
mercantil Green Capital Power S.L.U.-
Es evidente que, en este momento y en el
lugar citado, la pretensión de instalar una torre anemométrica permite infiere
la posibilidad de corresponder a los trabajos previos de un proyecto concreto
de parque eólico, parque que, en este caso, coincide con los denominados P.E. Ribota,
51 Mw y P.E. El Acebo, 81.9
Mw, promovidos por la misma solicitante,
Green Capital Power, S.L.U. y frente a
los que la Plataforma alegó con fecha
de 29 de noviembre de 2018, en la fase de Consultas.
SEGUNDA.- Falta de
respuesta a nuestras alegaciones previas. Incumplimiento de la Ley de Impacto
ambiental y el Convenio de Aarhus.-
Con fecha 23 de agosto
de 2018 ya alegábamos, en tiempo y forma, ante el Ministerio de Transición
Ecológica, al proyecto conjunto “Parques
eólicos Ribota, Berana y Monte Garmas” y nuevamente con fecha de 29 de
noviembre de 2018 frente al modificado como “Parques
eólicos Ribota y El Acebo”, sin que hayamos recibido aún respuesta, lo que
incumple la Ley de Impacto Ambiental
y el Convenio de Aarhus, que exige la
participación en materia medio-ambiental.
La falta de
participación política en temas esenciales -desarrollo eólico, fracking,
viviendas en suelo rústico, zonas de desarrollo industrial, infraestructuras
competencia del Estado,…- vicia de nulidad, según el citado Convenio de Aarhus, todo lo tramitado.
Dicho Convenio, las Directivas comunitarias y
sus normas de desarrollo estatal tratan de impedir que, como ha sucedido en el
caso del PROT, la participación
política ciudadana sea sustituida por un confuso trámite burocrático que,
aparentando convocar a los agentes implicados, en realidad evita implicar en el
trámite a los interesados directos y los más afectados por las grandes
infraestructuras y proyectos: vecinos, Concejos y Juntas Vecinales propietarios
de los terrenos comunales,…, privándolos del conocimiento y debate público
acerca de todas las razones e intereses en litigio, no facilitando, de modo
previo y durante todo el trámite, a tales afectados e interesados, un
conocimiento real bastante de lo que se propone para, entre todos, elegir el
modelo de desarrollo territorial y socioeconómico más adecuado para la región.
TERCERA.-
Normativa urbanística, utilidad pública y excepcionalidad.-
Siendo
San Roque de RíoMiera, un municipio cuya
edificabilidadse rige por el denominado Catálogo
de Edificaciones en Suelo Rústico, el suelo en que se pretende implantar la
infraestructura, monte de utilidad pública, no tiene la posibilidad de
implantar la torre, ni mucho menos el parque industrial eólico que la misma
anuncia, por lo que la autorización pretendida incumple tal normativa
urbanística.
De pretenderse una autorización excepcional, el artículo
112 de la Ley del Suelo prevé que la autorización debiera tener “en cuenta el carácter tasado de la
excepción” que pudiera permitir actuar en este tipo de suelo, y ya que la
torre meteorológica -y el parque que la motiva- no constituyen una excepción o
singularidad que pudiera justificar tal consideración, sino que forman parte de
la pretensión de implantación generalizada de tan agresiva industria en el
territorio de Cantabria, no cabe excepcionalidad alguna que justifique otorgar
su autorización.
Existiendo
conflicto sobre la utilidad pública y el interés social del
proyecto; la primera y, por tanto,
el interés social atribuido a torres anemométricas no tiene -aún en el irreal
supuesto de que su aprobación resultara ajustada a Derecho- ningún soporte
legal.
La declaración de
utilidad pública se tramita en un expediente mucho más garantista y complejo,
mientras que el interés social debe ser analizado como algo muy distinto del
interés económico de la empresa promotora, por lo que la supuesta “utilidad pública” o “interés social” de
una torre anemométrica no puede resultar más ajena ineficaz a los fines
pretendidos. No es admisible que la instalación de torres como ésta sea considerada
de interés general en el desarrollo de las energías renovables, y, se lleve a efecto, como en este
caso, con nocturnidad y en base a los arbitrarios criterios de cada empresa,
sin atender al interés general.
No se debe olvidar, por
último, que la supuesta y alegada “utilidad
pública” o “interés social” de la
generación de energía eólica se enfrenta a la realidad constatada, entre otros, en un estudio del Prof. Julio Lago, de la
Universidad de León, de que en España la capacidad de generación energética
crece a un ritmo muy superior al de los aumentos del consumo -decrementos no
coyunturales en el caso de una situación actual, hasta el punto de poder decir, con base
exclusiva en los datos extraídos de las Memorias anuales de REE, que mientras
la capacidad máxima de generación de nuestro sistema eléctrico está en torno a
los 95.000 Mw, la punta de demanda energética, también máxima, ha sido de unos
45.000 Mw, siendo que, además, nuestras fuentes de generación eléctrica, en
especial las degasificadoras, funcionan muy por debajo de su capacidad, por lo
que la supuesta “necesidad” de una mayor generación de energía eléctrica es una
de las muchas falacias con las que se pretende enmascarar el exclusivo interés
económico del capital, que ahora aparece se evidencia en el injustificado
“gigantismo eólico” que amenaza el futuro de nuestra región.
CUARTA.- Se
incumplen las Directrices Técnicas y
Ambientales para la regulación de los Parques Eólicos incluidas en el PSEC 2014-2020 y la Ley 7/2013, 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento
eólico, ambos de Cantabria.-
Se trata de normativa
autonómica que vincula y obliga a todas las iniciativas eólicas, incluidas
aquellas que, por sus peculiaridades muchas veces forzadas e interesadas, se
tramitan por la Administración a que aquí nos dirigimos.
QUINTA.- No
existiendo ni el preceptivo PROT, ni
ningún Plan Eólico cántabro, no se
adecúa a ninguna planificación previa.-
En primer lugar y a
consecuencia de su carácter exclusivamente dañino para el interés general y la
falta de justificación de cualquier tipo de necesidad comunitaria o social de
implantar tan agresivas y dañinas infraestructuras como los parques
industriales eólicos, reiteramos nuestra permanente y frontal oposición a dicha
implantación, en ningún caso, en suelo rústico de tan alto valor paisajístico,
cultural, histórico, social, económico,… como es el de las montañas y valles de
nuestra región, en concreto las pasiegas afectadas por estos P.E.
A partir de ello y aún siendo innecesario cualquier argumento al
respecto, además, la situación actual evidencia la
pretensión de ir aprobando una a una cualesquiera infraestructuras eólicas sin
planificar y ordenar previamente, estas son modificación no justificada de
otras anteriores tampoco justificadas por el promotor, lo que, en todo caso,
constituye un manifiesto fraude de ley, pues no se puede autorizar ninguna
nueva instalación sin aprobar antes el preceptivo PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio), obligatorio
desde la vigencia en 2001 de la Ley del Suelo cántabra (ver la Disposición
Final primera de la misma) y un Plan
Eólico que específica y debidamente valore los dañinos impactos sinérgicos
o acumulados de todas estas infraestructuras en Cantabria y regiones
limítrofes.
De momento y, a modo de ejemplo, la misma mercantil, Green Capital Power S.L.U., al margen del inexistente PROT y Plan Eólico, ha
solicitado otros Parques Eólicos en
nuestra región, varios en los valles pasiegos, unos ante la Consejería
autonómica y otros ante ese Ministerio, peculiaridad que responde, de forma
evidente y exclusiva, al interés del solicitante y parece indicar la
acumulación de proyectos eólicos en la zona.
Sin necesidad de entrar
a valorar la indefensión que nos genera la inexistencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio,
PROT, que regule con seguridad
jurídica la posibilidad de instalar en suelo rústico de protección especial
torres como la litigiosa, nos parece lógico defender que, además de por lo ya argumentado, hasta tanto no sea aprobado el mismo no debe
autorizarse su instalación en nuestra región.
El PROT debe ordenar previamente los efectos individuales de
infraestructuras tan agresivas como las generadoras, transportadoras y
suministradoras de energía eléctrica eólica, atendiendo, además de a esas
repercusiones individuales, a los efectos sinérgicos de la acumulación de
proyectos en toda Cantabria.
Tal y como han
publicitado los medios, el borrador de PROT,
aún no aprobado, ni planifica ni ordena en el territorio los traídos y llevados
Mw eólicos propuestos en el Plenercan
2014-2020, al tiempo que el oligopolio eléctrico inicia acelerados trámites
de diversos parques (por ejemplo, el de la antena y los otros muchos solicitados
en toda Cantabria), mientras afectados e interesados sufren la indefensión e inseguridad
jurídica que genera el desconocimiento de lo que en realidad se pretende hacer.
Lo que- desinformados
por la Administración y empresas- conocemos por los medios de comunicación
sobre el Documento de inicio del PROT
es que se pretende implantar de nuevo “una
zonificación eólica”-aún hoy desconocida para nosotros- de la que no es posible
evaluar legalmente sus dañinos efectos y sinergias en territorio, población,
patrimonio natural/cultural, actividad socioeconómica, futuro…
Respecto a la
zonificación que, dicen, se propone, simplemente ha aparecido en los medios que
las siete supuestas zonas estarían fijadas en el Documento de inicio; los muchos
proyectos eólicos ya solicitados en Cantabria no están incluidos, pues, en el PROT, ni sometidos a ninguna otra
planificación energética territorial.
SEXTA.- Afectaría
agresiva y negativamente a los tramites para declarar Reserva de la Biosfera o
Patrimonio de la Humanidad de las Montañas Pasiegas.
Los proyectos eólicos
propuestos supondrían la imposibilidad práctica del reconocimiento
internacional como Reserva de la Biosfera o
Patrimonio de la humanidad, cuyos procesos ya
están en marcha, para la Montaña
pasiega.
SÉPTIMA.-
Afección paisajística.-
Se incumplen, en primer lugar, la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del paisaje (BOC
de 29 de diciembre de 2014) y el Convenio
Europeo del Paisaje de Florencia, aprobado en el marco del Consejo de
Europa, y firmado por España en Florencia el 20 de octubre de 2.000, que tiene
por objetivo “promover la protección,
gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea
en este campo”, reconociendo a los paisajes como “elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de
su patrimonio cultural y natural y como fundamento de su identidad”, por lo que
las partes firmantes se comprometen a “definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la
protección, gestión y ordenación del paisaje e integrar el paisaje e integrar
el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus
políticas de materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica,
así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o
indirecto sobre el paisaje”.
Se incumple también el Plan Especial Pasiego, pues el área en que se pretende actuar con
estos parques eólicos está incluida en el actual Plan Especial de Ordenación y Conservación del Territorio Pasiego
como Zona de protección paisajística, de
alta fragilidad y de muy alta calidad, lo que implica las
máximas consideraciones en cuanto a valores paisajísticos y exige su especial
protección, atendiendo al “valor
sobresaliente y característico del paisaje pasiego”.
Los parques industriales propuestos supondrían, sin
duda, el fin de un área
paisajísticamente bien conservada, con las implicaciones ecológicas y de
pérdida de calidad de vida que, para sus habitantes, ello conlleva.
Por último, la enorme concentración de proyectos
eólicos en la zona supondría una sobresaturación visual de hasta el cien por
cien (100%) del horizonte, sin que se haya valorado la intervisibilidad
de los parques en la zona, ni la capacidad de acogida de ellos en el
territorio, ni las percepciones visuales, sociales,…, todo ello dañando a
lugares de gran valor cultural, paisajístico, etnográfico,… A fin de valorar lo
anterior, se se recomienda el análisis de la "Guide
de l´étude d´impact sur l´environnement des parcs éoliens”.
Ministère de Écologie. Francia.
OCTAVA.- Afección
socioeconómica: rehabilitación de cabañas pasiegas, turismo rural.
Son, sin necesidad de desarrollo en este momento,
otras afecciones que debieran haberse valorado entre ellas, la socioeconómica,
la de la rehabilitación de las cabañas pasiegas, la del turismo rural,…
Las propuestas de
acción del Plan Especial Pasiego, se
apoyan en dos premisas: preservar el singular paisaje pasiego y reutilizar
las cabañas, para así conseguir su conservación.
Los usos que se
plantean como motores para tal revitalización territorial son los asociados a
una regulación adecuada y, en especial, referida a actividades de ocio y
turísticas, basadas en la excelencia paisajística del territorio.
También se quiere
apoyar en la aportación de importantes ayudas económicas, fijadas en 40 millones de euros de inversión en la zona, planteando la
disposición de ayudas para la rehabilitación de las cabañas.
Tal esfuerzo se ve evidentemente impedido por los parques
eólicos, que hacen que las posibilidades
de rehabilitación y recuperación de las cabañas, a causa de las alteraciones
que suponen las actividades industriales de los parques en las cimas de las
montañas, sean nulas, al hacer que todo esfuerzo para rehabilitar el territorio
resulte ineficaz, llevando, además, a una segura e importante pérdida cultural
y patrimonial.
El citado plan exige un
enorme esfuerzo de los habitantes de los valles pasiegos para conseguir la
preservación del paisaje y patrimonio edificado, las cabañas, de modo que en
sus determinaciones obliga incluso a enterrar las conducciones eléctricas, a no
abrir nuevas pistas de acceso a las cabañas, lo que en muchos casos obliga a un
acceso solo peatonal, a mantener la estructura de las edificaciones, incluida
su rehabilitación con técnicas tradicionales de construcción, más caras y
complicadas,…
No parece coherente, ni
justo, por tanto, permitir actuaciones industriales de interés privado en
contra de las determinaciones para la conservación de los valles.
Nuevas actividades socioeconómicas, como el turismo
rural, de gran importancia en
estos momentos y con elevadas cotas de desarrollo, también se verán imposibilitadas.
En los últimos años el turismo se ha convertido en
una fuente de ingresos muy importante en el medio rural en gran parte de
Cantabria, así como en uno de los principales elementos fijadores de la
población en estas comarcas, a través de, en la mayoría de los casos, pequeños
emprendedores locales que, si bien no genera un muy elevado nivel de creación
de empleo, sí ofrecen una plena integración en la sociedad local, contribuyendo
a promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona.
NOVENA.- Debate
energético.-
Estamos en un momento
decisivo de lo que debe ser la transición hacia un nuevo modelo energético, por
lo que es urgente que, previo a aprobar mega-infraestructuras energéticas
innecesarias, parques industriales eólicos, tendidos de alta tensión, fracking,...,
que nos perjudican y dañan nuestro territorio, se debata y elija nuestro modelo
energético, concentrado, como el que existente, o distribuido.
El debate
fundamental previo a la instalación de estas mega-infraestructuras es si estas realmente
responden a la necesidad eléctrica regional y local, incluso estatal, en
especial cuando cae la demanda y la revolución de la generación distribuida y
acumulación eléctrica pensando en el simple interés privado es imparable;
generar la electricidad que consumimos es el único camino hacia la soberanía energética pues, por ejemplo,
en Alemania ciudadanos, cooperativas, Ayuntamientos,... generan ya el 47% de la
electricidad renovable nueva.
Por todo ello,
SOLICITO que, teniendo
por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que en el mismo se
contienen, se admita y dé a todo ello la tramitación más ajustada a Derecho,
para que, a su conclusión, se deniegue la autorización solicitada para la
instalación de la antena anemométrica frente a la que alego, se nos tenga por
personados en el expediente como interesados, notificándosenos cuanto en el
mismo se acuerde.
En Valdeprado del Río, Cantabria,
a trece de junio de dos mil diecinueve.
