El FISCAL ANTICORRUPCIÓN IMPLICA EN LA TRAMA EÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN A ALTOS CARGOS AUTONÓMICOS, EMPRESARIOS Y DELEGADOS DE IBERDROLA


Anticorrupción denuncia la trama eólica: 80 millones en comisiones en Castilla y León

Querella contra Rafael Delgado, alto cargo autonómico 16 años, y directivos de Iberdrola y de Collosa, entre otros. Iberdrola dio "sin lógica empresarial" 47 millones a un ex alto cargo

Beatriz Parera/Rafael Méndez El Confidencial 29.04.2017

Semanas después de que el popular Juan Vicente Herrera anunciara que no repetirá como presidente en Castilla y León, la Fiscalía Anticorrupción ha irrumpido en esa comunidad. Ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra altos cargos de la comunidad a los que acusa de cobrar comisiones millonarias durante años por la instalación de parques eólicos. La querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, gira en torno a Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011 y hombre fuerte del poderoso Tomás Villanueva durante 16 años en tres departamentos). Además, se dirige contra otros antiguos altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como cuatro directivos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondan los 80 millones de euros.

Cuentan en el sector eléctrico que los promotores eólicos se referían a Castilla y León como "Sicilia y León". Quien no pasaba por caja no podía promover parques eólicos. Y eso que era de las más deseadas por los empresarios: tiene viento, mucha extensión y poca población. Las condiciones ideales para instalar parques eólicos. El sistema, engrasado con comisiones, dio frutos. Con 5.593 megavatios instalados, Castilla y León tiene el 24,3% de la potencia eólica de toda España.

La querella que Anticorrupción ha presentado en Valladolid con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones que cifraba en 100 millones de euros en esa comunidad, como adelantó El País entonces. Según Anticorrupción, Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%".

Los favorecidos con ese 40% eran "empresas pertenecientes a personas con las que [Delgado] tenía una especial relación". Entre estos están Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa. Collosa fue la empresa que tuvo a sueldo primero a Federico Trillo y luego a Vicente Martínez-Pujalte, un caso judicializado en Valladolid porque la entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, decidió que no lo investigara Anticorrupción.

(…)
Más info:
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-29/querella-anticorrupcion-trama-eolica-castilla-y-leon-herrera-villanueva-rafael-delgado-esgueva_1373533/

Thousand Islands Region, Tehuantepec y Cantabria unidos contra los megaproyectos eólicos de Iberdrola.


IBERDROLA PRETENDE INSTALAR UN MEGAPARQUE EÓLICO EN LA HERMOSA REGIÓN DE LAS MIL ISLAS DE NUEVA YORK 

La filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid ha solicitado permiso para un macroproyecto industrial eólico de 72 megaerogeneradores de 180 metros de altura en las Mil Islas de Nueva York (Thousand Islands Region), el mismo modelo que pretende instalar en Cantabria. El proyecto, denominado Horse Creek Wind Project, pretende ubicarse apenas a 8 kilómetros del río San Lorenzo, sobre una base de caliza muy débil tipo karst, junto a tres reservas naturales y en una ruta migratoria muy importante para las aves. 

La comunidad, que no quiere el proyecto, a raíz de ponerse en contacto con nosotros, ha creado una organización denominada RIVER RATs (Residents Against Turbins), con la que estamos colaborando estrechamente contra los mismos megamolinos, las mismas empresas y en defensa de los mismos valores, contra este atropello en el que tan importante como vergonzosa participación tiene el oligopolio eléctrico español. 

Ampliamos, con ello, nuestras relaciones internacionales, a la previa con los indígenas del istmo de Tehuantepec (México), donde el abuso de las corporaciones españolas (Endesa, Iberdrola, Acciona,...) es aún más patente, habiendo llegado a morir violentamente varios de los opositores al gigantesco megaproyecto de 4.000 megaerogeneradores en esta zona.
http://somosvientodocumental.wordpress.com/



River Residents Against Turbines (River RATs) is a community voice dedicated to preserving the health, economy, environment, beauty, and culture of the 1000 Islands by opposing the Horse Creek Wind Project.

Centro Botín: Cultura, manipulación y dinero

No se informa sobre el contenido de nuestra querella y, con 22 páginas publicitarias, se intenta influir en su tramitación

 Foto: Plataforma. "Cultura" (C.Botín)  y  Dinero (Banco Santander)

Horacio llamó a quien, entre los años 29 y 19 a.C. en las montañas del norte de Hispania, desafiaban el deseo romano de mandar "Cántabrum indoctum iuga ferre nostra", cántabros no enseñados a uncirse el yugo romano, y un historiador reciente añade que, “valiente y brutal a la vez, en ningún caso quería perder lo que más amaba: su libertad, llegando a matarse entre sí para no ser esclavizados”.

Indoctos en uncirse al yugo ajeno, lucharon y dejaron huella en el territorio, una huella que hoy quiere borrar la horda que “pone en valor” cultura, economía e industria en la inventada, y para ellos útil, actual provincia, suplantando el viejo y natural deseo de ser libres con amores mucho más prosaicos.

Siguiendo al “cántabrum indoctum” algunos hoy nos fatigamos para recuperar los Concejos Abiertos, la gestión comunal de nuestras tareas y extenso territorio,…, para evitar que los nuevos cuestores inventen lo “moderno” y utilicen la PAC y algún ganadero sin escrúpulos, corporaciones de dudosa calaña, burocracia corrupta,… para mandar sobre nosotros y robarnos.

Impiden dar vida a los Concejos, real democracia, imponiéndo un caro y casi imposible papeleo, pero no nos quejamos pues, luchando contra molinos verdaderos, hemos logrado frenar el atropello eólico de lo más selecto del poder corrupto con la, por ahora, única, incruenta y lógica arma de denunciar incumplimientos de las muy malas leyes que ese poder nos impone a su gusto y conveniencia.

Ahora la pelea ya se libra en el corazón de las tinieblas, pues hemos cumplido el deber de denunciar un nuevo y grave delito público, informando al Tribunal Supremo que la antiestética usurpación del centro del puerto de Santander, la capital de la Provincia, a manos del dinero que se genera especulando, además de una humillación, es magnífico ejemplo de corrupción sistémica. 

Pero, primera sorpresa, por cumplir nuestra obligación y jugárnosla acusando al poder, las normas de éste, ilógicas e injustas, nos obligan a prestar, el dinero como freno, una fianza y, haciendo de tripas corazón y excediendo lo exigible, fatigados, escasos de medios económicos, solos en esta lucha del querer contra el poder que abusa y sabiendo qué nos jugamos, tras denunciar hemos depositado la fianza y, expectantes, esperamos.

Notificados el 30 de marzo de que el Tribunal Supremo tenía por consignada, en tiempo la fianza, por formulada la querella, a la Plataforma por comparecida y  por denunciado, entre otros, un presunto delito de corrupción en actuaciones públicas, la respuesta del dinero ha consistido en una serie de hechos excesivos y deformes, hechos que inmediatamente hemos denunciado ante la Sala que tramita la querella, por entender que la independencia judicial está siendo atacada por gentes que envilecen los derechos a una correcta información y la libertad de expresión, sustituyéndolos por el abuso del muy exclusivo derecho de libertad empresarial de los medios, expresando, además, denuncia por coacción contra quienes pretenden mantener una objetiva actitud pública crítica con la actuación de los querellados.

Foto Plataforma "La mar es de ellos"

Las obras del Centro Botín, objeto de la querella, han estado durante muchos meses casi paralizadas, al menos muy ralentizadas, sin apenas presencia en los medios, acumulando un arbritrario retraso de años respecto al plazo de terminación inicialmente anunciado.

Fue a partir de presentarse la querella -no recogida prácticamente en esos medios-, que se produjo una aceleración de la actividad en la obra y, tras solicitársenos la prestación de la fianza y cumplimentarse ésta por nosotros, se ha anunciado la apertura del Centro -cuya suspensión cautelar se solicita en la querella-, señalándose la misma para el 23 de junio, dentro de tres largos, apasionantes e impredecibles meses, una noticia a la que han dado un tratamiento abrumador, tanto en los medios nacionales como, sobre todo, en El Diario Montañés, tendencioso delirio local.

Tal lejano evento aparece, de modo ilógico, con trato de noticia inmediata y texto e imagen reiterados, propios de publicidad pagada, en todas las ediciones, en papel y digitales, del día 31 de marzo de El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Expansión,… y TVE, al menos. Libertad e independencia de los medios.

Es aun más llamativo y desproporcionado lo que ocurre en Santander, con una asimetría en el trato  a denunciantes y corruptos que llega a generar sensación de incredulidad en algunos de los contrarios a la iniciativa de la Fundación Botín. El Grupo Vocento, capitalismo vasco, propietario de El Diario Montañés, medio escrito de información de mayor tirada de Cantabria-, se supera en su habitual y apocadamente sufrido bombardeo hagiográfico al cubrir el día 30 de marzo sus cinco primeras páginas con una noticia titulada “El Centro Botín abrirá al público el 23 de junio”, hacerlo de nuevo el día 31 en su primera página y también en las nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con la titulada “El Centro Botín aspira a posicionarse en el circuito internacional del arte”, y mantener el día 1 de abril la insoportable presión apologética a favor de la poderosa familia y su iniciativa del Centro, de nuevo en la portada y las páginas nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, refiriéndose en este caso a una infrecuente y farisaica conferencia de Ana P. Botín en Santander, titulada “El futuro de Cantabria es excepcional. Ana Botín, Presidenta del Banco Santander, protagonista del encuentro organizado por El Diario Montañés” retornando, al día siguiente, al cotidiano chorreo de alabanzas.

Tres días sucesivos en los que El Diario Montañés dedicó 22 páginas, las primeras del periódico, a loas intentando presionar a quienes ellos saben y, como siempre, a la opinión pública, loas dedicadas a los denunciados por serios delitos de corrupción en actuaciones públicas.

Recomendamos acudir a la hemeroteca en papel y leer las 22 páginas publicadas en tres días consecutivos, jueves, viernes y sábado, páginas que por sí solas y su desproporción en fondo y forma se califican.

Además, es llamativo el hecho de que tal periódico, que gusta incluir en su edición digital múltiples y cobardes comentarios anónimos que condicionan aún más la opinión pública, en el caso de las páginas citadas, de manera inexplicada, acompañaba cero (0) comentarios los 3 días; un hecho que, aunque se pretenda apoyar en la autonomía que, celosos, abusivos y muy injustos, se atribuyen los propietarios de los medios, demandaría una pública explicación lógica.

Vivimos una situación de abuso, nacida del perverso abuso del derecho fundamental a la libertad de expresión e información de todos por parte de unos pocos, un abuso que, pensamos, merece respuesta.

Recientemente, los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España publicaban que "cualquier actuación en detrimento de la independencia judicial supone un ataque al Estado de Derecho" y que respetarla "es obligación de todos".

Lo enmarcaban en una declaración institucional unánime adoptada en la reunión anual que habían celebrado en Bilbao, referíendose en concreto a lo que calificaron como "presiones soportadas en estos días por los magistrados" del alto tribunal de Cataluña y expresando su convicción de que la independencia judicial y -añadimos nosotros- la igualdad entre partes "constituye una garantía en exclusivo beneficio de las personas que ejercen el derecho a la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos", ya que tal independencia no es privilegio de los jueces sino garantía para los ciudadanos y "éstos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial".

En nuestro caso, aun conociendo la superioridad jurídica y moral del Tribunal Supremo sobre cualquier opinión, personal o pública, por presionantes que sean los medios usados para difundirla, en defensa de nuestras ideas, no podemos dejar de denunciar lo que, por su desproporción, valoramos como un muy burdo intento de, en múltiples direcciones, condicionarnos desde un poder no elegido.

En cualquier caso, se puede entender que quienes en un trámite judicial, mantienen una postura no oculta, pública, radicalmente crítica frente al Centro y, además, argumentan por escrito su dolosa ilegalidad, lleguen a sentirse coaccionados y en inferioridad material, no moral, social, ni de argumentos, frente a quienes se sirven de tales medios, motivo por el que, como lo hemos hecho ante el Tribunal Supremo, por medio de este escrito, lo denunciamos de nuevo.

Al tiempo, con el razonable pesimismo de quienes han vivido intensamente y muchos años, esperamos atentos para planificar futuras actuaciones.

MEMORIA AMBIENTAL del PGOU de VALDERREDIBLE


BOC NÚM. 60 LUNES, 27 DE MARZO DE 2017

 7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL URBANÍSTICA

Anuncio de dictado de resolución por la que se formula la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valderredible.

 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente y de los artículos 5 y 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado esta Dirección General ha resuelto formular la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valderredible. Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que la misma se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, sitas en la C/ Lealtad, 23, 39002 Santander, así como en su página Web ( www.territoriodecantabria.es). 

Santander, 14 de marzo de 2017. 
El director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística,
 José Manuel Lombera Cagigas.

Tejemanejes de la trama eólica de Castilla y León.



Las empresas y eléctricas de la Trama Eólica se blindaron ante cualquier investigación con una cláusula de confidencialidad


Preneal firmó con la sociedad de la constructora Collosa varios contratos en los que incluso se penalizaba económicamente cualquier 'fuga' de información

El representante de Preneal manifestó al inspector de Hacienda que destapó la trama que se sentía "una víctima del sistema"

Laura Cornejo  El Diario.es 17.03.2017

Las empresas de grandes grupos económicos de Castilla y León y las compañías eléctricas de la Trama Eólica se blindaron con una cláusula de confidencialidad que evitaba 'fugas' en el caso de que hubiese una investigación del tipo que fuese. El inspector Hacienda en Castilla y León que puso la trama al descubierto, lo hizo constar en uno de los informes dirigidos a su superior para ampliar su investigación.

Es el caso de Inverduero, la sociedad creada por la constructora vallisoletana Grupo Collosa y que se alió, además de con Endesa e Iberdrola, con uno de los gigantes en la promoción de parques eólicos, Preneal. En uno de los contratos que firmaron para desarrollar varios proyectos establecieron una cláusula que cerraba cualquier posibilidad de que una de ellas colaborase con la justicia al margen de la otra.

"En el supuesto de que cualquier parte receptora reciba una solicitud para revelar, en virtud de un requerimiento penal, orden, solicitud de investigación civil o procedimiento similar emitido por un tribunal o jurisdicción competente o por un órgano gubernamental o reglamentario, todo o parte de la información contenida en la Información Confidencial" decía el acuerdo, estaban obligadas a "notificar puntualmente a la parte suministradora de la existencia términos y circunstancias de dicha solicitud". Pero es que además debían consultar "con la parte suministradora sobre la conveniencia de tomar los pasos legalmente disponibles para oponerse o reducir dicha solicitud y si se requiriese revelar información, proporcionar únicamente la parte de información confidencial que, en opinión estricta del asesor de dicha parte receptora, sea legalmente necesario o apropiado a la luz de todas las circunstancias".

La conclusión es que ambas empresas podían suponer que su operación no era una más, sino que en algún momento podrían estar en el punto de mira de Hacienda o de la Justicia, como finalmente ocurrió.

Preneal e Inverduero, en otras dos de sus operaciones incluyeron una cláusula similar, aunque con penalización económica. "El vendedor no usará ni divulgará, y realizará sus mejores esfuerzos para prevenir el uso, publicación o revelación con cualquier información de carácter secreto o confidencial", decían los contratos. En concreto, prohibía revelar "cualquier operación de negocio de la sociedad que hubiese llegado a su conocimiento por razón de su posición dentro de la sociedad, o por cualquier fuente en el marco de la presente operación o relativa a los negocios de cualquier persona que mantenga relaciones, tratos o negocios con la sociedad...". El incumplimiento daba el derecho al comprador a ser indemnizado por el vendedor con 500.000 euros, y no sustituía a una posible indemnización posterior por daños y perjuicios.

En el informe que realizó posteriormente el mismo inspector, y que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, especificaba que no encontraba motivo económicamente válido para algunas operaciones realizadas por Preneal con algunos grupos económicos de Castilla y León. En concreto se refiere al traspaso de 7 millones de euros realizado por Preneal a Cronos Global, la empresa gestionada por el ex alto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva, y el representante de la promotora Urban Proyecta, Germán Martín Giraldo. Tampoco encontró motivos el inspector para que Preneal traspasase 10 millones de euros a Inverduero (Grupo Collosa) y la venta a este mismo grupo de sus acciones en Eólica de Medinaceli SL por 1,3 millones, ya que "en poco más de dos años" esta se canjean por acciones de Eolia Renovables por valor de más de 35 millones.

Durante la inspección que llevó a cabo el inspector el Preneal, el representante de esta sociedad manifestó que el procedimiento de asociarse con empresarios locales era habitual, en otras comunidades e incluso en otros países y que le había supuesto una inversión "de muchos millones de euros". Además añadió que "en muchas ocasiones", Preneal era una "víctima del sistema" y requirió al inspector que le diese el tratamiento de tal.

La Trama eólica salpica al entramado empresarial de Castilla y León: constructoras, eléctricas, lecheras,...

Hacienda en Castilla y León obvió la petición de un inspector para investigar a empresas de la trama eólica

La inspección regional ignoró las peticiones reiteradas del inspector que descubrió la trama

Las actuaciones se limitaron a las sociedades eólicas de la constructora Collosa y de la empresa líder de renovables Preneal

El informe que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción recoge un presunto cobro de mordidas de 110 millones de euros, pero la cantidad que pagaron las eléctricas puede ser mucho mayor

El diario.es. 13 de marzo de 2017, Laura Cornejo


La Delegación de Hacienda en Castilla y León impidió la investigación de una decena de empresas que también forman parte de la llamada Trama Eólica, según ha podido saber eldiario.es. Las presuntas comisiones que pagaron las eléctricas a empresarios de la región, con los que crearon sociedades mixtas para conseguir autorizaciones y montar parques eólicos, supera los 110 millones de euros que recogía el informe de un inspector de Hacienda y que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el inspector de la Agencia Tributaria que detectó el fraude investigaba los impuestos de sociedades de varias empresas que obtuvieron comisiones millonarias tras aliarse con compañías eléctricas para promover parques. Es el caso de Villardefrades Eólica SL, propiedad de un exalto cargo de la Junta de Castilla y León, el director general de Deportes hasta 2003, Andrés Martín de Paz. El inspector de Hacienda pidió al menos en dos ocasiones (12 de junio y 4 de julio de 2014) a sus superiores en la Delegación de la Agencia Tributaria en Castilla y León que asignase a su equipo la inclusión de Iberdrola Renovables Castilla y León así como otras inspecciones.

Trataba de determinar si el proceso que había seguido Iberdrola con la sociedad de Martín en la "aparente adquisición de las acciones" por 4,2 millones de euros, era "similar al seguido en compras de participaciones empresariales similares realizadas por otros grupos del sector de energías renovables a empresarios de la misma comunidad autónoma. Algunas de esas sociedades y administradores han sido acusados por la Fiscalía de Valladolid de varios delitos fiscales, cuyas cuotas presuntamente defraudadas, ascienden a varios millones de euros". De ser así, proseguía el escrito del funcionario de la Agencia Tributaria, podría tratarse de "conductas organizadas".

El inspector de Hacienda también pretendía investigar "la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas entre la sociedad Iberdrola Renovables Castilla y León y diversas sociedades controladas, directa o indirectamente, por grandes grupos económicos de Castilla y León". Estos conglomerados empresariales participaban en sociedades dedicadas a la energía eólica, algunas de las cuales se estaban investigando ya: la mencionada Villardefrades Eólica SL, Cronos Global, del exalto cargo de la Junta, Alberto Esgueva, Urban Proyecta y Parqueolid, promotora y constructora del edificio de la Consejería de Economía que actualmente se investiga por sobrecostes, Preneal y Corporación LLorente -Grupo Collosa.

Para justificar la investigación que reclamaba a sus superiores en Castilla y León, el inspector aportó un anexo con un cuadro de "empresas participadas por Iberdrola Renovables Castilla y León y grandes grupos económicos de Castilla y León". Allí aparecían 14 empresas que se aliaron con Iberdrola entre los años 2004 y 2011: las que obtenían la autorización de los parques eólicos. Como ejemplo, Aerocastilla, una sociedad de Grupo Collosa que se une a Iberdrola para crear Grupo Empresarial Inverduero, participada al 60% por Iberdrola y que, una vez conseguidas las autorizaciones, pasa enteramente a manos del gigante eléctrico.

Collosa también usó la sociedad "Productora de Energía de Castilla y León S.A" para incorporarla a Inverduero SAU e Iberdrola SA, y esta última tenía el 90% de las acciones. La familia Arias, propietaria de la fábrica de luminarias Indal, hoy en manos de Philips, también creó con Iberdrola Lharias Participaciones SL, mientras que los Pérez Guitián, de Helios, lo hicieron con Horizontes de Castilla SL.

Los propietarios del Grupo Pascual crearon con la eléctrica Calidad Pascual SA, en la que tenían una participación del 40%. También entró en el negocio la constructora vinculada a la UTE del Hospital de Burgos, la burgalesa Arranz Acinas, que junto al Grupo Antolín constituyó Diversis Energía SL, y que acabó en manos de dos mercantiles de Iberdrola: Iberdrola Renovables Castilla y León e Iberdrola Renovables Energías.

Otra de las constructoras más importantes de Castilla y León, Grupo Zarzuela, aparece en el anexo, junto a Invercalesa, una sociedad del gigante de los servicios, el Grupo Norte. Las dos constituyeron Productora de Energía Eólica SA, junto a Iberdrola, y acabaron vendiendo el 100% a Iberdrola Renovables Castilla y León. El empresario zamorano Marcial Rodríguez, con cargos en una veintena de empresas, también se alió con Iberdrola, a través de la sociedad Salamanca Zamora Mercados 21. En la lista aparecen además la constructora zamorana Arcebansa y el conglomerado burgalés Cropu entre otras.

El inspector de Hacienda pretendía saber quiénes fueron "los verdaderos intervinientes en los protocolos, acuerdos de colaboración, pactos o contratos formalizados" y la contribución que tuvieron Iberdrola y cada una de las sociedades con las que se alió para la obtención de las autorizaciones administrativas, permisos y licencias para la explotación de los distintos parques eólicos "otorgados por la Consejería de Economía previa avocación de competencias".

Además, explicaba que las relaciones societarias no eran "propias de la lógica mercantil". Su informe incluso advertía de que no se trataba de "relaciones empresariales normales" sino de "sociedades vehículo". Y detallaba el procedimiento: 

Iberdrola solicitaba la autorización de un parque eólico a principio de los años 2000, presentaba el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actuaba como promotora. Los organismos de la Junta firmaban de modo favorable la declaración de impacto ambiental. Después se constituía una nueva sociedad, la denominada "sociedad vehículo", participada en un 80% o 60% por Iberdrola y en un 20% o 40% por uno de esos grupos empresariales de Castilla y León.

En otros casos, la sociedad del grupo Iberdrola, que era la promotora del parque, realizaba una ampliación de capital, que era suscrita, en parte, por la sociedad de los grupos económicos de Castilla y León, hasta alcanzar similares porcentajes. Los cambios en el accionariado se hicieron en ocasiones antes de la firma de la Declaración de Impacto Ambiental y otras con posterioridad, en algún caso tan sólo un día después, la empresa promotora que estaba participada al 100% por el Grupo Iberdrola solicitaba transmitir la titularidad del parque eólico autorizado con sus instalaciones eléctricas asociadas a favor de la nueva sociedad. La Junta dictaba las órdenes oportunas y autorizaban el cambio de propiedad. Previa avocación de competencias, el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, otorgaba autorización administrativa a la nueva sociedad Y, o bien a la nueva empresa ya participada por el grupo económico.

"Posteriormente, Iberdrola Renovables Castilla y León, aparentemente, adquiere a los grupos económicos las acciones de las que era titular, llegando a trasferir esos importes que multiplican por decenas de veces el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores necesarios para la producción de energía", resume el informe del inspector de la Agencia Tributaria.

La sospecha es que ese fue el procedimiento por el que quien de momento aparece como el principal beneficiario de la trama, Alberto Esgueva, entonces consejero delegado de Excal, la oficina de internacionalización de Castilla y León, llegó a obtener 47 millones de euros. 

La petición del inspector de Hacienda a sus jefes en Castilla y León ofrecía más argumentos para justificar esa investigación fiscal. Su informe relata por ejemplo, cómo en algunas de las comprobaciones que se habían hecho hasta ese momento, el representante de Iberdrola Renovables de Castilla y Léon, Fernando Martínez Riaza, contaba en un escrito "que la propia sociedad ha sido la encargada de gestionar las licencias y autorizaciones administrativas necesarias para el funcionamiento de los parques eólicos titularidad de determinada sociedad, además de ser la encargada de la gestión administrativa económico financiera y social de la mencionada empresa".

A pesar de todo, subraya el inspector que "Iberdrola entregó millones de euros en talones a diversos empresarios de Castilla y León, según dicen las partes por la adquisición de acciones de la sociedad participada conjuntamente, sin que dicha sociedad hubiese instalado un solo aerogenerador". El funcionario de Hacienda concluye que el Grupo Iberdrola no necesitaba asociarse con nadie y que estaba "comprando lo que por el derecho administrativo a él ya le correspondía". "No ha de descartarse la hipótesis de que las transferencias de fondos realizadas entre Iberdrola Renovables de Castilla y León y los grupos económicos de esta comunidad autónoma que participan con ella en las 'sociedades vehículo' no respondan a la naturaleza de auténticos pagos por la compra de acciones, puesto que por propia definición, para pagar hay que deber y, en el presente caso, si se prescinde de las formas, Iberdrola no debería deber nada para obtener el 100% de los megavatios otorgados. Lo contrario carecería, total y absolutamente de lógica económica y empresarial".

En esta petición, fechada a 4 de julio, se hacía constar que faltaba muy poco tiempo para la finalización del plazo de presentación de la declaración del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2009.

El investigador de Hacienda cerró su informe de la trama eólica, de 94 folios el 30 de diciembre de 2014, con la investigación de unas cuantas empresas (no de todas las que incluía el inspector en su solicitud inicial) y un saldo de presuntas comisiones ilegales de 110 millones de euros. El primer paso que siguió fue ponerlo en conocimiento de la delegada especial de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra, que antes había pasado por el puesto de secretaria general de la Consejería de Hacienda de Castilla y León. Era a De la Lastra quien debía dar cuenta a los servicios jurídicos, ante la naturaleza del delito que revelaba, y presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Por razones que no han sido explicadas, el informe se silenció durante meses. El inspector acabó por presentar de nuevo el informe pero haciéndolo pasar antes por registro, la única forma de que quedase rastro informático y no pudiese ser ignorado o extraviado de nuevo. 

La Fiscalía Anticorrupción está a punto de terminar las diligencias informativas del caso. Es el paso previo para la judicialización o el archivo. Durante los últimos dos años, han declarado algunos de los empresarios relacionados con la supuesta trama, así como los exaltos cargos de la Junta de Castilla y León: quien fuera consejero de Economía, Rafael Delgado, y el responsable de la oficina de internacionalización de la Junta, Alberto Esgueva, que recibió los 47,1 millones de Iberdrola, tras vender a la eléctrica la parte de su empresa con la que obtuvo la autorización de molinos de viento. 

La investigación sobre Delgado reveló distintas aportaciones que recibió desde varias sociedades, algunas propiedad deEsgueva, y movimientos desde una sociedad suiza sobre la que se ha pedido una comisión rogatoria a las cuentas de un amigo y desde las de este a Delgado. Además, en los últimos meses el fiscal ha citado a varios jefes de Industria de la Junta de Castilla y León.

Tanto Hacienda como la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León evitaron pronunciarse sobre la trama eólica argumentando que está en marcha una investigación de la fiscalía.



Noticias CyL 14 de marzo de 2017

PSCyL critica la “flagrante inacción” en la comisión de las eólicas

Los socialistas piden la reactivación inmediata de la comisión

http://www.noticiascyl.com/regional/politica-regional/2017/03/14/pscyl-critica-la-flagrante-inaccion-en-la-comision-de-las-eolicas/

La comisión de investigación sobre la denominada como ‘Trama Eólica’ vuelve a estar encima de la mesa. En el día de hoy, el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha vuelto a solicitar su reactivación tras las últimas informaciones que señalan que la la Agencia Tributaria en la Comunidad habría paralizado la investigación iniciada por inspectores de la propia AEAT sobre distintas empresas presuntamente implicadas.

Para el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Izquierdo, de ser ciertas las informaciones publicadas por un medio digital, la trama eólica sería mucho más amplia y estarían implicadas en ella muchas más empresas, con lo que las comisiones por importe de 110 millones inicialmente barajado serían también mucho más sustanciosas, y todo ello en el marco de una “práctica no acorde a la lógica empresarial”,“prácticas organizadas” o “trama de corrupción”, como así se apunta en el informe de la AEAT a la hora de analizar por qué determinadas eléctricas ceden parte de su accionariado a empresas de Castilla y León en parques eólicos para luego, una vez obtenidas las autorizaciones en unos pocos días, recomprar esas acciones a cambio de sumas enormes.

Estas prácticas, ha recordado Izquierdo, ya fueron denunciadas hace dos años por el PSCyL pero ahora podrían haberse quedado cortas a tenor de las últimas informaciones que, y lo que es más grave para el dirigente socialista, sostienen que la AEAT en Castilla y León habría rechazado la solicitud de investigación realizada por inspectores que pretendían extender la misma a otras muchas empresas supuestamente implicadas en la red, no sólo a Iberdrola y sus presuntos vínculos con el que fuera director de EXCAL, Alberto Esgueva, que se habría embolsado a través de la sociedad San Cayetano Wind un total de 47 millones de euros.

“El PP ha mantenido siempre la tesis de que se trataba de casos aislados, aunque se está demostrando que se trataba de una práctica mucho más extendida de corrupción”, ha denunciado públicamente Izquierdo.

Por tal motivo, el Grupo Socialista en las Cortes ha anunciado su pretensión de solicitar a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, la convocatoria “inmediata” de la comisión de investigación, algo para lo que, según entiende, se encuentra plenamente facultada si se tiene en cuenta que la misma sigue paralizada y aún no se ha fijado un calendario de comparecencias.

Flagrante inacción

“El presidente de la comisión ha incurrido en una flagrante inacción y por ello Clemente tiene la potestad de convocarla”, insiste Izquierdo, que, además, ha anunciado igualmente que a través de los diputados socialistas se solicitará la comparecencia en el Congreso de la delegada de la AEAT en Castilla y León, Georgina de la Lastra, para que explique ese supuesto intento de echar una “alfombra” sobre la trama, impidiendo investigar a más empresas, y por qué en su día se negó a entregar el informe inicial a la Fiscalía Anticorrupción.

“Sería la segunda vez que el PP ha tratado de echar tierra sobre la trama, primero utilizando los resortes de la AEAT, poniendo freno a la investigación, y segundo usando los resortes políticos al rechazar la comparecencia en la comisión de otras muchas empresas”, ha recordado el político socialista, que por eso no ha dudado en ofrecer toda su “consideración y reconocimiento” a aquel de los candidatos a la Presidencia del PP de Castilla y León que se comprometa a desbloquear la comisión de investigación sobre la autorización de parques eólicos en la Comunidad.


Gute fahrt KUKU!

1 abril 2015-25 de febrero ´17 (A.Milde)
KUKU projekt (Kunst und Kultur projekt)
KUKUmobil

Actos 30 aniversario de los incidentes por la Reconversión industrial en Reinosa. CNSV

CNSV conmemora el 30 aniversario de la 'primavera del 87'
Las jornadas organizadas por Cantabria No Se Vende en varios puntos de región culminarán en Reinosa el día 11 de marzo

Vive Campoo | Reinosa | 15/02/2017

Con motivo del 30 aniversario de la 'primavera campurriana' y con la vista puesta en el futuro de la comarca, la coordinadora de movimientos sociales Cantabria No Se Vende (CNSV) ha organizado unas jornadas que se celebrarán en Silió (11 de febrero), Torrelavega (22 de febrero), Santander (2 de marzo) y que culminarán en Reinosa (11 de marzo), con el objetivo de conmemorar aquellos sucesos y mantener vivo su recuerdo entre la juventud, así como en el resto de comarcas cántabras. Llevan por título '1987-2017: Campoo por su futuro. La lucha continúa'.
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Jornada en Reinosa
Ya el 11 de marzo, cuando se cumplan 30 años de la Primavera Campurriana del 87, se vivirá una jornada de conmemoración y reivindicación en Reinosa, que arrancará alrededor de las 13:30 con una comida popular de ollas ferroviarias en el Parque Cupido. Posteriormente se marchará en pasacalles por las calles de Reinosa hasta la placa colocada en homenaje a Gonzalo Ruiz, cuya familia participará en un homenaje a este obrero cántabro. A las 17:00 horas, en el Teatro Principal, hablarán campurrianos que vivieron la experiencia de 1987 y también campurrianos que viven el contexto actual, tratando de aprender de aquella experiencia. "Como decimos, no se trata simplemente de conmemorar un aniversario, sino también de despertar la organización y movilización de cara a defender un futuro con empleo digno en Campoo y en el conjunto de Cantabria", señalan desde CNSV.
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Más info:

Cañones de nieve eólicos para salvar el Ártico. Cambio climático

Diez millones de cañones de nieve eólicos en el Ártico, ¿a la industria del viento se le habrá congelado el cerebro?


EPAW (European Platform Against Windfarms), Newsletter: February 17, 2017

Según CNN investigadores han encontrado una solución teórica para reducir la fundición de la banquisa: construir 10 millones de cañones eólicos.

La Fédération Environnement Durable y European Platform Against Wind Farms, se preguntan si después de haber invadido Europa de estructuras industriales gigantes, a punto de invadir el medio marino con centrales eléctricas en el mar, la industria eólica va a conseguir cubrir el Ártico con 10 millones de cañones de nieve eólicos.

Para la industria del viento, se trataría probablemente de un extraordinario mercado, evaluado modestamente por los investigadores en 500 billones de dólares, y según los expertos de la FED incluso alrededor de 1000 billones de dólares!

Esta propuesta delirante ha hecho temer de nuevo que la cuestión climática no es más hoy que una cuestión de poder y de dinero. La gran perdedora la ecología que ha evolucionado hacia un combate geopolítico poniendo en juego miles de millones de euros. 

¿Habrá que destruir el Ártico para salvar el Planeta?

http://www.lepoint.fr/environnement/dix-millions-de-machines-pour-recongeler-l-arctique-16-02-2017-2105399_1927.php

BOC 21-02-2017. Información pública del proyecto de prórroga de vigencia de la concesión de explotación ALFA-2 (1ª Fracción), número 16241-01. CEMENTOS ALFA,S.A.


MARTES, 21 DE FEBRERO DE 2017 - BOC NÚM. 36

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

 Información pública del proyecto de prórroga de vigencia de la concesión de explotación Alfa-2 (1ª Fracción), número 16241-01.

La concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción)" nº 16.241-01 que afecta a las provincias de Cantabria y Palencia, ha finalizado su vigencia de 30 años y por parte de la sociedad titular Cementos Alfa, S.A., se ha solicitado en plazo la prórroga de la misma, por otros treinta años.

Considerando que el proyecto "Prórroga de vigencia de La concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción") nº 16.241-01 afecta a dos Comunidades Autónomas la tramitación de la prórroga corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como órgano sustantivo, siendo el órgano medioambiental el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En concreto, el proyecto prevé desarrollarse en los términos municipales de Valdeprado del Río y Valdeolea (Cantabria) y Aguilar de Campoo (Palencia).

Por otro lado, el proyecto está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental según se establece en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, y en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se somete a información pública el proyecto "Prórroga de vigencia de la concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción)"" nº 16.241-01, por un período de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial del Estado, periodo durante el cual podrán ser examinados por las personas que lo deseen al objeto de formular alegaciones. La documentación que incluye el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el proyecto de restauración, estará expuesta al público, en los días y horas hábiles de oficina, en la Subdirección General de Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Paseo de la Castellana, 160, de Madrid; en el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de Cantabria, Avda. Calvo Sotelo, 25, de Santander, y en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 4, en Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 2016.
La directora general de Política Energética y Minas,
María Teresa Baquedano Martín.