Cañones de nieve eólicos para salvar el Ártico. Cambio climático

Diez millones de cañones de nieve eólicos en el Ártico, ¿a la industria del viento se le habrá congelado el cerebro?


EPAW (European Platform Against Windfarms), Newsletter: February 17, 2017

Según CNN investigadores han encontrado una solución teórica para reducir la fundición de la banquisa: construir 10 millones de cañones eólicos.

La Fédération Environnement Durable y European Platform Against Wind Farms, se preguntan si después de haber invadido Europa de estructuras industriales gigantes, a punto de invadir el medio marino con centrales eléctricas en el mar, la industria eólica va a conseguir cubrir el Ártico con 10 millones de cañones de nieve eólicos.

Para la industria del viento, se trataría probablemente de un extraordinario mercado, evaluado modestamente por los investigadores en 500 billones de dólares, y según los expertos de la FED incluso alrededor de 1000 billones de dólares!

Esta propuesta delirante ha hecho temer de nuevo que la cuestión climática no es más hoy que una cuestión de poder y de dinero. La gran perdedora la ecología que ha evolucionado hacia un combate geopolítico poniendo en juego miles de millones de euros. 

¿Habrá que destruir el Ártico para salvar el Planeta?

http://www.lepoint.fr/environnement/dix-millions-de-machines-pour-recongeler-l-arctique-16-02-2017-2105399_1927.php

BOC 21-02-2017. Información pública del proyecto de prórroga de vigencia de la concesión de explotación ALFA-2 (1ª Fracción), número 16241-01. CEMENTOS ALFA,S.A.


MARTES, 21 DE FEBRERO DE 2017 - BOC NÚM. 36

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

 Información pública del proyecto de prórroga de vigencia de la concesión de explotación Alfa-2 (1ª Fracción), número 16241-01.

La concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción)" nº 16.241-01 que afecta a las provincias de Cantabria y Palencia, ha finalizado su vigencia de 30 años y por parte de la sociedad titular Cementos Alfa, S.A., se ha solicitado en plazo la prórroga de la misma, por otros treinta años.

Considerando que el proyecto "Prórroga de vigencia de La concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción") nº 16.241-01 afecta a dos Comunidades Autónomas la tramitación de la prórroga corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como órgano sustantivo, siendo el órgano medioambiental el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En concreto, el proyecto prevé desarrollarse en los términos municipales de Valdeprado del Río y Valdeolea (Cantabria) y Aguilar de Campoo (Palencia).

Por otro lado, el proyecto está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental según se establece en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, y en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se somete a información pública el proyecto "Prórroga de vigencia de la concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción)"" nº 16.241-01, por un período de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial del Estado, periodo durante el cual podrán ser examinados por las personas que lo deseen al objeto de formular alegaciones. La documentación que incluye el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el proyecto de restauración, estará expuesta al público, en los días y horas hábiles de oficina, en la Subdirección General de Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Paseo de la Castellana, 160, de Madrid; en el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de Cantabria, Avda. Calvo Sotelo, 25, de Santander, y en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 4, en Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 2016.
La directora general de Política Energética y Minas,
María Teresa Baquedano Martín.

El Parlamento de Cantabria "se olvida" del permiso Bezana-Bigüenzo en las proposiciones no de ley contra el FRACKING.

Excursión al pico Bijuenzo que da nombre al permiso

El Parlamento pide la extinción del permiso Luena y reclama una nueva ley antifracking en Cantabria

El Ejecutivo autonómico deberá trabajar en la redacción de una norma que evite la invasión de competencias del Estado para que la ley no sea anulada

20/02/2017 el diario.es Cantabria, eldiarionorte Cantabria

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad sendas proposiciones no de ley en las que se pide al Ministerio de Industria que declare la extinción del permiso Luena y se insta al Gobierno de Cantabria a presentar un nuevo proyecto de ley contra el fracking, atendiendo a la capacidad competencial de la comunidad para evitar que el Tribunal Constitucional lo pueda anular como hizo con la aprobada por unanimidad en la anterior legislatura.

Más información: 

Aprobada en el Congreso una Proposición no de Ley para prohibir el FRACKING en España


La oposición parlamentaria impulsa la prohibición del fracking en toda España

El Partido Popular se queda solo en la votación y no puede impedir que salga adelante una proposición no de ley planteada por los diputados socialistas 

Diego Movellán, que es portavoz adjunto del PP en la Comisión de Medio Ambiente, ha abandonado la sala antes de votar "porque tenía reuniones" 

La aparente placidez con la que gobierna Mariano Rajoy, pese a no disponer de mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, no siempre es fácil de gestionar. La oposición parlamentaria suma pequeñas batallas ganadas esta legislatura, en la que ha conseguido torcer el brazo del Ejecutivo en varias ocasiones en temas clave y en los que el PP no puede evitar dejar patente su soledad en las votaciones.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Cámara Baja ha vuelto a dar una muestra de ello, después de que el Grupo Socialista haya conseguido sacar adelante una proposición no de ley para instar al Gobierno a "prohibir el fracking en todo el Estado" por los riesgos que supone tanto para la naturaleza como para las personas.

Así, con 22 votos a favor, los 14 en contra del Partido Popular y la abstención del PNV, la iniciativa busca realizar los cambios legislativos necesarios para prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica en toda España "con pleno respeto a las competencias autonómicas".
(...)
Más info:

Premiado el trabajo de Damián Copena que concluye que la energía eólica no ha supuesto desarrollo rural en Galicia.


Un ponteareano, premiado por su investigación de parques eólicos

v.p. | ponteareas 2017.02.12. Faro de Vigo

El trabajo del investigador ponteareano y doctor por la Universidad de Vigo, Damián Copena Rodríguez, fue elegido ganador de la tercera edición del premio Jesús García Calvo, en investigación en Desarrollo Rural y Cooperación en la modalidad de tesis de doctorado. Este premio convocado por el Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo de Galicia (IDEGA) de la USC y la Fundación Feiraco, le fue entregado el pasado lunes en Santiago de Compostela.

El trabajo, que tiene como título "Energía eólica y medio rural: un análisis aplicado de los impactos socioeconómicos de los parques eólicos en el mundo rural gallego", fue dirigido por Xavier Simón Fernández y analiza cómo fue el proceso de implantación y cuáles fueron las consecuencias socioeconómicas de la puesta en marcha de los parques eólicos en el rural gallego en el período 1995-2014. En él creó una base pionera con información única sobre los impactos socioeconómicos existentes en medio rural gallego a partir de la implantación de parques eólicos.

Centro Botín, Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria presenta una querella ante el Supremo para paralizar el Centro Botín

El abogado de la plataforma asegura que “todo es ilegal” en este proyecto, que ha calificado como “el mejor ejemplo de corrupción político administrativa.

eldiariocantabria.es, 02 de Febrero de 2017

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo una querella en la que denuncia que "todo" en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es "ilegal". Además solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de "ningún tipo de actividad" en el mismo.

Así, a lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación.

"Todo es ilegal en el Centro Botín", ha sentenciado en rueda de prensa el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, para quien este proyecto es "el mejor ejemplo de corrupción político administrativa".

En este sentido, ha afirmado que "todos los trámites" que se han realizado son "burdamente ilegales", por lo que la plataforma pide en su querella que se investiguen los hechos y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.

En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.

Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta entonces de Cantabria; eÍñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y hoy ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo al ser aforado por su cargo actual.

También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.

Al respecto, el abogado se ha referido a la "particularidad" de que en este caso han intervenido tres administraciones y todas "están de acuerdo en eso".

Mientras se resuelve la querella, la plataforma ha pedido la paralización cautelar de las obras "excepto las imprescindibles, como que haya algo que acabar o haya algún un riesgo" y que no se inicie "ningún tipo de actividad" en el Centro Botín.

Proceso

Merodio ha explicado que a fecha 31 de julio de 2010, cuando trascendió el proyecto, el Plan Especial del Puerto contemplaba el uso "portuario comercial" del muelle Albareda, así como que al este de la Estación Marítima no se podían situar nuevas edificaciones para no interrumpir las vistas de la bahía desde los Jardines de Pereda. Es decir, la ley no permitía la construcción del Centro Botín en su inicial y actual ubicación.

Y se ha hecho, según el abogado, con las tres administraciones citadas (Puertos, Gobierno y Ayuntamiento) de acuerdo y "sin haber legalizado" la construcción. 

"Lo que han hecho es todo ilegal, todos los trámites son burdamente ilegales y lo que han intentado hacer es una chapuza", ha valorado.

El letrado ha detallado el proceso de las recalificaciones de los usos portuario y urbanísticos, que según ha dicho se han realizado "al mismo tiempo" cuando el primero es previo al segundo. También ha repasado la cronología de la concesión, que ha calificado de "esperpéntica" pues transcurrió apenas un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de la modificación puntual hasta la aprobación de la concesión "del mejor espacio del puerto".

En este sentido, también ha puesto en duda la legalidad de la concesión a la Fundación Botín "cuando sus miembros no estaban al corriente de sus obligaciones fiscales en España", ha dicho.

Eólico

Otro "caso de ocupación de un bien de dominio público" contra el que la plataforma ha presentado una querella en el Tribunal Supremo se refiere al desarrollo eólico en Cantabria.

Según el abogado, el proceso eólico se encuentra ahora "en la peor situación" desde que empezó dado el "silencio absoluto, mediático y administrativo", respecto al mismo.

El presidente de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez, ha denunciado el "simulacro de participación y planificación" respecto a los eólicos "para dar apariencia de legalidad". Porque el Plan de Sostenibilidad Energética que han recurrido al Supremo "no planifica nada" sino que presenta "una planificación hipotética, que ni planifica ni ordena nada concreto". Y porque "confunde la información pública con la participación ciudadana".

Nota de prensa 02-02-2017, Querella Centro Botín Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

NOTA DE PRENSA, 02-02-2017 
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
Información sobre eólicos y querella Centro Botín

Años actuando como organización social en defensa del territorio nos hacen ampliar el ámbito geográfico de nuestra intervención. El mayor problema es la falta de organizaciones que nos defiendan y la generalizada pérdida de respeto a la Ley. Son siempre y en todo lugar los mismos los que dañan nuestros derechos.

La Plataforma, de acuerdo con John Berger y su Puerca tierra, se constituyó hace años con la ambiciosa idea de servir a las personas en la defensa del territorio en que viven.

Una actividad de años nos convence de que son parte de los grandes problemas del hombre de a pié, la alarmante falta de información objetiva al servicio de todos, organizaciones sociales ineficaces y condicionadas por subvenciones y bancos y, en especial, una mala legislación y, aún más, una alarmante pérdida de respeto a lo legislado que, degradado lo que fue el 15-M, es la última y precaria trinchera para hacer frente al poder venal.

Una situación que permite que no se informe, o se debata al menos, que los parques industriales eólicos no son, frente a lo que nos dicen, una “energía verde” que ayuda al desarrollo del empleo, la tecnología y la calidad de vida de los afectados, sino un medio que interesa al poder para generar energía, la forma abusiva en que las grandes corporaciones, con apoyo político y, en el mejor caso, silencio de las organizaciones, nos lo imponen sin valorar los negativos y graves impactos humanos, sociales, ambientales,...

También permite que en el mejor lugar de la Ciudad de Santander un poder que se cree omnímodo coloque un monolito con su nombre para recordar quién manda, asentado, insistimos, en la falta de información veraz, de organizaciones sociales leales y, sobre todo, de una cultura que exija, ya que no hay buenas leyes, respetar las que tenemos.

En la pelea eólica, parado el atropello desde hace años, sin tramitarse un solo molino, ahora vamos al Tribunal Supremo, para defender la ilegalidad del PSEC 2014-2020, que no es un Plan y menos aún sostenible, y defendemos en la vía penal que, aunque nadie tenga interés en investigarlo, es delito lo que, a sabiendas y para favorecer al poder, hacen mal los políticos y habrá que investigarlo; se trata de que, al menos, cumplan las (malas) leyes que ellos elaboran.

Contra los mismos y por lo mismo de siempre, hoy abrimos un nuevo y duro frente. Las prisas egoístas y la nula información, como siempre, han vedado a los ciudadanos participar de verdad en las decisiones, la falta de PROT, de planificación y ordenación del Frente Marítimo, ha vedado valorar los gravísimos efectos de la salvajada y hace insoportable para nuestra dignidad que en lugar tan hermoso y visitado como es el centro de la Bahía de Santander el poder financiero haga crecer una pesadilla que le sirva para, a su gusto, difundir “su cultura”. El que piensa sabe que el atropello fue anunciado en seis páginas y con total precisión, el 31 de julio 2010, cuando allí atracaban barcos, maniobraban los ferrys y no estaba permitido construir ni una caja de cerillas, a partir de lo cual, continuas ilegalidades, corrupción política, ilícita intervención de un arquitecto del banco, pisoteo de la Ley y del Estado de Derecho,… y, dolorosamente, silencio de la Ciudad, lo que nos obliga a, desagradables como otras veces, presentar una justa querella ante el Tribunal Supremo.