No se informa sobre el contenido de nuestra querella y, con 22 páginas publicitarias, se intenta influir en su tramitación
Foto: Plataforma. "Cultura" (C.Botín) y Dinero (Banco Santander)
Horacio llamó a quien, entre los años 29 y 19 a.C. en las montañas del norte de Hispania, desafiaban el deseo romano de mandar "Cántabrum indoctum iuga ferre nostra", cántabros no enseñados a uncirse el yugo romano, y un historiador reciente añade que, “valiente y brutal a la vez, en ningún caso quería perder lo que más amaba: su libertad, llegando a matarse entre sí para no ser esclavizados”.
Indoctos en uncirse al yugo ajeno, lucharon y dejaron huella en el territorio, una huella que hoy quiere borrar la horda que “pone en valor” cultura, economía e industria en la inventada, y para ellos útil, actual provincia, suplantando el viejo y natural deseo de ser libres con amores mucho más prosaicos.
Siguiendo al “cántabrum indoctum” algunos hoy nos fatigamos para recuperar los Concejos Abiertos, la gestión comunal de nuestras tareas y extenso territorio,…, para evitar que los nuevos cuestores inventen lo “moderno” y utilicen la PAC y algún ganadero sin escrúpulos, corporaciones de dudosa calaña, burocracia corrupta,… para mandar sobre nosotros y robarnos.
Impiden dar vida a los Concejos, real democracia, imponiéndo un caro y casi imposible papeleo, pero no nos quejamos pues, luchando contra molinos verdaderos, hemos logrado frenar el atropello eólico de lo más selecto del poder corrupto con la, por ahora, única, incruenta y lógica arma de denunciar incumplimientos de las muy malas leyes que ese poder nos impone a su gusto y conveniencia.
Ahora la pelea ya se libra en el corazón de las tinieblas, pues hemos cumplido el deber de denunciar un nuevo y grave delito público, informando al Tribunal Supremo que la antiestética usurpación del centro del puerto de Santander, la capital de la Provincia, a manos del dinero que se genera especulando, además de una humillación, es magnífico ejemplo de corrupción sistémica.
Pero, primera sorpresa, por cumplir nuestra obligación y jugárnosla acusando al poder, las normas de éste, ilógicas e injustas, nos obligan a prestar, el dinero como freno, una fianza y, haciendo de tripas corazón y excediendo lo exigible, fatigados, escasos de medios económicos, solos en esta lucha del querer contra el poder que abusa y sabiendo qué nos jugamos, tras denunciar hemos depositado la fianza y, expectantes, esperamos.
Notificados el 30 de marzo de que el Tribunal Supremo tenía por consignada, en tiempo la fianza, por formulada la querella, a la Plataforma por comparecida y por denunciado, entre otros, un presunto delito de corrupción en actuaciones públicas, la respuesta del dinero ha consistido en una serie de hechos excesivos y deformes, hechos que inmediatamente hemos denunciado ante la Sala que tramita la querella, por entender que la independencia judicial está siendo atacada por gentes que envilecen los derechos a una correcta información y la libertad de expresión, sustituyéndolos por el abuso del muy exclusivo derecho de libertad empresarial de los medios, expresando, además, denuncia por coacción contra quienes pretenden mantener una objetiva actitud pública crítica con la actuación de los querellados.
Foto Plataforma "La mar es de ellos"
Las obras del Centro Botín, objeto de la querella, han estado durante muchos meses casi paralizadas, al menos muy ralentizadas, sin apenas presencia en los medios, acumulando un arbritrario retraso de años respecto al plazo de terminación inicialmente anunciado.
Fue a partir de presentarse la querella -no recogida prácticamente en esos medios-, que se produjo una aceleración de la actividad en la obra y, tras solicitársenos la prestación de la fianza y cumplimentarse ésta por nosotros, se ha anunciado la apertura del Centro -cuya suspensión cautelar se solicita en la querella-, señalándose la misma para el 23 de junio, dentro de tres largos, apasionantes e impredecibles meses, una noticia a la que han dado un tratamiento abrumador, tanto en los medios nacionales como, sobre todo, en El Diario Montañés, tendencioso delirio local.
Tal lejano evento aparece, de modo ilógico, con trato de noticia inmediata y texto e imagen reiterados, propios de publicidad pagada, en todas las ediciones, en papel y digitales, del día 31 de marzo de El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Expansión,… y TVE, al menos. Libertad e independencia de los medios.
Es aun más llamativo y desproporcionado lo que ocurre en Santander, con una asimetría en el trato a denunciantes y corruptos que llega a generar sensación de incredulidad en algunos de los contrarios a la iniciativa de la Fundación Botín. El Grupo Vocento, capitalismo vasco, propietario de El Diario Montañés, medio escrito de información de mayor tirada de Cantabria-, se supera en su habitual y apocadamente sufrido bombardeo hagiográfico al cubrir el día 30 de marzo sus cinco primeras páginas con una noticia titulada “El Centro Botín abrirá al público el 23 de junio”, hacerlo de nuevo el día 31 en su primera página y también en las nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con la titulada “El Centro Botín aspira a posicionarse en el circuito internacional del arte”, y mantener el día 1 de abril la insoportable presión apologética a favor de la poderosa familia y su iniciativa del Centro, de nuevo en la portada y las páginas nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, refiriéndose en este caso a una infrecuente y farisaica conferencia de Ana P. Botín en Santander, titulada “El futuro de Cantabria es excepcional. Ana Botín, Presidenta del Banco Santander, protagonista del encuentro organizado por El Diario Montañés” retornando, al día siguiente, al cotidiano chorreo de alabanzas.
Tres días sucesivos en los que El Diario Montañés dedicó 22 páginas, las primeras del periódico, a loas intentando presionar a quienes ellos saben y, como siempre, a la opinión pública, loas dedicadas a los denunciados por serios delitos de corrupción en actuaciones públicas.
Recomendamos acudir a la hemeroteca en papel y leer las 22 páginas publicadas en tres días consecutivos, jueves, viernes y sábado, páginas que por sí solas y su desproporción en fondo y forma se califican.
Además, es llamativo el hecho de que tal periódico, que gusta incluir en su edición digital múltiples y cobardes comentarios anónimos que condicionan aún más la opinión pública, en el caso de las páginas citadas, de manera inexplicada, acompañaba cero (0) comentarios los 3 días; un hecho que, aunque se pretenda apoyar en la autonomía que, celosos, abusivos y muy injustos, se atribuyen los propietarios de los medios, demandaría una pública explicación lógica.
Vivimos una situación de abuso, nacida del perverso abuso del derecho fundamental a la libertad de expresión e información de todos por parte de unos pocos, un abuso que, pensamos, merece respuesta.
Recientemente, los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España publicaban que "cualquier actuación en detrimento de la independencia judicial supone un ataque al Estado de Derecho" y que respetarla "es obligación de todos".
Lo enmarcaban en una declaración institucional unánime adoptada en la reunión anual que habían celebrado en Bilbao, referíendose en concreto a lo que calificaron como "presiones soportadas en estos días por los magistrados" del alto tribunal de Cataluña y expresando su convicción de que la independencia judicial y -añadimos nosotros- la igualdad entre partes "constituye una garantía en exclusivo beneficio de las personas que ejercen el derecho a la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos", ya que tal independencia no es privilegio de los jueces sino garantía para los ciudadanos y "éstos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial".
En nuestro caso, aun conociendo la superioridad jurídica y moral del Tribunal Supremo sobre cualquier opinión, personal o pública, por presionantes que sean los medios usados para difundirla, en defensa de nuestras ideas, no podemos dejar de denunciar lo que, por su desproporción, valoramos como un muy burdo intento de, en múltiples direcciones, condicionarnos desde un poder no elegido.
En cualquier caso, se puede entender que quienes en un trámite judicial, mantienen una postura no oculta, pública, radicalmente crítica frente al Centro y, además, argumentan por escrito su dolosa ilegalidad, lleguen a sentirse coaccionados y en inferioridad material, no moral, social, ni de argumentos, frente a quienes se sirven de tales medios, motivo por el que, como lo hemos hecho ante el Tribunal Supremo, por medio de este escrito, lo denunciamos de nuevo.
Al tiempo, con el razonable pesimismo de quienes han vivido intensamente y muchos años, esperamos atentos para planificar futuras actuaciones.