SUBASTA "RENOVABLE" DEL TERRITORIO. 26 julio 2017. Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Autovía cantábrica del Electrón. Fuente REE

SUBASTA “RENOVABLE” DEL TERRITORIO

“Para el capital financiero (…) las tierras hoy inservibles pueden ser convertidas mañana en tierras útiles (…) y manifiesta la tendencia general a apoderarse de las mayores extensiones posibles de territorio, sea el que sea, (…), temeroso de quedarse atrás en la lucha rabiosa por alcanzar las últimas porciones del mundo todavía no repartidas (…)”. (“El imperialismo, fase superior del capitalismo” Lenin-1916)

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
surdecantabrianatural@gmail.com

El día 26, los depredadores disfrazados de una nueva “subasta de renovables” -sólo eólicas, ni un solo Mw de fotovoltaica- se quieren repartir el territorio con pequeños cómplices locales.

Dicen que la “gracia” costará cero €, pero el coste social, medioambiental, económico,… es muy alto; los consorcios multinacionales incautan el mejor territorio no urbano -el urbano ya es suyo, de muy distintos modos, véase el prototipo del Centro Botín-, se adueñan casi gratis de los mejores lugares de esta Europa urbanizada, de nuestras montañas y montes comunales para perpetuarse y hacer de ellos y de nuestra historia lo que les convenga, causando gran daño pues, por ejemplo, los parques eólicos son terribles montajes en el mejor territorio natural, comunal rústico que, además de implantar aerogeneradores de 180 m. de alto, destruyen el suelo con pistas de acceso, toneladas de metal, cientos de metros cúbicos de hormigón, líneas de transporte de alta tensión, subestaciones,… y ¡para vender más cara la electricidad!

Se engolan y hablan de cambio de modelo, de transición a un nuevo arquetipo energético que, en realidad, es lo viejo, donde solo añaden una forma más de producir electricidad, que no sustituye a las anteriores, pues es insegura. Se trata de un modelo que duplica la generación: instalan la eólica, mantienen la nuclear, aumentan las térmicas,...

Aquí, los viejos adjudicatarios del concurso eólico declarado ilegal por el TS, corporaciones y bancos a los que la sostenibilidad, la biodiversidad o el cambio climático importa un bledo, ayudados por mínimos mamporreros locales como Crossfield Engineering - la nada en inglés- y la secretista/lobbysta Consejería de Industria, pretenden mantener, de nuevo ilegales, aquellas ubicaciones y suplican que les dejen implantar algún parque eólico. Son tan congruentes que, un ejemplo, EDP solicita megaparques eólicos aquí y, al tiempo, aumenta su inversión en las térmicas asturianas de Aboño y Soto de Ribera para así asegurar su negocio hasta 2030.

Nos quieren conducir a la espiral siniestra de mayor producción, mayor consumo y mayor negocio para los de siempre, a perpetuar el modelo de generación concentrada, en lugares en que el consumo es bajo y hay que trasportar lo que se produce por enormes líneas de alta tensión a donde se consume; agresivo modo de concentrar el negocio y el poder en manos de las mismas empresas del oligopolio.

Se alejan, pues, del modelo energético distribuido, del autoconsumo de balance neto, desconcentrado, de la soberanía energética de todos...; la naturaleza nos regala las energías renovables en lugares concretos, donde sopla viento, luce sol, fluyen ríos,… y no hay daños por transporte si la generación es próxima al lugar en que se va a consumir.

Que no nos engañen, Iberdrola en el Escudo y EDP en Campoo-Los Valles no cumplen los requisitos para adjudicarse/robar nuestras tierras, pues las Consejerías de Medio Ambiente e Industria no les están tramitando ni un solo proyecto, salvo que lo hagan de forma clandestina, delictiva, corrupta,… Simplemente son parte del avaricioso y oscuro megaproyecto eléctrico del capital europeo que en Cantabria se iniciaba ilegalmente hace ya treinta años con la línea a 400.000 voltios Soto-Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso e incluye la estación de bombeo del salto de Aguayo, terribles subestaciones en Mataporquera, Penagos, Aguayo,… y varias superlíneas de 400.000 voltios que, todo ello, muy caro por cierto, por la costa y el interior confluyen en el País Vasco, dirección Francia, a través de la llamada autovía cantábrica del electrón, cuyo solo objetivo es transportar energía eléctrica a/de Europa y lograr que, a toda costa, los de siempre tengan súper beneficios; un negocio multinacional que nada tiene que ver con los chascarrillos sobre autosuficiencia cántabra que, con el puro en la boca, se inventa el nefasto Revilla.

Una muestra evidente del abusivo oligopolio de la producción y transporte eléctrico, que exige una excesiva e injustificable concentración de la producción en las zonas a priori más fáciles, con inasumibles impactos sobre el territorio y la calidad de vida de los afectados es el caso del sur de Cantabria, pues los megaproyectos que dicen asentarse en fuentes renovables dejan de ser inocuos/verdes por su dimensión y ocupación espacial, es cuestión de escala. Un megahuerto solar o megaparques industriales eólicos en montes públicos y tierras con histórico uso agrícola, ganadero cultural, turístico,… causan muchos e irreparables daños.

Que no hablen más, por favor, del imprescindible mallado de la red o la autosuficiencia local y regional, se trata en realidad de agresivas infraestructuras para generar un exceso de energía eléctrica que exportar a Europa, Marruecos,… y, (ab)usando del cable, Cantabria es parte de la autovía europea del electrón con las dañinas líneas de altísima tensión Soto Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); Herrera de Pisuerga-Mataporquera-Virtus-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); La Robla-Velilla-Cillamayor-Mataporquera-Aguayo-Penagos--Itxaso-Argia; Lada-Velilla; Lada-La Robla; Soto de Ribera-La Robla; La Robla-Velilla,…

Un absurdo conjunto de muy agresivas líneas de altísima tensión que, además de la energía de los megaproyectos eólicos, transportaría la de las cinco térmicas asturianas, la de las leonesa-palentinas de La Robla, Guardo y Velilla, la de los eólicos gallegos, castellano-leoneses,… hacia el País Vasco y de allí a Francia, a través de un emisario submarino por el Golfo de Vizcaya, un Proyecto europeo de Interés Común (PCI) ¡Viva el gran capital!

La oposición contra el megaproyecto eólico Horse Creek, promovido por Avangrid (Iberdrola) en Thousand Islands, New York, en el WATERTOWN DAILY TIMES,del 15 de julio de 2017


Residents and business form River RATs to oppose Horse Creek Wind Farm

By MARCUS WOLF
MWOLF@WDT.NET

Watertown Daily times, SATURDAY, JULY 15, 2017


A coalition of residents and business owners from the Thousand Islands region have banded together oppose Avangrid Renewables’ proposed Horse Creek Wind Farm.

Members of River Residents Against Turbines, or River RATs, have hung up fliers, handed out pamphlets and created a website and a social media campaign to share information from the developer’s public involvement program plan for the project and their economic and environmental concerns, said Ross Holbrook, a founding member.

“This is like the poster-child project for poor siting of an industrial wind farm,” Mr. Holbrook said. “We understand that it would destroy the beauty, culture, economy, environment and health of this incomparably scenic, unique and world-famous region.”

Mr. Holbrook, a seasonal resident, said he and other residents and business owners from the area formed the group at the beginning of the year. The group says on its website that it supports “realistic and rational” siting for renewable energy facilities, and argues that the Horse Creek Wind Farm, planned for a site in parts of the towns of Clayton, Orleans, Lyme and Brownville, does not meet that description.

“We think it’s really important because it’s such a transformative project,” Mr. Holbrook said. “People just need to be made aware of it.”

River RATs claims the Horse Creek project would threaten aviation operations at Watertown International Airport and Fort Drum, kill thousands of birds and bats, reduce tourism, hurt property values and adversely impact the health of people who live near the project.

The group’s website argues that the project could kill between 24,000 and 72,000 birds, cause adverse health effects such as dizziness and cognitive impairment, and interfere with radar systems at Fort Drum. The website also references a Nanos Clarkson Research Collaboration Study that found Jefferson County properties with a view of turbines at Wolfe Island depreciated in value by 15 percent.

“I don’t think it will offer anything at all in regards to value added for the Thousand Islands,” said Jack L. Woodward, a River RATs member from Wellesley Island.

The coalition also argues that Avangrid Renewables lacks a “social license” from the community.

The group defines a social license on its website as an approval from community members for a business or project based on a business’s relationship with the community. Mr. Holbrook said the developer has failed to receive approval from communities such as the towns of Clayton and Orleans, referencing letters from Clayton and Orleans officials that scrutinize the developer’s promotional materials and claim the developer lacks transparency.

“That’s how you don’t earn a social license,” Mr. Holbrook said.

In addition to impacting Fort Drum’s radar systems, Mr. Woodward said he believes the facility would reduce tourism and “won’t survive” unless the developer receives subsidies. Judy E. Tubolino, a River RATs member from LaFargeville, said she was concerned about potential health impacts from infrasound and shadow flicker, as well as the site’s potential to affect Fort Drum. She also said there were too many residences within the proposed area for a wind farm.

River RATs will hold its first public information session at 7 p.m. July 26, at the Tabernacle in Thousand Island Park.

Mr. Holbrook also said the group will continue monitoring and participating in the state law Article 10 review process for the project.

“We hope to have a very good turnout,” Mr. Holbrook said about the informational session. “It’s very important for people to be aware of the project.”


Avangrid Renewables and its subsidiary, Atlantic Wind LLC, previously proposed to build 60 to 72 turbines, each up to 500 feet, for the Horse Creek project.

Paul N. Copleman, a communications manager for Avangrid Renewables, said in a statement this week that elements of the proposed design were being revised based on feedback the company received. One revision, Mr. Copleman said, involved reducing the number of turbines to 45. The revisions are still subject to change, he said.

“As you know, lots of data points and scientific analysis inform the placement of turbines, and we now need to evaluate new potential turbine locations as we continue to evaluate the area for a wind farm,” Mr. Copleman said in the statement, adding that the developer has not yet determined when it will submit a preliminary scoping statement for the project.

La Asamblea contra la Fractura Hidraulica de Cantabria exige la extinción del Permiso de Bezana Bigüenzo

Cuetu Bijuenzu, que da nombre al permiso

Exigimos la inmediata extinción de los permisos Bezana y Bigüenzo debido a su caducidad

Jueves 13 de julio de 2017, Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria


Hemos recibido notificación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas de que la empresa Gas Natural Fenosa no ha solicitado ni se le ha concedido ninguna prórroga de los permisos Bezana y Bigüenzo cuya vigencia era hasta diciembre de 2015 y que afectan a los valles del Sur de Cantabria: Valderredible, Valdeprado, Valdeolea y Campoo.

Según la sentencia con número de recurso 222/2015 y número de resolución 629/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de Noviembre de 2016 que crea jurisprudencia, cuando un permiso de Investigación de Hidrocarburos termina su periodo de vigencia, es automáticamente extinguido y no se puede realizar ningún trabajo dentro del mismo. Por lo tanto cualquier trabajo que se pretenda realizar en estas condiciones es manifiestamente ilegal.

EXIGIMOS por tanto que la Dirección General de Política Energética y Minas inicie de una vez por todas, el proceso administrativo que lleve a la extinción de los permisos Bezana y Bigüenzo, y que la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental archive cualquier procedimiento iniciado al amparo de estos permisos.

Para ello hacemos efectiva una solicitud de extinción en la Delegación de Gobierno de estos permisos. DENUNCIAMOS el abandono de la población por parte de las administraciones públicas en favor de las multinacionales gasísticas y constatamos que si no se ha hecho fracking en Cantabria a día de hoy ha sido gracias a la movilización social: si nosotras mismas no defendemos nuestra tierra nadie lo hará. Una vez más queremos transmitir la enhorabuena a toda la gente que se ha opuesto a los trabajos de fractura hidráulica y a la conversión de Cantabria en un campo de extracción de gas natural.

Seguimos diciendo no a la fractura hidráulica ni en Cantabria ni en ningún sitio, ni ahora ni nunca.

El Alimoche se extingue en Tarifa por los aerogeneradores. Impactos aves aerogeneradores


Desaparece la última nidada de alimoches en Tarifa

Las ONG denuncian las deficiencias de las declaraciones de impacto ambiental de los parques eólicos en el Estrecho de Gibraltar. La colisión contra ellos se consolida como la segunda causa de muerte no natural de la amenazada especie

Las ONG censuran que la Junta de Andalucía siga autorizando nuevos parques eólicos y la repotenciación de antiguos aerogeneradores en Zonas de Especial Conservación para las Aves, pese a la prohibición de la legislación europea -

ABC, EFE Sevilla, 19/06/2017 

La muerte de cuatro alimoches tras chocar contra aerogeneradores registradas en lo que va de año ha reiterado las alertas de las ONG sobre la peligrosidad para la avifauna de los parques eólicos que se concentran en la costa española del estrecho de Gibraltar.

Voluntarios del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra comprobaron la semana pasada que la única pareja de alimoches (Neophron percnopterus) que estaba criando en Tarifa, con un pollo de más de un mes, había desaparecido como consecuencia de que la hembra, un ejemplar anillado, murió en el parque eólico repotenciado de la Sierra de Enmedio (Cádiz). A continuación, verificaron que el pollo también había desaparecido del nido: «Posiblemente murió ante la imposibilidad de ser alimentado tan solo por uno de los adultos», informa en una nota Verdemar Ecologistas en Acción.

El alimoche es una de las cuatro especies de buitre que nidifica en España, junto al leonado, el negro y el quebrantahuesos, y está catalogada oficialmente como una especie en peligro de extinción.

La población de alimoche en Andalucía sufre un declive sostenido en las últimas décadas: la mitad de sus parejas reproductoras se han perdido desde el año 2000, hasta quedar reducidas a 23, según el último censo de la Junta cotejado por Efe.

Tanto el responsable del programa de aves necrófagas -que incluye al alimoche- de la Junta de Andalucía, Rafael Arenas, como el investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), José Antonio Donázar, han advertido en recientes estudios y en conferencias del declive de alimoche en la citada comunidad autónoma, agudizado por la elevada mortandad de ejemplares adultos.

La muerte no natural de alimoches adultos tiene un gran impacto poblacional dada la escasa productividad de esta especie, que solo suele sacar adelante un pollo cada año y tarda un lustro en alcanzar la madurez sexual.

La muerte por colisión con los cada vez más numerosos aerogeneradores que se concentran en la orilla española del estrecho de Gibraltar se ha consolidado ya como la segunda causa de muerte no natural del alimoche en Andalucía y como su principal riesgo de extinción, junto al envenenamiento.

Verdemar y Cigüeña Negra han denunciado que la muerte de estos cuatro alimoches evidencia deficiencias de las declaraciones de impacto ambiental de los parques eólicos de Tarifa y han alertado de que son la punta del iceberg de las miles de aves que mueren cada año al chocar contra aerogeneradores en el Estrecho, escenario de una de las mayores migraciones ornitológicas entre Europa y África.

También han criticado la ineficacia de las medidas correctoras y compensatorias de estos parques, como la vigilancia para frenar aerogeneradores cuando vuelan aves en su alrededor, y han dudado de la verosimilitud de las cifras de esta mortalidad que se facilitan.

A la concentración de parques eólicos en el Estrecho se une la repotenciación de antiguos aerogeneradores de pequeña altura, sustituidos por los más modernos, de mucha mayor envergadura.

«Lo más grave es que desde la Junta de Andalucía no se ha adoptado ninguna medida para evitar la enorme pérdida de biodiversidad que se está produciendo por causas eólicas, sobre todo en aves amenazadas o en peligro de extinción», han denunciado los colectivos conservacionistas.

También han censurado que la Junta siga autorizando nuevos parques eólicos y la repotenciación de antiguos aerogeneradores en Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPAS) o en sus cercanías, pese a la prohibición expresa de la legislación europea.

Igualmente, han cuestionado la validez de los estudios sobre minimización del impacto de los parques eólicos o la existencia de aerogeneradores «inteligentes», que evitarían la colisión de aves, trabajos financiados, según ellos, por empresas eléctricas y eólicas y entidades acusadas de conflicto de intereses.

03-07-2017. La oposición al Centro Botín en el New York Times.

(...)
Despite its projected benefits for Santander as a tourism and culture hub, though, the building has had some ardent local critics who regard it as both a violation of city ordinances and a self-aggrandizing display of banking wealth.

Emilio Botín, the bank’s former chairman, commissioned Mr. Piano, laid the first stone in 2012, but then died in 2014 — the year that his museum was initially scheduled to open. Santander’s environmentalists and some citizen groups took the project as far as Spain’s Supreme Court, but to no avail. The plaintiffs claimed that the port and city authorities unlawfully allowed public land to be leased to a private foundation without any public bidding process.

Mr. Botín “could have chosen another place, but of course he had to put his center right in front of his own bank, on the spot where the Romans disembarked and this city was born,” said Carlos García, a former president of Arca, an environmental association, who also rejects any comparison with the Guggenheim, built in what was a run-down industrial district of Bilbao.

Fernando Merodio, a Santander lawyer, said he was ready to pursue his lawsuit before European courts against a museum project that promoted “the culture of money more than the culture of art.”
(...)

ANULADO UN PARQUE EÓLICO EN EL ALT EMPORDÀ


El TSJC tumba la instalación de un parque eólico en la Jonquera

La sentencia no es firme y se suma a un litigio que hace más de una década que dura y ha llegado hasta el Supremo

La Vanguardia 22.06.2017


El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tumbado la instalación de un parque eólico en la montañade Sant Julià de la Jonquera (Alt Empordà). El proyecto, promovido por la empresa Windmaster Spain SL, preveía instalar hasta 17 aerogeneradores de 125 metros de altura en ese paraje, con una potencia total de 49,50 MW. El presupuesto para levantarlo era de 26 millones de euros y también incluía levantar una línea eléctrica de 24,5 kilómetros para evacuar la energía generada por el viento.

En 2006, la Direcció General d’Energia i Mines autorizó el proyecto. La entidad ecologista Iaeden, que se oponía por el impacto ambiental que supondrían los molinos, presentó un contencioso ante el TSJC. En una primera sentencia de 2011 el alto tribunal catalán desestimó el recurso y falló a favor de la Generalitat.

El TSJC concluyó que Iaeden no había probado de forma suficiente el agravio ambiental de la instalación. Y pese a que la plataforma ecologista propuso que en Consell de Protecció de la Natura emitiera un informe, el alto tribunal dictaminó que tenía que ser un ingeniero industrial -contratado por la entidad- quien redactara el documento.

Después de recibir la sentencia, Iaeden llevó el caso ante el Supremo, alegando indefensión porque se les obligaba a contratar a un ingeniero. En verano de 2015, el tribunal español resolvió el recurso de casación, dio la razón a Iaeden, revocó la sentencia del TSJC y obligó al tribunal catalán a volver a abrir el proceso judicial.

La autorización, anulada

Ahora, el TSJC ha vuelto a resolver sobre el caso. Y esta vez, ha estimado parcialmente el contencioso presentado por Iaeden y ha anulado tanto la autorización administrativa del parque eólico en la Jonquera como la declaración de impacto ambiental (DIA).

Entre otros, la sentencia dice que la DIA no se realizó como tocaba, porque no tuvo en cuenta las especies que viven en la zona (como la tortuga mediterránea, el quebrantahuesos o las aves migratorias). La declaración de impacto ambiental es meramente aparente y artificiosa” subraya la sentencia del TSJC.

En consecuencia, el alto tribunal catalán anula tanto la DIA como la autorización administrativa que concedió la Generalitat (y que se fundamentaba en esta declaración de impacto ambiental). La sentencia, pues, ordena a volver a la situación que había antes, “retrotraer toda la tramitación” del parque eólico de la Jonquera y, si todavía se quiere seguir adelante con el proyecto, hacerla de nuevo. La sentencia del TSJC, sin embargo, no es firme y se puede interponer recurso de casación frente al Tribunal Supremo en un plazo de 30 días.

“Nueva victoria”

Iaeden ha celebrado la resolución como una “nueva victoria en la lucha por el cambio de modelo energético” a nivel local que defiende la entidad. “El proyecto de Sant Julià, como todos los de macroparques eólicos que se han presentado hasta ahora en la comarca, no responden a los criterios para la implantación de energías renovables que reclamamos”, asegura la plataforma ecologista en un comunicado.

Entre otros, Iaeden propugna que las renovables se implanten con una “ordenación racional y respetuosa con el territorio” y que se tengan en cuenta también criterios “técnicos, económicos, de conservación del entorno y respeto a la calidad de vida”. La entidad ecologista sí que lamenta, sin embargo, que esta victoria judicial les llegue después de más de una década de litigio. “Hemos necesitado diez años y 10.000 euros para demostrar que la Administración no respeta sus mismas leyes ambientales”, subraya la entidad.

Por último, la plataforma confía en que esta sentencia del TSJC “sirva también de precedente para otros proyectos de macroparques eólicos que se pretenden instalar en las Salines-Bassegoda y en l’Albera”. “A lado del paso del Pertús, que ya está suficientemente castigado por las grandes infraestructuras”, concluye Iaeden.