Ilegalidad de modificación de la CROTU
La Plataforma DENUNCIA el Decreto 136/2023, de 10 de agosto, que modificaba la composición y el
funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
CROTU, y pide que el Consejero de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, Roberto Madia, lo declare nulo y, si desea cambiar la norma de 2003, lo tramite con
respeto/cumpla el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006
Sinergias, fragmentación de proyectos en torno al embalse del Ebro Sierra del Escudo
y proyectos denunciados en contencioso por la Plataforma
AL CONSEJERO REGIONAL DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. CROTU.-
_______________________ , Presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, en adelante Plataforma, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número___________, C.I.F. _____________y
domicilio a efectos de notificaciones en _________________________________________en nuestra reconocida condición de
interesados en la gestión de los asuntos que afectan a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, CROTU, comparecemos
y, como mejor proceda en Derecho, formulamos DENUNCIA referida a las
actuaciones ilegales que relatamos, a tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES DE HECHO Y
DERECHO:
PRIMERA.- El
Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006.-
Mediante Decreto
136/2023, de 10 de agosto, se pretendía modificar el Decreto 163/2003, de 18 de setiembre, que regulaba la composición y
el funcionamiento de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, CROTU, que de forma grave afecta
a cuestiones de naturaleza medioambiental, en cuya tramitación -si es que ha existido
alguna- se evidencia una
palmaria falta de respeto por parte de la Administración a la Ley 27/2006, el Convenio de Aarhus y su transposición e, incluso peor, a los
ciudadanos afectados e interesados, incumpliendo sus altas responsabilidades
socio-políticas, en lugar de mantener exclusiva atención a la
publicidad/propaganda -no la información- tejida en torno a las -supuestas-
funciones de la CROTU.
Sin información,
ni consulta previa alguna se publica tan peligrosa norma en pleno verano, como casi
todas, sin informar a afectados/interesados, como la Plataforma, manipulando el concepto de participación que exige
el Convenio de Aarhus, reducida a la
mera, evidente (des)información, debiendo recordar cómo el Reglamento de
Gobernanza exige que cada Estado miembro deberá garantice la participación de los
ciudadano en la toma de toda clase de decisiones con influencia en el medio
ambiente, lo que, evidentemente, no se ha hecho en este caso concreto.
Insistimos en que ni nuestra Plataforma ni, suponemos, otros interesados,
han recibido notificación previas, ni siquiera las habituales Consultas, simulacro de participación;
para que la sociedad -no solo las empresas promotoras y, en especial, los
grandes consorcios energéticos- intervenga en el trámite de fijar la real
política socio/económica/energética y se evite que, con el falso optimismo de
un análisis banal, no se haya efectuado ni un razonamiento sobre cómo ha sido,
es el oligopolio, el capital quien ha propiciado, propicia e intenta perpetuar
la gestión del modo de construir e implantar inmuebles en territorio rústico
y/o generar, transportar, suministrar, repartir los beneficios,... de la
energía, que son los causantes del proceso hacia la destrucción de la vida
humana en la Tierra -edulcorada tras el eufemismo "cambio climático", difuso apelativo para algo muy dañino-
destrucción que crece al tiempo que se consolidan la pobreza y la desigualdad
territorial y personal que provoca el injustificado/injusto poder de una mínima
minoría que impone, porque le favorece, la masiva edificación y la generación
concentrada de la energía en lugares alejados del consumo, con gigantes,
dañinas autovías eléctricas y centros de transformación, gestionando, además,
los beneficios.
Insisto, por
ello, en que para tal norma modificatoria se debió abrir, antes de iniciar sus
trámites, un urgente y radical debate general, real y público con toda la
información sobre la emergencia climática y sus causas a fin de que la sociedad
conozca la influencia de la construcción/edificación y la forma de gestión
energética, decidiendo si mantener el despilfarro o acudir a una austeridad
justa y, para ello, pasar -o no- de la abusiva edificación masiva y generación
concentrada a la distribuida, democrática, igualitaria, de uso, tamaño y forma
humanos, de proximidad al lugar de consumo, con balance neto, controlado por
las formas democráticas de que se dote dicha sociedad,...
Lo que,
con carácter general y obligatorio se establece para asuntos con incidencia ambiental
en el garantista e imperativo Convenio de
Aarhus y las normas europeas, estatales y regionales que lo
trasponen/desarrollan, entre otras, las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE y, en
España, a partir de la declaración de los artículos 9.2 y 105 de la Constitución, que incluso vincula -de
forma personal, jurídica administrativa, civil y penal- a funcionarios y
políticos, la Ley 27/2006, de 18 de julio,
protege y alienta con rigor jurídico los fundamentales derechos ciudadanos a
ser informados, participar y, de ser necesario, acudir a la justicia en tales
asuntos, precisando, con evidente conectividad jurídica, la antigua redacción
del artículo 33.2.b) de la Ley 21/2013, 9
diciembre, que "con carácter
previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinario se establecen las siguientes actuaciones: (...) b) Con carácter
obligatorio, el órgano sustantivo, dentro del procedimiento sustantivo
de autorización del proyecto, realizará los trámites de información pública
y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas", obligaciones que son evidentes aquí, al
estarse tramitando un fundamental y muy amplio Plan, lo que no permite que se
pretenda solapar ni sustituir tales exigencias por las del nuevo art. 34.3 de
la misma Ley que, más difuso y confuso para exigir lo mismo, solo dice que
"para la elaboración del
documento de alcance del estudio de
impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas", ambigua
redacción de una tan sorprendente e injustificada reciente reforma que no puede
servir a esa Administración sustantiva como apoyo de una pretensión limitativa
de sus claras obligaciones –emanadas, como todos sabemos, del fundamental Convenio de Aarhus- sobre la
imprescindibles y democráticas información y participación política ciudadanas.
Para
disipar cualquier duda respecto al indubitado derecho que nuestra Plataforma tiene a la más amplia información
y participación previa, señalamos que tal derecho nace,
1) de modo genérico, tras tan citado Convenio de Aarhus, de su condición de interesada
en todo expediente con relevancia ambiental que afecte a nuestro ámbito
territorial y,
2) de
forma específica del hecho de habernos mostrado expresamente parte en el mismo, debiendo
ampliar a tales efectos que en Aarhus
se reconoció a todos los interesados, un derecho muy cualificado a la
información, desde antes de comenzar los trámites, sobre actividades medio
ambientales, información previa que es imprescindible para participar, con
conocimiento eficaz, en los asuntos públicos de tal naturaleza y, en su caso,
para acceder a la justicia.
No
puede, pues, ignorar, a efectos prácticos, esa Administración que el de la
información ambiental es un derecho esencial amplio, el más amplio, tanto desde
el punto de vista formal como sustancial, respecto al que incluso se ha
generado una idea extensiva del concepto y las obligaciones de la autoridad
pública, hasta el punto de fijar que la exigencia de suministrar
información ambiental no deriva del mero ejercicio de una competencia
sustantiva ambiental del interesado, sino del concreto y simple hecho de que
tal información obre en poder -generándola la obligación de difundirla- de la
autoridad, pudiendo hablarse, pues, de una doble forma u obligación de
informar para difundir,
1) pasiva,
que nace de una solicitud previa, y
2) activa,
proactiva, que no precisa tal requerimiento previo,
lo que,
en este caso concreto, implica que, para mejor cumplir la obligación legal de
informar de modo eficaz, salvo que la Administración justifique en legal forma
lo contrario, la Plataforma debió, desde
antes de iniciarse los trámites para la pretendida modificación de la CROTU, haber sido notificada -junto a
todo aquello que de modo expreso, en su caso, hubiera solicitado- de la
información generada en el trámite administrativo por Esa Consejería al
respecto; mantener lo contrario, como de
facto se está haciendo, constituye una grosera vulneración de la Ley que,
de modo doloso, sitúa a interesados y afectados en insoportable e injusta
indefensión.
SEGUNDA.-
Argumentaciones ya efectuadas para el caso concreto del -mal- denominado P.E. El Escudo.-
La
siguiente consideración es aplicable, en lo que a nuestra Plataforma afecta, tanto a los contencioso-administrativos del
propio P.E. El Escudo y la ampliación de la subestación de Aguayo,
en tramitación ante el TSJ de Madrid, como de los PP.EE. Somaloma-Las Quemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto y La Costana, que también ya se tramitan,
en este caso, por la sala correspondiente del TSJ de Cantabria.
A
modo de ejemplo, señalamos que, en el BOC de 10 de febrero de 2022 se publicaba
un inexacto anuncio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio titulado "Información
pública del expediente para la implantación del parque eólico El Escudo que
afecta a los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y
Molledo", que, a tenor del texto y la documentación adjuntos al mismo,
entendemos que pudiera referirse, no a lo que se dice en el título, sino a la
solicitud de que
1)
a
tenor del artículo 116 y concordantes,
Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, autorizara, sin que así se explicite
en el anuncio, la implantación en suelo rústico del P.E. El Escudo y 2) autorizar, previamente a ello, "la campaña de estudio geotécnico de forma
que pueda realizarse lo más pronto posible y con carácter previo al inicio de
la construcción del conjunto de la instalación", solicitud con
respecto a la que, en aquel momento y según pueden comprobar en el expediente
la Plataforma formalizó dos sucesivos
escritos de ALEGACIONES argumentando las expresas razones que hacen ilegal todo
ello y solicitando, a su tenor, la nulidad radical del expediente, al tiempo
que nos reiterábamos en la solicitud de revisión de oficio de todo el
expediente del polígono industrial eólico El
Escudo y ser considerados parte y, por ello, notificados de cuanto se
acordase, por lo que,
2)
dado que, transcurridos varios meses, incumpliéndose
el trámite administrativo, no habíamos recibido respuesta a ninguno de nuestros
escritos, con fecha 20 de setiembre de 2022, efectuábamos unas
“breves consideraciones de hecho y
derecho “muy
similares a las que formulamos en la siguiente argumentación.
TERCERA.-
Alegaciones/reclamaciones previas de la Plataforma
ante esa CROTU respecto al expediente de referencia y otros.-
A
partir de lo anterior y de las redundantes referencias, en especial en los
medios, acerca de la inminencia de la aprobación en el ámbito de las
competencias de esa Comisión del
llamado P.E. El Escudo, todo ello
aplicable al resto de los PP.EE. citados y la ampliación de la Subestación de
Aguayo. habiéndose llegado incluso a titularse en un medio regional el
pasado 18 de setiembre, en primera página, una inexactitud jurídica tan
evidente como que, sin competencias para ello, “Urbanismo autorizará en la sierra del Escudo el primer gran parque
eólico regional”, ratificándolo en la segunda con el titular, a toda
página, “Urbanismo dará este mes el
visto bueno al El Escudo, primer gran parque eólico regional”,
detallando con precisión que exhibe un comportamiento de difícil calificación,
que “la Consejería de Obras Públicas
llevará el expediente a la reunión de septiembre de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) que se celebrará a finales de mes”,
implicando la osadía, al menos periodística, que salpicaba a la CROTU y sus miembros, al puntualizar que
“El Escudo no tendrá grandes problemas
en conseguir estos permisos”.
Previamente
incluso a todo lo anterior, en 8 de febrero de 2022, ratificado el 16, nuestra Plataforma había presentado dos escritos
que, en aras de una elemental brevedad, damos por íntegramente reproducidos,
alegando frente a ilegal pretensión de actuar en suelo rústico de propiedad
mayoritariamente comunal para, sin autorización de parte importante de esa
propiedad, implantar un polígono industrial eólico en la sierra del Escudo para
exclusivo lucro de la mercantil Biocantaber,
S.L., cometiendo, entre otras muchas, las siguientes ilegalidades:
1) el groseramente ilegal informe de la Dirección
General de Medio Ambiente,
informe que contradecía el anterior criterio, ese legal, del mismo Director
General, Antonio LUCIO CALERO, referido a polígonos eólicos ubicados en los
llamados “valles pasiegos”, pese a la
proximidad, colindancia incluso en el caso del polígono industrial El Escudo, con una Z.E.C. y una Z.E.P.A.,
2) las
reflejadas en nuestra reiterada solicitud al MITERD de revisar de
oficio la resolución que formulaba la DIA, nula de pleno derecho con los efectos que para los actos
conexos se deriven de tal revisión y declaración de nulidad, escritos de los
que dimos traslado a la Dirección General
de Industria y la de Medio Ambiente,
sin que, insisto, incumpliendo dolosamente la LPAC, nadie haya acusado recibo siquiera de tal solicitud, ni menos
respondido a la misma en legal forma,
3) la
falta de autorización y acuerdos con la
generalidad de los particulares y, en especial, con los Concejos propietarios del suelo, opuestos en su práctica totalidad,
4) la desatención a la urgencia que impone el Convenio de Aarhus de que en Cantabria,
epicentro hoy del insoportable caos energético/eólico, se desarrolle un serio debate
realmente público sobre la real necesidad y el alcance de la generación
energética,
5) la posible existencia de riesgo
natural de incendios,
6) la evidente existencia, no analizada,
de infraestructuras compartidas
entre diversos polígonos eólicos,
7) las
gravísimas afecciones al paisaje,
8) el incumplimiento de las Normas Subsidiarias de Ámbito Comarcal de la
Cabecera del Ebro
9) las graves
afecciones a la Red Natura 2000,
10) la ilegal autorización administrativa previa al
estudio de su compatibilidad con el suelo rústico para el llamado P.E. El Escudo y sus infraestructuras,
11) por encima de todo, el
incumplimiento de la obligación de una Evaluación Ambiental Estratégica previa
de, al menos, la totalidad de las actuaciones industriales eólicas en
tramitación, evaluación exigida por TSJC
y TS al anular el maliciosamente
ilegal "concurso eólico",
1.400 Mw adjudicados a muchas de las mismas empresas que ahora insisten en el
atropello,
CUARTA.- Nulidad de la
autorización de actuación industrial eólica llamada P.E. El Escudo, concedida por el Consejo de gobierno en los montes
comunales de utilidad pública
Al parecer, el Consejo de gobierno
regional, en sesión ordinaria celebrada el pasado 2 de marzo, ha acordado “1. Autorizar la ocupación de los
terrenos en los montes de utilidad pública que se indican (…) para la
construcción del parque eólico ‘El Escudo’, promovido por Biocantaber” y “2. Ordenar a la Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la tramitación de las
concesiones administrativas para dichas ocupaciones”, todo ello, como bien sabe esa
CROTU, radicalmente ilegal, nulo de pleno derecho, por lo que contra dicho
acuerdo, con fecha 15 de marzo pasado, interponíamos recurso potestativo de
reposición, que acompañamos y cuyo íntegro contenido damos por reproducido,
solicitando que por dicho Consejo de gobierno se dicte una
nueva Resolución que revoque la recurrida y la sustituya por otra que acuerde
la ilegalidad de la solicitud de Biocantaber,
S.L. pidiendo ser autorizada para ocupar y usar territorio de monte comunal
de utilidad pública en la sierra del Escudo, considerándosenos parte interesada
en el expediente que al efecto se tramite y notificándosenos cuanto en el mismo
se acuerde, a todos los efectos legales.
A tenor de todo ello,
SOLICITAMOS DEL CONSEJERO DE FOMENTO,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE del Gobierno regional que
tenga por presentado este escrito, por reiterados los anteriores citados en éste,
referidos al ilegal, nulo de pleno derecho "expediente para la implantación del parque eólico El Escudo" y
los otros a que nos referimos en el cuerpo de este escrito, a los que nos
oponemos radicalmente por las razones en el reiteradas que los hacen ilegales,
nulos de pleno Derecho, reiterando anteriores solicitudes de que,
1)
de existir pretensión alguna al respecto, bajo ningún
concepto sea tratada por esa CROTU, o, en el improbable caso contrario, sea
denegada por su nulidad radical, exigiendo la inmediata paralización expresa de
cualquier actividad referida al polígono industrial denominado P.E. El Escudo, al tiempo que
2)
por
formulada DENUNCIA contra la ilegal tramitación del arriba citado Decreto 136/2023, solicitando la
incoación del correspondiente expediente a fin de que, seguido que sea el mismo
por sus trámites, a su conclusión se dicta resolución por la que se declare la
nulidad de tan citado Decreto, con todos los efectos jurídicos y prácticos
derivados de tal declaración de nulidad, siendo, finalmente,
3)
considerados
parte en todo ello y, a su tenor, notificados de cuanto en ambos aspectos se
acuerde.
Por ser todo ello de Derecho
que interesamos en Valdeprado del Río, Cantabria a trece de setiembre de dos
mil veintitrés.
OTROSI DECIMOS que insistimos
en que, para conocimiento y posteriores efectos legales y responsabilidad
personal de todos y cada uno de sus miembros se entregue a cada uno de ellos,
tanto una copia de este escrito como de los de nuestras anteriores de alegaciones,
por lo que
SOLICITAMOS DEL SR. SECRETARIO
DE LA CROTU que tenga por efectuada la anterior manifestación a todos los
efectos legales.
Lugar y fecha anteriores.
