EOLOCORRUPCIÓN. CORRUPCIÓN AL VIENTO



Economía digital 26/04/2015

Corrupción al viento

Antonio M. Yagüe   26/04/2015

Como en el dilema del huevo o la gallina, no se sabe si la energía limpia atrajo al dinero sucio o viceversa. Pero, a la par que el boom del ladrillo, en la década pasada nació en España el nuevo fenómeno de la Eolocorrupción sustanciada en buena parte en los 22.240 (megawatios) eólicos. Y con el respaldo de unas primas o subvenciones anuales de 1.250 millones de euros, 32.250 en los 25 años convenidos.

El fenómeno sigue vivo. Sobre todo en años hiperelectorales como el presente. En una especie de suma y sigue, la Agencia Tributaria ha destapado en Castilla y León una trama de comisiones para agilizar, desbloquear y conceder directamente la construcción de parques eólicos. Salpicará a más cargos y a otras comunidades autónomas.

Llueve sobre mojado. Los vientos de corrupción se tornaron en temporal a partir del 2000, año en que la UE puso sobre la mesa 6.000 millones de euros para subvencionar la energía eólica hasta el 2013. Una energía, que posee el beneficio de la duda porque presenta una imagen ecológica por encima del reproche político.

Además, se beneficia de la imposibilidad de cuantificar el nivel de fraude en el gasto público por la maraña de competencias políticas y fiscales. Los controles irregulares completan el señuelo para toda una serie de políticos y empresarios corruptos que intentan literalmente sacar dinero del aire.

Con la energía eólica derramando euros en las arcas municipales se emprendieron colosales construcciones y despilfarros en ciudades como la zaragozana de la Muela. Los gigantescos molinos de viento se convirtieron en el nuevo oro para muchas comunidades rurales y las administraciones por el cobro de rentas e impuestos.

Plantar molinos, a unos 3.000 euros por unidad, también ha sido para los dueños de terrenos mucho más lucrativo que sembrar para cosechar. Y un negocio redondo para las eléctricas, que tienen garantizadas las primas que pagan los consumidores en el recibo de la luz. Y para los bancos, que otorgaron préstamos generosamente.

La llamada por algunos burbuja eólica tuvo su punto flaco en la exclusiva y dócil competencia autonómica y local para otorgar licencias y refrendar estudios de impacto ambiental, con dudosas comprobaciones in situ de ruidos y posibles daños sobre la flora y la fauna. Se acompañaban de concesiones con sombras, a veces sin licitaciones públicas ni toma de decisiones transparentes.

La autorización estatal sólo se ha exigido en parques de mucha potencia o que afectaban a más de una comunidad. Se cuentan con los dedos de una mano. Los ecologistas ponen como ejemplos de desaguisados medioambientales, fruto de esta política de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, los que han rodeado de turbinas mastodónticas, con sus luces rojas intermitentes y permanentes, la ciudad medieval con el nombre árabe-latino más bello de España, Medinacoeli. O la celtíbera y romana de Tiermes, también en Soria.


La prepotencia y el campeonato entre ingenieros a ver quién colocaba los molinos más altos, y con mejor viento, llevaron también a cercar ermitas románicas, cercenar sabinas milenarias y destruir enclaves de alto valor estético y ecológico, con grave perjuicio para el turismo rural. "La verdad, habría bastado con que la autoridad hubiese exigido instalaciones sin impacto paisajístico y, para compensar la producción, autorizar algunos aerogeneradores más", entona su mea culpa un técnico que trabajó en este prodigioso negocio.

Oliendo tan mal estos molinos, Don Quijote, no habría dejado ni uno solo en pie.

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/04/corrupcion-al-viento-70270.php

TOMÁS VILLANUEVA. CORRUPCIÓN EÓLICA EN CASTILLA Y LEÓN


27 de abril de 2014. El País.

El consejero de la trama eólica: “De saberlo, no habría puesto un molino”

El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha defendido la tramitación administrativa de los parques eólicos. Sin embargo, a mitad de su intervención ha admitido que se sentía “un político amortizado”: “Si hubiera sabido esto no se habría instalado un molino”. Lo ha hecho en una comparecencia urgente en las Cortes para responder a la información que adelantó este diariosobre los 110 millones en comisiones denunciados por la Agencia Tributaria y que el PP ha hecho coincidir con el juicio al alcalde de Valladolid, el también popular León de la Riva. El PSOE ha atacado duramente a Villanueva, consejero durante los últimos 20 años, al que ha considera “un chivo expiatorio”.

En su intervención inicial, Villanueva se ha parapetado en la burocracia para defender la actuación de su consejería en la trama eólica. Ha reiterado que “los expedientes se han tramitado de forma correcta” y que “las reclamaciones han sido mínimas”.

En una primera intervención leída en un tono monocorde, abrumó a la oposición con una retahíla de normas que regulan la aprobación de parques eólicos y repitió una y otra vez: “La tramitación se ha ajustado a la normativa vigente y ha sido correcta”. Ni mencionó a Rafael Delgado, viceconsejero de la Junta con Villanueva y alto cargo de la Junta de Castilla y León durante 16 años que, según la Agencia Tributaria,recibía pagos desde Suiza. Delgado siguió a Villanueva por las tres consejerías que este ha ocupado desde 1005, Industria, Educación y Economía, y dejó el cargo en 2011.

Ana Redondo, portavoz del PSOE, atacó duramente a Villanueva: “Usted viene con su cabeza bajo el brazo. Su partido y Herrera le han abandonado”. “Castilla y León no estaba en el mapa de la corrupción, pero porque se salía del mapa”, añadió en alusión a que el presidente regional, el popular Juan Vicente Herrera siempre se vanaglorió de no salir en los telediarios por casos de corrupción. “Es usted el cortafuegos de un incendio que se extiende por la Junta y que amenaza al presidente Herrera”, le espetó Ana Redondo. “Usted ya está amortizado. Comparece hoy por esta portada de EL PAÍS”, señaló esgrimiendo este diario.

Redondo ha recalcado que es absurdo buscar irregularidades en los expedientes administrativos de los parques eólicos: “Los expedientes están impolutos, solo faltaba. ¿Desde cuándo se declara la contabilidad b? Desde cuándo se anotan las mordidas y las extorsiones. Lógicamente los expedientes se acogen al decreto. El problema no está en los expedientes sino en la normativa de su consejería”. Y calificó la trama como “un gran tinglado montado para Delgados, Esguevas, Trillos, Pujaltes, Tormes y demás amigos”, en alusión a los diputados del PP que estando en activo cobraban de la constructora Collosa, una de las citadas en el informe.

Aunque la Agencia Tributaria centra su denuncia en Delgado y en otro exalto cargo de Economía, Alberto Esgueva, la socialista Ana Redondo recalcó: “Usted planificó y allanó el camino con la normativa apropiada y la persona adecuada, su viceconsejero. No puede decir que todo esto ha sido al margen de su conocimiento. Delgado no hacía nada sin su consentimiento”.

El PSOE criticó que Villanueva diese los poderes para aprobar parques eólicos a su viceconsejero, algo que hasta 2004 estaba en las delegaciones territoriales de Industria: “Ya en 2006 le advertimos de que era una normativa ad hoc para favorecer el cohecho, los sobornos y el pillaje”. Villanueva defendió que lo hizo para dar coherencia.

En su réplica, el consejero, hombre fuerte del gobierno regional durante los últimos 20 años, se mostró dolido. “Yo personalmente me considero amortizado. Llevo 20 años en un gobierno y hace mucho tiempo, aunque no me crea, ya informé de que era mi última legislatura”, señaló. E insistió en que no puede dar muchos detalles porque no conoce el informe de la Agencia Tributaria porque la abogacía del Estado le ha dicho que es confidencial. “Es duro responder de cosas que no conozco o que conozco por un periódico, al que no reprocho nada y al que agradezco la información”.

Villanueva pidió paciencia a la oposición porque en breve, después de las elecciones, dejará de ser aforado y le podrá investigar cualquier juzgado: “Yo no salgo aforado de aquí. No voy a ir al Senado”.

Su defensa es que la tramitación administrativa es correcta y que si ha habido enriquecimiento de altos cargos, él no puede saberlo –“si fueran ciertas no nos alcanzan conocerlas ni investigarlas”-. Sí concedió que la eólica, hasta ahora un orgullo de su gestión, queda manchada: “Estaba satisfecho de todo el desarrollo de la eólica. Estoy preocupado ahora”.

Villanueva encontró una tibia defensa por parte del PP. Su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, insistió en desatacar la celeridad para comparecer y la colaboración que Villanueva ha ofrecido a la justicia, pero en ningún momento defendió la tramitación de los parques eólicos. Solo al final de su segunda intervención mostró abiertamente su apoyo a Villanueva en un par de frases.

Alejandro Valderas, procurador de Unión del Pueblo Leonés, demostró haberse estudiado los expedientes y negó que estuvieran tan limpios como defendió Villanueva. Relató cómo se aceleraba los trámites en cuanto la empresa Energía Global castellana, participada por Alberto Esgueva junto a Iberdrola, pasaba a ser titular de los parques. Entonces, expedientes que “llevan cinco años dormidos en un armario los aprueban entre tres días y 12 meses después. Milagroso. Vaya administración”. Valderas destacó el caso de un parque eólico en la provincia de Soria en el que en el mismo día recibe tres vistos buenos distintos. “Hay un expediente que nace en Valladolid, va a Soria esa mañana y regresa a Valladolid esa mañana. Esto es muy raro”, señaló.

El portavoz de IU, José María González Suárez, se preguntó “¿cómo es posible que la Junta permita el enriquecimiento ilícito y amoral de representantes de la junta?”.

“Fue un acuerdo privado”

R. M. foto. González Vélez, a la izquierda, y Villanueva. /

El consejero de economía de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha replicado en las Cortes al empresario José María González Vélez, que en EL PAÍS denunció que tuvo que vender parques eólicos por indicación de la Junta de Castilla y León. Según Villanueva, todo fue un acuerdo privado entre González Vélez y otro empresario en el que no participó su departamento.

Villanueva sostuvo que no reconoció a González Vélez, que fue presidente de la patronal de renovables APPA entre 2004 y 2012, y pese a que hay fotos de una reunión de los dos codo con codo. “Me dice que debo de haber estado con él en alguna reunión. Las cosas que hemos hablado con Don José María Gonález Velez han sido en torno a la política general de renovables. Nunca he mantenido conversación ni he intervenido porque desconocía que esta persona tenía parques eólicos".

Villanueva señaló que González Vélez debe de estar confundido y que lo que ocurrió fue que los parques que este proyectaba en Valladolid coincidían con los que quería hacer un empresario de Valladolid. "En 2004 llegaron a un acuerdo" privado en el que pactaban renuncias mutuas para desbloquear la situación, según Villanueva: "Yo no he tratado esto con esta persona nunca. No sé más. De esto nunca. Él renuncia a unos parques y la otra parte a otros y ellos lo presentan en la Administración Pública".

GÓNZALEZ VÉLEZ . RENOVABLES: NEGOCIOS, PRIMAS Y CORRUPCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN


El País 26 de abril de 2015

“Cedí por cero euros parques eólicos porque me lo indicó la Junta”

RAFAEL MÉNDEZ MADRID 26 ABR 2015 - 18:11 CEST

José María González Vélez (Madrid, 1947) es uno de los personajes históricos de las energías renovables en España. Antiguo empleado de banca, a finales de los 80 se fijó en la energía minihidráulica, y entre 2004 y 2012 presidió la patronal del sector de las energías alternativas. A González Vélez, que ha promovido parques eólicos en Castilla y León, no le sorprendió el informe de la Agencia Tributaria desvelado por este diario que denuncia un sistema de aprobación de parques en el que el gobierno regional beneficiaba a empresarios afines o directamente altos cargos de la consejería “sin motivos económicos válidos”. Ese informe analizaba siete operaciones, pero González Vélez señala alguna más. “Yo soy víctima de este sistema”, explica.

Pregunta. ¿Qué pensó cuando leyó que un informe de la Agencia Tributaria denunciaba que en Castilla y León obligaban a promotores eólicos a ceder parte a empresarios afines o directamente altos cargos de la Consejería?

Respuesta. Que es así tal y como lo cuenta.

P. Usted desarrolló parques eólicos en Castilla y León.

R. Fui de los primeros. Tenía unos 300 megavatios en proyecto cuando un día en la Consejería me dijeron que tenía demasiado y que tenía que ceder una parte.

P. ¿Y qué hizo?

R. Cedí gratis por indicación de la consejería y por cero euros.

P. ¿A quién?

R. A un empresario llamado González-Vallinas que vendía piensos para truchas. No lo conocía de nada, es como si ahora tengo que invitar a ese señor a un café. Me dicen que si quiero más parques, los del Monte Torozos, en Valladolid, que sumaban unos 150 megavatios, los tenía que ceder. Y se lo cedo por cero euros.

P. ¿Estaban construidos los parques?

R. No, pero teníamos las mediciones, puntos de conexión y los terrenos conquistados. Es decir, teníamos acuerdos con los dueños del suelo.

P. ¿Y eso cuánto valía?

R. Una vez que tuviera los permisos se vendía por unos 100.000 euros el megavatio. Es decir, unos 15 millones de euros. Faltaba aún algún paso.

P. ¿Por qué lo cedió?

R. Las concesiones no son obligatorias. Entendí que si no cedía eso no iba a ver ni un megavatio más. Un promotor no cede nada gratis. Y menos a alguien que no conoce de nada. Desde luego no fue voluntario, yo no invito a una vuelta al mundo a nadie por gusto.

P. ¿No conocía de nada a ese empresario?

R. Solo lo vi el día que firmamos la cesión.

P. ¿No se resistió a una operación tan rara?

R. No, porque sé que si lo hago no me dan nada más.

P. ¿Y quién le dijo que tenía que ceder esos parques?

R. Creo recordar que fue Tomás Villanueva [consejero de Economía] pero pudo ser Rafael Delgado [entonces viceconsejero y al que Hacienda le ha descubierto ingresos desde Suiza]. Desde luego no fue un conserje de la consejería. Por eso no hubo nada por escrito. Y Rafael no hacía nada sin que Villanueva se lo dijera.

P. ¿Y luego sí les dieron otros parques?

R. Sí, los de Sahagún, en León, que mis exsocios también vendieron luego. Pero ya no estaba en la sociedad. Había quedado en minoría y me apartaron de la gestión. Les malvendí mis acciones.

P. Usted era socio en esas empresas de Ángel Sanchís, extesorero del PP. ¿Cómo le hacían pagar esos peajes a alguien tan metido en el partido?

R. Entonces Ángel ya había vendido. Igual con él no nos habría pasado.

P. El responsable de la empresa Preneal declaró a la Agencia Tributaria que se sentía "víctima del sistema".

R. Yo también soy una víctima del sistema.

P. ¿Tanto gana un parque eólico como para mover tanto dinero? Hacienda habla de transferencias de 110 millones. Solo Iberdrola dio 47,1 millones a un alto cargo que invirtió 24.400 euros.

R. Un parque eólico con unas 2.500 horas de viento al año tenía una rentabilidad del 8%-10% sobre la inversión. Como era muy fácil conseguir financiación los inversores ponían menos dinero del que era necesario para construirlo, así que la rentabilidad era mayor, del 15% o el 16%.

P. Entonces es que la prima era demasiado alta.

R. ¿Las primas son altas? Es que ha mamado todo el mundo. La cadena de valor, desde la construcción de los aerogeneradores o las instalaciones fotovoltaicas, se acomodaba a lo que fijaba la prima. He llegado a pagar a un Ayuntamiento 600.000 euros por una licencia de obra para una planta fotovoltaica. Es una barbaridad, pero se acomodaba al valor de las primas. Había empresas fotovoltaicas que compraban puntos de conexión a la red por 0,6 euros el vatio, que es muchísimo. ¿Cómo puede ser? Porque lo daba y no se reaccionó a tiempo. Todo eso lo estamos pagando.


R. Muchas comunidades han hecho cosas parecidas, con cambios de adjudicaciones en el último momento y te dirigían a determinados bufetes. Yo no he pagado a nadie y el único regalo que hacía en Navidad eran jamones. Pero va a misa que cedí gratis un desarrollo a un empresario que no conocía porque me lo indicaron en Castilla y León.

DOMINGO 3 DE MAYO 12h. en MEDINA DE POMAR.MANIFESTACIÓN CONTRA EL FRACKING

Actualmente siguen adelante con la tramitación de los sondeos de los permisos URRACA, SEDANO, en las Merindades, Villarcayo, Medina y zona de Sedano lindando con Cantabria; también recientemente se solicitó otro sondeo denominado BRICIA 1; el año pasado ocho en Valdeprado del Río, en Los Carabeos y Arcera, y dos más en Valderredible, en San Martín de Elines y la Población de Arriba.

No estamos de acuerdo y no queremos el FRACKING y así vamos a expresarnos en Medina de Pomar, después del boicot de la subdelegación de gobierno de Burgos a la cadena humana propuesta en Villasante en la Semana Santa. 
Vamos todos, 
FRACKING NO NI EN BURGOS, NI EN CANTABRIA NI EN NINGÚN SITIO.


LA TRAMA EÓLICA SE EXTIENDE


El País 23 de abril de 2015

PARQUES EÓLICOS EN CASTILLA Y LEÓN

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo

La empresa no acredita ante la Agencia Tributaria la “asesoría” realizada

El diputado Martínez Pujalte recibió otros 75.000 euros

FERNANDO GAREA / RAFAEL MÉNDEZ MADRID 22 ABR 2015 - 21:06 CEST

Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. Lo hicieron a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.

El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.

El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.

En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008, 125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por teléfono.

Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.


Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”.

Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”. Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a Anticorrupción.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo. El primero era portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

“Asesoría externa”

10 de febrero de 2006. El Grupo Collosa firma un contrato de “asesoría externa” con Estudio Jurídico Labor, del que Federico Trillo, entonces diputado del PP en la oposición, tiene el 70%. La cantidad del contrato es de 9.000 euros al mes.

Entre 2006 y octubre de 2008, Collosa abona a Labor 354.960 euros, según la Agencia Tributaria.

1 de octubre de 2008. Collosa firma un contrato de “asesoramiento empresarial estratégico” con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de los diputados populares Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme.

Hasta final de 2009, Collosa paga a Sirga 75.000 euros.

En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo, no hay documentos que justifiquen los cobros.

Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante, prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por publicaciones a través también de esa sociedad.

Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que acredite ese asesoramiento.

El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de 96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más).

El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda.




Eldiario.es 23 de abril de 2015

La 'trama eólica' destapa pagos de 429.000 euros de una constructora a Trillo y Pujalte

El actual embajador en Londres recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno, según 'El País'

La empresa es Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda, que no ha encontrado ningún informe acreditativo

Los políticos aseguran que su asesoría no era por escrito, solo verbal


EXCLUSIVA | Un mando de la Agencia Tributaria retrasó una denuncia por corrupción que afectaba a políticos del PP

La trama de comisiones a políticos por la autorización de parques eólicos en Castilla y León denunciada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción salpica a dos destacadas figuras del PP. Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según adelanta El País. 

El rotativo asegura que la Agencia Tributaria, que ha destapado estos pagos durante la investigación de esa trama a través de contratos y facturas abonados por una de las empresas implicadas a los despachos de ambos políticos, no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros.

través de sus respectivos despachos de asesoría. Les pagaba la constructora Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por la trama. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

El contrato con la empresa de Trillo, Estudio Jurídico Labor, se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando el actual embajador de España en Londres era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato, en concepto de "asesoramiento general y jurídico de la empresa", fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008. El rotativo asegura que Trillo cobró de Collosa 104.000 euros en 2006, otros 125.280 en 2007, y en 2008, 125.280 euros.

Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Tras finalizar el contrato de Trillo en 2008, Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y la hoy senadora Ana María Torme, firman otro muy similar. Tormé y Martínez-Pujalte se sentaban juntos en la bancada popular entonces. El contrato es de 5.000 euros al mes, por lo que en un año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

El rotativo se ha puesto en contacto con ambos políticos que han admitido los contratos pero han rechazado cualquier irregularidad en la declaración de estos ingresos. Trillo aseguró al diario que le echó "mucho esfuerzo y energía" al trabajo de la empresa del que no queda ni un papel que deje constancia escrita. Martínez-Pujalte también ha reconocido los cobros pero ha asegurado estar al día con Hacienda. Sin embargo, la declaración de ingresos del diputado en 2011 es menor a la que maneja el informe de la Agencia Tributaria, según El País.

http://www.eldiario.es/economia/eolica-destapa-constructora-Trillo-Pujalte_0_380062991.html


Las provincias 23 de abril de 2015

Trillo admite que cobró de una constructora 354.000 euros

· Anticorrupción investiga si pudieron ser comisiones por tramitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León
· COLPISA | MADRID

22 abril 201523:44

La Fiscalía Anticorrupción investiga si el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo, y el histórico diputado del PP, Vicente Martínez-Pujalte, cobraron presuntamente comisiones de una constructora especializada por tramitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Según publica el diario El País, Trillo recibió de dicha constructora 354.560 euros en casi tres años y Pujalte 75.000 en poco más de uno, a través de sus despachos de asesoría. Ambos políticos admitieron este miércoles en declaraciones a la Efe esos pagos, pero aseguraron que «cumplieron con todos los requisitos legales» y obligaciones «tributarias» y que informaron al Congreso de dichos pagos, ya que los hechos se remontan a los años 2006 y 2009, cuando ambos eran diputados de la oposición.

Sin embargo, según El País, la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe que justifique esos cobros y facturas que se prolongan durante cuatro años y que tienen como pagadora al Grupo Collosa, una empresa dedicada a la obra civil y una de las principales beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En concreto, Collosa habría facturado a los despachos Sirga XXI Consultores (propiedad de Pujalte) y Estudio Jurídico Labor, con participación mayoritaria de Trillo (70%).

El exministro de Defensa consideró, mediante un comunicado, «tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes». Trillo aseguró que su despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso de los Diputados en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración. En este sentido, insistió en que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, «lo que significa que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada».


Permiso al Congreso


Por su parte, Pujalte también aseguró que tiene «la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente» y de haber «actuado de acuerdo completamente con la legalidad», tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria. El diputado del PP reconoció que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y recalcó que pidió la compatibilidad al Congreso, una solicitud que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.

Según fuentes de la Agencia Tributaria ambos políticos podrían enfrentarse a un presunto delito de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho por estas presuntas comisiones. En todos los casos el periodo de prescripción es de diez años, por lo que todos los supuestos cobros podrían ser investigados al estar dentro del plazo.

http://www.lasprovincias.es/economia/201504/22/trillo-pujalte-afirman-cumplieron-20150422212452-rc.html


El País 22 de abril de 2015

Trillo acusa a Anticorrupción y a Hacienda de filtrar el cobro
El embajador y Martínez Pujalte admiten haber recibido 354.000 euros de una constructora

· Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo

EL PAÍS MADRID 22 ABR 2015 - 22:14 CEST

El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte han admitido que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.

El embajador en Londres ha enviado a Efe un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia.

En el comunicado, Trillo destaca que esa relación "había sido filtrada" por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes".

En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años "a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros".

Vicente Martínez Pujalte ha asegurado a Efe que tiene "la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente" y de haber "actuado de acuerdo completamente con la legalidad", tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria.

El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.

Trillo asegura que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla y León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.

Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, "lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada".

El embajador en Londres recalca además que LABOR "nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda".

Destaca que LABOR "en ningún momento" intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, "ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables".

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429733681_951208.html

VIENTOS DE CORRUPCIÓN.



El País. 21 de abril de 2015

EDITORIAL

Vientos de corrupción

El caso de las comisiones de parques eólicos, una consecuencia de la ‘burbuja’ de las renovables

Hacienda ha elaborado un informe de 94 páginas en el que ofrece indicios detallados del pago de comisiones para acelerar la autorización de parques eólicos en la comunidad de Castilla y León. El volumen detectado de presuntos sobornos o cohechos está en torno a los 110 millones e implica tanto a eléctricas conocidas como a sociedades instrumentales creadas con el fin de acceder a la subvención. Da cuenta además de participaciones societarias de cargos o excargos autonómicos en empresas formadas para recibir rápidamente las ayudas concedidas a la energía eólica y de beneficios exorbitantes conseguidos por sus accionistas con la venta posterior. En estas tramas de presunto cohecho y tráfico de influencias habrían participado eléctricas, sociedades intermediarias y miembros relacionados de la Administración autonómica, con revalorizaciones financieras que hay que investigar por si aparecieran otros delitos conexos.

De confirmarse estos indicios —tarea que corresponde a la fiscalía y, si ha lugar, a los jueces— nos encontraríamos de nuevo con la connivencia de instancias administrativas y sociedades privadas para beneficiarse del dinero público. La comunidad autónoma se ha protegido detrás del argumento de legalidad; todas las autorizaciones eólicas han sido legales. Pero el hecho de que se denuncien sobornos precisamente para acelerar los permisos convierte la explicación en pueril. No es en los sellos y timbres donde hay que investigar el posible delito, sino en el enriquecimiento ilícito de quienes aceptaron las comisiones y en el delito que cometieron quienes las pagaron.

También debe constar que además de la responsabilidad de los implicados en posibles delitos, hay una regulación mal concebida e incontrolada que ha favorecido el fraude. Desde el primer momento se advirtió que las normas de concesión de subvenciones a las renovables —eólica, termosolar, fotovoltaica— favorecían la aparición de una burbuja energética dañina. Muy pronto se multiplicaron los proyectos de construcción, con el fin de acceder a las ayudas públicas; inmediatamente después los permisos de construcción se convirtieron en una mercancía que iba subiendo de precio según cambiaban de manos los proyectos y aparecían nuevas sociedades intermediarias. La trama revelada por Hacienda es la consecuencia lógica de un pésimo procedimiento adjudicador: quien proponía y autorizaba los proyectos beneficiados con suculentas subvenciones (las Administraciones locales y autonómicas) eran distintos en principio de quien las pagaba (el Estado central).

Las energías renovables deberían impulsar en España las nuevas tecnologías y el empleo cualificado. Pero tienen un coste público elevado. Además de exigir que caiga el peso de la ley sobre quienes han utilizado la eólica como fuente de enriquecimiento ilícito, hay que recordar que el destino de los fondos públicos debe ser vigilado estrictamente para que no derive en una burbuja de corrupción.

http://elpais.com/elpais/2015/04/20/opinion/1429555047_592233.html



Voz Populi 21-04-2015

Hacienda sospecha el pago de comisiones en varias CCAA para la concesión de plantas renovables

La burbuja de las renovables, al igual que la del ladrillo, se prestó durante años a tramas corruptas y comisiones en negro a cambio de adjudicaciones. Prácticas que ahora desvela Hacienda en Castilla y León pero que también se habrían producido en otras CCAA.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ha detectado el presunto pago de comisiones por parte de compañías eléctricas a cargos de la Junta de Castilla y León para facilitar o acelerar las autorizaciones de instalación de parques eólicos en la región, según ha informado El País.

Pero la cosa no queda ahí. El Departamento que dirige Cristóbal Montoro sospecha que este tipo de prácticas se ha dado en esta misma comunidad autónoma (CCAA) también para el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas en los años de la burbuja renovable (a partir de 2008).

Y no sólo aquí. Según las fuentes conocedoras de las investigaciones, en el punto de mira también están otras CCAA en las que pudo haber pago en negro de comisiones por parte de empresarios renovables (muchos de ellos provenientes del sector del ladrillo) y compañías eléctricas a funcionarios y altos cargos de las administraciones autonómicas y municipales a cambio de adjudicaciones y autorizaciones exprés.

Castilla y León parece llevarse la palma, según las conclusiones extraídas de las investigaciones en curso. Pero éstas se han extendido a Castilla-La Mancha, Galicia, Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura, entre otras, CCAA en las que el desarrollo y puesta en servicio de instalaciones eólicas y fotovoltaicas fue fulgurante entre los años 2006 y 2012, señalan esas fuentes.

Se han dado casos en que el permiso de instalación y el punto de conexión de la planta estaban autorizados sin que en el solar se hubiera realizado ninguna actuación para ponerla en marcha. 

"Se han dado casos en los que el punto de conexión y el permiso de instalación se concedieron por vía administrativa autonómica y local sin que ni siquiera el terreno para la planta solar se hubiera tocado". Casos de este tipo fueron detectados por inspectores de Industria y de la Comisión Nacional de la Energía en los años de la burbuja solar (2008 a 2012), cuando los empresarios e inversores involucrados interesados en los proyectos conseguían los permisos administrativos a toda velocidad para que las plantas, aún sin estar desarrolladas, entraran en los cupos y cuotas establecidas y se garantizasen la jugosa prima por un periodo de 25 años", señala un experto conocedor del sector.

En Castilla y León, por ejemplo, la Junta destituyó a unos diez funcionarios por existir pruebas de que concedieron permisos de instalación a familiares sin que hubiese un proyecto en marcha, sólo con el objetivo de ser revendidos posteriormente a promotores renovables a precios de oro.

El sector eólico tampoco le fue a la zaga. Sus proyectos eran de mayor envergadura e inversión y, por tanto, los favores administrativos se pagan a precios de burbuja.

En los años de la burbuja renovable era vital para los promotores conseguir autorizaciones exprés de las CCAA para entrar en los cupos y registros que luego daban derecho a una jugosa prima por 25 años

Según ha informado El País, la Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una trama para el pago de comisiones (de hasta 110 millones de euros), a través de sociedades conjuntas entre la compañía eléctrica y socios locales, para acelerar la concesión de permisos.

Según el informe de la Agencia, entre los beneficiarios de la trama se encuentran altos cargos del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, como su ex viceconsejero Rafael Delgado Núñez, que era el que firmaba las autorizaciones administrativas, al que la investigación relaciona con su superior, el Consejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva.

Éste defendió este lunes que la tramitación de las autorizaciones "ha sido correcta y ajustada a la legalidad".

Una vez que ha estallado el escándalo en esta comunidad gobernada por el PP, las fuentes consultadas reconocen que las investigaciones se han extendido también a otras CCAA, ante las sospechas de que pudo haber trato de favor por parte de funcionarios y altos cargos autonómicos a empresarios del sector a cambio de comisiones en encubiertas.

Hay CCAA como Galicia o Castilla-La Mancha en las que se han detectado algunos procesos acelerados de autorización de permisos ante la inminencia del cierre de los cupos del registro de instalaciones renovables con derecho a cobrar prima.


Diario de León 21-4-2015
Hacienda denuncia el pago de comisiones a ex altos cargos de la Junta por los parques eólicos


Un informe de la Agencia Tributaria concluye que cobraron 110 millones por agilizar la tramitación de las instalaciones.

león 21/04/2015

La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que vincularía con esta práctica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.

Según publicó el diario El País, un informe de la Agencia Tributaria del pasado 30 concluye «la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa Comunidad».

Entre los participantes el informe cita a «autoridades públicas de Castilla y León», a «empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques», a «los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas» y a «las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones» por la citada cantidad.

Ante esta noticia, la Junta de Castilla y León anunció ayer por medio de su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, que va a remitir de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes sobre las autorizaciones de los parques eólicos.

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, va a solicitar de forma inmediata su comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar de la política de la Junta en materia de autorización de los parques eólicos en la comunidad.

El consejero aseguró ayer que, tras realizar un «primer examen», la tramitación de las autorizaciones para instalaciones de energía eólica puestas en cuestión por la Agencia Tributaria «ha sido correcta y ajustada a la legalidad».

Villanueva distinguió el procedimiento de autorización de la instalación, en el que sí interviene la Administración autonómica, de las operaciones que, según la Agencia Tributaria, llegaron después entre las empresas, lo que consideró «relaciones entre particulares».

El consejero aseguró que «nunca» ha habido denuncias ni impugnaciones de empresas por supuestos tratos de favor a otras compañías en procedimientos de este tipo, ya que las únicas alegaciones que se han tramitado han tenido una naturaleza medioambiental, ya que estas autorizaciones se sometían a examen de impacto ambiental.

Preguntado por si le constaba que uno de los supuestos beneficiarios, en aquel momento consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, era titular de una de las compañías que al parecer se vio involucrada en estas prácticas supuestamente fraudulentas, según la información del diario El País.

Sobre otro de los citados, el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado, fuera del departamento desde el inicio de la presente legislatura, ha dicho que tiene «el mayor respeto» por él, como una persona «muy preparada», aunque ha negado tener contacto desde hace cuatro años.

Por su parte, la oposición exigió ayer el cese de Villanueva y pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que comparezca en las Cortes o pedirán que lo haga en el Senado.

«Exigimos a Juan Vicente Herrera el cese hoy mismo del consejero Villanueva» y que el propio presidente de la Junta pida comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes para dar explicaciones o «vamos a estudiar otro tipo de vías» para que comparezca, advirtió ayer en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez.

Una de esas vías es la petición de que comparezca en el Senado, como Cámara de representación territorial», advirtió Sánchez, quien lamentó que la «precampaña» electoral se vea «ensuciada por casos de corrupción que asolan al PP también en Castilla y León».

El candidato de UPL a las Cortes, Luis Mariano Santos, exigió ayer a Herrera que dé explicaciones de forma inmediata sobre la supuesta trama de cobro de comisiones por parques eólicos.

Por su parte, IU exigió la dimisión inmediata de Villanueva, que «no puede esperar ni un día más», según señaló su coordinador regional, José María González, en un comunicado, en el que se exige a Herrera explicaciones.

Desde UPyD Castilla y León se han pedido explicaciones a la Junta por ese supuesto pago de comisiones y que Herrera «comparezca ante la ciudadanía» y que «ofrezca las explicaciones pertinentes a los ciudadanos porque la gestión de la Junta queda en entredicho», según explicó en un comunicado su candidata autonómica, Carolina Martín.

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/hacienda-denuncia-pago-comisiones-ex-altos-cargos-junta-parques-eolicos_973015.html



El País 21-4-2015

El alto cargo del PP que autorizó los parques eólicos recibía dinero de Suiza

Hacienda cerca a Rafael Delgado, viceconsejero de Castilla y León hasta 2007

Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y el hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos entre 2004 y 2007, está cercado por Hacienda. La inspección que la Agencia Tributaria en Valladolid ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción destaca que, tras dejar la viceconsejería, Delgado recibió 535.721 euros desde Suiza de origen desconocido, que una empresa le pagó la hipoteca y una reforma de la casa y una maraña de relaciones con uno de los beneficiados por la trama eólica.

Rafael Delgado Núñez es una pieza clave en la trama eólica que la Agencia Tributaria ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Delgado era quien firmaba la autorización de los parques eólicos investigados por Hacienda del periodo 2004-2007. Las firmaba a menudo después de que las eléctricas que iban a instalar los parques se hubiesen asociado a otro alto cargo de la Consejería de Economía, Alberto Esgueva, o con empresarios locales.

Paralelamente, Delgado Núñez realizó una serie de negocios que han llamado la atención de Hacienda. En 2005, compró un chalé y dos plazas de garaje en Comillas (Cantabria) a Alberto Esgueva. Y el año siguiente adquirió otro chalé en Valladolid también a Esgueva. Entonces estaban los dos como altos cargos en la consejería y el segundo era socio de Iberdrola en una sociedad con la que ganó 47,1 millones. Ninguno de los dos ha contestado a las llamadas de este diario.

En julio de 2007, Delgado Núñez dejó de ser viceconsejero y pasó a secretario general de la Consejería de Economía. Cesó el 30 de junio de 2011 "a petición propia”. Ponía fin así a 16 años en los que pasó por tres consejerías siempre bajo las órdenes del actual consejero de Economía, Tomás Villanueva.

La empresa de un amigo canceló su hipoteca y pagó reformas en su casa

Cuatro meses después de dejar la viceconsejería, un amigo íntimo de Delgado Núñez, Jesús Rodríguez Recio, fundó la empresa Tough Trade, dedicada a “asesoría, ingeniería, instalación, producción y mantenimiento de proyectos de energía renovable”. Fue esa empresa la que canceló en 2008 la hipoteca del chalé de Comillas con un pago de 225.841 euros. Y fue esa sociedad la que pagó los 55.685 euros de una reforma en el chalé de Valladolid.

En 2012, ya fuera de la consejería, Delgado Núñez compró un piso en Valladolid por 498.657 euros. Lo hizo a través de una sociedad con un domicilio en Madrid en el que es desconocida. Es el mismo piso en el que supuestamente tenía su sede la empresa San Cayetano Wind. Esta es la compañía de Alberto Esgueva que recibió 47 millones de Iberdrola después de haber puesto 24.400 euros.

Desenredando la madeja, la Agencia Tributaria ha descubierto que Jesús, el amigo de la infancia del viceconsejero y dueño de la empresa que le pagó las reformas y le compró un chalé, tiene también poderes a nivel mundial de la empresa Nehmo Holding, con sede en Suiza, y a cuya propiedad no puede acceder Hacienda.

Hacienda ha detectado importantes entradas de fondos desde Nehmo Holding a Tough Trade entre las que destacan 535.721 euros en tres fechas entre 2012 y 2013. La empresa unipersonal de su amigo también ingresa 350.728 euros procedentes de una empresa de Alberto Esgueva y 19.400 euros de “sociedades pertenecientes al sector de la energía fotovoltaica”. Las cantidades que llegan desde Suiza al amigo íntimo del exviceconsejero “son distribuidas el mismo día o en días próximos” a otras dos empresas de Rafael Delgado. Además, entre 2011 y 2014, Tough Trade transfirió a sociedades de Rafael Delgado 665.429 euros. Algunas de las transferencias iban al pago de servicios corrientes como el “pago del alquiler de la oficina, del teléfono y del gas”.

La Agencia Tributaria denuncia a otro ex director general del PP

Aunque sin citarlo expresamente, la Agencia Tributaria duda de que los ingresos de Tough Trade sean realmente de Jesús Rodríguez Recio, que “realiza su actividad de abogado en comunidad de bienes en Medina del Campo” y que registra principalmente “igualas de pequeña cuantía”.

Rodríguez Recio aseguró a este periódico que se limitó a ayudar a un amigo con dificultades económicas. Hace unos meses declaró dos veces, cuatro horas en cada ocasión, ante el inspector de Hacienda y, según su versión, los pagos procedentes de Suiza los recibía por su actividad empresarial y los transfería a Delgado por amistad. Niega que sea el testaferro de Delgado y añade: “Si yo hubiera querido trincar sería multimillonario”.

Otra de las operaciones denunciadas por Hacienda afecta a otro ex alto cargo de la Junta. Se trata de Andrés Martín de Paz, que fue director general de Deportes hasta 2003, cuando Tomás Villanueva era consejero de Educación.

En 2003, Iberdrola en Castilla y León firmó un acuerdo con Andrés Martín y su esposa para que este entrara con un 20% en el capital de tres parques eólicos. Crearon una sociedad en la que la eléctrica puso el 80% y Martín 357.602 euros por el 20% restante. Poco después, Iberdrola recompró las acciones por 4,23 millones de euros sin que Hacienda haya encontrado “ninguna prueba, siquiera indicios, de que Andrés y su esposa prestaran servicios” a Iberdrola.

Martín de Paz se defiende alegando que todo es una confusión. Por teléfono explica que compró unos terrenos a su familia para arrendárselos a Iberdrola durante 25 años como había hablado con el delegado de la eléctrica en esa comunidad, Ricardo Bravo Sayas, al que este diario no ha localizado. “Al final, después de hacer las mediciones decidieron cambiarlos de ubicación”. Entonces, afirma que pactó que Iberdrola le pagara para compensarle lo que gastó en el terreno. “Perdí dinero en la operación”, explica este conocido empresario en Valladolid, que fue presidente del club de balonmano.

Martín de Paz recuerda su declaración hace meses ante la inspección de Hacienda: “Yo era una mosca comparado con lo que buscaban. Iban detrás de Iberdrola por la adjudicación de megavatios, pero lo mío no era el problema”. Admite que el inspector le enseñó un organigrama de la consejería de Economía.

Premio a operación con pérdidas

El inspector de la Agencia Tributaria que ha destapado la trama eólica descarta que los pagos respondieran a una actuación individual de algún directivo de una eléctrica. Como ejemplo señala la operación por la que Iberdrola dio 47,1 millones a Alberto Esgueva, un alto cargo de la comunidad que había desembolsado 24.400 euros. “Ningún gerente ni administrador de una sociedad que causase un perjuicio tan grande a la sociedad para la que trabaja como consecuencia de una decisión como ésta, carente total y absolutamente de fundamento económico, permanecería en el cargo más allá de unos días, tras haber causado semejante pérdida y despropósito, si la situación hubiera sido conocida por sus superiores, circunstancia que tuvo que ocurrir ya que Iberdrola SA fue la que realizó el desembolso inicial mediante un talón de 13.595.000 euros”.

Sin embargo, “Ricardo Bravo Sayas, que llevaba la dirección de Ibercyl [filial de Iberdrola en esa comunidad], firmante de los aparentes contratos con San Cayetano Wind [...] no solo no tuvo que responder de los perjuicios causados y de una posible administración cuando menos negligente, sino que en el año 2007 dejó de trabajar, posiblemente por jubilación, y percibió de Iberdrola Renovables las nada despreciables cantidades de 1.174.681,68 euros sujetos a retención y, además, otros 778.385,9 exentos, en total 1.962.929,14 euros


El País 21-4-2015

La Junta de Castilla y León defiende la legalidad de sus autorizaciones eólicas

El consejero de Economía, Tomás Villanueva, defiende que la tramitación ha sido correcta

El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha defendido este lunes que, tras realizar un "primer examen", la tramitación de las autorizaciones de los parques eólicos cuestionados por la Agencia Tributaria "ha sido correcta y ajustada a la legalidad". Villanueva se ha referido a la información publicada en EL PAÍS sobre un informe de la Agencia Tributaria que alertó a la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de supuestos pagos de comisiones por importe de 110 millones de euros.

Villanueva también lamentó que la Agencia Tributaria no haya pedido información a la Junta sobre las supuestas irregularidades de las que ha informado a la Fiscalía Anticorrupción y añade que “habría sido muy sencillo pedirnos los expedientes y que el informe determinara unas conclusiones que al Gobierno nos dejaría en mejor consideración”.

Pero Tomás Villanueva insistió en que no le consta “absolutamente ningún tipo de irregularidad en los expedientes que aparecen en la información”, por lo que dijo: “Esperamos que se hayan tramitado correctamente y que no haya operaciones raras. No conocemos más”.

Ahora bien, dejó claro que “nunca” hubo denuncias de empresarios sobre irregularidades en la tramitación de las autorizaciones, aunque reveló que solo hubo “alguna impugnación” por cuestiones medioambientales por parte de organizaciones ecologistas. Villanueva también niega la existencia de comisiones –“evidentemente no me consta”- y explicó que si se hubieran detectado “se hubieran tomado medidas”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que se remitirá de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes sobre las autorizaciones de los parques eólicos en la Comunidad, y que el consejero va a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre este asunto.

El consejero ha explicado que su departamento ha hecho un primer análisis sobre la concesión de autorizaciones en los periodos y a las empresas aludidas en la información periodística, aunque no ha descartado la posibilidad de extenderlo a todos los procedimientos aprobados por la Junta de Castilla y León para abundar en la "transparencia y colaboración" que ha ofrecido a los tribunales de justicia.

Villanueva ha distinguido el procedimiento de autorización de la instalación, en el que sí interviene la Administración autonómica, de las operaciones que, según la Agencia Tributaria, llegaron después entre las empresas, lo que ha considerado "relaciones entre particulares".

El titular de Economía y Empleo ha dicho que "nunca" ha habido denuncias ni impugnaciones de empresas por supuestos tratos de favor a otras compañías en procedimientos de este tipo, ya que las únicas alegaciones que se han tramitado han tenido una naturaleza medioambiental, debido a que estas autorizaciones se sometían a examen de impacto ambiental.

Sobre si le consta que uno de los supuestos beneficiarios, en aquel momento consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, era titular de una de las compañías que al parecer se vio involucrada en estas prácticas supuestamente fraudulentas, ha respondido "evidentemente no", ya que "se hubieran tomado medidas".

Sobre el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, fuera del departamento desde el inicio de la presente legislatura, ha dicho que tiene "el mayor respeto" por él, como una persona "muy preparada", aunque ha negado tener contacto con él desde hace cuatro años.

Villanueva ha reconocido que estas informaciones generan "alarma" y la sociedad "necesita una aclaración", aunque ha pedido "respeto" por los tiempos de la Justicia, a la que ha trasladado su "plena confianza" y ha ofrecido su colaboración.

El consejero, que ha anunciado que deja el cargo al final de la legislatura, ha asumido que le hubiera gustado "que no hubiera problemas" de este tipo, pero ha argumentado que como integrante del Gobierno "hasta el final hay que dar aclaraciones".

"Lo mejor es la transparencia y la colaboración", ha remarcado Villanueva, quien finalmente ha vinculado estas informaciones al "periodo electoral", en el que "todo se fracciona", pero ha confiado en que "la gente valore" a su partido "por lo que ha hecho en Castilla y León, que ha sido mucho".

El PSOE exige el cese del consejero de Economía

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha exigido en cese "inmediato" del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, por las supuestas autorizaciones eólicas irregulares, al tiempo que ha reclamado "explicaciones" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ante la Diputación Permanente de las Cortes y, de no se así, ha anunciado que cursará una solicitud para reclamar su comparecencia ante el Senado como Cámara Territorial.

Ana Sánchez ha reclamado que Herrera "asuma sus responsabilidades" en una precampaña, a su juicio, "ensuciada por los casos de corrupción" y que "han corrompido" a la Comunidad. "Herrera ha estado cuatro años sin salir del despacho y no sabía lo que estaba pasando en el despacho de al lado", ha aseverado Sánchez.

No obstante, la secretaria de Organización socialista ha recordado que la pasada semana el PSOE envió a la coordinadora de campaña del PP, Rosa Valdeón, la solicitud de debate, algo que Herrera ha rechazado al considerar que los socialistas "le insultan" por, como ha explicado Sánchez, "colgar" en su web el auto del juez Ruz sobre la trama Gürtel.

Así, ha recordado que los argumentos esgrimidos por la Agencia Tributaria sobre las autorizaciones eólicas son los mismos que los aparecidos en el auto del juez Ruz: "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo", como publica este lunes el diario El País.

"Herrera tarda en dar explicaciones", ha aseverado Sánchez, quien ha asegurado que el PSOE ya no quiere debatir porque el candidato del PP "enturbiaria" un debate de "candidatos decentes". "Debe dar explicaciones a los ciudadanos y no a otros candidatos", ha aseverado la representante socialista.

Ciudadanos también pidió dimisiones. "Parece que en España estamos condenados a que cualquier obra pública esté salpicada por comisiones ilegales", reaccionó José Manuel Villegas, diputado de Ciudadanos. "Hay que actuar con ejemplaridad, los políticos tienen que dimitir".

Por su parte, la candidata a la Presidencia de la Junta por UPyD, Carolina Martín, ha solicitado al líder del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, que comparezca ante la ciudadanía "y ofrezca las explicaciones pertinentes a los ciudadanos" porque, a su juicio, la gestión de la Junta "queda en entredicho".

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/20/actualidad/1429531230_754139.html?rel=rosEP


Diario de Soria 20 de abril de 2015

Iberdrola asegura que su filial de renovables “siempre” ha desarrollado sus proyectos eólicos en la “más estricta legalidad”

La compañía eléctrica declara que todas las operaciones se materializaron en base a las valoraciones de mercado

Ical 20/04/2015

Iberdrola aseguró esta tarde que su filial de renovables en Castilla y León ha desarrollado sus proyectos eólicos en la Comunidad “siempre” en el marco de la “más estricta legalidad”. Fuentes de la compañía eléctrica apuntaron que todas las operaciones de compraventa llevadas a cabo por Iberdrola Renovables Castilla y León (Ibercyl) se materializaron en base a las valoraciones de mercado.

Unas declaraciones que llegan después de la denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo”, que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en la Comunidad.

El periódico señala que la mayor operación de amaño de la concesión administrativa tuvo lugar entre Ibercyl y el ex consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, quien habría ingresado 47,1 millones de euros tras la recompra de unas acciones de una sociedad participante en proyectos eólicos.

COMISIONES A POLÍTICOS POR INSTALAR PARQUES EÓLICOS EN CASTILLA Y LEÓN



EL PAIS 20.4.2017

HACIENDA DETECTA EL PAGO A POLÍTICOS DE COMISIONES POR PARQUES EÓLICOS

La Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que denuncia el pago de comisiones a altos cargos de Castilla y León por agilizar autorizaciones y trámites administrativos para la instalación de 35 parques eólicos entre 2004 y 2007 en esa comunidad, gobernada por el PP desde 1987. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, descubre un movimiento de al menos 110 millones de euros y documenta pagos y transacciones accionariales que coinciden con el ritmo de esas gestiones administrativas. Los beneficiarios de los pagos de las empresas eléctricas están vinculados a la Consejería de Economía, que dirige Tomás Villanueva, mano derecha de quien es presidente autonómico desde 2001, Juan Vicente Herrera.



Hacienda denuncia que políticos cobraron comisión por instalar parques eólicos

lunes, 20/04/15 - 
Hacienda ha denunciado en un informe que altos cargos de Castilla y León recibieron comisiones para agilizar autorizaciones y trámites administrativos para la instalación de 35 parques eólicos entre 2004 y 2007. 

La Agencia Tributaria ha enviado el caso a Anticorrupción ya que las eléctricas pagaron dinero "sin lógica mercantil", según el inspector. 

Hacienda ha denunciado en un informe que compañías eléctricas pagaron comisiones a varios altos cargos de Castilla y León para agilizar la autorización y trámite de instalación de 35 parques eólicos entre los años 2004 y 2007. Así, la Agencia Tributaria asegura que las eléctricas pagaron el dinero "sin lógica mercantil", asegura el inspector.

La información, publicada por el diario El País, asegura que hubo un movimiento de al menos 110 millones de euros entre una parte y otra. El informe documenta pagos y transacciones accionariales que coinciden con el ritmo de esas gestiones administrativas.

Así, quienes recibirían ese dinero de las eléctricas serían personas cercanas a la Consejería de Economía, que dirige Tomás Villanueva, mano derecha del presidente autonómico Juan Vicente Herrera. Hacienda recoge "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedadescon reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo".

Así, el informe de Hacienda apunta a que se produjeron movimientos de dinero "sin lógica económica y mercantil". Y la entidad ya ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León.

El informe de 94 folios fue terminado el pasado 30 de diciembre concluye confirmando "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo" que recibieron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.

En dicha 'organización', como recoge El País, el informe cita a "autoridades públicas de Castilla y León", "las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques", "los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas" y "las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros".



EL PAIS 20 de abril de 2015

Hacienda detecta comisiones en la autorización de parques eólicos

La Agencia Tributaria denuncia una trama de 110 millones en Castilla y León

Cargos regionales y constructores afines agilizaron trámites tras los pagos

FERNANDO GAREA / RAFAEL MÉNDEZ 19 ABR 2015 - 20:27 CEST

La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre al que ha tenido acceso este diario concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa comunidad.


Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones porimporte superior a 110 millones de euros”.

El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.

La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedades creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.

La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los parques.

Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”. Este diario ha intentado sin éxito localizar a Delgado Núñez. Como muchos de los citados, sí que declaró ante la inspección. Allí afirmó que el proceso en esa comunidad había sido “altamente eficaz” porque apenas había recursos ante los tribunales y que valoraban que “las empresas solicitantes tuviesen interés regional”, siempre según el informe.

Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria. No ha querido hablar para este diario pese a las reiteradas peticiones a su secretaria.

El responsable de la Consejería de Economía es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003 y es considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP). Su nombre se menciona en el informe para señalar que Delgado Núñez “desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Rafael [Delgado], ya fuera como viceconsejero o secretario general”.

Un portavoz de la consejería señaló que desconocen todo sobre el informe, que por lo que saben las autorizaciones se dieron correctamente y que si hubo transferencias entre empresas eso no les consta. El consejero no quiso hacer declaraciones.

El inspector documenta multitud de pagos que tienen una respuesta inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para poner en marcha los parques eólicos. En alguno de los casos, los pagos desbloquean decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis años. En otros, al fin de la transmisión de las acciones le sigue la firma por Rafael Delgado solo dos días después de la autorización administrativa que estaba parada desde hace tres años.

El “sistema” de funcionamiento es que las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas vehículo junto con cargos de la consejería o empresarios locales “relacionados con el poder autonómico”.

Lo hacían a pesar de que eran las propias eléctricas las que “presentan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actúan como promotoras del parque eólico, ya que son ellas las que realizan los estudios de medición del viento [...] y los que realizan la totalidad de los trámites administrativos para la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones sin participación alguna de los empresarios de Castilla y León”.

Al asociarse con un empresario local o un alto cargo autonómico, agilizaban los trámites. Una vez conseguida la autorización para instalar el parque, las eléctricas recompraban las acciones a su socio local por un precio que multiplicaba el capital que estos habían desembolsado.

“Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (Caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”, señala el inspector de Hacienda.

En esas conclusiones, el inspector asegura reiteradamente que “no nos encontramos ante relaciones empresariales normales, puesto que las relaciones observadas no son propias de la lógica mercantil” y deduce que son traspasos de fondos que “carecen total y absolutamente de motivo económico válido”. La investigación de Hacienda afecta a 35 parques eólicos aprobados entre 2004 y 2007. Sin embargo, hay pagos posteriores y llegan hasta 2009, conforme los aerogeneradores se pusieron en marcha.

Una de las empresas de renovables que más pagó por la instalación de parques eólicos es Preneal, una sociedad dirigida por el expresidente de Visa en España y ex secretario de Estado con la UCD, Eduardo Merigó. Ante Hacienda, este “manifestó en reiteradas ocasiones que su sociedad se sentía víctima del sistema”. Merigó no ha respondido a las múltiples llamadas de este diario.

Preneal pagó seis millones a San Cayetano Wind, empresa del alto cargo Rafael Esgueva, y lo hizo “sin obligación ni contraprestación alguna”.

También abonó siete millones a Cronos Global (propiedad al 50% de Esgueva). En diciembre de 2014, un representante de Preneal declaró ante Hacienda que esta firma era la que había hecho todos los trabajos, que “no necesitaba en absoluto la prestación de servicios por parte de ninguna otra sociedad” y que Cronos Global “no colaboró en ningún momento en la obtención de autorizaciones administrativa” “ni realizó ni presentó los proyectos de instalación de parques eólicos”. Esos parques siguen hoy sin estar aprobados, pero Cronos Global sí recibió siete millones de euros tras haber puesto 1,5 millones.

En esos años, Cronos Global tuvo un “importante movimiento de divisas impropio del final de una fase alta del ciclo económico y del inicio de la recesión. Baste decir que una sociedad que podría catalogarse de pequeña, tiene unas salidas de divisas por importe de 100 millones de euros (con destino a Polonia y en menor medida a Estados Unidos) y unas entradas de 38 millones”.

El otro 50% de Cronos Global pertenece a Luis María García Clerigó y su familia. Clerigó es presidente de Parqueolid, una constructora de Valladolid. Clerigó afirmó a este periódico que hace siete años tuvo un ictus y que no recuerda nada de aquello. Parqueolid ya está cerrada. Esta empresa, según Hacienda, recibió de la Consejería de Economía 50 millones por un edificio en el que reordenaba sus sedes. Hacienda ya remitió a la fiscalía esa operación. Por esto, un juzgado de Valladolid investiga las cuentas personales de Rafael Delgado, número dos de Economía durante ocho años e imputado en ese caso.

Preneal además pagó 10,48 millones al Grupo Collosa, una importante constructora de Valladolid, que había colocado 51.000 euros. “El inspector no ha encontrado ninguna prueba, siquiera indicios, de que entre ambas sociedades existiera una prestación de servicios por parte de Inverduero”. Un portavoz de Collosa señaló que “la empresa no tiene constancia de la existencia de ese informe y prefiere no opinar hasta conocerlo”.

No es solo Preneal la que pagó. Una de las filiales de Collosa, Inverduero, firmó en 2005 con Endesa un acuerdo para desarrollar parques eólicos. Fundaron Prodener I para construir un parque eólico en Burgos. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones. Un portavoz de Endesa señala que han revisado el contrato y que no ven nada anómalo. Explica que por problemas de financiación de Inverduero decidió vender para no bloquear el proyecto y que lo hizo por 2,5 millones cuando estaba tasado en 4,2. “Actualmente, se mantienen con Inverduero otros dos proyectos eólicos, a través de Enel Green Power. Uno de ellos es anterior a esta operación y el otro, posterior. Ambos parques se encuentran operativos, por lo que queda patente que Inverduero no era ni es un socio financiero o instrumental, sino un socio claramente industrial local e implicado en el desarrollo de los proyectos, si bien tuvo que salirse del anteriormente mencionado por los problemas financieros que les afectaron en 2009”, explica por correo.

Collosa es una empresa que “se ha caracterizado por la realización de importantes operaciones comerciales con las distintas consejerías del Gobierno autonómico así como organismos dependientes de la Administración central y local”. Collosa participó con un 35% en la empresa que construyó el edificio de las Cortes de Castilla y León. Entre 2006 y 2007 facturó 134,4 millones a la Junta de Castilla y León. Además, uniones de empresas en las que participó Collosa facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo.

Hacienda resalta que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.

“Resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería, se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería haber llevado el proceso de autorización de los parques”, añade.

Su conclusión es que “el exorbitante volumen de las cantidades de dinero transferido a los grandes grupos económicos de Castilla y León que, tomando en consideración, exclusivamente los siete casos expuestos sin perjuicio de que hayan existido muchos más, asciende a importes de 47, 35, 10, 7, 6, 4 y 2 millones de euros, en total más de 110 millones de euros, lleva a considerar que no nos encontramos ante el supuesto coloquialmente conocido como conseguidores, pues los importes transferidos, por lo exorbitante de los mismos, multiplican por decenas de veces los que son habituales en lo que se suele denominar como casos de comisiones ilegales”.

El inspector de la Agencia Tributaria concluye su informe recordando que su fin es investigar las deudas tributarias pendientes y que sus hallazgos pueden constituir “indicio o prueba de blanqueo de capitales”. Por eso lo envía a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que “continúen las investigaciones mediante el empleo de mayores medios”.

Comunidad líder

Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados, 5.560, un 25% del total de España.

Los parques eólicos tienen garantizadas primas que pagan los consumidores en el recibo de la luz durante 25 años de funcionamiento.

La eólica recibió en 2014 unos 1.250 millones de euros en primas, de un total de 6.500 para el resto de tecnologías renovables, los residuos y la cogeneración.

Según la potencia instalada, a los parques eólicos de Castilla y León el año pasado les correspondieron alrededor de 300 millones en primas.

En 2014, la eólica fue la segunda fuente de electricidad de España (un 20,4%), solo por detrás de la nuclear (21,2%).

Entre 2004 y 2009 la potencia eólica en Castilla y León se multiplicó por 2,5: pasó de 1.531 megavatios instalados a 3.952.

Cuando los parques eólicos no superan determinada potencia la aprobación ambiental y la autorización administrativa dependen de la comunidad autónoma.

Algunas comunidades realizaron concursos eólicos. Castilla y León optó por otro modelo: la Junta aprobaba los emplazamientos que presentaban los promotores en función de criterios ambientales y de la conexión a la red eléctrica.

47,1 millones a un alto cargo que puso 24.400 euros

La mayor operación eólica bajo la lupa de Hacienda es una realizada entre Iberdrola Renovables en Castilla y León, Ibercyl, y la empresa San cayetano Wind, propiedad de Alberto Esgueva. Este fue consejero delegado de la empresa pública Excal SA, dependiente de la Consejería de Economía, hasta 2006.

En 2005, mientras era alto cargo de la consejería que autoriza los parques eólicos, Alberto Esgueva fundó la empresa Energía Global Castellana. Lo hizo junto a Ibercyl, filial de Iberdrola en la comunidad. Esgueva puso 24.400 euros por el 40% del capital social e Iberdrola 36.600 por el 60% restante. Esgueva utilizó para ella su sociedad San Cayetano Wind, que tenía su sede en un edificio de Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”. San Cayetano es el nombre de la empresa de la familia de Esgueva de fabricación de embalajes de cartón. Entre 2005 y 2008, Castilla y León autorizó a la empresa mixta la construcción de 18 parques eólicos en Soria, Burgos y León que suman 492 megavatios. En febrero de 2007, dos años después de constituir la sociedad, Iberdrola acuerda comprar las acciones de Esgueva por una cantidad que depende de los megavatios que instalen y de la producción eléctrica. La primera liquidación es de 13,595 millones de euros. La transferencia la tienen que firmar dos apoderados de Iberdrola dada la enorme cifra.

Hasta el 29 de octubre de 2009, Hacienda ha detectado 10 transferencias desde Iberdrola a San Cayetano Wind que suman 47,1 millones de euros. Una vez que la eléctrica obtuvo el 100% de las acciones de Energía Global Castellana la disolvió y se quedó con los parques eólicos que ella había desarrollado.

La Agencia Tributaria señala que “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor de Ibercyl”. Y considera “a todas luces inverosímil” que un alto cargo autonómico recibiera 47 millones de euros después de haber invertido 24.400.

Un portavoz de Iberdrola no quiso comentar al caso al desconocer si está en Anticorrupción. En sus alegaciones ante Hacienda, que figuran en el informe del inspector, Iberdrola asegura que Castilla y León es la comunidad en la que más rápido se tramitaban las autorizaciones de explotación y las gestiones administrativas.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/19/actualidad/1429462202_517009.html