TRIBUNAS


El desarrollo eólico: todo un plan
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
16-08-2017

Cuando en Cantabria no hay ni un proyecto eólico real en trámite, la organización ecologista sin personalidad jurídica "Cántabros por la ordenación regional de la energía", CORE, "pide al Gobierno que acometa con valentía un plan de desarrollo eólico".

Seguramente se creen la falacia de Manuel Huerta, Asociación Eólica y Crossfield Engineering -la nada del pelotazo rápido en inglés- de que el recurso eólico de nuestra región es “el más potente de Europa y está parado”,  pese a que en las generosas subastas celebradas este año ninguno de los consorcios entre los que Revilla repartió el Concurso eólico ha obtenido aquí un solo Mw -Crossfield, 8 ó 9 en Levante- en las pujas que lo que realmente hacen no es subastar Mws., sino despojar el territorio a sus propietarios.

La cosa está muy clara, contra lo que miente Revilla, aquí no se está tramitando ni un Mw. eólico, pese a lo cual CORE convoca una sorpresiva rueda de prensa y, a partir del nada científico y enterrado estudio de la Universidad, encargado a la carta y pagado por el Gobierno Revilla/Gorostiaga para meter con calzador los invasores 1400 Mw del ilegal "Concurso", en el que participó alguno de CORE, afirman que es buen momento para el "desarrollo eólico".

Suponemos que su propuesta exigirá respeto a su infografía molinos/bahía para que nadie les estropee las vistas desde el chiringuito Botín y el Paseo de Pereda ¿Quién es CORE, que ni siquiera tiene personalidad jurídica? ¿Quién le ha dicho que Cantabria precisa un  desarrollo eólico? ¿Defenderán ellos en persona la implantación de los Mws. que resulten ante los perjudicados? ¿Desconocen, acaso, que con el último concurso se han cubierto las exigencias del 20x20x20? ¿Cuándo piensan que se adjudicarán los Mws. que consideran desarrollables?

Difunden, además, que el PROT ha tenido un inicio de tramitación "muy positivo", "brillante", con un "excelente proceso de participación" y que, por ello, es en él donde debería incluirse ese "necesario" desarrollo eólico, por lo que, si tan excelente fue la participación, ¿pidieron que se incluyera en el PROT el desarrollo eólico?, ¿no les hicieron caso?,  ¿de verdad han "participado"?, ¿podrían, por otra parte, informarnos de qué es lo que ordena el PROT?, ¿cómo es posible que, a día de hoy, tan benéfico PROT, no contenga ni una sola referencia a los molinos o el fracking, o...?,

Intuimos, además, en todo ello un cierto tufo a política sectaria, a eliminar a los que molestan de la D.G. de Medio Ambiente (freno, junto a la Plataforma, de las ilegalidades de Industria) y sustituirlos por alguno de su cuerda que, tras haber participado desde un puesto muy relevante en el ilegal y anulado "Concurso eólico", ha publicado una Tribuna de prensa proponiendo, como ellos, un nuevo e innecesario proyecto de "desarrollo eólico".

Todo parece un montaje tan evidente como el hecho de que en el primer concurso todas las adjudicaciones en España fueran eólicas y, tras pasar solo dos meses, en el segundo casi todas hayan sido fotovoltaicas ¿Quién nos lo puede explicar?

Si nos limitamos a Cantabria y todos los que pretenden implantar parques eólicos son tan potentes como dicen ¿nos pueden explicar también que, entre las dos subastas, les hayan adjudicado 0 Mw y, aliado con General Electric, los haya arrasado un charcutero aragonés?

Lo cierto es que aquí lo han tenido demasiado fácil y no es cierto que Medio Ambiente sea más estricta que en otros sitios, ni la tramitación más compleja, siendo su único problema que, aún hoy, después de que se les hundiera el chiringuito del ilegal Concurso, pretenden colarnos los molinos igual que entonces, sin siquiera respetar las mínimas normas medioambientales, ni las zonas LIC, ni una previa ordenación en el simulacro de PROT, ni un Plan Eólico, ni una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ni nada de nada…

Los “buenistas” crecen como setas e, ignorantes o falsos, proponen negociar un innecesario "desarrollo eólico" con la Administración/lobby y los listos/empresas de siempre, quedando solo por fijar cómo se repartirá lo suyo esa parte del "negocio", pero siendo evidente lo que tocaría a los afectados, la otra parte, los  actuales propietarios del territorio, perder como siempre.

Estamos, ya, en tiempo de definir de qué lado estamos todos, tanto los multiemprendedores, que hoy se limitan a ser, en su beneficio, coartada legal para los proyectos, los autodefinidos como expertos defensores ambientales, las cooperativas de energía, los patrocinadores -en teoría- de la generación distribuida y la soberanía energética, los municipios y los propietarios de los grandes montes comunales,...

Y, a partir de ello, entonces sí, promover sin límites un público debate conceptual sobre planificación energética, no solo eólica. Ahí esperamos.



SUBASTA “RENOVABLE” DEL TERRITORIO, 

26 JULIO 2017

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
surdecantabrianatural@gmail.com


“Para el capital financiero (…) las tierras hoy inservibles pueden ser convertidas mañana en tierras útiles (…) y manifiesta la tendencia general a apoderarse de las mayores extensiones posibles de territorio, sea el que sea, (…), temeroso de quedarse atrás en la lucha rabiosa por alcanzar las últimas porciones del mundo todavía no repartidas (…)”. (“El imperialismo, fase superior del capitalismo” Lenin-1916)


El día 26, los depredadores disfrazados de una nueva “subasta de renovables” -sólo eólicas, ni un solo Mw de fotovoltaica- se quieren repartir el territorio con pequeños cómplices locales.

Dicen que la “gracia” costará cero €, pero el coste social, medioambiental, económico,… es muy alto; los consorcios multinacionales incautan el mejor territorio no urbano -el urbano ya es suyo, de muy distintos modos, véase el prototipo del Centro Botín-, se adueñan casi gratis de los mejores lugares de esta Europa urbanizada, de nuestras montañas y montes comunales para perpetuarse y hacer de ellos y de nuestra historia lo que les convenga, causando gran daño pues, por ejemplo, los parques eólicos son terribles montajes en el mejor territorio natural, comunal rústico que, además de implantar aerogeneradores de 180 m. de alto, destruyen el suelo con pistas de acceso, toneladas de metal, cientos de metros cúbicos de hormigón, líneas de transporte de alta tensión, subestaciones,… y ¡para vender más cara la electricidad!

Se engolan y hablan de cambio de modelo, de transición a un nuevo arquetipo energético que, en realidad, es lo viejo, donde solo añaden una forma más de producir electricidad, que no sustituye a las anteriores, pues es insegura. Se trata de un modelo que duplica la generación: instalan la eólica, mantienen la nuclear, aumentan las térmicas,...


Nos quieren conducir a la espiral siniestra de mayor producción, mayor consumo y mayor negocio para los de siempre, a perpetuar el modelo de generación concentrada, en lugares en que el consumo es bajo y hay que trasportar lo que se produce por enormes líneas de alta tensión a donde se consume; agresivo modo de concentrar el negocio y el poder en manos de las mismas empresas del oligopolio.

Se alejan, pues, del modelo energético distribuido, del autoconsumo de balance neto, desconcentrado, de la soberanía energética de todos...; la naturaleza nos regala las energías renovables en lugares concretos, donde sopla viento, luce sol, fluyen ríos,… y no hay daños por transporte si la generación es próxima al lugar en que se va a consumir.

Que no nos engañen, Iberdrola en El Escudo y EDP en Campoo-Los Valles no cumplen los requisitos para adjudicarse/robar nuestras tierras, pues las Consejerías de Medio Ambiente e Industria no les están tramitando ni un solo proyecto, salvo que lo hagan de forma clandestina, delictiva, corrupta,… Simplemente son parte del avaricioso y oscuro megaproyecto eléctrico del capital europeo que en Cantabria se iniciaba ilegalmente hace ya treinta años con la línea a 400.000 voltios Soto-Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso e incluye la estación de bombeo del salto de Aguayo, terribles subestaciones en Mataporquera, Penagos, Aguayo,… y varias superlíneas de 400.000 voltios que, todo ello, muy caro por cierto, por la costa y el interior confluyen en el País Vasco, dirección Francia, a través de la llamada autovía cantábrica del electrón, cuyo solo objetivo es transportar energía eléctrica a/de Europa y lograr que, a toda costa, los de siempre tengan súper beneficios; un negocio multinacional que nada tiene que ver con los chascarrillos sobre autosuficiencia cántabra que, con el puro en la boca, se inventa el nefasto Revilla.

Una muestra evidente del abusivo oligopolio de la producción y transporte eléctrico, que exige una excesiva e injustificable concentración de la producción en las zonas a priori más fáciles, con inasumibles impactos sobre el territorio y la calidad de vida de los afectados es el caso del sur de Cantabria, pues los megaproyectos que dicen asentarse en fuentes renovables dejan de ser inocuos/verdes por su dimensión y ocupación espacial, es cuestión de escala. Un megahuerto solar o megaparques industriales eólicos en montes públicos y tierras con histórico uso agrícola, ganadero cultural, turístico,… causan muchos e irreparables daños.

Que no hablen más, por favor, del imprescindible mallado de la red o la autosuficiencia local y regional, se trata en realidad de agresivas infraestructuras para generar un exceso de energía eléctrica que exportar a Europa, Marruecos,… y, (ab)usando del cable, Cantabria es parte de la autovía europea del electrón con las dañinas líneas de altísima tensión Soto Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); Herrera de Pisuerga-Mataporquera-Virtus-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); La Robla-Velilla-Cillamayor-Mataporquera-Aguayo-Penagos--Itxaso-Argia; Lada-Velilla; Lada-La Robla; Soto de Ribera-La Robla; La Robla-Velilla,

Un absurdo conjunto de muy agresivas líneas de altísima tensión que, además de la energía de los megaproyectos eólicos, transportaría la de las cinco térmicas asturianas, la de las leonesa-palentinas de La Robla, Guardo y Velilla, la de los eólicos gallegos, castellano-leoneses,… hacia el País Vasco y de allí a Francia, a través de un emisario submarino por el Golfo de Vizcaya, un Proyecto europeo de Interés Común (PCI) ¡Viva el gran capital!

LA MESA DEL NEGOCIO EÓLICO

05-06-2017

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
Manuel Huerta falsea la realidad cuando en una laudatoria y reciente entrevista dice que el recurso eólico de nuestra región es “el más potente de Europa y está parado”. Sin duda, un lapsus freudiano, cuando en realidad está pensando en su anhelado desde hace ya demasiado tiempo “negocio eólico”, para sí y para los que se ocultan con él  tras el rimbombante nombre de Crossfield Engineering, primera pata de la mesa, que define la nada de pequeños especuladores del pelotazo rápido y sus pretensiones de reservarse una parte importante del territorio de todos para sus negocios a través de una aparente puja de megavatios que lo que en realidad subasta es el territorio.

Si son tan potentes ¿por qué han conseguido 0 Mw en la subasta eólica y, aliado con General Electric, los ha arrasado un advenedizo charcutero aragonés? Aquí lo tienen muy fácil, porque no es cierto que Medio Ambiente sea más estricta que en otros sitios, ni la tramitación más compleja, si no que, aún hoy, después de que se les hundiera el contubernio del ilegal Concurso, pretenden colarnos los molinos de la misma forma que entonces, sin siquiera respetar las mínimas normas medioambientales que regula el PSEC 2014-2020, ni las zonas LICs, ni la previa ordenación de un vacío PROT, que nada ordena, ni un Plan Eólico, ni una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ni nada de nada…

Sin necesidad de ser mal pensados, se entrevé un entramado similar al descubierto en Castilla y León, consistente en reservar una parte de las adjudicaciones eólicas a empresarios locales, que, resueltas las trabas en oscuros despachos, se las revendían a las corporaciones con un gran beneficio, del que un buen pellizco iba a los políticos y altos funcionarios que facilitaban las autorizaciones.

Los “buenistas” de siempre, ignorantes o falsos, proponen una “mesa” para negociar y ya tenemos dos patas, la administración y los listos de siempre, las llaman empresas, que, con mínimo riesgo, hacen negocios adquiriendo derechos que venden más caros en el oscuro terreno que bordea lo público y lo privado, sin evidenciar de qué lado están.

En esta segunda pata, Administración, Gobierno regional y Ayuntamientos (que no informan a los Concejos y concejales no afines ni a los afectados), destacan el lobista Martín y su mano derecha Pelayo, ambos responsables de la ilegal y amiguista tramitación del Concurso eólico anulado por los Tribunales, sin Evaluación Ambiental Estratégica, ni un Plan Eólico que le diera respaldo, que ahora pretenden imponer, con el suave aval de la Universidad, la vuelta a las mismas maneras usadas en aquel, sin ningún control, ni siquiera cumplir las malísimas leyes que ellos han aprobado.

La tercera pata serían los que, pluriempleados al servicio de las empresas eléctricas,  quieren dar la apariencia social de multiemprendedores, como Agustín Valcarce, presidente al mismo tiempo de la Asociación eólica, representante de Biocantaber, o sea, Iberdrola, o de fantasmas del viento como Eólica 2000, o medioambientales Teican Medioambiental, que pretenden dar coartada legal a los proyectos del ilegal Concurso y, el colmo, lo presentan como uno de los mejores fichajes de Solabria Energía, cooperativa energética que, pues todo vale, dice promover la generación distribuida y la soberanía energética y lo que en realidad pretende es vender la energía de las grandes empresas.

Valcarce se explaya feliz en sus medios “amables”, pues se han archivado los megaparques industriales eólicos Castillo y La Magdalena, promovidos desde Castilla y León por patronos pesqueros especuladores; una gran noticia, quedan montes libres para los “autóctonos” con buenas relaciones en la Consejería de Industria y La Magdalena coincide en ubicación y molinos con Peñas Gordas, agresivo parque que promueve Biocantaber-Iberdrola, a la que él representa.

Y la última pata serían los autodefinidos expertos ambientales cómplices y los afectados, supuestos “idiotas” que, como nosotros, ya han solicitado en Industria tres veces en los últimos dos meses la lista de parques en tramitación y ni les contestan pese a los muchos datos que, con pelos y señales, difunden ahora sus medios amigos.

Esta cuarta pata es la que Weber denomina socios necesarios, los que proporcionan la coartada social y la imagen participativa, la que sirve de engaño para cambiar las ideas de los bienpensantes e imponernos sus negocios como necesarios y positivos, medios de manipulación, ONGs, Universidad y demás organizaciones debidamente engrasadas con las subvenciones que, desde su paternalista atalaya de supuestos e imparciales expertos, pretenden imponer lo que les conviene sin tener en cuenta a los afectados, en este caso, los escasos pero combativos vecinos del sur, ni preguntarles siquiera, qué es lo que quieren para su tierra y sus familias.

Quede, pues, muy claro, nosotros no pintamos nada en la “mesa del negocio eólico”.



LOS MOLINOS NO IMPULSAN EL DESARROLLO RURAL

Revista Green Eco Noviembre 2016 
(20-11-2016)

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
http://greenrevista.es/los-molinos-no-impulsan-desarrollo-rural

Los parques industriales eólicos, no han impulsado el desarrollo rural, así lo demuestra un estudio realizado en Galicia; más bien al contrario, acarrean graves impactos socioeconómicos negativos, que afectan a los ya asentados en el territorio. En Cantabria, no se han evaluado previamente, ni en el PSEC 2014-2020, ni en el PROT, que debería haber sido la base de su planificación hace ya 14 años.

Entre tales impactos, sin ánimo exhaustivo, podemos destacar:

1. Ocupación y deterioro de gran superficie de territorio. Debido al enorme tamaño de los molinos, de hasta 175/180 metros de altura, se necesitan unas superficies de giro que pueden llegar a varias hectáreas, a lo que hay que sumar las pistas, tendidos de alta tensión, subestaciones, etc.

2. Apropiación durante al menos 20 años de los montes comunales, propiedad de los concejos, por las grandes multinacionales eléctricas impidiendo o dificultando otros posibles usos. 

3. Depreciación del valor de las viviendas, entre el 28-46%; imposibilidad de su venta o alquiler; renuncia a su rehabilitación y no construcción de otras nuevas; abandono de las viviendas a causa del ruido, de los problemas generados en la salud y de la pérdida de calidad de vida.

4. Afección a valores patrimoniales culturales, naturales y paisajísticos, que disminuye las posibilidades dinamizadoras de sectores como el turismo rural, caso de los valles pasiegos o del Románico del Sur. Descenso del turismo estimado en un 15-20%.

Lo eólico no es, diga lo que diga el reclamo, “energía verde”, son instalaciones industriales, no “parques” o “granjas” como se maquillan, implantadas en terreno rústico, con las que las grandes corporaciones generan -para venderla cara- energía eléctrica; los proyectos son impuestos sin información ni debate previo, y, además, el ciclo de vida de tal energía exige recursos no renovables, como toneladas de hormigón, estructuras metálicas, cobre, lantánidos, aceite,… que, unidos a los destrozos causados por los molinos, las pistas, las líneas de alta tensión, las subestaciones, … deterioran la calidad de vida y favorecen aún más la despoblación del mundo rural.


LA FALACIA DE LA ENERGÍA EN CANTABRIA 

17-11-2016

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria 

Hace días se celebraba la jornada Claves para el futuro de las energías -llamadas- renovables, organizada por el Gobierno de Cantabria, el Colegio de Economistas y Liberbank, entes a los que no encontramos otra relación con la energía que su idea del “negocio”, errónea y egoísta idea que tanto daño causa a un auténtico progreso energético.

Aunque se anunció que participarían “todos los agentes”, a nosotros, como a los Concejos abiertos propietarios de los montes, no nos invitaron y, por ello, vamos a dar unos breves “flashes” de ideas sobre lo aparecido en los medios.

Revilla, nuestro populista, “firme defensor” de las renovables,…, el fracking, lo nuclear, el Tren de Altas Prestaciones,…, culpable de las ilegalidades del PSEC, el “concurso eólico”, las viviendas irregulares, el PGOU de Santander hoy nulo,… quiere “garantías legales” y defiende retomar un “plan eólico” que, él debiera saber, nunca ha existido en Cantabria, pues lo único que hubo fue un ilegal “concurso”, amañado para amigos. Es muy fácil, presidente, Vd. y los suyos tendrán “seguridad jurídica” o “garantías legales” cuando quiten de en medio al que molesta o aprendan a cumplir las leyes que Vd. mismo aprueba.

Folgado, de REE, la gestora del gran negocio de la excesiva red de alta tensión, la mayor de Europa, que pagamos entre todos, quiere “quitar los impuestos especiales a la electricidad” y, suponemos también que, si es poco que paguemos los impuestos que ellos no paguen, nos subirán algo más la factura de la luz. 

Siempre fue abusivo estar en misa y, al tiempo, querer repicar, pero Agustín Valcarce forma parte del cooperativismo energético, que pensamos no será partidario del oligopolio, y es, al tiempo, empleado de Iberdrola, empresa que al legislar la “reforma eléctrica” gravó el autoconsumo; en la Jornada pidió “potenciar” y “agilizar” no se sabe qué y, además, siendo también Presidente de la Asociación Eólica, tiene oficina en la dirección de Biobas, SL, “poderosísima” empresa, hoy en liquidación, adjudicataria de buena parte de lo adjudicado en el concurso eólico, que dice no tener dinero siquiera para pagar las costas a que, junto al resto de empresas, la condenó el Tribunal Supremo.

Aunque como asistentes a la Jornada solo se citaba al Grupo Alceda, SEO y EeA, CORE ha opinado en los medios, llamativa y complaciente, (ben)diciendo que el Gobierno podría “cumplir con los objetivos vigentes al instalar 700 Mw de energía eólica” y defendiendo “los planteamientos del anterior Plenercan 2005-2011”, si bien aumentando los 300 Mw de aquel hasta 700 ¡Gracias CORE! 

También habla CORE, la falacia eterna, de cumplir en Cantabria los objetivos europeos de la lucha contra el cambio climático, siendo evidente que tales objetivos, ¿qué opinarán Trump y Revilla del 20/20/20?, se refieren a España en su conjunto y no a todas sus regiones, comarcas y valles, por pequeños que sean.

Dicen los de la Jornada defender intereses generales, lo que es incompatible con no hablar del monte público, ni del vital interés de los ganaderos y agricultores, los pueblos y sus vecinos,…, los que allí tienen sus vidas, enfrentados al insaciable privado de las multinacionales que, holdings enormes con muchas actividades, consumen casi todo lo que, abusivos, generan en su actividad eléctrica. Grandes productores y grandes consumidores, nadie se engañe, son lo mismo.

La pelea es desigual en lo económico y, al tiempo, en el acceso al poder. Son los dueños de los medios, organizan Jornadas a las que sólo van ellos… y los que ellos quieren, no delinquen casi nunca…, salvo aquellas ocasiones en que a ellos mismos convenga, hablan alto y lo publican,… ¡Eso sí que es libertad!

Aún así, reivindican insistentes, un mantra, “seguridad jurídica”, algo que, estando como están en el lado de los que aquí legislan y ejecutan, no tiene más apariencia que la de triste y despiadada amenaza: ¡Hay que callar de una vez a quien ose molestar!



PROT, ¿PARA QUÉ?

Tribuna de opinión Diario Montañés
25-10-2016

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Sin duda esta nueva moda de preguntar de cualquier manera a la gente es cosa de políticos de la nueva hornada, evidencia ignorancia y, además, un miedo cerval a hacer frente a su obligación de, como elegidos, decidir y luego dar cuentas. También puede haber algo de que de otra manera, en forma legal, hoy se lo exigen los Tribunales. 

A partir de ello, veamos qué pretenden hacer con el PROT. Alardean de que informarán y en el patio del Parlamento, delante de muchos presentan la novedosa referencia a un Plan de Ordenación participado, … y, un mal indicio, pese a que olvidaron invitar a la Plataforma; preguntamos por qué y no respondieron.

Tiene la apariencia de otra falacia y lo razonamos. La vicepresidenta da una gran noticia, “la necesidad de ordenar nuestro territorio no puede esperar más” y dice que empieza la elaboración de un PROT, que debieron haber aprobado en 2002, facilita el acceso informático a un Documento Base, da explicaciones genéricas e irrelevantes y deja sin respuesta otras dos preguntas: ¿por qué la elaboración del PROT se inicia con 14 años de retraso? y ¿por qué no se paraliza el trámite de los proyectos y planes en marcha de infraestructuras sin planificar? 

Para estar satisfechos con lo que nos cuentan, habría que obviar que a causa del tiempo sin Información/participación/ordenación nos han colado el despilfarro de la autovía Solares-Torrelavega, al duplicar la variante de la Bahía, el caos urbanístico de la costa y sus sentencias, la línea a 400 kV Soto Ribera-Penagos-Güeñes y las tóxicas subestaciones de Aguayo y Penagos, ni siquiera citadas en el Documento Base, las canteras y vertederos desordenados, el inane PSEC 2014-2020, el saco sin fondo que es la risible “universidad del castellano” de Comillas, el (des)orden de la bahía/puerto de Santander y el Centro Botín,…

También habría que aparentar desconocer que son las sentencias judiciales, la resistencia de pequeños grupos y la inoperancia, en eso afortunada, de nuestros políticos lo que ha impedido que se implanten sin información y participación chapuzas como el tren de alta velocidad, las megaestructuras de parques eólicos, subestaciones en Valdeolea, tendidos de altísima tensión, salto de Aguayo,…

Para pensar que el PROT quiere servir para algo habría que mirar para otro lado cuando se nos habla de que, sin intención de paralizarlos ni ponerlos en relación con áquel, se estén tramitando ahora -al menos eso dicen- el PSEC 2014-2020, diversos parques eólicos, un “ambicioso” Plan de Acción Industrial que publicita el hiperactivo Consejero Martín, otro Plan de gestión de residuos, agresivas actividades de fracking, varios Planes urbanísticos, modificaciones puntuales para tratar de evitar derribos,…

Así pues, el inane “Documento Base” que ha sido entregado se derrumba por falta de solidez en su propio concepto y planteamiento, que debiera ser previo al trámite e implantación de todas esas ideas, infraestructuras y planes. Vemos, así, el PROT como una coartada de apariencia legal a todas las salvajadas que nos han ido colando en los años de ilegal ausencia de información/participación/ordenación, coartada que, sin éxito quieren disfrazar de “gestión de la incertidumbre futura” que ellos mismos generan. 

Respecto al hoy actual “atropello” eólico se limita el PROT a reflejar -mal- los datos del PSEC 2014-2020 que, tal y como tenemos reiteradamente exigido, debió haber sido posterior a la “ordenación” y no, como ilegalmente quieren hacer, previo a ésta, de modo que se pretende encajar los 707,3 arbitrarios Mw del PSEC en Cantabria, aunque el PROT -que habla de más Mw- viera conveniente no implantar ninguno.

De un somero análisis del vacuo documento colgado en la red se desprende que parten de varías mentiras, las mismas que llevamos años intentando desmontar, como por ejemplo la falacia de que el traído y llevado 20/20,/20 (reducir emisiones efecto invernadero, ahorrar energía y promover renovables, un 20% en cada caso)es un objetivo de la UE a nivel autonómico y no estatal, siendo que, además, con lo ya instalado, Cantabria, el 1% del territorio español, cumpliría de sobra la exigencia.

Respecto a la autosuficiencia y la dependencia energética, el 80 % del consumo eléctrico en Cantabria, según el propio PSEC, es industrial, lo que invita a valorar qué tejido fabril tiene Cantabria, de qué calidad, y ver si, como defendemos, nuestra industria es ineficiente, derrocha energía.

Un tercer aspecto, la reducción de emisiones a través solamente de la generación y la reducción del consumo de energía primaria es otra gran falacia, pues, por ejemplo, a nadie preocupa lo que contamina el hecho de que España sea uno de los países de la UE con más tonelaje de mercancías transportadas por carretera en detrimento del ferrocarril.

Todo ello nos conduce al urgente –y por nosotros reiteradamente pedido- debate energético, evidentemente previo a toda regulación, un debate que no interesa, pues así nadie sabe que, por ejemplo, tenemos paradas varias plantas de ciclo combinado, atendiendo al interés del primero que viene y nos vende la moto o reparte maletines, no se prima la eficiencia energética, ni la reducción frente al consumo y la producción, ni el balance neto, la generación distribuida, …, en definitiva no se busca la soberanía energética frente a la dictadura oligopólica de grandes empresas eléctricas y bancos.

Habría que buscar respuesta a varias preguntas, como ¿quién y por qué está en el origen del incremento de consumo del que se nos habla? ¿quién y por qué está en el origen del alegado incremento del “efecto invernadero”? ¿cuáles son y para que sirven las lineas de transporte y las subestaciones reales?...

Del fracking, ni hablamos, pues parece una burla el leve comentario que se le dedica, limitándose a decir que existen varios sondeos, sin siquiera citarlos.

Para parir un ratón que nos quieren vender como un felino salvaje se nos ha tenido indefensos 14 años esperando a un papeluco rodeado de pompa y parafernalia, resultado de una acelerada tarde cortando y pegando no se sabe qué.

Desorden eólico en Valdeporres (Burgos) junto al puerto del Escudo

La Plataforma: PAC, fracking, caos eólico y otros abusos

21-09-2016

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria



Nuestros abuelos -como hoy nosotros- mantuvieron vivo y hermoso el territorio, las montañas del sur de Cantabria, el escenario del fin de las guerras cántabras, su arte, en especial el románico, la potencia para una futura, fortalecida y renovada actividad ganadera, agrícola, industrial, cultural, deportiva,... Somos políticos en sentido digno, amantes de lo eco/lógico, del medio ambiente,..., familias condenadas a vivir la zozobra del ilegal e injusto abuso del capital que, con diversas excusas, ahora nos pretende robar.

En España no hay gobierno ni oposición y en Cantabria… lo que vemos. Nos engañan, nos llevan a manifestarnos por problemas que dicen son los de los trabajadores, las pensiones, la sanidad, la educación,…, muy ajenos a los reales. Europa es un despropósito. La corrupción de los partidos, todos, nos asfixia. Anestesiada por los nuevos/viejos populismos, la sociedad está inerte y allá arriba, lejos, como siempre en la penumbra, unos pocos, menos cada día más ricos tejen con los corruptos sus sucios negocios y se carcajean del resto.

Hace tiempo intuimos el fraude de la PAC, políticos y algunos ganaderos racionando -muy mal- el dinero de todos, dañando el territorio y lo denunciamos, una denuncia latente que aún está por estallar en su justa dimensión, pero nos alumbró más daños, la destrucción maliciosa de los Concejos Abiertos, germen de la democracia, el abuso de algunos ayuntamientos, el caos del atropello eólico, la salvajada del fracking,… y, otra vez al fondo, la turbia imagen del origen de todo, la cobardía, el silencio ante el abuso evidente,… que aquí se identifica bien en la rendición apocada de una ciudad que se humilla ante el banco y una opaca fundación, a los que regala su mejor parcela y, además, los da las gracias por dos cajas, dos nosesabequé,… arrumbados en el puerto junto a lo que, hace tiempo , fueron los jardines de Pereda.

Agitados por lo dicho, hace días estuvimos, sin subvenciones de nadie y pagándonos el viaje, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, a razonar una protesta formal contra el fracking; ahora estamos esperando, sin gran fe, la respuesta para, si no hacen nada, volver a actuar.

Lo eólico, menos aparatoso y tan dañino como el fracking, no es, diga lo que diga el reclamo, “energía verde”, ni hace que crezcan empleo, tecnología, calidad de vida,…, es una industria agresiva con la que las grandes corporaciones generan -para venderla cara- energía eléctrica; una industria que, apoyada en sus aliados políticos, no valora sus impactos humanos, sociales, ambientales,..., que dañan el territorio y, en especial, a las comunidades. 

Rechazamos tan nocivas estructuras industriales, no “parques” o “granjas” como las maquillan, además de por su burda ilegalidad, 1) por su falso disfraz de “verdes”, 2) por el incontrolado poder de especuladores, multinacionales y bancos que las manipulan, 3) porque los proyectos, sin información ni debate previo, nos son impuestos y, además, 4) porque el ciclo de vida de tal energía exige recursos no renovables, como el hormigón, las estructuras metálicas, el cobre, los lantánidos, el agua, el aceite,… que, unidos a los destrozos causados por los molinos, las pistas, las líneas de alta tensión, las subestaciones,…, aniquilan la vida en tal territorio. 

Que “los políticos hagan su trabajo y los empresarios el suyo”, separados, pues “si se cruza la raya, aparece la corrupción” y, por ello, aquí ahora sabemos que hay motivo suficiente para denunciar penalmente una corrupción sistémica, quiebra del Estado de Derecho en el trámite de varios procedimientos en los que se pretende 1) la abusiva apropiación, casi gratis, del territorio, 2) la dañina e ilógica exigencia de nuevos usos en lo comunal y lo privativo, 3) la ilegal implantación de infraestructuras funestas para el medio ambiente y la calidad de vida y 4) la anulación de facto de ancestrales y lógicos usos del territorio por sus propietarios, producto de la ilícita connivencia de dinero y políticos. Varios procedimientos groseramente ilegales, superpuestos, confusos, con un claro objeto ajeno al interés general, sometidos al deseo de un poder no electo y con un fin prefijado y definido mucho antes de iniciarse cualquiera de ellos. Corrupción, actos administrativos ilegales para implantar dañinos trastos en las limpias montañas del Sur y arruinar el futuro del tradicional/lógico uso agrícola, ganadero, cultural, turístico, deportivo,… del territorio.

Anulado por sentencia el primitivo concurso y frenado el atropello que querían perpetrar en Valdeprado, Valderredible, Valdeolea,… (P.E. El Escuchadero, Céspedes, La Milla-El Horno, Somaloma-Las Quemadas,…), ahora impulsamos anular el ilegal PSEC (Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria) 2014-2020 e imponer castigo penal -y civil- a los responsables.

En el contencioso contra el PSEC 2014-2020, visto para sentencia, sabemos que, por su burda ilegalidad, habrá -aquí o en el Tribunal Supremo- igual final que en el concurso, pues le afectan infracciones tan graves y evidentes como la falta de información/participación que exige el Convenio de Aarhus, haber ejecutado modificaciones sustanciales en el trámite, ignorar exigencias de otros órganos de la misma Administración, incumplir la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, acerca de la coyuntura, exceder en mucho por falta de planificación (PROT) las infraestructuras precisas, incumplir el Convenio Europeo del Paisaje, ignorar la falta de conectividad ecológica y el alto valor ambiental de los valles del Sur, no haber realizado Evaluación Ambiental Estratégica, pretender medir los impactos parque a parque,… Se declarará, sin duda, su nulidad, hecho irrelevante en la práctica pues ni con este PSEC ilegal han sido capaces de iniciar la tramitación legal de un solo parque.

Ante la Sala de lo Penal del TSJC hemos presentado una querella contra responsables de la Consejería de Industria y el Ayuntamiento de Valdeprado del Río, a fin de que, de una vez, se nos diga si que no haya información y participación, la omisión de evaluación de los impactos, la falta de planificación previa y de alguna reunión de empresas, gobierno y ayuntamientos con los afectados (particulares y Concejos) propietarios de los terrenos,… viola o no el buen deseo del artículo 45 de la Constitución; y, si el burdo, voluntario y abusivo desprecio a la Ley son delitos de prevaricación, contra el medio ambiente, de falta de planificación, urbanísticos,… y se acabe con el rosario de apaños, se señale a los culpables y se impongan las penas que sean.

Vamos a ver qué pasa, pero los hechos nos muestran que por débil que nos parezca el aparentemente débil, si hace frente al poder que se muestra omnímodo y lo hace con dignidad y constancia, muchas veces le gana y le frena en sus destrozos. Así pues, si nos dan la razón, bien y si no, volveremos a golpear contra la PAC, el fracking, el destrozo eólico,… hasta frenarlos del todo; y, respecto a las dos cajas arrumbadas en el puerto, algo se nos ocurrirá.

Coda. Concluido este artículo, se nos da una disculpa, el gobierno reconoce que lo ha hecho mal, muy mal, y anuncia que el próximo 29 abre un “proceso de participación”, quiere que los ciudadanos intervengan en el PROT haciendo aportaciones previas al inicio de los trámites. ¡Parece que, como exigimos desde hace años, por fín va a haber PROT y, aún más importante, la participación que nos impuso Aarhus!


Por favor, apártense y no molesten

31-07-2016
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria tiene la legitimidad que le da el hecho de ser parte real y activa de las víctimas -agricultores, ganaderos, hombres del campo- que luchan contra el endémico abuso consistente en privarnos del derecho a participar en la adopción de políticas tan relevantes como las de la PAC, el fracking, la implantación de infraestructuras eólicas, la actividad de los Concejos Abiertos,... por parte de quienes se atribuyen una -inexistente- licencia en blanco para dañar nuestra historia, nuestra vida, la de nuestros hijos, la de los hijos de estos,...

Nuestra lucha parte de exigir el cumplimiento del troncal Convenio de Aarhus, las Directivas que lo desarrollan y, en el caso concreto de España, la Ley 27/2006, de 18 julio -¡vaya fecha!-, garantes de los derechos de acceso a la información, la participación política y a la justicia en materia medioambiental. A partir de ello, nos hemos esforzado -con la limitación que suponen algunos de quienes controlan el poder mediático- en explicar qué es la PAC, el desarrollo eólico, el fracking, los Concejos Abiertos,...

Respecto al fracking, por ejemplo, hemos explicado que en nuestra región y el norte de Castilla-León se han otorgado a grandes grupos empresariales derechos sobre más de 300.000 Has. -dos tercios de la superficie de Cantabria-, unas Has. sobre las que podrán pedir actuaciones de fracking de cualquier dimensión, en el lugar y el momento que a ellos convenga y cómo, sin necesidad de entrar en los daños objetivos que ocasiona tal técnica, otorgar esos derechos significa muerte; nuestra muerte.

También hemos denunciado el flagrante incumplimiento de la normativa del Convenio de Espoo (1991), sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo sobre Evaluación Ambiental Estratégica -aquí radicalmente burlados-, de las Directivas de aquel emanadas -la 2001/42/CE, entre otras-, un incumplimiento que es inadmisible en el caso de derechos como aquellos que aquí denunciamos, tan potencialmente dañinos para la futura actividad social, ganadera, agrícola, industrial, turística,... de los vecinos. Los reales propietarios.

Y debemos recordar lo que alguien dijo acerca de cómo la simple ocupación/afectación del territorio por cualquier "poder", incluso sin apariencia de ningún objetivo inmediato -la ocupación "ya veremos para qué"- es muestra del peor abuso.

Todo ello se agrava cuando se puede comprobar que en algunas de las fincas, hoy agrícolas o ganaderas, en que se planifican actuaciones consistentes en fracking está -o ha estado- prevista, al tiempo y en iguales circunstancias de falta de información y participación, de planificación previa, de Evaluación Ambiental Estratégica,..., la implantación de parques eólicos. No puede pensarse en una mayor falta de respeto a la norma... y a todos nosotros.

Están fijadas, con rigor, las normas que limitan las actividades con incidencia ambiental y no podemos permitir ahora, presionados por los lobbys del dinero, que ocultos tras palabras o vanas interpretaciones con falsa apariencia jurídica, los políticos incumplan tales normas.

Que abandonen los engaños. Un ejemplo, el día 25 fiesta nos han invitado, suponemos que junto a los medios, a una pamplina promovida por el propio Gobierno en su sede de Peña Herbosa para, dicen, oponerse al fracking. También nos han dicho que asistirá M.A.Revilla y parte de su Gobierno ¡el día de Santiago!

Por supuesto no hemos ido.

El populista Revilla, el PRC, no hay que olvidarlo, otorgó con su habitual desparpajo, el permiso "Arquetu", el primero concedido por un Presidente autonómico para sondeos de fracking, justificándose, al cambiar el viento y sin sonrojarse, en su ignorancia supina de lo que había firmado; tan culpable como él fue todo su Gobierno, especialmente el ingeniero/consejero/sabio Francisco Martín que no podrá alegar que no sabía lo que firmaban o el Alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, histórico consentidor de eólicos (en el anulado concurso eólico "regaló" el territorio de sus vecinos a las multinacionales), fracking, biomasa, vertedero industrial, atropello de los Concejos,... en su feudo y, ¡de pronto y vayan a saber por qué!, pretendido abanderado de una lucha que, por supuesto, no es suya.

También el PSOE, favorable al concurso eólico, el fracking, e incluso el TTIP, deberá avergonzarse de lo hecho y callarse y, en todo caso, apoyarnos en la sombra, sin aparecer. No entorpecernos, como hasta ahora han hecho.

El PP, más de lo mismo, aquí se opuso, al tiempo que sus senadores apoyaban, sin fisuras, en Madrid el fracking. ¡Sin comentarios!

¿Qué debieran hacer? Son sus leyes y disponen del poder para exigir que, con rigor, entre otros se cumplan los esenciales Convenios de Aarhus, de Espoo, de Florencia,..., sus Directivas y nuestras leyes que los desarrollan. No nos fuercen a desobedecer o, al menos, no nos molesten.

Proyecto de parque eólico La Milla-El Horno

¿PARQUES EÓLICOS, QUÉ ESTÁ PASANDO?

Tribuna de opinión publicada en el Diario montañes
  23-03-2016
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

"El modelo económico que domina el mundo ha resultado no ser el del "libre mercado" sino el del "capitalismo de compinches" (Naomi Klein)
Al ser humano no lo definen sus instintos, ni sus genes, sino su capacidad para decidir y ejecutar acciones que lo cambien a él o transformen su entorno; nos hacemos evidentes en tal disposición y en el ejercicio de la libertad para actuar sobre la realidad y convertirla en algo distinto, intentando mejorarla. La actual de falta de política y políticos nos permite vivir un colosal momento para demostrarlo.

Hace días, el pequeño Parlamento cántabro, apolítico, inane y caro como sabemos, analizaba la ilegal charca en que vive “lo eólico” y aprobaba unánime, monocorde, una moción reclamando el "cumplimiento escrupuloso de la legislación ambiental y energética en la tramitación de los expedientes de los parques eólicos”. Fastuosa burla. Pero, ¿qué está pasando?, ¿se ríen de nosotros o se han vuelto locos? Si el Gobierno incumple la ley -ellos lo dicen- deberían echarlo, sin utilizar la frivolidad amable del infame acuerdo de la nueva “casta”.

Desmenucémoslo. El 2 de junio de 2009, hace siete años, el mismo PRC-PSOE convocaba “concurso público para asignar potencia para instalar parques eólicos en Cantabria” y, urgentemente, adjudicaban tal potencia a los previstos, una adjudicación que, por ilegal, anuló el Supremo. Pasados siete años, no son capaces de iniciar, ¡es tan difícil!, la tramitación legal de un solo parque.

Anulado el concurso, el nuevo Gobierno (PP), cambiaba el nombre del descalabro, lo llamaba PSEC 2014-2020 y Ley eólica, aún más ilegal que lo anulado, diciendo que era una buena solución para ellos y, ¡sorpresa!, más barata para los beneficiarios del ilegal concurso, que ahora no pagarían ni un solo euro por el deterioro ambiental y los perjuicios a los afectados. Nuevo desfalco.

El concurso aparentaba adjudicar parques eligiendo entre varias ofertas y el nuevo trámite, sin siquiera esa apariencia, pretende que a los de siempre, a los del concurso, ahora se los adjudiquen en los despachos ¡Viva el libre albedrío y el libre mercado!

Hablan en el Parlamento de que anulan el P.E.Céspedes por “discrepancias” entre Medio Ambiente e Industria, pero no es cierto; no es sólo Céspedes, son también La Milla-El Horno, Somaloma-Las Quemadas, El Escuchadero, Peñas Gordas, Cruz del Marques,…, parques ilegales, cientos de Mw. que Industria tramita manu militari, como en la Dictadura, hasta el punto de que M.A. dice, como nosotros, que lo que hace Martín -Consejero de M.A. cuando el concurso y responsable de su nulidad- desprecia en el fondo y la forma las normas, incluidas las propias.

Rechazado como Céspedes por Medio Ambiente, La Milla-El Horno fragmenta ilegalmente un proyecto mayor, afecta al LIC ES1300013 del Río y Embalse del Ebro, espacio de gran valor ambiental protegido por Europa, e incumple las Prescripciones Técnicas y Ambientales para el desarrollo de los Parques eólicos, el propio PSEC. 

Resulta ultrajante que dicho parque esté, además, proyectado en pleno corazón del recién iniciado PORN Monte Hijedo-Bigüenzo, que dice proteger los altos valores medioambientales de este espacio ¿Cómo es posible que en un territorio que dicen querer proteger por su gran valor ambiental Martín tramite un parque eólico?, ¿podría tratarse de la corrupción propiciada por la falta de planeamiento territorial, la ausencia del PROT del que ya no habla ni un solo partido? Podría ser.

Tan terco tesón político en incumplir las normas pudiera deberse: a la presión de quienes los mandan, al toque personal de Francisco Martín, político con reputación de “tecnócrata, hechos de lobista y afición a circunvalar sus propias normas, la dudosa independencia en estos temas de su entorno tecnológico/universitario y, fundamental, la permanente presencia de ese populismo que rodea a Revilla que, pese a las sabias quejas de los conocedores de la materia, empezó colando por la puerta de atrás la agresión perpetrada contra la historia de la “pax romana” y las “guerras cántabras” en Celada Marlantes, resquicio al “concurso” cerrado con estruendo por el Tribunal Supremo frente a la presión de notables multinacionales y, en lo de aquí cerca, del grupo que dicen de Manuel Huerta, ahora anónimo en Crossfield Engineering.

Se burlan de la información y participación política ciudadana que impone Aarhus, nos impiden ver los expedientes de 14 parques que dicen en trámite y, pese a solicitarlo insistentemente, no hemos podido hablar con Martín en su transitado despacho del Centro Tecnológico.

Dice Naomi Klein que "el modelo económico que domina el mundo ha resultado no ser el del "libre mercado" sino el del "capitalismo de compinches", es decir, el de los políticos que ceden la riqueza pública a los agentes privados a cambio de apoyo político", y se nos ocurre una solución a corto plazo. El artículo 140 de la Constitución acoge el régimen del Concejo Abierto, institución secular de derecho público, máxima expresión de democracia; el pueblo en asamblea permanente en defensa de lo común. Según Raymond Carr en “España 1808-1939”, el Concejo “no solo ayudaba a los pobres sino que además ponía coto al hambre de tierras de los campesinos ricos” y advertía que el asalto a los bienes comunes es constante desde 1830, “cuando los propietarios acomodados trataban de forzar la venta de los bienes comunales”, algo que hoy es patente en el intento de reducir tales bienes -y los Concejos- a la mínima expresión y poder cometer tropelías como, por ejemplo, las de “lo eólico” o el fracking.

Orgullosos de que en el s. XIX escribiera Le Play que en la provincia de Santander los Concejos defendían las tierras como en “ningún otro lugar de la Europa occidental”, sería bueno potenciar esa fuerza histórica con conciencia de clase, humana estructura social que defiende lo común y ayuda a la mayoría a defenderse. Es urgente, más urgente incluso que lo del lábaro.

Proyecto de parque eólico CÉSPEDES en Arcera, Valdeprado del Río.

NOTA DE PRENSA CÉSPEDES

12-01-2016

MARTIN COMIENZA LA TRAMITACIÓN DE LOS PARQUES EOLICOS POR EL DE “CÉSPEDES” Y MEDIO AMBIENTE SE LO DEVUELVE POR SER ILEGAL

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Desde hace un año venimos denunciando cómo, con prevaricación grosera, el Gobierno de Cantabria, entonces del PP, está anunciando a través de los medios de comunicación que hay en trámite un número importante de parques eólicos que, en principio con una potencia total de 368 megavatios, se pretendían ubicar en San Miguel de Aguayo, Molledo, Bárcena, Luena, Soba y Campoo de Yuso.

Durante meses, la noticia (no convalidada legalmente mediante su publicación en el BOC y/o su notificación a los interesados) ha sufrido cambios en el número de parques y el territorio afectado y, ahora, el Consejero de Industria del Gobierno PRC-PSOE ha evidenciado su interés en que el primer parque a instalar sea el llamado “Céspedes”, que afecta a terreno comunal -que incluye un LIC- y privado del pueblo de Arcera, en Valdeprado del Río.

Sin publicarlo en el BOC ni informar a nadie, esta vez ni siquiera a través de los medios, el 24 de noviembre la Consejería de Industria pretendía iniciar “la tramitación de la evaluación de impacto ambiental” de dicho parque, remitiendo un mínimo e indefendible expediente a la Consejería de Medio Ambiente.

Medio Ambiente, Consejería del mismo Gobierno que Industria, ha devuelto el expediente y el proyecto promovido por EDPR, toda vez que “no se ajusta a lo así contemplado en la legislación en vigor en materia de evaluación de impacto ambiental, ni en la forma, ni en el contenido”, siendo por ello que “el proyecto de referencia no puede iniciar la tramitación de la evaluación de impacto ambiental”. Se trata pues, añadimos nosotros, de una nueva y prevaricadora chapuza.

El proyecto del parque “Céspedes”, hoy de 15 Mw., prevé en principio implantar 5 aerogeneradores modelo Vestas V112 con una altura de 175 m., equivalente a una torre de 60 pisos, 25 m. más que el “molino experimental” de Celada-Marlantes e incluye, además de los cinco espantajos mamotréticos, pistas de rodadura, dos líneas de alta tensión, una subestación eléctrica, otra meteorológica,..., agresión al territorio, sus hábitos, valores y usos, toneladas de hormigón, acero, aluminio, lantánidos,…, todo ello tan ecológico y sostenible como pudiera ser, por ejemplo, un incendio dolosamente provocado en un territorio con altísimo valor ambiental, cultural, social,...

Son, entre otras, razones para que Medio Ambiente devuelva a Industria el bufo expediente de “Céspedes” el hecho de que, según sus servicios:

1º Incumple la nueva Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de impacto ambiental, pues el órgano sustantivo no aporta, junto al documento de inicio, el documento técnico del proyecto y el de alcance del EIA. 

2º El proyecto “Céspedes” debería ser evaluado en conjunto con, al menos, los de “Somaloma-Las Quemadas” (13 molinos), en Valdeprado del Río, y “La Milla-El Horno” (11 molinos), en Valdeprado/Valderredible, de la misma EDPR, que suman casi 100 Mw y exigirían una EIA ordinaria, pues las Prescripciones técnicas y ambientales del PSEC 2014-2020 dicen que, cuando los aerogeneradores tienen una evacuación única, constituyen un único parque.

 Incumple el Convenio de Aarhus y la normativa que lo desarrolla, no llevando a efecto la obligatoria y democrática exposición para información pública, ni realizando y recogiendo consultas a Administraciones públicas e interesados.

 Incumple también el PSEC 2014-2020, sus Directrices ambientales y técnicas y la Ley 7/2013, de 25 de noviembre, que regula el aprovechamiento eólico en Cantabria, pues dos de los aerogeneradores proyectados están en la zona del LIC ES1300013 del Río y Embalse del Ebro, elemento ambiental de primer orden estratégicamente relevante, considerado zona de exclusión eólica. 

EDPR, empresa controlada por un poderoso fondo mundial con capital chino, es socio fundador del cártel, Corporación o Asociación eólica de Cantabria, formada por quienes, en régimen de oligopolio, se adjudicaron el ilegal y anulado concurso eólico, oligopolio que parece quieren prolongar con una nueva “chapuza” para su exclusivo negocio.

Se trata de hechos relevantes, que merecerán, además de diversas actuaciones nuestras, un más detallado análisis y su puesta en relación con la vergonzosa actitud de todos los Ayuntamientos de la zona, en concreto el de Valdeprado del Río, su Alcalde y Secretario, la “subasta eólica” del día 14, la reciente “puesta en funcionamiento” de la línea Soto de Ribera-Penagos-Güeñes, que ya a finales de los pasados años 80 decían que era vital para todos, el PSEC 2014-2020,… e incluso ciertos movimientos en partidos que iban a cambiarlo todo.

Nadie debe olvidar, por último, que Revilla, Martín, Pelayo, Sota, Mazón,…, que perpetraron el ilegal “concurso eólico” forman parte, como premio, del actual Gobierno en puestos relevantes.


Si esto fuera democracia…

05-11-2015
Fernando Merodio
Abogado/miembro de la Plataforma para la defensa del Sur de Cantabria

“(…) para los capitalistas (…) las tierras hoy inservibles pueden mañana convertirse en útiles (…)”. “Imperialismo: fase superior del capitalismo”. V.I.Lenin

“(…) los narcos más importantes pueden pasarse años o incluso toda su trayectoria sin tocar las drogas. Su negocio consiste en controlar el territorio”. “El cártel”. Don Winslow


Historia reciente. Octubre de 2014, hace un año, la Plataforma planteaba en un recurso la suspensión cautelar y posterior nulidad del Plan Energético de Cantabria, el PSEC 2014-2020, en el que, con dolo penal, el gobierno incumple el Convenio de Aarhus, las Directivas 2003/04 y 2003/35/CE y las leyes que imponen la información y participación política ciudadana, base de la democracia. Explicaban que la machacona y confusa monserga sobre la generación eólica son intereses privados apoyados por grupos políticos, sindicales o no gubernamentales comprados, no fiables, y que las edulcoradas mentiras del lobby eólico/financiero y el autoritario modelo de planificación territorial/energética, herencia del desarrollo hidroeléctrico franquista, niega toda participación de la población en primordiales decisiones político-administrativas, impidiendo que intervengan comunidades locales y asociaciones y, gráfico ejemplo, haciendo posible que en los mismos lugares, exactamente los mismos, de Valdeprado del Río y Valderredible se planteen, al tiempo, parques eólicos y permisos de fracking.

Obsceno. Antes de contestar la demanda, Francisco Martín, Consejero de Industria, Instituto de Hidráulica, Fundación L.T.Quevedo, E.I.As,…novelaba en el Parlamento que “en un plazo de dos años estarán instalados los primeros parques eólicos de los 14 que se tramitan en la actualidad” y que “hay otros 17 de los que debe encargarse el Estado”. Fechoría que, pues esto no es democracia, ni siquiera provocó que algún grupo político le preguntara ¿cómo es posible que, si hay en trámite 14 parques, solo uno, El Escuchadero, ha sido publicado en el BOC? y, a su tenor, ¿sería lícito pensar que los otros 13, los 600 Mw. que casi agotan los 700 del PSEC, se tramitan en su despacho? Quizás fue también por ello que nadie le exigió que dimitiera ipso facto.

Tropelía. Si la inexistencia de un PROT que ordene el territorio es causa de nulidad del PSEC, Revilla, Martín, Mazón,…, todo el Gobierno, debieran explicar por qué más de 600 páginas de un Borrador de tal PROT -elaborado en la etapa 2003/2011 del Gobierno PRC/PSOE- han estado escondidas y sin tramitar. También alguien debiera explicar cómo es posible que, sabiéndolo, los de Podemos no lo hayan esgrimido en defensa de los vecinos y confabulados en la omertá, no han dicho ni pío.

Traca final. Corresponde a los Ayuntamientos, ahora al de Valdeprado del Río, secretario y alcalde al unísono, burlar a los vecinos, ocultar el desafuero, facilitar el camino al atropello. En todo caso, que no estén tranquilos, hablaremos y haremos.

Intentemos situar los hechos en su contexto. La escena política occidental se ha representado, durante un ominoso siglo, en dos decorados: el del Estado-partido del Este, el llamado comunismo de Estado, y el del Estado-partido(s) del Oeste, el capitalismo, que llamaron democracia, siendo el eclipse de aquel, incapaz de alcanzar su fin último, la emancipación humana, el que hizo que el hipócrita Estado de Derecho que caciquea el capital resultara innecesario, hasta caer en lo actual.

Alain Badiou, filósofo francés, formula duras críticas al respecto y evidencia que el Estado de Derecho parlamentario es ficción manipulada por las finanzas, la llamada economía de mercado, y que el derecho -con minúsculas- es abuso de quien fija las pautas sustituyendo a los filósofos por ignaros demagogos “elegidos”, incensarios sumisos o, en el colmo del descaro, escribidores a sueldo.

Una vez impuesta por el poder la libre circulación de “su” capital, pueden simular también que circulan lo que llaman ideas, invenciones líquidas de asalariados que intentan sustituir pensamiento serio por su tecnología, su “pogreso” o, en especial, su derecho, figura ficticia, ideario servil al poder del dinero, apariencia de filosofía que se mezcla con política, pésima aleación que arruina saber y polis y sirve al poder del garrote. El Derecho es, aquí y ahora, instrumento que, auxiliado incluso por algún Tribunal, conforma una rígida prótesis que facilita el estático abuso del poder impune y niega todo movimiento a las ideas del que piensa.

Tentados por la cómoda idea de que, muerto todo aquello en que jóvenes creímos, estaría justificado arrojar la toalla, quizás convenga acudir al Spinoza que dice que “Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat”, traducirlo como que el hombre libre en nada piensa menos que en cualquier forma de muerte, o al Rimbaud que defendía que política es “tenir le pas gagné”, traducirlo “ni un paso atrás”, y aun siendo cada día más huérfanos de causas con las que vibrar, escuchar a Leonard Cohen y, “como un pájaro en un cable / como un borracho en una juerga a media noche”, intentar ser, cada uno a nuestra manera, libres.

Asentados en ello, interesados en lo que quienes usurpan el poder venal maquinan contra nosotros o simplemente haciendo para molestarlos, sabiendo del perverso uso que hace el poder del lenguaje, su manipulación por los medios, y sin olvidar que los molinos salvajes no son teoría, sino ilegal, injustificada e injusta práctica abusiva que daña a los más débiles, hay que confiar en que, si esto fuera democracia, políticos, jueces, fiscales, técnicos, funcionarios,… y, desde luego, los ciudadanos acumulados en pueblo, mirarían la corrupción eólica de diferente manera a como hacen las vacas cuando ven pasar ese tren que, boba obsesión del insufrible Revilla, para en pocas poblaciones -casi ninguna- y circula -alguna vez- muy rápido.

Sinergia de infraestructuras viarias y ferroviarias en Pozazal
producto de la falta de planificación territorial, PROT

Desde al menos 2011, ¡TIENEN UN “BORRADOR” DE PROT!

NOTA DE PRENSA

14-10-2015

Plataforma para la defensa del Sur de Cantabria

Otra evidencia de corrupción político/administrativa: por cauces ajenos a los ordinarios judiciales o administrativos, hemos sido informados de que, desde al menos mayo de 2011, hay un borrador de PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio) de más de 600 páginas, que fue elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio (Consejero José Mª MAZÓN) del anterior Gobierno PRC-PSOE, de Miguel Angel REVILLA, del que lo era de Medio Ambiente Francisco MARTÍN, hoy de Industria e impulsor de los parques. Ese PROT que tenemos solicitado mil veces.

No tenemos constancia de que, ni con el anterior gobierno PRC-PSOE, ni durante los cuatro años del PP, ni con el actual, de nuevo PRC-PSOE, mientras se pretende implantar los parques, existan trámites para la aprobación de dicho Borrador.

Hemos dado traslado de ello a la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, solicitando que se aporte dicho Borrador a la pieza separada de medidas cautelares y se requiera al Consejero a fin de que informe sobre los trámites que ha seguido dicho Borrador Mayo 2011 del PROT.

Tiene tal hecho apariencia maliciosa, agravada por la circunstancia de que en la Version Definitiva Mayo 2012 del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020 (pág. 236) se dice que la Ley 2/2001, de 25 de junio, del Suelo de Cantabria señala la elaboración del PROT “como elemento rector máximo de la ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma y fija las directrices para la ordenación del territorio, (…)” y añade (pág. 237) que en mayo 2012 se estaban “realizando los distintos estudios y trabajos necesarios para la redacción del PROT, a efectos de su tramitación y aprobación inicial”.

¿De dónde ha salido ese completo “Borrador de PROT”? ¿Por qué no se ha llevado a efecto su tramitación, tratando, por el contrario, de implantar ilegalmente los parques? Son preguntas que deberá contestar el gobierno que lo redactó que, en lo que aquí afecta, coincide con el actual. La respuesta pudiera ser que con un PROT legal no serían posibles los 14 parques que (no se sabe cómo) tramita el Sr. MARTIN.

Sin PROT, sin Plan Eólico, sin que el PSEC tenga efecto planificador, sin haber efectuado Evaluación Ambiental Estratégica del riesgo global del PSEC para el medio ambiente, haciendo que la ilegal evaluación de impactos tuviera que realizarse parque a parque, no parece haber otra solución que 

1) suspender urgentemente la tramitación de los parques eólicos, 

2) exigir responsabilidades políticas a los Gobiernos PRC-PSOE y PP, 

3) la dimisión de Miguel Angel REVILLA, Juan José SOTA, Francisco MARTÍN y José María MAZON, responsables directos del Concurso Eólico y la falta de PROT, y de la ilegal tramitación de los nuevos parques al supuesto amparo del PSEC 2014-2020 y 

4) las responsabilidades penales de quien corresponda.

BREVE RECORDATORIO

El 15/octubre/2014, hace un año, anunciábamos ante la Sala del TSJC nuestro recurso contra la aprobación, el 17 de julio, del PLENERCAN, ahora llamado PSEC 2014-2020.

Tenemos solicitada la nulidad de dicho PSEC y, en pieza separada, la suspensión cautelar de sus efectos.

Denunciamos el dolo con que actúa el gobierno al incumplir, de entrada, las exigencias que, sobre información y participación política ciudadana, imponen el Convenio de Aarhus, las Directivas 2003/04 y 2003/35/CE y las leyes que lo desarrollan. Participar no es solo alegar con riesgo de no ser leido, sino intervenir antes y durante la elaboración de las normas con incidencia ambiental, decidiendo así el modelo de desarrollo; sólo con verdadera participación hay democracia.

También denunciamos que la mayoritaria y opinable defensa de las energías renovables, en concreto la eólica, se apoya en intereses privados y de grupos políticos, sindicales y no gubernamentales diversos; nuestro autoritario modelo de planificación territorial, la tradición heredada del franquismo y sus proyectos hidroeléctricos, la presión del lobby eólico/financiero y una alianza interesada ha aniquilado la práctica administrativa de integrar a la población en las decisiones energéticas, alejándola de la gestión del territorio e dificultando la actuación de interesados y comunidades locales

La brutal ausencia de una planificación genérica -PROT, Plan eólico, desarrollo de la Ley del Suelo,…- genera, además de una dolosa ilegalidad, la indefensión ciudadana frente a la feroz amenaza de implantar más de 2000 Mw y el esperpento añadido de que puedan coincidir con permisos de investigación de fracking (Valderredible y Valdeprado del Río).

Recientemente, el Consejero de Industria, Francisco Martín, afirmaba en el Parlamento que “en un plazo de dos años estarán instalados los primeros parques eólicos de los 14 que se tramitan en la actualidad, con una potencia de unos 600 megavatios” y que “hay otros 17 de los que debe encargarse el Estado” y nos hacíamos las siguientes preguntas: si, según la Consejería, hay 14 parques “vigentes”, ¿cómo es que solo uno, El Escuchadero, ha sido anunciado en el BOC? y ¿será que los 13 restantes, los 600 Mw que prácticamente agotan los 700 totales del PSEC, los tramiten el Sr. Martín y el lobby eólico en privado?




14 PARQUES VIGENTES......E ILEGALES

Tribuna de opinión publicada en el 

Diario Montañés 05-10-2015

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

“En un plazo de dos años estarán instalados los primeros parques eólicos de los 14 que se tramitan en la actualidad, con una potencia de unos 600 megavatios”, es noticia de impacto publicada en un periódico que, dada en el Parlamento y puesta en boca del Consejero de Industria, Francisco Martín, por ilegal y ofensiva que resulte a quien conoce el asunto, la gente tomará por cierta. Desmenucémosla.

Es evidente que el llamado desarrollo eólico es cuestión compleja y difícil, pero aquí es sobre todo asunto que, bajo una apariencia jurídica, técnica, económica, incluso cultural o ideológica, encubre un grave dilema moral, tan serio como los que, según dice Platón, paseando planteaba Sócrates a sus discípulos, un dilema que, para posicionarse, obliga a elegir entre 1) el falso riesgo de una futura debacle industrial y económica que nos amenazaría de no acudir a la falaz panacea de la generación eólica o, 2) tras haber sido partícipes de la alarma generada por aquella infografía que mostraba molinos lejanos en la otra ribera de nuestra bahía, admitir que no nos preocupa destruir la historia, el territorio, la forma de vida y el futuro de otra gente de apariencia, solo apariencia, más débil, permitiendo que gigantescos molinos próximos, lantánidos, pistas de rodadura, cientos de metros cúbicos de hormigón armado, subestaciones, líneas de alta tensión,… los expulsen de sus casas.

Sabemos que, en tal situación, hoy no es posible el diálogo entre el querer y el poder que abusa y que, 1) para que el debate sea didáctico y, como pide Marx, dialéctico, 2) para que, al final, todos tengamos mejores elementos de juicio, 3) para que cada uno pueda extraer conclusiones propias y 4) para que el resultado que produzca la fatiga de unos pocos sea socialmente eficaz, aproveche al resto, nos parece útil dejar en el aire las más suaves de los cientos de preguntas que podríamos hacer:

- ¿Quién decidió y, sin debate participativo, nos impuso que la generación eólica es sostenible, imprescindible y buena para todos nosotros?

- Si 1) hay que aprobar el desarrollo eólico a partir de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y éste es obligatorio desde que en 2001 se aprobó la Ley del Suelo y ni siquiera se ha iniciado su tramitación, si, además, 2) sabemos que el Plan Energético (PSEC) 2014-2020 ya está aprobado (y recurrido en los Tribunales) y 3) leemos que el peligroso y eterno Martín, amigo de privatizar lo mollar, amenaza con que varios de los parques que, según él, están en trámite se instalarán en dos años, ¿no deberían suspenderse el PSEC y la tramitación de parques?

- Si los diputados conocen ya que el Gobierno -Francisco Martín- dice que, sin contar las decenas de intercomunitarios, hay “vigentes” (¿qué querrá decir “vigentes” en su idioma?) 14 parques -más de 600 MW- en Cantabria, ¿no será delito que solo se haya publicado en el BOC la tramitación de uno de esos 14 parques?

- Si todos los políticos hablan de transparencia y participación ciudadana, ¿por qué ninguno conoce ni exige el cumplimiento del Convenio de Aarhus y la legislación que lo desarrolla? y, también solo por ello, ¿no deberían suspenderse el PSEC y la tramitación de parques?

- Si han vuelto -sin duda premiados- los políticos del ilegal Concurso Eólico, ¿no habría que exigir la dimisión inmediata de, al menos, Revilla, Martín y Sota, que nos vuelven con su persecución del Sur agravada?

- Si, antes de aprobar el PSEC y de tramitar los parques, hay que elaborar, con participación real, al menos el PROT y un Plan Eólico, ¿quién teme participar en un gran debate ciudadano previo sobre el desarrollo energético?

Hacemos, por ello, un llamamiento final a la imparcial y urgente actuación, en todos sus ámbitos, de los Tribunales de Justicia y, a partir de una conocida y atinada frase de John Rawls, filósofo de la política y gran jurista nada sospechoso de radicalismo, “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”, y orientados por su permanente lucha para resolver la tensión entre libertad e igualdad, peleamos por una sociedad más justa o, lo que es igual, no silenciosa como ésta y dotada de más eficaces medios para defender a los débiles y los desfavorecidos frente al poder abusivo. El poder que siempre, siempre, es injusto y prepotente.



NO AL SILENCIO DE LOS CORDEROS
Reflexiones sobre la sentencia del Concurso eólico
Tribuna de opinión publicada en el Diario Montañés

23-07-2015

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Con muy breve extensión, mínimo análisis y el unívoco silencio de Administración, partidos, empresas, denunciante,…, hace un mes los medios sobrevolaban leves la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de la injustificada adjudicación a los de siempre, en 2009, de 1.400 Mw. eólicos (miles de millones de beneficio para pocos, 700 molinos gigantes, pistas de rodadura, líneas de alta y media tensión, subestaciones,…). Un palo para el Gobierno Revilla-Gorostiaga y “su Concurso eólico”.

Cualitativa y cuantitativamente se trata de una sentencia histórica para los cántabros, los ciudadanos han derrotado al poder económico apoyado en el político, han frenado el más arbitrario uso de algo tan vital y goloso como es planeamiento energético y la obtención de un desmesurado enriquecimiento ilícito a costa del destrozo de parte esencial del territorio, por lo que, tras vivir desconcertados estos días de denso y, para nosotros, incomprensible silencio, el conocimiento de los hechos nos fuerza a plantear un debate público acerca de lo siguiente:

1. Por qué se ha producido el múltiple silencio coral que opaca tan relevante sentencia.

2. Por qué, en la constitución del nuevo Gobierno, fue tan dura la lucha por la Consejería de Industria, la que tramita el desarrollo eólico, sin que importara desglosar y adjudicar Sodercán, ajena al mismo, a quien perdió.

3. Por qué se premia con Consejerías ad hoc en el nuevo Gobierno a Francisco Martín y Juan José Sota, que fueron, en Medio Ambiente e Industria, muñidores/responsables del bárbaro e ilegal Concurso.

4. Por qué se permite incumplir las exigencias sobre participación del Convenio de AARHUS.

5. Por qué no se admite la radical nulidad del PSEC 2014-2020 y la Ley eólica y, para evitar una nueva y dolosa pérdida de tiempo, se empieza a planificar por los cimientos.

6. Por qué no debatimos de una vez el modelo energético de la nueva economía, la eficiencia/reducción, el consumo particular, el industrial, el de las grandes infraestructuras como el ferrocarril de alta velocidad,…, la autosuficiencia de balance neto, la generación de proximidad distribuida, la democratización de la producción eléctrica,…

7. Por qué no se reconoce la imposibilidad legal de aprobar un jurídicamente inseguro Plan energético sin un previo PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio), un Plan eólico, una Evaluación ambiental de las infraestructuras en su conjunto,…

8. Por qué, si la previsión del Informe de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para España en el período 2013/2020 es de un excesivo crecimiento eólico de 6.000 Mw., políticos y corporaciones del dinero además insisten en agobiar Cantabria con más de 700 Mw., que es mucho más de lo necesario para nuestro consumo y olvida que las preferencias deberán ser la eficiencia y el ahorro.

9. Por qué nadie hace frente a la permanente falacia que es Sniace, le exige que acredite (junto a Banco Santander) su experiencia en generación eólica y pone en evidencia el cinismo de que, quien maltrata a sus trabajadores y no es siquiera capaz de completar una urgente y mínima ampliación de capital de 15,5, quiera cobrar, por su fullería eólica, una indemnización de 114 millones de euros.

10. Por qué, pese a que el Gobierno afirmó haber suspendido lo adjudicado en el anulado Concurso, EDP, Iberdrola y otros han continuado tramitando parques eólicos, sin que nadie, salvo nosotros, se haya opuesto. 

11. Por qué, si la hubiera, no se exige la responsabilidad de indemnizar por la nulidad del concurso eólico a los culpables, evidentemente maliciosos.

12. Por qué, como ya se hace en Australia, no se cuestiona y debate el carácter “renovable” del abuso en la generación eólica, lantánidos, metros públicos de hormigón, toneladas de acero, pistas, subestaciones, líneas de transporte,…, insostenible para el hombre, la biodiversidad, la agricultura y ganadería, los asentamientos, el paisaje, el turismo cultural y deportivo,…

13. Por qué, tras la chapuza eólica anulada por el TS, ahora aun peor, el Gobierno, con los mismos “negociadores” de siempre (Martín, Sota, Pelayo, Palacios,… y Revilla al frente) retoma los trapicheos con los mismos consorcios empresariales del Concurso.

14. Por qué no se dice que tramitar las solicitudes individuales de los parques una a una en inexistente competencia, es corrupción eólica (ver Castilla y León, por ejemplo), por su nulo control, falta de orden, impacto ambiental no planificado ni evaluado y con los Fondos de compensación ambiental eliminados.

No se han debatido nuestras necesidades energéticas reales, ni el planeamiento deseable o el carácter renovable/sostenible de lo eólico,…, en el trámite se han incumplido todas las normas esenciales, eliminándose la participación que, con detalle, exige el Convenio de Aarhus y, por ello, desde la seguridad de que, como el Concurso, el PSEC 2014-2020 será declarado nulo, la Plataforma lo ha recurrido ante el TSJC e impugnará, de ser preciso, uno a uno todos los parques.

Señores miembros del Gobierno: hagan de una vez política, esfuércense en ser sensatos, sean legales, no abrumen y hagan perder el tiempo a ciudadanos, Administración, Tribunales,…, no sigan, junto a las poderosas corporaciones del dinero, haciendo trampas. Ya no van a conseguir callarnos, ni siquiera por los métodos que en estos asuntos se usan con los indígenas en nuestra querida America; nunca más pastorearán en el peligroso, denso, cómodo o interesado silencio que, en general, reina en el lugar en que se sacrifica a los corderos.


Autovía cantábrica del electrón. Fuente REE

TIRAR DEL CABLE

04-03-2015
De la masificación eólica del Sur de Cantabria a la gran interconexión energética

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria



Basta con tirar del cable para ver cómo la autosuficiencia energética de Revilla, que quería hacer de Cantabria el Kuwait de la renovables y ahora ni alega contra el fracking en Valderredible, o la reducción de la dependencia energética de que habla Ignacio Diego no son razones para la concentración de megaproyectos eólicos en el sur de Cantabria sino parte del proyecto de exportar a Europa la energía producida, a través de la llamada autovía eléctrica del norte o del Cantábrico y sus interconexiones energéticas. 

Revilla y Diego son dos caras de lo mismo y quienes, ahora de tapadillo, solicitan implantar parques eólicos en Cantabria son los mismos adjudicatarios y las mismas ubicaciones del concurso eólico anulado por el TSJC. Son corporaciones y bancos, grandes multinacionales a las que la sostenibilidad, la biodiversidad o el cambio climático importa un bledo; quieren instalar aerogeneradores y, al tiempo, solicitan autorización para sondeos de fracking. 

Las actuales solicitudes eólicas de Iberdrola en el Escudo y Eon en Campoo-Los Valles que, de nuevo ilegalmente, la Administración publica a través del periódico, son eslabones del ambicioso y oscuro megaproyecto eléctrico del capital europeo que en Cantabria se iniciaba con la línea a 400.000 voltios Soto-Ribera-Penagos-Güeñes e incluye el salto de Aguayo, las enormes estaciones de transformación en Mataporquera, Penagos, Aguayo,… y varias superlíneas de 400.000 voltios que, por la costa y el interior, confluyen en el País Vasco dirección Francia.

No se trata de cubrir necesidades eléctricas locales o nacionales, es un gran negocio multinacional que, bajo el demagógico paraguas del interés público de la electricidad y la lucha contra el cambio climático, permitiría a los grandes bancos y empresas apropiarse de (privatizar) las tierras/montes comunales y, al tiempo, uniformarnos aun más al acabar con la forma tradicional de vida en los pueblos, que les molesta tanto.

Es una muestra del abusivo oligopolio de la producción y transporte eléctrico, en manos de unas pocas y grandes corporaciones, que exige una excesiva e injustificada concentración de la producción en zonas que, al dedicarse casi en exclusiva a la generación eléctrica, se desertizarían por el impacto inasumible que causaría sobre el territorio y la población afectados. Tal sería el caso del sur de Cantabria.

Estos megaproyectos, que dicen asentarse en fuentes renovables, no son verdes e inocuos en si mismos y lo son aun menos por su gran ocupación espacial, efectos dañinos,… Un megahuerto solar o megaparques eólicos de megamolinos en tierras con histórico uso agrícola, ganadero, cultural, turístico,… causan un inasumible daño medioambiental y sobre la calidad de vida de las personas que allí viven.

La naturaleza nos regala las energías renovables de forma localizada, su fuente está donde sopla el viento, luce el sol, fluyen los ríos,… y no habría daños causados por el transporte si la generación fuera próxima al consumo; al contrario, los megaproyectos impiden un suministro eléctrico local, a pequeña o mediana escala y somete la energía a la tiranía de los oligopolios.

A escala regional, la superred Soto-Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso-Francia, los megaparques eólicos o la central de bombeo de Aguayo, que REE publicita como inversiones necesarias para el mallado necesario de la red y la autosuficiencia a nivel local y regional, son en realidad agresivas infraestructuras para generar un exceso de energía eléctrica y exportarla a Europa. No hay que ser muy perspicaz para verlo.

Pero, ¿cómo es que pretendemos exportar energía eléctrica si la idea difundida por REE es que la importamos? Muy sencillo, porque los medios de manipulación y el oligopolio falsean la realidad, que es que en España hoy hay una sobreproducción eléctrica, no sólo a causa de la reducción del consumo por la crisis, sino porque la producción está orientada a la exportación y así lo hacemos desde 2004, España exporta a Francia, Marruecos, Portugal,…

Por ejemplo, Francia compra energía a España para, en cumplimiento del 20/20/20, compensar sus emisiones de carbono, si alguien nos pregunta si el viento no sopla en Francia, la respuesta es, claro que sí, pero tiene una población muy sensible contra los grandes parques eólicos y no dejan que se implanten de cualquier modo y en cualquier lugar, en Saint Michelle, en Carcasonne, en el Pais de Los Cátaros,…

Si estuviera simplemente diseñada para el consumo interno nuestra red de alta tensión estaría sobredimensionada, pero no es así, pues está siendo implantada pensando en la exportación, como puede comprobarse al observar simplemente su orientación dominante hacia la frontera con Francia; por otra parte, la red española es, de manera sorprendente, cuatro veces mayor que la de Alemania.

Agrava lo anterior el hecho de que producir energía sobrante e implantar más líneas de transporte de las necesarias repercute en nuestros gastos, eleva el importe del recibo de consumo, da lugar a la actual e insoportable pobreza energética y sirve para explicar, junto con otros motivos, cómo es posible que con un recibo eléctrico tan caro, incluso debamos dinero (déficit de tarifa) a las corporaciones eléctricas. 

Como final y por si hubiera alguna duda recordamos que la participación de Cantabria en la autovía europea del electrón se hace, por el momento, entre otras a través de las siguientes agresivas líneas de altísima tensión: Soto Ribera-Penagos-Muskiz-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); Herrera de Pisuerga-Mataporquera-Virtus-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); La Robla-Velilla-Cillamayor-Mataporquera-Aguayo-Penagos-Muskiz-Itxaso-Argia; Lada (Asturias)-Velilla del Río Carrión (Palencia); Lada-La Robla; Soto de Ribera-La Robla y La Robla-Velilla.

Un ilógico conjunto de agresivas líneas de altísima tensión que además de la energía generada por los megaproyectos eólicos cántabros, transportaría, la de las cinco térmicas asturianas, la de las palentinas de La Robla, Guardo y Velilla y la de los eólicos gallegos, castellano-leoneses de tierra de Campos y del norte de Burgos, toda hacia el País Vasco (Güeñes/Itxaso) y de allí a Francia, a cuyo fin hay, en proyecto, un emisario submarino por el Golfo de Vizcaya hacia la costa francesa, enlazando Gatica (España) y Aquitania (Francia), que aparece como Proyecto europeo de Interés Común (PCI).

ANEXO AUTOVÍAS DEL ELECTRÓN E INTERCONEXIONES

Autovía eléctrica del norte o del Cantábrico

La autovía cantábrica del electrón abarca desde Galicia ,Asturias hasta Francia, tiene dos grandes trazados:

1.- Cercana a la costa:  Soto Ribera-Penagos-Muskiz- Güeñes-Itxaso-Argia (Francia)

2.- Por el interior: 

2.a.- Herrera Pisuerga/Mataporquera/Virtus/Güeñes/Itxaso/Argia (Francia),

2.b.- La Robla-Velilla-Cillamayor-Mataporquera-subestación Aguayo-Penagos-Muskiz-Itxaso- Argia (Francia).

2.c.- En Asturias y Palencia: Lada (Asturias)-Velilla del Río Carrión (Palencia); Lada-La Robla; Soto de Ribera-La Robla; La Robla-Velilla.

Interconexiones con Francia

Hasta este mes de febrero existían cuatro líneas de conexión con Francia (Hernani-Argia 400 kV; Arkale-Argia 220kV; Biescas-Pragnères 220kV; Vic-Baixas 400kV), con una capacidad total para unos 1.000-1400 Mw, un 3% de la energía que se produce.

Interconexión por Cataluña

Con la reciente inauguración de la conexión subterránea por Cataluña, Baixas (Rosellón-Francia)-Sta LLogaria (Alto Ampurdán), se pretende aumentar la capacidad a 2.200 y 2.800 Mw, siendo el objetivo para 2020 llegar hasta los 4.000 Mw de interconexión, el 10% del total de la electricidad producida.

Emisario submarino por el Golfo de Vizcaya

Enlazaría Gatica (España) y Aquitania (Francia), y aparece incluido como Proyecto europeo de Interés Común (PCI).

La crisis, su elevado coste y su dificultad técnica han puesto en cuestión, aplazando su ejecución, dicha infraestructura, pues se trata de una conexión muy cara y compleja, al tener que salvar bajo el mar la estrecha fosa de Capbreton, de 150 kms. de largo y una profundidad máxima de 2.100 m., que discurre paralela a la costa vasca, una dificultad que ya había obligado a desestimar un trazado directo y a apostar por uno más próximo a la plataforma continental, que supone un rodeo de unos 70 kilómetros y el consiguiente sobrecoste económico, a lo que se añade el problema de que tendría la salida a tierra francesa en un lugar que exigiría la implantación de grandes líneas de altísima tensión aérea, frente a las que, al contrario que en España, existe una gran oposición en Francia.




Interconexión eléctrica  por Aragón

-INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS ARAGÓN-FRANCIA SABIÑÁNIGO (HUESCA)-MARSILLÓN

-MONZÓN (HUESCA)-CAZARIL, cada una de estas dos últimas con una capacidad de 1.000 megavatios (MW).




La autopista eléctrica Monzón-Cazaril, que aprovecharía infraestructuras ya existentes pero sin uso, ha tenido como efecto inmediato despertar de nuevo el fuerte movimiento de oposición social, que nunca se había extinguido pese a las sentencias judiciales que a fines del pasado siglo lo descartaron por los trastornos medioambientales que causaría en el valle de Chistau, en el Sobrarbe.

La construcción de una autopista eléctrica que atraviese Aragón para conectar con las redes energéticas europeas planea sobre Aragón desde los años 80 del pasado siglo. Por eso la resurreción el viejo proyecto Aragón-Cazaril, ahora rebautizado Monzón-Cazaril, no ha causado demasiada sorpresa.

POSIBLES ENLACES FUTUROS DE LAS SUPERREDES ELÉCTRICAS

Dos supermegaproyectos el Desertec, Medgrid  de crear un enorme proyecto fotovoltaico en el Desierto de Sáhara para abastecer de energía eléctrica a Europa y el Seatec, estudiables en Google, enormes parques eólicos off.shore en el Mar del Norte, viables técnicamente aunque no socioeconómicamente, dos proyectos tecnocráticos, que no tienen en cuenta las concecuencias sociales inherentes, sólo la voluntad política, la viabilidad técnica y, por encima de todo, el interés económico de los de siempre.


PLENERCAN y LEY EÓLICA: una farsa a la carta

LA LEY EÓLICA SE VACÍA: CAMBIADOS 21 ARTÍCULOS DE LOS 29
 Y SIN DINERO PARA LA COMPENSACIÓN POR LOS IMPACTOS

15-01-2015

Plataforma para la defensa del Sur de Cantabria

No hace mucho, al aprobarse el PLENERCAN 2014-2020, que ahora ocultan tras el nombre de Plan de Sostenibilidad (PSEC 2014-2020), denunciábamos que el gobierno actuaba con nocturnidad, alevosía y prisas e incumplía imperativas normas legales, en especial referidas a la información y participación política ciudadana que impone el esencial y vinculante Convenio de Aarhus; políticos, Fiscalía y bancos no parecen ver la participación como exigencia legal para “fortalecer la democracia en la región” y ser “garantía del derecho ciudadano a tomar decisiones en asuntos medioambientales y a proteger el derecho a vivir en el medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de todos”. No entienden que sólo con participación puede haber democracia.

El Plenercan aprobado, además, modifica lo sometido a información pública, no tiene previa planificación genérica (PROT, Plan eólico, Ley del Paisaje, incumplimiento de la del Suelo,…), se apoya en la Ley 54/1997, Sector Eléctrico, no en la 24/2013 vigente, que exige abandonar la planificación 2012-2020 y adaptarse al escenario de crisis, sabiendo que “el apoyo a las energías renovables, se sostiene en oscuros intereses privados y de Administraciones, grupos políticos, sindicales y no gubernamentales, dificultando la defensa de las posiciones de las comunidades locales” y, pese a ello, potencia oscuramente la eólica, que tiene en trámite 794,12 Mw, que superan los 707,4 del PSEC y, sumados a los suspendidos por sentencia del TSJC, 2.055,62, algo que es desorbitado, canalla e inasumible.

Gravísima inseguridad jurídica que resolverán los Jueces y una dolorosa farsa que se agrava con la Ley 7/2013, de aprovechamiento eólico de Cantabria y, aun más, con el clandestino artículo 17 de la Ley 7/2014, de acompañamiento de los Presupuestos, que anula o cambia radicalmente, privándolos de contenido social, veintiuno de los veintinueve artículos y dos disposiciones (adicional y final) de la primera, propiciando adjudicaciones a dedo y, más grave, que los adjudicatarios no aporten ni un solo euro para el muy publicitado y vacío Fondo de Compensación Ambiental que, se decía, aliviaría el daño que se causara a los afectados por los parques; no se va a exigir a las empresas ninguna aportación compensatoria socio-cultural, ambiental o económica,…

Es una burla decir, como hace el Gobierno, que la eólica es “una actividad más en el medio rural y contribuye a la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas del territorio y a la fijación de población en el entorno” y que “mejore las condiciones de vida y bienestar de la población que vive en el mundo rural”, pues no crea empleo en el medio rural, que es sólo receptor de daños, perjuicios y graves impactos sobre la salud de las personas (ruido del giro mecánico y el roce del viento, ultrasonidos, lantánidos, daños que dependen de las zonas geográficas y el exceso de instalaciones, “esbatimento” o “efecto discoteca”, sombras de la luz solar proyectada sobre los aerogeneradores, ráfagas lumínicas por la noche,...), al tiempo que, en nuestro caso concreto, rompe la alta conectividad ecológica de los valles del Sur en el Gran Corredor ecológico Sierras del Norte de Portugal-Cordillera Cantábrica-Pirineos-Macizo Central-Alpes Occidentales, corredor fundamental para la preservación de la diversidad genética y daña valores medioambientales, altísimos en los valles del Sur.

Puso la guinda a la farsa Ignacio Diego al informar en los medios -y a nadie más- que “ya hay proyectos para parques eólicos”, sin profundizar, “sin embargo, en el estado de tramitación en que se encuentran estos proyectos, ni en la cantidad y tampoco en su contenido”, algo respecto a lo que, tras muchos esfuerzos y aún ninguna fotocopia, hemos podido comprobar que, en aquel momento, era rigurosamente incierto, pues no había ninguna solicitud nueva en trámite, sino simplemente los estertores de una muy vieja, de 2008/9, de la vasca Koly Green Company, S.L., denegada siempre.

Otro día explicaremos cómo, coincidiendo en el tiempo con la aprobación de los recortes de la Ley 7/2013, de aprovechamiento eólico, los últimos días de 2014, un viejo conocido del gobierno y nuestro, Biocantaber, S.L., tras la que se esconde Iberdrola, adjudicataria ya en el anulado concurso eólico, presentaba otra vez sus proyectos en el Registro de las nuevas y flamantes oficinas de la Consejería de Industria, las mismas que ocupara Apia XXI hasta fracasar y ser, dicen, muy bien indemnizada con dinero público. Sorprendente e ilegalmente, de ello no ha alardeado aun en público el presidente.



TRAMITACION DE PARQUES EÓLICOS EN CANTABRIA
EL PRESIDENTE DIEGO NO DICE LA VERDAD
NOTA DE PRENSA 29-12-2014

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
surdecantabrianatural@gmail.com

Hace casi dos meses conocíamos por los medios de comunicación que “el Gobierno de Cantabria ha recibido solicitud de tramitación para doce parques al amparo de la Ley de aprovechamiento eólico, con una potencia total de 368 megavatios”, así como que “esos proyectos se ubican en San Miguel de Aguayo, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Luena, Soba y Campoo de Yuso” y “están en la fase de análisis de su adecuación a los requerimientos de esa Ley de aprovechamiento eólico”.

Efectuadas por nuestra parte las comprobaciones precisas, podemos decir que todo ello es incierto y la realidad es que es una empresa denominada Koly Green Company, S.L., domiciliada en Ermua (Vizcaya), constituida el año 2005 para “Estudiar, proyectar, gestionar parques de generación eléctrica”, al margen del cártel empresarial que se benefició del anulado concurso eólico, la que viene solicitando sin éxito desde 2008 la autorización para instalar doce parques eólicos denominados: Los Tornos-Salama, Campoo de Yuso I y II, San Andrés y San Miguel de Aguayo, El Jucal, Garma, La Tablada, El Montuco, Santa María, Mediajo Frío y El Pombo.

Insistimos en que, sus solicitudes han sido reiteradamente denegadas desde 2008/2009 hasta hoy, coincidiendo en el tiempo y el territorio con algunas de las autorizaciones del citado concurso anulado por el TSJC.

Ahora mismo hemos conocido la presentación por parte de BIOCANTABER, S.L. (nombre neutro tras el que está IBERDROLA) de documentación referida a parques eólicos a implantar en los mismos o muy similares lugares.

BIOCANTABER, S.L. es miembro del cártel o Asociación eólica de Cantabria cuyos miembros fueron adjudicatarios del anulado concurso eólico y sus proyectos coincidían en su zonificación con la documentación que ahora vuelven a presentar.

Insistimos en que, desconociendo la exacta ubicación de parques, instalaciones de acceso, subestaciones y líneas de transporte de la energía que se pretende generar (elementos que en estricta técnica jurídica constituyen cada “Parque”), tanto por parte de Koly Green Company, S.L., como de BIOCANTABER, S.L., entendemos que, al margen de estarse vulnerando la normativa que defiende el derecho de todos a la transparencia, información y participación política popular (Convenio de Aarhus y normas que lo desarrollan), se está generando indefensión en el correcto ejercicio del derecho a la defensa de los legítimos intereses de los afectados e incluso al mismo tiempo, salvo pacto previo entre Administración, bancos y empresas eléctricas, se estarían causando perjuicios a otros posibles interesados en la instalación de parques en nuestro territorio.

Tratándose, de nuevo, de una flagrante ilegalidad por parte del Gobierno, parece urgente la adopción de medidas de naturaleza preventiva que afecten al funcionamiento del PLENERCAN 2014-2020 y la Ley de aprovechamiento eólico, así como que por la Fiscalía Superior de Cantabria se abrá una urgente investigación para valorar las repercusiones de todo ello en el ámbito penal.


NOTA DE PRENSA
06-11-2014
 SOBRE EL TRÁMITE DE
 DOCE PARQUES EÓLICOS EN CANTABRIA

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Sin que administrativamente se nos hubiera notificado nada como interesados, hemos conocido por los medios de comunicación que “el Gobierno de Cantabria ha recibido solicitud de tramitación para doce parques al amparo de la Ley de aprovechamiento eólico, con una potencia total de 368 megavatios”, así como que “esos proyectos se ubican en San Miguel de Aguayo, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Luena, Soba y Campoo de Yuso” y “están en la fase de análisis de su adecuación a los requerimientos de esa Ley de aprovechamiento eólico”, una Ley que, no hay que olvidar, ha sido objeto de reciente acuerdo con la Administración central para su modificación sustancial y, por ello, suponemos que estará en trámite de una para nosotros desconocida, importante y urgente modificación.

Desconociendo, igualmente, la exacta ubicación de los parques, instalaciones de acceso, subestaciones y líneas de transporte de la energía que se pretende generar (elementos que en estricta técnica jurídica constituyen cada “Parque”), así como quiénes son los solicitantes y cuál la norma concreta que se aplica en el actual trámite, entendemos que, al margen de estarse vulnerardo la normativa que defiende el derecho de todos a la trasparencia, información y participación política (Convenio de Aarhus y normas que lo desarrollan), se está generando indefensión en el correcto ejercicio del derecho a la defensa de los legítimos intereses de los afectados e incluso al mismo tiempo, salvo pacto previo entre Administración, bancos y empresas eléctricas, se estarían causando perjuicios a otros posibles interesados en la instalación de parques en nuestro territorio.

Entendiendo que lo dicho en los medios de comunicación constituye, sin duda, la comisión de una flagrante ilegalidad por parte del Gobierno, mediante escrito de cinco de noviembre, tenemos solicitado al Consejero de Industria, además de una entrevista, entre otras cosas, que 1) nos sea concedida vista del expediente o expedientes relativos a la implantación de los parques de aerogeneradores a que el Consejero se refirió en sede parlamentaria, 2) nos sea entregada copia de los documentos que, tras dicha vista, solicitemos y que, por último, 3) se certifique la norma que se aplica en la tramitación de dicho(s) expediente(s).

Todo ello abre la posibilidad de solicitar medidas de naturaleza preventiva en el procedimiento contencioso-administrativo que hemos promovido contra la aprobación del PLENERCAN 2014-2020 y la Ley de aprovechamiento eólico, así como valorar el inmediato ejercicio de acciones en el ámbito penal.

PLENERCAN 

CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA.2
02-09-2014
Plataforma para la defensa de los Valles del Sur de Cantabria

No hace mucho, al aprobarse el PLENERCAN 2014-2020, lo que ahora llaman Plan de Sostenibilidad (PSEC 2014-2020) denunciábamos cómo, igual que hasta entonces, el gobierno actuaba en materia energética con nocturnidad, alevosía y prisas e incumplía radicalmente las imperativas normas que respecto a información y participación política ciudadana impone el fundamental y vinculante Convenio de Aarhus.

Deslizándose por la pendiente, el pasado 19 de agosto se difundía en los medios la noticia de que “Diego confirma que ya hay proyectos para parques eólicos” y que “el jefe del ejecutivo regional no profundizó, sin embargo, en el estado de tramitación en que se encuentran estos proyectos, ni en la cantidad y tampoco en su contenido”.

Han pasado casi quince días desde entonces y los posibles afectados siguen sin saber quiénes son los solicitantes, cuántos los parques, molinos, subestaciones,… previstos, su estado de tramitación, ubicación,…, impidiéndoseles iniciar, en su caso, las acciones para la mejor defensa de sus derechos e intereses.

Han sido muchos los alardes públicos por parte el gobierno de Cantabria de supuestos beneficios para los perjudicados por la instalación de parques eólicos, pero lo único que han visto respecto a tales beneficios es que, a partir de la Orden INN/24/2014, 11 de julio (BOC 17/07/2014), por imposición del Gobierno de España a través de la Comisión Bilateral de Cooperación, además del amiguismo implícito en la pastelera e indeseable fórmula de adjudicación en competencia, no se va a exigir a las empresas ninguna aportación compensatoria socio-cultural, ambiental o económica,…, pues se ha modificado, como siempre sin información ni participación política ciudadana, el art. 18 de la muy deficiente Ley 7/2013 de Cantabria, del aprovechamiento eólico.

Para valorar el concepto que de la participación política ciudadana o, lo que es lo mismo, de la democracia tiene nuestro ejecutivo, basta ver cómo, además de todo lo dicho, se incumplen los arts. 14 y concordantes de la ilegal e indeseada Ley 7/2013, que regulan las normas de publicidad y procedimiento (esencia del Estado de Derecho = Democracia) relativas a las solicitudes de autorización, normas que sin duda, vista la ausencia de notificaciones a los interesados y lo aparecido en prensa, sin duda, producen urticaria en nuestro gobierno.

No vamos a consentir el antidemocrático e ilegal modo de elaborar y aprobar la Ley 7/2013 y el Plan de Sostenibilidad (Plenercan) 2014-2020, ilegalidades que agrava la macabra broma de mal gusto que constituye la pretensión de que asociaciones y vecinos afectados conozcan las solicitudes, el número de parques, su ubicación, subestaciones, pistas, molinos,… cuando estos ya estén adjudicados, de ser posible hasta construidos, y solamente quede la insegura, cara y lenta vía de los Tribunales.

Se incumple el Convenio de Aarhus sobre participación política ciudadana, no existen Plan de Ordenación del Territorio (PROT), Proyecto-Plan Eólico, Ley del Paisaje, Zonas de exclusión y perímetros de protección, no hay una evaluación conjunta del impacto de todas las infraestructuras de Cantabria y CC.AA. limítrofes,… y ahora quieren implantar los parques a espaldas de las organizaciones y vecinos afectados; una actitud que, de concolidarse, constituiría una tan violenta agresión institucional y empresarial contra todos que legitimaría de facto cualquier tipo de respuesta de los vecinos.

PLENERCAN 

CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA
15-07-2014
Plataforma para la defensa del Sur de Cantabria

Como siempre por la prensa, el pasado viernes, día 11, los interesados conocíamos que el Consejo de Gobierno ha aprobado, con nocturnidad, alevosía y prisas a última hora, el Plenercan, ilegal pastiche que ahora llaman Plan de Sostenibilidad (PSEC 2014-2020).

Hace un mes presentábamos las enésimas alegaciones y advertencias de ilegalidad que, como las anteriores, no han merecido respuesta ni, a diferencia de lobby eólico y bancos, al menos una mísera entrevista con los responsables políticos y técnicos del ilegal atropello; en todos estos años de procedimiento ficticio, la Plataforma no ha sido recibida ni en una sola ocasión para, al menos, escuchar sus planteamientos. 

De insistirse en seguir adelante con el PSEC 2014-2020 y la Ley Eólica, previos los recursos administrativos que procedan y la ampliación de nuestras denuncias ante las instituciones europeas, ejerceremos inmediatamente, a tenor de la grosera mala fe con que se incumple la norma, las acciones penales que nos correspondan.

Son exigencia legales esenciales incumplidas en el trámite: 

Primera.- Adecuar el documento a la actual situación de hecho y derecho.

Segunda.- Cumplir, es democracia, el Convenio de Aarhus sobre participación política ciudadana.

Tercera.- Efectuar una Evaluación conjunta del impacto de todas las infraestructuras de Cantabria y las de las CC.AA. limítrofes. 

Cuarta.- Planificación previa: Plan de Ordenación del Territorio (PROT), Proyecto-Plan Eólico, Ley del Paisaje, Zonas de exclusión y perímetros de protección,...

Quinta.- Reducir la potencia a instalar, como mucho, a la del Plenercan 2006/2011, más que suficiente.

Sexta.- Anular íntegro el trámite del PSEC 2014-2020 y reiniciarlo de nuevo, a tenor de las actuales exigencias fácticas y jurídicas.

De ser cierto lo publicado en los medios, el PSEC/Plenercan 2014/2020 es el mismo lodazal de ilegalidad e inseguridad jurídica de siempre, pues lo aprobado:

1) Modifica sustancialmente lo inicialmente sometido a información pública y exige una nueva tramitación completa desde el principio.

2) Se apoya en la Ley 54/1997, Sector Eléctrico, no en la 24/2013, medidas para la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, e incumple la Orden IET/2598/2012, Ministerio de Industria, que exige abandonar la planificación 2012-2020 y adaptarse al actual escenario de crisis y caída de la demanda energética.

3) Incumple el Convenio de Aarhus, las Directivas 2003/04 y 2003/35/CE y las leyes estatales y autonómicas que las desarrollan; falta participación pública, por lo que el 5 de mayo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha instado, a petición nuestra, a la Comisión Europea que investigue la tramitación de Plenercan y Ley eólica.

Políticos, Fiscalía y bancos entienden la participación como una broma y no “garantía del derecho ciudadano a tomar decisiones en asuntos medioambientales y a proteger el derecho a vivir en el medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar de todos”, para “fortalecer la democracia en la región”, en Europa. Sólo con verdadera participación hay democracia; lo que aquí se hace es filfa.

Participar no es presentar alegaciones a las que ni se hace caso, sino que la población local intervenga con conocimiento antes y en la elaboración de los planes, para decidir entre todos el modelo de desarrollo.

4) Se sabe que “el apoyo a las energías renovables, se sostiene en oscuros intereses privados y de Administraciones, grupos políticos, sindicales y no gubernamentales, dificultando la defensa de las posiciones de las comunidades locales”.

Desde los proyectos hidroeléctricos del franquismo es nula la tradición administrativa de integrar a la población en decisiones energéticas y, junto al autoritario modelo de planificación territorial y a la presión del lobby eólico/bancos para reducir trámites y participación política social, se aleja a la población de la gestión del territorio.

5) La ilegal ausencia de planificación genérica -PROT, Plan eólico, incumplimiento de la Ley del Suelo, paisaje,…- hace que, la suma de actuaciones en Cantabria y regiones autónomas limítrofes, supere los 2000 Mw y que en algún lugar coincidan proyectos eólicos con permisos de investigación de sondeos previos al fracking (El Coto 2: Valderredible, Las Cotorras: Valdeprado). Ponen el carro (planificación energética) delante de los bueyes (PROT), con arbitraria inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho

6) La fórmula de proyectos en competencia de la Ley eólica es amiguismo y lleva al caos de la concentración en los lugares más apetecibles, asignados a esos “amigos”, una afección no asumible por la calidad de vida y salud de los vecinos.

7) Hay en trámite 794,12 Mw, que ya superan los 707,4 Mw del PSEC y, si sumamos los suspendidos por la sentencia del TSJC, tenemos 2.055,62 Mw; 61 parques eólicos ya propuestos por las empresas, algo desorbitado e inasumible a todas luces.

8) Es una burla decir, como hace el PSEC 2014-2020, que la eólica “sea una actividad más en el medio rural y contribuye a la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas del territorio y a la fijación de población en el entorno” y que “mejore las condiciones de vida y bienestar de la población que vive en el mundo rural”, pues la energía eólica no crea empleo en el medio rural; su escaso empleo real fijo no se asienta en el medio rural, sólo receptor de daños y perjuicios. Las regiones con mayor producción de energía eólica no son las que más empleos generan.

9) Graves impactos sobre la salud de las personas (ruido del giro mecánico y el roce del viento, ultrasonidos, lantánidos, daños que dependen de las zonas geográficas y el exceso de instalaciones, “esbatimento” o “efecto discoteca”, sombras de la luz solar proyectada sobre los aerogeneradores, ráfagas lumínicas por la noche,...).

10) Se rompe la alta conectividad ecológica de los valles del Sur en el Gran Corredor ecológico Sierras del Norte de Portugal-Cordillera Cantábrica-Pirineos-Macizo Central-Alpes Occidentales, corredor fundamental para la preservación de la diversidad genética, exigiendo una mejor gestión de los elementos del paisaje con primordial importancia para fauna y flora, en especial los que afectan a la migración y el intercambio genético de las especies. 

11) Se dañan valores medioambientales, altísimos en los valles del Sur, entre otros los referidos al Bosque autóctono, las aves incluidas en el Anexo I Directiva de Aves 79/409/CEE y otras


Reiteramos, pues, en que de insistirse en seguir adelante con el PSEC 2014-2020 y la Ley Eólica y seguir pasteleando todo sólo con el lobby eólico, previos los recursos administrativos que procedan y la ampliación de nuestras denuncias ante las instituciones europeas, ejerceremos inmediatamente, a tenor de la grosera mala fe con que se incumple la norma, las acciones penales que nos correspondan.


LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA
 DENUNCIA LA
NULIDAD DE LOS PERMISOS BEZANA y BIGÜENZO
 POR FALTA DE PARTICIPACIÓN Y EAE.
06-02-2014

Hemos solicitado por escrito ante el Consejo de Ministros la NULIDAD DE PLENO DERECHO del Real Decreto 1781/2009, de 13 de noviembre, por el que se otorgan a Petroleum Oil & Gas España, S.A., los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Bezana” y “Bigüenzo”.

El objeto Del Real Decreto es otorgar a Petroleum Oil & Gas España, S.A. los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Bezana” y “Bigüenzo”, otorgamiento que faculta a dicha empresa “para investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada, la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para los mismos (…)”.

La “superficie otorgada” para “investigar en exclusiva” es de 87.580 hectáreas en el caso del permiso “Bezana” y 91.654,50 hectáreas en el del permiso “Bigüenzo”, o lo que es lo mismo, 179.434,50 hectáreas en total, entre Cantabria y la provincia de Burgos, un 33,722%, más de una tercera parte de la superficie total de Cantabria.
Ello supone entregar la posibilidad de tomar decisiones que condicionan el futuro de todo ese territorio a una mercantil única, Petroleum Oil & Gas España, S.A. que, finalmente y al parecer, ha perpetrado la división de la canonjía en tres partes:

· Petroleum Oil & Gas España, S.A.: 50%

· Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.: 40%

· Pyreenes Energy Spain, S.A.: 10%

Son fuentes jurídicas del Real Decreto por las que pretenden que se rija todo lo relacionado con el mismo 1) la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, 2) la Ley de 1974 (franquista), 3) el Reglamento sobre Investigación y Exploración de Hidrocarburos de 1976 (preconstitucional) y 4) la Ley sobre zonas de instalaciones e interés para la Defensa Nacional, de 1975 (franquista). Un Real Decreto de 2009, gobernando el PSOE.

No se hace referencia a la normativa europea, española y autonómica sobre participación ciudadana, nacida del fundamental Convenio de Aarhus, ni al Convenio de Espoo, 25 de febrero de 1991, sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009, ni las Directivas Europeas de él emanadas, entre otras la 2001/42/CE, de 27 de junio, ni mucho menos el Convenio Europeo del Paisaje, Convenio de Florencia, ratificado el 26 de noviembre de 2007, obligatorias normas que garantizan el interés público, anteriores al otorgamiento de los generosos y agresivos permisos el 13 de noviembre de 2009, todas ellas incumplidas en el trámite.

Es inadmisible la pretensión que el poder, con apoyo de los medios, tiene de que todos identifiquemos la defensa del medio ambiente, de la naturaleza en que vivimos y, si nos dejan, vivirán nuestros hijos y nietos, con una especie de exquisito capricho de lo que plumillas llaman ofensivamente “ecologismo caviar” que usa el bucólico paisaje como único argumento frente a sus idílicos “desarrollo”, “progreso”, “crecimiento”,…
Muy al contrario, nuestra “eco/lógica”, defiende el desarrollo sostenible del territorio, la forma de vida más vieja y tradicional, más necesaria, la agricultura, la ganadería,…, y un razonable decrecimiento, la sabia austeridad de todos que posibilite la vida a los que nos siguen…; hace frente al depredador crecimiento insostenible que beneficia a unos pocos, cada día menos, y convierte al resto en consumidores de lo que no pueden y, además, están agotando; denuncia lo que ocurre, usa el Derecho, utiliza la Ley que nos han dado, una Ley que es de “ellos” y no nos gusta, pero exigimos que se cumpla. Hacemos política utilizando esa “eco/lógica”.

El art. 62.1 de la Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo fija los casos en que los actos de las Administraciones son nulos de pleno derecho, entre otros: “a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional” o “e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (…)”, lo que ocurre en este caso.

Se lesionan derechos constitucionales al incumplir, en especial y primer lugar la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública, nacida en nuestro ámbito interno (ver su Exposición de motivos) de la exigencia constitucional de, entre otros, el art. 45 CE.
La instrumentación jurídica de tal participación nació en Europa el 25 de junio de 1998, en la Conferencia Ministerial que firmaba la obligatoria para todos Convención para el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones (…), conocida como Convenio de AARHUS, desarrollado, entre otras, por la Directiva 2003/35/CE, 26 de mayo de 2003 y diversas normas nacionales y autonómicas.

España ratificó tal Convenio, vinculante por comunitario, el 29 de diciembre de 2004 y lo traspuso a nuestro ordenamiento por la citada Ley 27/2006, cuyo doloso incumplimiento es uno de las razones de la nulidad de pleno Derecho del Real Decreto, pues en España tan garantista acuerdo tiene el carácter de bucólico “brindis al sol”, expresión práctica del criterio de que la participación ciudadana comienza y acaba al introducir cada equis años un voto en una urna.

Son exigencias ineludibles nacidas en Aarhus:

1) hacer accesible la información relevante sobre el plan o norma;
2) informar del derecho a participar y de la forma en que se pueden hacer;
3) reconocer el derecho a formular observaciones y propuestas en las fases del procedimiento en las que estén abiertas las opciones de la decisión;
4) justificar la decisión adoptada y el desarrollo del trámite de participación.
5) determinar quienes tienen la condición de interesados para participar en tales procedimientos.

Tales exigencias no son, como España pretende, mera declaración de principios sin eficacia práctica y quien las incumpla o burle incurre en comportamiento doloso de lesa democracia, atenta contra un principio básico en la defensa del medio ambiente.

Es objeto declarado y expreso del Acuerdo de Aarhus “fortalecer la democracia en la región”, obligando a la Administración a informar sin límites a los ciudadanos y a asociaciones como la nuestra 1) sobre el estado de los elementos que definen el “medio ambiente” y 2) “las medidas administrativas, leyes, planes, programas,…” que pueden influir en el mismo, para 3) potenciar la “participación” de todos en el seguimiento, elaboración, tramitación, aprobación de todo ello.

Mayor evidencia tiene lo anterior cuando vemos lo que implica el Real Decreto que pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes de un territorio equivalente al 34%, la tercera parte de Cantabria. Se quiere poner en manos privadas la llave para reabrir a la especulación más dañina en nuestro territorio por lo que, desde el mínimo conocimiento de ese territorio e incluso sin acudir a la normativa nacida de Aarhus, está exigido el más sensible, reflexivo y participativo tratamiento para las cuestiones litigiosas o, lo que es lo mismo, lo contrario a lo que aquí y ahora se hace.

Hay que acabar con la siniestra lógica que intenta hacernos creer que para “crear riqueza” y “progresar” es preciso destruir el medio ambiente actuando a espaldas del ciudadano y sus asociaciones y asentar entre nosotros la necesidad de marchar al paso y en la dirección de la naturaleza. No es un lujo (a los deshielos, fríos o calores que niegan el pasado, tornados, ciclogénesis, olas y mareas,… me remito), sino algo urgente y necesario para garantizar el futuro de la vida humana en nuestro planeta.

Es evidente que los hechos concretos a que nos referimos (los “permisos”) han incumplido radicalmente tal normativa, tanto 1) en el trámite administrativo del agresivo, inseguro y zigzagueante Real Decreto, como en 2) el del acomodaticio (ab)uso que de él pretenden hacer ahora sus particulares beneficiarios privados.

Para cumplir las exigencias del Convenio de Aarhus y de la evaluación de los impactos deberá volver a tramitar el Real Decreto, difundir la documentación precisa con la mayor amplitud y detalle, dejar constancia de forma mucho más clara que los “permisos de investigación” tienen el carácter de paso previo para una pretendida extracción de gas mediante la agresiva técnica de la Fractura Hidráulica (“Fracking”).

Siendo, por último, que el Real Decreto 1781/2009 se aprobaba en una situación de falta de sensibilidad ciudadana y desconocimiento sobre el fracking ajena a la actual y aunque ello no quita importancia a la gravedad de los incumplimientos legales producidos, empecinarse en mantener hoy la legalidad y vigencia de los permisos indebidamente concedidos añadiría un componente doloso de grosera actuación “a sabiendas” que podría ser penalmente tipificable.


IMPOSICIÓN EÓLICA Y CONFLICTO SOCIAL
15-12-2013
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

El pasado 22 de noviembre de 2013 el gobierno de Cantabria aprobó en el Parlamento la Ley eólica. Durante un largo periodo de reuniones y negociaciones con la Asociación eólica, en las que parece se ha hablado únicamente de dinero: se ha suprimido el canon eólico, se intentó lo mismo con el Fondo de Compensación, e incluso se mantiene la sombra de las indemnizaciones por el anulado Concurso eólico. En todo ese largo proceso, la participación ciudadana ha brillado por su ausencia.

No sólo se hurta el derecho de los ciudadanos a participar en decisiones tan relevantes y que les afectan de un modo tan directo, sino que se incumple de forma flagrante el Convenido de Aahrus, lo que nos ha llevado a ampliar la queja ante la Comisión Europea, por la misma falta de participación social que durante el proceso de elaboración del PLENERCAN 2011-2020.

La opción a favor de la imposición eólica, no puede traer consigo más que conflicto social e inseguridad jurídica.

REFLEXIONES SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENERGÍA EÓLICA,
extraídas del libro: 
BR. MARINA TROBO, “Energía eólica y aceptación social: lecciones para Uruguay y guía para la acción” 2013

España es uno de los países del mundo donde la participación social en el proceso de toma de decisiones en relación a los parques eólicos ha sido muy poca, prácticamente nula. La participación se ha reducido a la participación regulada a través de la información pública de los proyectos, lo que se reduce a “una participación reactiva como respuesta a los proyectos de los promotores, en vez de a una participación activa en un Plan de Desarrollo eólico general.” González (2008)

“El desarrollo eólico español “(…) podría haberse hecho al tiempo que se trabajaba en innovar las estructuras y el funcionamiento de la industria convencional, en vez de permitir que la energía eólica quedara en manos de las grandes compañías eléctricas; se podría haber implicado de un modo más directo y activo a la población afectada y a los expertos locales, en vez de favorecer a los grandes grupos de interés; se podría haber puesto en marcha una política decidida de ahorro y eficacia energética, en vez de priorizar la producción de energía sobre todas las cosas” (González; 2008: 110)”.

-GONZÁLEZ, Marta; (2008): “Modernización ecológica y activismo medioambiental: el caso de la Energía Eólica en España” en Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad vol 4 no 11. Ciudad autónoma de Buenos Aires. Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC, Madrid, España. 

-GONZÁLEZ, Marta; ESTÉVEZ, Betty; (2005): “Participación, comunicación y negociación en conflictos ambientales: energía eólica en el mar de Trafalgar”. ARBOR Ciencia Pensamiento y Cultura CLXXXI 715 Setiembre-Octubre 2005, 377.392 Departamento de Ciencias, Tecnología y Sociedad, Instituto de Filosofía

Parte de la literatura ha generalizado el término, “not in my back yard” (NIMBY), para reflejar la idea de que en muchas ocasiones, los individuos se manifiestan a favor de ciertos cambios o tecnologías a nivel general, y sin embargo emergen resistencias al momento de implementar proyectos en los alrededores de sus hogares, debido a que las externalidades negativas emergentes les afectarían directamente.

El desarrollo teórico de Maarten Wolsink, de la Universidad de Ámsterdam, es un claro ejemplo de esto, quien plantea que el concepto de NIMBY es muy pobre e insuficiente para explicar las resistencias en contra del desarrollo de la energía eólica. El elemento central del denominado “síndrome NIMBY” es el egoísmo, que genera conflictos locales. Sin embargo, según los planteos de Wolsink, aquellos que proponen este argumento, no distinguen entre los intereses de los oponentes y sus motivaciones, y tienden a ignorar las percepciones de los oponentes acerca del “riesgo” (Wolsink; 1999: 52) [VER CITA ORIGINAL EN ANEXO I – ix].

ix. “The outcomes of the NIMBY syndrome are a selfish parochialism that generates locational conflict. […] However, proponents of this argument do not distinguish between the interests of the opponents and their motives, and they tend to disregard the opponents' perceptions of risk.” (Wolsink; 1999: 52) 

Como parte de su argumento, presenta una clasificación de tipos de resistencias sociales, en la que evidencia que i) NIMBY es sólo una de las posibles actitudes en la que se observa una actitud positiva frente a la energía eólica, pero oposición a la construcción de un parque eólico en su vecindario. ii) NIABY (not in any back yard) refiere a poblaciones que se encuentran en contra de la energía eólica en sí y de posibles aplicaciones de la misma por sus posibles impactos. iii) Una tercera posibilidad, desde este planteo, sería la aceptación general de la energía eólica que se modifica y torna en oposición luego de hablar de un proyecto específico. iv) La última refiere a las resistencias a proyectos específicos por problemas de planificación o técnicos del mismo (Wolsink; 1999).

-WOLSINK, Maarten; (2000): “Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited significance of public support”. Renewable Energy 21 (2000) 49-64

Sin embargo, una multiplicidad de otros factores parece influenciar las actitudes de las personas frente al desarrollo de la energía eólica. Estos factores interactivos, que son sensibles al contexto y dependientes del tiempo, incluyen las percepciones locales e impactos económicos, las políticas ambientalistas nacionales, las influencias sociales y los factores institucionales como la inclusividad percibida en el proceso de planeación y desarrollo (Birnie et al., 1999; Khan, 2003; Ek, 2005; Devine-Wright, 2005a; Toke, 2005a; Loring, 2007; Wolsink, 2007a; Zoellner et al., 2008; en Warren & McFadyen; 2010: 205) [VER CITA ORIGINAL EN ANEXO I – x].

x. “These interacting factors, which are context-sensitive and time-dependent, include local perceptions of economic impacts, the national political environment, social influences, and institutional factors such as the perceived inclusiveness and fairness of the planning and development process” (Birnie et al., 1999; Khan, 2003; Ek, 2005; Devine-Wright, 2005a; Toke, 2005a; Loring, 2007; Wolsink, 2007a; Zoellner et al., 2008; en Warren & McFadyen; 2010: 205) 

Tal como plantean Ahterbosch et al (2007), los residentes locales suelen oponerse a proyectos de energía eólica (al igual que a cualquier otro) en la medida en que sienten que las decisiones se toman buscando conciliar intereses económicos externos o globales, ignorando los aspectos locales como por ejemplo el riesgo de los ciudadanos, la pérdida de valor del paisaje y la desprotección del medio ambiente. 

- AGTWEBOSH, Susanne; MEERTENS, Ree M.; VERMEULEN, Walter J.V. (2007): “The relative importance of social and institutional conditions in the planning of wind power projects”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 393-405.

Una variable central que determina esta realidad refiere al poco vínculo entre los mencionados ciudadanos y los desarrolladores de proyectos, lo que lleva a que los primeros consideren que los segundos son entidades irresponsables y orientadas únicamente por intereses económicos y ganancias (Dorobantu; 2011). Se evidencia asimismo y dentro de la ciudadanía, una tajante diferenciación entre los que denominan como “ganadores” (los propietarios de las tierras) y los “perdedores” (vecinos que viven los impactos negativos pero no reciben compensaciones financieras). Por tanto, el conflicto no encontraría lugar solamente en las relaciones verticales “Estado-Sociedad” sino también en las horizontales “Sociedad-Sociedad” o relaciones interpersonales.

Se argumenta que los ciudadanos precisan informarse acerca del desarrollo de las tecnologías usadas para la energía eólica y los caminos que se buscan transitar para aplicarlas, al mismo tiempo que se exige la generación de nuevos espacios de participación (Gross; 2007). Para ello, la transparencia y el fluido relacionamiento entre las personas, el gobierno y los desarrolladores de proyectos eólicos resultan vitales (Dorobantu; 2011).

-DOROBANTU, Nicoleta Raluca; (2011): “Understanding ‘local’ opposition to wind energy development in Australia: the intertwining link between procedural and distributional justice, health concerns and the people” MSc UCL School of Energy and Resurces, Australia.

-GROSS, Catherine; (2007): “Community perspectives of wind energy in Australia: The application of a justice and community fairness framework to increase social acceptance” En Energy Policy 35 (2007) 2727-2736.

“De esta manera, la definición de los impactos ambientales y de sus aspectos relevantes queda circunscrita a un grupo de “expertos”, cuando debería ser un proceso colectivo ya que los impactos tendrán un significado y prioridad distinta para los grupos sociales dependiendo de su cultura, valores e intereses” (Castillo; s/d: 5).

“Estos grupos se inconforman debido al cambio de tenencia de la tierra colectiva a privada a través de la firma de contratos de arrendamiento de tierras entre sus propietarios y las empresas eólicas, que permite a éstas acceder a la tierra para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico. Estos contratos se realizan en condiciones de clara desventaja para los propietarios porque permiten a las empresas obtener derechos sobre el uso de la tierra durante 30 años, con posibilidad de renovarse por otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada.” (Castillo; s/d: 6) En este contexto, muchos grupos han demandado la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento de las tierras, sin embargo poca atención han recibido. Tal como se evidencia en los planteos de Castillo (s/d), esto se funda en la históricamente baja atención que se ha prestado a los intereses de los pueblos indígenas de Oaxaca y el poco espacio para participación que se les ha brindado.

“Abordar el impacto visual no se trata de saber si los parques eólicos son atractivos visualmente o no, si no de conocer hasta qué punto se dañan los recursos visuales de la zona y cómo esto repercute en la calidad de vida de los habitantes. Por tal motivo, siempre debe considerarse la frecuencia con que serán vistos los parques eólicos; y la presencia de sitios de recreación, áreas arqueológicas, o elementos naturales (lagos, ríos, montañas, o grandes extensiones de terrenos. La afectación de estos sitios tendrá repercusiones en los niveles de sensibilidad de la población local, los cuales se relacionan con las expectativas del uso que se les da a estos sitios y con un fuerte apego a éstos (National Research Council; 2007, en Castillo; s/d 9).

“(…) Es fundamental que la generación de energía eólica esté respaldada por una base de legitimidad social que asegure la distribución equitativa de sus beneficios. En este tenor, los parques eólicos no pueden ser viables si continúan reproduciendo y profundizando inequidades socio-económicas y ambientales entre países y grupos sociales al interior de éstos. En especial, debe subrayarse la necesidad de que las decisiones estén basadas en información verídica y conocimientos sólidos e integrales, antes de afirmar sin las pruebas y fundamentos suficientes que los impactos no afectarán el medio ambiente y la calidad de vida de la población. Para lograr esto sería necesario elaborar un proyecto nacional de energía eólica que promoviera la colaboración y el intercambio de información entre el Estado, sector productivo, universidades y el resto de la sociedad” (Castillo; s/d: 12).

No se debe pasar por alto, que los proyectos de desarrollo eólico se llevan a cabo en territorios específicos, y que por tanto afectan a los ciudadanos y/o residentes de la zona. Cabe distinguir entre aquellos ciudadanos que se encuentran implicados en el proceso del desarrollo eólico específico, (por ejemplo propietario de la tierra donde se instalan o se encuentre relacionado al proyecto en alguna medida); y aquellos que se ven afectados por los impactos del parque en sí mismo. Su presencia en uno u otro grupo determinará en gran medida su posicionamiento y argumentos. 

-CASTILLO, Emiliano; (s/d): “Problemática en torno a la construcción de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec”. Revista Desarrollo Local Sostenible, Vol 4 No 12. www.eumed.net/rev/delos/12



ARCA y  la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA
amplían la queja a la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo 
por la aprobación de la Ley eólica en el Parlamento de Cantabria.

24-11-2013

Ante el conocimiento por los medios de comunicación de la presentación de la Ley al Parlamento, la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA entregó a los tres grupos políticos, popular, socialista y regionalista, un escrito para que se tuviese en cuenta en el debate de dicha ley un punto de vista diferente al exclusivo empresarial eólico, en un asunto de tanta relevancia para Cantabria.

La  Ley se ha aprobado el pasado lunes 18 de noviembre 2013 pero su contenido se desconoce porque aún no está redactada; se ha preparado única y exclusivamente entre el Gobierno y las empresas a través de la Asociación eólica de Cantabria. Curiosamente las empresas son las mismas que las adjudicatarias del anulado Concurso eólico por el TSJC, más alguna que se ha incorporado posteriormente, como Gas Natural Fenosa o Gamesa. Es decir, todo cambia pero todo sigue igual.

Durante el largo periodo transcurrido entre  el anteproyecto de Ley  y la ley tan sólo se han reunido una y otra vez con la asociación eólica de Cantabria; en ningún momento del proceso se ha tenido en cuenta la participación ciudadana, lo que infringe claramente la legislación Europea, y lo que ha motivado la ampliación de la queja ante el Parlamento Europeo.

En julio de este mismo año ya se presentó una queja a la misma Comisión Europea por idéntico motivo, en este caso ante la tramitación del Anteproyecto de Ley Eólica y del PLENERCAN 2011-2020, motivo por el cual, a regañadientes, salió a información pública.

A la espera de conocer los cambios introducidos  y redacción definitiva de la Ley, que por lo que, parece se reduce a cuestiones económicas referidas al canon eólico, llevaremos a cabo las acciones judiciales pertinentes.

Es especialmente llamativo el hecho de que la Ley eólica aprobada tenga aplazada su entrada en vigor hasta la aprobación del PLENERCAN 2011-2020, que pensamos, sería aprobado  en su caso por un Decreto, norma de rango inferior.

Se sigue sin planificar realmente, el PLENERCAN presentado a información pública no valora los impactos reales sobre el territorio de Cantabria, tanto medioambientales, como socioeconómicos. Es decir se sigue sin realizar una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica.

Del mismo modo se sigue sin aprobar un PROT, Plan de Ordenación del Territorio, que planifique y ordene las infraestructuras u otros proyectos sobre el Territorio para evitar el impacto inasumible en ciertos lugares por la acumulación de proyectos de todo tipo. La entrega a las empresas del territorio de Cantabria sin ninguna otra limitación que la concurrencia competitiva puede suponer un auténtico desastre para Cantabria. Un ejemplo evidente lo tenemos en varios parques anteriormente en tramitación desde Cantabria y Castilla y León, en el  que dos parques eólicos de diferentes empresas tienen proyectados varios molinos en la misma ubicación; otro ejemplo más perverso, en un mismo lugar sopesado para la implantación de un parque eólico se ha solicitado  un sondeo previo al fracking.

Los 300 Mw eólicos del anterior PLENERCAN 2006-2010, aún vigente, el Plan de Energías Renovables de España 2011-2020, e incluso la reciente Reforma Energética vuelven a confirmarnos que es esta cantidad la que le correspondería a Cantabria  y que sosteniblemente podría soportar. De ahí a los 707,3 MW, sólo es excedente y negocio, que se exportaría a Francia y comunidades limítrofes a través de la Autovía del Electrón, bajo el arropo de las renovables,  que no es sinónimo de energía limpia y verde.


EL PASTEL EÓLICO, PARTICIPACIÓN
 Y NUEVA AMAZONÍA

15-11-2013

 Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Hemos leído en la prensa que, al parecer, Gobierno y Parlamento, totum revolutum corrupto, piensan aprobar el martes el Anteproyecto de una Ley eólica en la que parecen estar todos de acuerdo.

Ya se han repartido el pastel, Cantabria está ya vendida, como si les perteneciese; se la han entregado con total libertad a las multinacionales energéticas y del dinero, a las mismas del anulado concurso eólico más algún invitado nuevo, amigo de los ahora gobernantes. Cada porción del pastel será más pequeña, pero ya están todos los que querían.

Sólo se han reunido con las empresas y sólo hablan de dinero.

Sólo les importa su negocio y que no se lo estropeemos; a cambio, nos destrozan la vida y condenan a amplios territorios de Cantabria a la exclusiva producción energética, impidiendo y dificultando actividades económicas ya establecidas o aún por desarrollarse.

El “nuevo Amazonas” en este caso, es sin duda, el Sur de Cantabria, donde quienes ocupamos territorio estorbamos a los intereses económicos de las grandes multinacionales,- “transnacionales” si aceptamos el símil de lo que aquí acontece con la situación al otro lado del charco -, eléctricas, gasísticas, constructoras o bancos.

No es este el único ataque contra estos territorios, la misma intención de eliminar los concejos y juntas administrativas, no nos engañemos, esconde la apropiación y usurpación de los miles de hectáreas de los montes comunales, propiedad de los vecinos, para eliminar cualquier obstáculo a la implantación de estas megainfraestructruras energéticas: eólicas, fracking, biomasa a gran escala, o cualquiera otra que se les ocurra.

El cambio climático es un facilón lavado de cara, si no, cómo se explica que alguna de las promotoras de parques eólicos, solicite al mismo tiempo permisos y sondeos de fracking.

Se siguen sin cumplir las exigencias de Europa, en especial despreciando el esencial e inhabilitante Convenio de Aarhus, respecto al derecho de todos a la información y participación.

Lo muy poco que sabemos es lo que, vaya a saber si cierto, se publica en la prensa.

Si alegamos ante la Administración, ni resuelve ni nos contesta.

Si pedimos entrevistas al Presidente, ni nos responde. Se reúne, eso sí, con sus amigos (¿o temidos?) de la Asociación Eólica.

El PRC nos dice ayer, para justificarse, que sí informan y propician la participación, que hace poco se han reunido, ¡ya lo sabíamos, faltaría más!, con la Asociación Eólica.

Esa Ley no mejora la muy insegura normativa de PSOE y PRC, la empeora hasta hacer desaparecer toda seguridad jurídica.

En el caso de que tengan la osadía dolosa de aprobar el nuevo atropello el martes acudiremos, de nuevo, a Europa y a los Tribunales y se nos llamará, otra vez, "enemigos del progreso".

El Estado de Derecho se cae a pedazos.


Pd. Pese a todo hemos presentado el siguiente escrito adjunto a los tres grupos parlamentarios para que tengan en cuenta otro punto de vista diferente al único e interesado de las empresas:

ASUNTO: PLENERCAN  y Anteproyecto de Ley que regulará el desarrollo eólico en Cantabria
AL GRUPO POPULAR/ PSOE/PRC DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA.-

......................................................................, en representación como Presidente de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número ........... y con domicilio a efectos de notificaciones en ......................................, Cantabria, en relación al asunto de referencia, comparezco y DIGO:

I.- Desde hace tiempo, los medios vienen recogiendo noticias de la Presidencia del Gobierno sobre un llamado “Anteproyecto de la Ley que regulará el desarrollo eólico en Cantabria”, a partir del cual “el gobierno adjudicará cada parque eólico sin concurso y según la oferta”, para lo que “los promotores eólicos deberán pasar un examen previo de Industria” que otorgará “cada parque de forma individual y sin supeditar todo el desarrollo a un único concurso”.
Sobre ello han dicho que “el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, Manuel Huerta, conoció el anteproyecto en una reunión con el jefe del ejecutivo regional” y “expresó su satisfacción por el cumplimiento de los plazos comprometidos por el presidente para elaborar esta Ley”, habiendo reconocido “la importancia de la seguridad jurídica que añade la nueva norma para que no se vuelva a entorpecer el desarrollo eólico en la región”.
 II.- Gobierno y Asociación parecen haber olvidado la sentencia del TSJC que anuló el “concurso eólico” y quieren dar la impresión –rigurosamente falsa- de que es tal “anteproyecto” el que “deja sin efecto las asignaciones del concurso de 2009, cuando sabe todo el mundo que quien lo hizo fue la citada sentencia del TSJC.
III.- Pese al mucho tiempo transcurrido y a ser los afectados/perjudicados por la pretendida “chapuza/pelotazo/burbuja eólica”, el Presidente no nos ha recibido, ni quiere escuchar nuestras fundadas razones en defensa de la nulidad radical del PLENERCAN 2011-2020, ni nos entrega copia del fantasmagórico y (por lo filtrado a la prensa) ilegal anteproyecto, ni nos permite intervenir en su trámite incumpliendo con ello gravemente lo que exige el fundamental Convenio de AARHUS sobre información y participación, habiéndonos obligado a acudir en denuncia y queja Europa, denuncia que actualmente está en trámite.
IV.- Tales hechos y la urgencia social de disponer de una buena norma energética, el llamado PLENERCAN Plan de Sostenibilidad Energética, legalmente tramitada y adecuada a las necesidades reales y a todos los intereses en litigio, hace que tengamos que denunciar el intento, nuevamente, de privarnos de nuestro irrenunciable derecho a ser parte en la elaboración de tal norma y la antes citada Ley, que sabemos se mueve por intereses ajenos a los generales.
V.- Son breves antecedentes que explican nuestros planteamientos:
      1. El 17 octubre  2012 el T.S.J.C. dictaba en el PO 139/2010, promovido por ARCA contra el Gobierno de Cantabria y varios consorcios, la sentencia núm. 752/2012 anulaba el concurso público para la asignación de potencia eólica  para instalar Parques Eólicos en Cantabria y decía que la Administración y las poderosas empresas adjudicatarias actuaban ilegalmente.
      2. El 14 de noviembre, dirigíamos al Presidente un escrito sobre el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria. PLENERCAN 2011-2020, reiterando el contenido de dos anteriores (de 16 agosto 2011 y 12 julio 2012) sobre anuncios publicados en el BOC núm. 101, 27 mayo 2011 y Extraordinario núm. 43, 15 julio 2011, denunciando extensamente que, pese al tiempo pasado y a haberse informado a los medios que “el Plan elaborado, recoge las modificaciones derivadas de las alegaciones aceptadas”, no habíamos (ni hemos) recibido respuesta, ni siquiera verbal, a dichos escritos.

     3. Ampliábamos la queja a la intención del Gobierno de no abrir información y participación pública sobre las posibles modificaciones que se puedan proponer y/o introducir a partir de este momento en la propuesta de Plan que la Consejería de Industria eleve, en su caso, al Consejo de Gobierno para su aprobación, pretensión que incumple de nuevo de modo invalidante el Convenio de AARHUS, que impone los derechos de participación y de acceso a la información y la justicia en materia medioambiental. La supuesta segunda supuesta información pública fue un fraude más.

      4. Solicitábamos además que, anuladas de facto por la citada sentencia las bases fácticas y jurídicas del PLENERCAN 2011-2020 y su pretensión de potenciar en nuestra región, de modo especial en los valles de montaña del Sur, el desarrollo de la generación energética de origen eólico, se declarase la nulidad de pleno derecho del PLENERCAN en trámite, toda vez que:
          A) Se ha incumplido -y se incumple- el Convenio de AARHUS, lo que causa una total inseguridad jurídica y, con ella, su nulidad radical.
          B) Igual lo tramitado por el anterior Gobierno que por el actual, basa todo el desarrollo energético de Cantabria en la generación eólica, hoy puesta en cuestión su dudosa condición de sostenible, a tenor de su carácter inconstante e impredecible y el daño que toneladas de hormigón y acero, pistas, subestaciones, líneas de transporte,… causan en el territorio. No es verde, ni limpia.
        CIncumple los objetivos energéticos europeos y no existe razón alguna que, desde la solidaridad, justifique la carga eólica que se quiere implantar, salvo un intento de pasar del pelotazo del ladrillo al eléctrico.
        D) No hay Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) ni se realiza Evaluación Ambiental Estratégica, real y global de todas las infraestructuras.
5. Agrava lo anterior que BIOCANTABER, S.L. (IBERDROLA) ha estado tramitando (no sabemos si está) una “Solicitud de Autorización y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de instalación del parque eólico El Escuchadero y otra del parque eólico Cruz del Marqués”, CAPECAN 2009/ZD/003 y 2009/ZD/00, en San Miguel de Aguayo, Luena, Campoo de Yuso y Molledo, expedientes nulos (por la sentencia y la Ley de acompañamiento de los Presupuestos 2013), lo que perjudica intereses generales y pudiera caer en responsabilidades penales.
   6. También venimos denunciando la ilegal tramitación e instalación de torres anemométricas en el territorio, torres innecesarias, agresivas e ilegales de las que son titulares las adjudicatarias del Concurso Eólico.
VI.- Es última y siniestra paradoja el hecho de que en algunas zonas coincidan en idénticos emplazamientos pretensiones de implantar agresivas infraestructuras eólicas y no menos dañinos sondeos de fracking, dándose incluso el caso de que la misma multinacional energética solicita permisos en igual emplazamiento para una instalación de explotación eólica y, al tiempo, otra de fracking. Resultaría chocante verlo llevar a la práctica, record Guinnes, sin duda.
Lo que pretenden, sin duda, es echar a los vecinos y adueñarse de la tierra, ya pensarán para qué.
VI.- Así pues, en lo que aquí afecta, el art. 3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula, entre otros, el derecho de participación pública en la elaboración, cambio,… de disposiciones de carácter general en materia medioambiental y traspone a la normativa española las vinculantes exigencias del Convenio de AARHUS, nos atribuye, en su apartado 2.a), el derecho a “participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente (…)”, mientras el 2.b) amplía tal derecho a “acceder con antelación suficiente a la información relevante referida a (…) disposiciones de carácter general”.
VII.- Por todo ello, en el trámite concreto de la aprobación del “anteproyecto de la ley que regulará el desarrollo eólico en Cantabria” entendemos que el más laxo cumplimiento de las vinculantes exigencias del Convenio de AARHUS obliga a la Administración a 1) facilitarnos la aportación de sugerencias e ideas, 2) potenciar nuestra presencia como afectados en la elaboración y trámite administrativo del planeamiento energético y, para ello, 3) entregarnos de forma inmediata copia del citado “anteproyecto”.
Por todo ello,
SOLICITO tengan por efectuadas las anteriores alegaciones y a su tenor acuerden la NO APROBACION del Proyecto de Ley de referencia y del futuro PLENERCAN, reiniciando el trámite de ambos, con estricto cumplimiento del Convenio de Aarhus.
En Santander a catorce de noviembre de dos mil trece
OTROSI DIGO que, si lo estiman necesario, ofrecemos cuanta información complementaria precisen al respecto, por lo que
SOLICITO tengan por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos oportunos.

Lugar y fecha anteriores.



Derecho a la libertad de expresión e información

14-11-2013

Fernando Merodio

Voy a echar mi cuarto a espadas y a opinar en una sucia controversia actual, hablar de las buenas gentes de Lasaga Larreta, en Torrelavega, del transformador de E.on, la libertad de expresión y el grupo Vocento, El Diario Montañés, cuatro días, cuatro portadas y seis páginas completas, una historia de terror, canalla, planificada (la foto de Iván, concejal de ACPT, salió el primer día, lo sabían todos y no se le ataca hasta el cuarto), en la que, con ocasión de lo que llaman “carrera” por el centro de Torrelavega, PP y periódico insisten en que gente muy malvada insultó, escupió, dió patadas en el suelo,… a indefensos niños. Voy a empezar por los hechos que, sin haber estado allí, conozco. Primero, no fue una carrera, cosa seria, sino un anuncio barato y provocador de E.on que, gratis total, utilizó el Ayuntamiento, casa que dicen de todos, como pantalla y abusó de la buena fe de los participantes, convertidos en anuncios y ahora quiere el PP que también en esquiroles. La Federación no autorizó la pachanga, no hubo jueces, no se cortó el tráfico, no se vallaron los cruces, abría el paso un ciclista, no la Policía, el recorrido era tan oscuro y mal señalizado que el ganador ha dicho que se perdió en algún punto,… E.on y el alcalde no debieran hablar de legalidad, “esa cosa” fue ilegal, sin normas y no hubo atropellos por milagro; quien autoriza (si se autorizó) y apoya tal publicidad privada, o tiene intereses en ello o no sabe lo que hace. Segundo, los perjudicados por E.on, víctimas desde hace años de abusos, facturas injustas y un transformador criminal y sin licencia, no han sido autores de las agresiones que airea Vocento, son gente mayor, educada, correcta y, por supuesto, pacífica. Tercero, entre quienes llevaban frontales y camisetas de E.on había, siempre sucios, provocadores que ¡vaya si provocaron!; no he visto ni una fotografía en que los manifestantes tengan actitud agresiva y sí varias en las que sí las tiene algún supuesto deportista, hombre anuncio de E.on. Un recordatorio, todos, incluso Manolo Sáiz, hemos visto parar el Tour, ¡en Francia, claro!, sin que ningún deportista se enfrente a los que lo hacen. Una valoración, Iván, de ACPT, como hubiera hecho Esther, estuvo, ¡faltaría más!, junto al débil frente al poder abusivo. Para acabar, un dato, El Diario Montañés, que azuza la cacería, fue absorbido por el grupo vasco Vocento, de cuyo Consejo de Administración es miembro, junto a Rodrigo Echenique, consejero del Santander, Miguel Antoñanzas que, casualidad, es Presidente de E.on España y E.on Italia.

Los derechos a la libertad de expresarse e informarse son inseparables y, para ser auténticos, exigen plenitud de ejercicio pues el segundo derecho (a ser informado) solo existe si la primera libertad (de publicar ideas y hechos) es universal e igual; es preciso que todos podamos dar y recibir información en situación de equilibrio, sin más límite que el de ser veraces. Con intención, los medios de comunicación de masas loan esas libertades/derechos pues, dicen ellos, sustentan lo que llaman democracia, pero lo cierto es que solamente ellos las usan y administran, dejando para el ciudadano, tanto en el ámbito activo (dar) como pasivo (recibir información), el formal ejercicio de una apariencia indefensa e inane, como la de los otros derechos que dicen fundamentales (justicia, trabajo, sanidad, enseñanza, vivienda,…).

Duele que los profesionales que usan el privilegio de publicar a diario en los medios ideas, hechos y opiniones y, además, cobran por ello no valoren en cada asunto si prevalece el derecho de todos o, por contra, el del capital/empresa que, al limitar libertades, lo hace todo más fácil para ellos y los suyos y más agrio, desigual e injusto para el resto y, tras comprobar la evidencia, siquiera intentan contarlo.

Hoy me dicen algunos que si no lo hacen es por las presiones de la empresa, presiones aun más preocupantes que las que, desde la calle, amenacen al periodista; la coacción desde el capital/empresa es, aquí y ahora, un gravísimo peligro para las libertades de expresión e información, como lo es el periodista que, parcial o falaz, (des)informa, colabora con el que le paga y censura esas libertades a quienes, de forma ocasional, no retribuida, desarrollan el llamado “periodismo ciudadano”, para los que el Relator especial para la libertad de expresión pide en su Informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 4 de junio de 2012 protección y respeto, pues dice que “desempeñan un papel de creciente importancia al documentar y difundir noticias sobre acontecimientos en los que participan” y así “han enriquecido el panorama mediático, aumentando el acceso a fuentes de información, estimulando los análisis informados y promocionando la expresión de opiniones diversas, en especial en momentos de crisis”.

Vivimos tiempos feos en un mundo tan sobrado de información como desinformado, tiempos en los que no dudo es preciso reivindicar ya el derecho de todos a usar los medios. Manuel Castells dice en “Comunicación y poder” que éste, “ya sea el macropoder del Estado y de los grupos de comunicación o el micropoder de todo tipo de organizaciones, se basa en el control de la comunicación y la información” y añade que una parte esencial del mismo radica en la capacidad para modelar las mentes, por lo que todo intento de constituir un contrapoder justo obliga a romper tal monopolio.

Cierra su libro Castells animando a exigir un mejor funcionamiento de los mass media y además, pues las redes de comunicación tienen también una dimensión local, a hacer un mayor uso de los de ámbito próximo. Tenemos que comunicarnos, difundir nuestra versión de lo visto y vivido, establecer prioridades y conceptos base, explicar causas y efectos y, como en tiempos de guerra hiciera Chaves Nogales, contar lo visto y vivido “más fielmente de lo que uno quisiera”.

El poder teme, más que a la coacción legal, a lo que de él pueda conocer el resto, prueba del valor que la comunicación tiene para el capital, que la usa, administra, mima y con ella se protege. Habrá quien vea perdida la batalla de la información para explicar nuestra versión, distinta de la dominante, en asuntos como la humillación a que nos somete el capital que impone su (in)cultura, expolia el puerto y los jardines de Pereda y oculta lo que es su Fundación, o la verdad del negocio de la energía eólica, insostenible e insegura, o la salvajada del fracking, o los Concejos Abiertos, las tierras comunales, la democracia y lo que quieren para ello, o el cruel momento actual y la cobarde actitud cómplice, silenciosa ante la sistemática voladura de los logros de la Ilustración, o el papel que tienen quienes dicen representarnos, o el valor de las cosas,... Exigirá un gran esfuerzo, pero no es reto imposible.

Propongo, ya, un debate público y sin límites, con luz y taquígrafos, sobre E.on, sus abusos y el transformador, lo que llaman la “carrera”, el paradigma que es el Centro Botín inculto, el fracking, la energía eólica, el consumo energético, el Concejo Abierto, auténtica democracia, el expolio de nuestros derechos,… Nos llevan hacia el precipicio y es preciso un viraje, ahorraría tiempo, incidentes y disgustos dotarnos de elementos buenos de juicio. Es urgente intervenir en los medios, plantarlos cara, si hace falta boicotearlos, crear nuevas palancas ajenas a las burocracias, cambiar las estrategias frente al capital que abusa y en sus genes es cobarde, ignorante y débil.


QUEJA ANTE LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO

02-07-2013
Cada día mayor inseguridad jurídica
ARCA Y PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA
Lo publicado en los medios sobre el actual trámite del PLENERCAN 2011(¡)-2020 y el “Anteproyecto de ley que regula el aprovechamiento eólico”, las normas que, junto con la Asociación Eólica, quiere imponer el Gobierno, nos obliga, a la espera de conocer la realidad de los textos, a formular una QUEJA formal ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y hacer públicas las siguientes REFLEXIONES:
1. Lo que se pretende es nulo de pleno Derecho. Incumple el Convenio de AARHUS, pues ni se informa, ni participan los afectados con interés legítimo y, además, con conocimientos.
2. Olvida la seguridad jurídica. No hay PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio), ni PLENERCAN (Plan Energético), ni zonificación (Plan Eólico), ni Evaluación Ambiental de las infraestructuras en conjunto,... Sólo hay tasas, cánones, acuerdos, indemnizaciones,… ¡dinero!
3. Olvidan los efectos que, en el PLENERCAN y en el “anteproyecto”, producen los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que anuló el Concurso.
4. El Gobierno dice suspender lo que adjudicó el Concurso (la sentencia ¿qué hizo?), pero REE, Iberdrola y otros tramitan parques, líneas de 400.000 voltios, subestaciones enormes,… ilegales que destruirían nuestros valles de montaña, sin que nadie, salvo nosotros, se mueva.
5. No hay que indemnizar a nadie, pero si creen que hay que hacerlo, que paguen los culpables.
6. Regresa la pesadilla eólica, faraónica. En plena crisis caótica, los 300 Mw que preveían el Plan de Energías Renovables España 2011-2020 y el PLENERCAN vigente (muy reducidos por la Orden IET/2598/2012, de 29 de noviembre, del Ministerio de Industria) dan de sobra para nuestras exigencias por población y extensión; hacia arriba, solo hay dinero y corrupción.
7. Hoy se cuestiona el carácter renovable del abuso en la generación eólica, toneladas de acero, metros cúblicos de hormigón, pistas, subestaciones, líneas de transporte, lantánidos,… Es insostenible para el hombre, la biodiversidad, la agricultura y ganadería, los asentamientos, el paisaje, el turismo cultural y deportivo,…
8. Tras la chapuza eólica que anuló el TSJC, regresan con algo peor. El Gobierno “negocia” con los mismos del Concurso anulado, que siguen ahí,… ¡Cambia todo pero todo sigue igual!
9. La apuesta por solicitudes individuales de los parques, tramitadas una a una en supuesta competencia, es la peor política eólica, por su imposible control y un gran desorden e impacto por falta de planificación. El modelo del canon eólico es el del caos gallego. Aportar dinero a un Fondo de Compensación es pagar un poco, no se sabe a quién, por lo mucho que destrozan.
10. Lo que ahora decimos es, simplemente, que en el trámite incumplen de forma muy grave las normas que ellos han elaborado y que, por ello, lo hecho es nulo. Cuando se cumpla la norma, debatiremos con mayor detalle acerca de las necesidades energéticas reales, el planeamiento energético y, en concreto, eólico, el carácter renovable y sostenible de lo eólico,… y otras cosas. La guinda es que hemos leído el “Anteproyecto”, hace dos días, en la web de un periódico al que, al parecer, el Gobierno respeta más que nosotros.


RECURSO DE REFORMA Y VALORACIÓN DE ARCA Y PLATAFORMA DEL SUR AL AUTO DE ARCHIVO DEL MOLINO DE VESTAS EN CELADA MARLANTES

17-06-2013

Ante la presentación, hoy 17 de junio 2013, del RECURSO DE REFORMA interpuesto ante el Juzgado, previo al de APELACIÓN ante la Audiencia, al Auto de ARCHIVO PROVISIONAL de las diligencias penales que, impulsadas por la Fiscalía y, especialmente, por ARCA y la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, se siguen en el Juzgado de Instrucción de Reinosa exponemos públicamente la siguiente valoración conjunta:

1. La instalación del gigantesco molino (que no es experimental) en Celada-Marlantes estaba vinculada al anulado concurso eólico (que pretendía la destrucción de la zona con cientos de molinos) y anunciaba que el prototipo a elegir mayoritariamente sería el gigantesco V112 (150 m.) de Vestas, hoy obsoleta muestra de una tecnología obsoleta.

2. El máximo representante de Vestas ha declarado en el Juzgado que la elección del concreto lugar de ubicación del molino en Celada-Marlantes no fue decisión suya, sino del Gobierno,  no pudiendo negar nadie que tal elección es muestra (al margen de las consecuencias penales que se debaten en el procedimiento) de una total falta de sensibilidad por parte del anterior Gobierno y, en especial, del aparentemente eufórico Sr. LOPEZ MARCANO, antiguo consejero de Cultura, que han elegido atravesar por la mitad uno de los escenarios más importantes de las guerras cántabras (en el que constantemente están apareciendo nuevas muestras, como la muy reciente del Monte Ornedo en  Valdeolea), unas guerras cuya conclusión abrió la puerta a la pax romana.

3. Una mínima aplicación del fundamental principio de prevención (obligatorio en materia medioambiental y, mucho más, en el que nos ocupa) y el más elemental sentido común dicen que no se debió elegir un emplazamiento de tal relevancia histórica y arqueológica, donde la destrucción de nuestro patrimonio cultural es tan  enorme.

4. Es innegable que el proyectado Parque arqueológico cántabro-romano resulta a todas luces ya imposible, o al menos ha sido enormemente degradado, debido a las muy agresivas obras realizadas.

5. La autovía, no camino, de acceso al molino discurre por el mismo trazado de la strata via romana que se une a la calzada romana entre Julióbriga y Celada Marlantes y que ha quedado irremisiblemente sepultada, lo mismo que su entorno, bajo toneladas de tierra.

6. De consentir (como lo hacen las instituciones políticas, universitarias, culturales,…) que el Auto que recurrimos adquiriera firmeza, estaríamos dando carta blanca a la instalación de innecesarios (salvo para la avaricia de constructores y banqueros) monstruos de 150 m de altura no importa dónde, sin que ni los más importantes yacimientos arqueológicos ni el más relevante patrimonio natural, ni mucho menos el derecho a una vida digna (su territorio, agricultura, ganadería, cultura, turismo,…) de los vecinos de esos valles y de los intereses económicos de nuevos emprendedores que durante estos últimos años  han  venido asentando población y riqueza económica en la zona, queden a salvo.


Mienten… y lo llaman progreso
05-06-2013
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Sin que nadie se lo pida, dicen que lo hacen por nosotros, pero mienten.

Afirman que la eólica es paradigma incontestable de energía renovable y, por ello, de progreso, pero no es cierto. Cada día son más las voces preocupadas por el medio y un futuro en avance que la ven técnica obsoleta, insostenible, muy cara, toneladas acero y metros cúbicos de hormigón que dañan territorios limpios, pistas de rodadura, líneas de alta tensión y subestaciones, grave impacto visual, no único como algunos frivolizan, también acústico y lumínico, polución por los lantánidos, las tierras raras de sus alternadores, inconstancia e inseguridad en el suministro, enormes daños en el desarrollo, en la implantación del hombre, el turismo, la historia y el territorio, la cultura, las explotaciones agrícolas y ganaderas, el valor de los inmuebles,… Enemiga del progreso de aquellos a quienes afecta.

El Gobierno al regularla dicta, impone, ilegales normas que anulan los Tribunales, lo hace, siempre, con prisas, sin seguridad jurídica, sin defender a las víctimas, siervo del poder del rico. Con el apoyo cobarde de aquellos medios que, más que nunca, han caído en las garras del dinero; no ya por deber los créditos, sino porque los bancos hoy ocupan sus consejos de administración y deciden lo que se publica. Es la crisis, estúpidos.

La Asociación de empresarios que quiere traficar con viento negocia con el gobierno a espaldas de los ciudadanos; buscan salidas a su ineptitud rampante imponiendo criterios en el anteproyecto de Ley para el desarrollo eólico que a nosotros nos ocultan o en el nuevo Plenercan que no osan publicar por lo mal hecho que está, por lo ilegal que es y la falta de justificación que envilece sus propuestas.

Al tiempo que así negocian, dan vueltas a infumables recursos ante el Tribunal Supremo, sostienen que las siete zonas del anulado concurso son lo mismo que las tres del añejo Plenercan con el que el incapaz gobierno no sabe qué hacer y que sus 1.400, 700, o los que sean MW, son lo mismo que los 300 que asignan a Cantabria el Plan estatal de energías renovables o el propio Plenercan. Mienten sin duelo, aunque ya no se atreven a engañar con los puestos de trabajo que esa energía… crea, ¡casi ni uno!, ni tampoco con la riqueza que, al tiempo que a muchos daña, sólo va a sus bolsillos.

También intentan meter por la puerta de atrás nuevos parques aumentando, de forma ilegal, sus MW por encima de 50, para que quien tramite sea el Estado y ver si así nos la dan con queso. Son demasiado torpes para engañar a nadie que no sea partidario, ¡a saber por qué!, de dejarse engañar. O lo imponen porque sí o son unos incapaces.

REE sigue con las macrosubestaciones, las líneas de altísima tensión, 400.000 y 220.000 voltios, intentando colapsar Valdeolea, Valdeprado, Valderredible, todo Campoo, Aguayo, Molledo Portolín, Bárcena de Pié de Concha,… ¿Qué ha pasado con la urgencia, hace ya 25 años, de la tóxica Soto de Ribera-Penagos- Güeñes?

Como no quieren debate, no dan la cara, no se enfrentan a nosotros en público, tenemos que decirlo así, desgarradamente, pues como siempre, con el impagable apoyo inane de históricos de la peor destrucción, Manuel A. Castañeda al frente, tratan de engañar a todos, mienten… y lo llaman progreso.



SOLICITUDES EN COMPETENCIA.
EL COLADERO EÓLICO

18-02-2013

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA


La apuesta por solicitudes en competencia o concurrencia competitiva para la instalación de parques eólicos en Cantabria, como lo viene haciendo habitualmente la comunidad autónoma vecina de Castilla y León, ha sido uno de los más perniciosos sistemas de instalación de los gigantes parques eólicos terrestres en España, debido a que conllevan un enorme desorden eólico y un gran impacto ambiental y acumulativo.

Este sistema de solicitudes en competencia podría parecernos que haría pujar a varias empresas por una misma ubicación y luego el gobierno o la Comisión de valoración deciden la oferta más adecuada; nada más lejos de la realidad, el gobierno y las diferentes empresas concurrentes ya tienen repartido el pastel de modo que unas empresas no van a concurrir a los parques que le interesen a otra, salvo que para hacer el paripé; Iberdrola dice, para mí los parques de El Escudo; para mí, los del sur dice EDP renovables,… (ya han colocado las antenas medidoras), y así nos encontramos ante los mismos adjudicatarios del anulado concurso eólico, que ante la apariencia de concurrencia, vuelven a adjudicarse los mismos parques y las mismas zonas que antes les habían correspondido en el concurso. Recordemos que los miembros fundadores de la Asociación Eólica de Cantabria son las empresas adjudicatarias del anulado Concurso eólico, es decir, que más o menos todo va a quedar como estaba.

En esencia, pese a que los sistemas de adjudicación sean diferentes, suponen sin embargo, la misma línea que el anterior ejecutivo PRC-PSOE: donde antes los adjudicatarios se comprometían a desarrollar proyectos ahora se reducen directamente a dinero; el mismo PLENERCAN 2011-2020 del PP está utilizando la misma tramitación del PLENERCAN 2011-2020 propuesto por el PRC-PSOE. Es decir todo sigue el mismo curso como si no hubiese habido cambio de gobierno, ni una anulación en los tribunales del anterior concurso eólico y volvemos a enfrentarnos a un nuevo intento de colar la instalación eólica parque a parque.

Copian del modelo gallego la introducción del canon eólico, y el pago de dinero a un Fondo de Compensación Ambiental y Mejora Energética. Es decir si pago por lo que destrozo ya está todo solucionado. Además todo ello no redunda en beneficio del desarrollo de las zonas afectadas, tal y como lo demuestra lo sucedido en Galicia donde los concejos directamente afectados no han recibido ni un duro por la instalación de molinos en sus territorios desde hace más de 13 años.

El PLENERCAN 2011-2020, también merece comentario aparte. Sin haber, ni tener intención de sacarlo a información pública, bajo la apariencia de Evaluación Ambiental Estratégica, el Informe de Sostenibilidad Ambiental nos quiere colar un Plan que no evalúa nada y que no traspone al territorio de Cantabria las gravísimas afecciones de la implantación eólica terrestre y todo lo que conlleva: impacto socioeconómico, ambiental, sobre los habitantes de los lugares afectados, etc. Mienten cuando dicen que el PLENERCAN establece Zonas de Exclusión eólica; lo que establece es un listado de lugares, que son copia literal de los que figuraban en el PLENERCAN 2011-2020 del PRC-PSOE, donde no se pueden colocar porque tienen algún tipo de protección y legalmente podrían ser un gran obstáculo a su ubicación. Sí, son Zonas de exclusión eólica, por ejemplo, las que establecía el PLENERCAN 2006-2011, Liébana, Valles pasiegos y Zona de románico del sur, excluidas por motivos culturales y paisajísticos.

No nos podemos permitir el lujo de instalar parques eólicos que no sean necesarios ni rentables, en un país donde ya hay instalada más del doble de la potencia de generación de energía eléctrica que necesitamos; ni el coste de la producción eléctrica generada por los grandes parques eólicos terrestres, no tenemos dinero para poder asumir ese coste, las demás justificaciones que se usan reducir el cambio climático, empleo, no dejan de ser más que meros pretextos. Dichos costes de producción han contribuido de una manera importante a incrementar una deuda de 29.000 millones de euros ( casi 5 billones de pesetas) con las compañías eléctricas (déficit de tarifa), y ha supuesto tener que aplicar el céntimo verde, que amenaza a la viabilidad del tejido industrial del país, véase Sniace y otras industrias de Cantabria.

En resumen, después de casi cuatro años de amenaza eólica sin control, que pretendía convertir a Cantabria en el Kuwait eólico, volvemos a las andadas, de otra manera, ¡qué más dá!, que le llamemos concurso, que solicitudes en competencia, ambas maneras van a ser caóticas de un modo especial en el sur de Cantabria donde nos vamos a tener que enfrentar sin ningún orden ni concierto a las solicitudes en competencia de Cantabria y a las provenientes de Castilla y León.



LA RESPUESTA NO ESTÁ (SÓLO) EN EL VIENTO
13-12-2012
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

El Gobierno se reúne en privado con la Asociación Eólica y solo trasciende que, tras el varapalo judicial derivado de la demanda de ARCA, 1) promete “dictar una nueva norma para ordenar el desarrollo eólico” que será aprobada “en el plazo de dos meses”, así como que las empresas 2) urgen una “mayor diligencia” en el trámite ad hoc de aquella norma.

Privado, dictar y diligencia, como ellos dicen, ocultismo, imposición y prisa, son conceptos ajenos a la seguridad jurídica en lo público e inquietan a los vecinos de esos valles de montaña que quieren llenar de molinos y “progreso” y es por ello que entregamos a los medios estas breves reflexiones con afán (casi) sólo didáctico, sentir razonado de muchos de aquellos vecinos. Importante.

I.- Debe acatarse la sentencia que declara que las últimas y brutales adjudicaciones (1400 Mw) de generación eólica son, por ilegales, nulas y esperar el resultado de los improbables recursos ante el Tribunal Supremo y esperar también la nueva norma que, tiempos de crisis, valore aquel varapalo, ordene bien el territorio y planifique austeramente lo energético.

II.- El mañana será diferente según cual sea el final de esta guerra contra el cruel envite “eólico”; fatigosa lucha a muerte para renacer luego.

Todo el mundo sabe que los valles interiores y montañas -sus gentes- serían víctimas de los daños que los traficantes de viento quieren causar so pretexto de un “progreso” consistente en generar la energía donde menos se consume para, además de molinos, construir pistas, subestaciones, líneas de alta tensión,…, más ganancia. Unos daños que no sufrirían los grandes núcleos de población e industriales, ni los bancos, cajas, constructoras, eléctricas, especuladores,…, principales beneficiarios del eólico negocio que, además de ilegal, es irracional e injusto.

III.- Son socios fundadores de la Asociación Eólica -ni uno más ni uno menos- los adjudicatarios del concurso que anulan los Tribunales, un amasijo de los bancos, cajas, constructoras, eléctricas, especuladores,… que causaron la burbuja financiera e inmobiliaria y ahora buscan la eólica.

Algunos son tan fiables como Actium -grupo Apia XXI- que, con problemas, nos pide por su sede subsidiada en el Parque Tecnológico más de 15 millones, o NovaCaixaGalicia, como se llame ahora, caja hundida por políticos y ricos, o el Banco Gallego, con problemas,… Para muchos del resto, Banco Santander, Ascan, Sniace, Rianxeira,…, único vínculo con el viento parece ser el negocio.

IV.- Si de verdad las empresas van a recurrir la sentencia que anuló sus eólicas prebendas, debieran hacerlo y callar hasta que el Supremo hable; lo que ahora hacen, amagar con exigir indemnizaciones, meter una prisa que daña la seguridad jurídica, negociar en la sombra,…, suena a cosas sucias. Otras.

Además, debieran no decir, como el Gobierno dice, que a partir de aquella se paralizan los parques, pues -Iberdrola al menos- siguen tramitando, como si nada ocurriera, varios parques en la Sierra del Escudo y debieran detener también el montaje, que no impiden Gobierno y Ayuntamientos, de torres anemométricas. Simplemente se trata de cumplir reglas que obligan al resto.

V.- No son ciertas las cifras de empleo y riqueza que sus plumillas y ellos atribuyen a “lo eólico” y debieran responder a preguntas como estas: ¿cuántos miles de puestos de trabajo destruirían o impedirían crear tantos molinos?, ¿qué pérdidas causaría en el valor de terrenos, construcción, rehabilitación?, ¿y en el turismo?, ¿cuál sería la pérdida de valor del patrimonio, motor de generación de riqueza de todo tipo?,...

VI.- Si buscan seguridad jurídica, no hay más “norma para ordenar el desarrollo eólico” que un PLENERCAN legalmente tramitado, no por supuesto el 2011(¡)-2020 con que ahora amenazan. Un PLENERCAN precedido, entre otras normas, por un Plan de Ordenación del Territorio que, previo, evalúe los impactos sinérgicos de todas las infraestructuras, no sólo las energéticas.

Si queremos proteger los fundamentales derechos de todo el mundo y no solo las ganancias de unos pocos, el trámite deberá durar, por muy “diligente” y cómplice que quiera ser el Gobierno, mucho más de los dos meses de que habla el Presidente. Sentido común e, insistimos, seguridad jurídica.

VII.- Por otra parte, no se puede basar tal PLENERCAN casi solo en lo que genere el viento, inconstante y, por ello, impredecible, con un rendimiento bajo, que agota, daña el territorio, está sujeto al vaivén de las primas y exige, al tiempo, otras fuentes de energía para garantizar el suministro.

Es demagogia difundir que la energía eólica no produce “efecto invernadero” y no añadir que es tan importante al menos proteger la biodiversidad y que el uso abusivo de tal fuente de energía renovable, la eólica, la hace insostenible, pues daña de forma fatal fuentes de riqueza y desarrollo (biodiversidad, asentamientos de población, ganadería, agricultura, turismo, patrimonio cultural, gestión del paisaje,…) de las zonas afectadas.

VIII.- Hay que aclarar a despistados y cómplices que no quieren que Cantabria sea autárquica -suficiente dicen- sino que pretenden generar más energía que la que consumimos, para enriquecerse ellos, tener mayor beneficio privado al precio de agotar parte del territorio y aniquilar el futuro de su gente.

IX.- El Convenio de AARHUS obliga a garantizar sin excusa el ejercicio del derecho a la información y la participación pública en el trámite de planes y programas con contenido ambiental y, cuando así no se haga, el de acceso fácil y barato, gratuito incluso, a la Justicia.

Derechos que han sido vulnerados con dolo e impúdicamente en el trámite de ese PLENERCAN 2011(¡)-2020 que “en dos meses” nos pretenden “dictar”, por lo que, en defensa de la “seguridad jurídica” que tanto dicen preocupa a Gobierno y “eólicas”, exigimos que 1) se declare la nulidad radical de lo hecho y que, tras 2) tramitar un Plan Regional de Ordenación del Territorio con todas las garantías, 3) se vuelva a iniciar la trámitación del PLENERCAN (con un ámbito planificador que empiece cuando se apruebe y termine mucho más allá de 2020), de forma que a) potencie una real información y b) impulse la participación y el debate público que c) propicien un desarrollo energético que d) se adecue a los intereses en litigio, ¡a todos!, y a la austeridad que exige la actual crisis sistémica, civilizatoria casi, pues, de no hacerse así, nos veríamos obligados a e) acudir de nuevo, tal como se nos garantizó en Aarhus, a los Tribunales.

Coda.- La respuesta, el verdadero progreso, no está (sólo) en el viento.





VALORACIÓN por la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA de la Sentencia que anula el Concurso Eólico y sus consecuencias en el PLENERCAN
25-10-2012
1) Los valles del interior de Cantabria son las grandes víctimas del llamado desarrollo eólico, pues la bella limpieza de esos valles, consecuencia de su secular abandono, los dota de un futuro cierto en el actual mundo en crisis, futuro que nos quieren robar con agresivos y anacrónicos molinos. La práctica totalidad de los molinos se proyectaban (y se proyectan en el PLENERCAN 2011-2020), no en donde se consume la energía, sino en los valles del Sur, los del Pas, Soba, etc.

2) Tenemos que felicitarnos por el éxito de la Sentencia 752/2012 del TSJC, que da la razón a los demandantes en todos sus planteamientos, no sólo en el fallo anulatorio sino en todos los razonamientos jurídicos que lo sustentan. La Administración elabora las (malas) leyes que le convienen y luego no las cumplen; además de corruptos son inútiles.

3) Permite la sentencia interpretar la existencia de un cierto “compadreo” implícito entre Administración y adjudicatarios de potencia, cuando (final pág. 11) dice que la tramitación concede “una publicidad limitada, ya que solo los interesados en el concurso tendrían conocimiento de esta base, de su contenido y alcance”. Es una broma que alguna adjudicataria hable de “exigir indemnizaciones”, cuando es a ellas y a la Administración a quienes, en base a la propia sentencia, se deberá exigir responsabilidades de todo tipo.

4) Tan negativa para los intereses generales ha sido la actuación del anterior Gobierno (PSOE-PRC) como lo está siendo la del actual (PP) que, de forma vergonzosa, ahora pretende desmarcarse del Concurso Eólico anulado.

5) Anulada por sentencia la adjudicación de potencias (Concurso Eólico), debemos centrarnos ¡ya! en el Plan Energético, el PLENERCAN 2011-2020 (que, pese a su título, 2011, no estará aprobado ni en 2013), cuya nulidad plena se desprende, de modo implícito, de las concretas exigencias procedimentales de dicha Sentencia.

6) A partir de todo ello y desde la lógica de los tiempos y jurídica, la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS VALLES DEL SUR tiene planteadas legalmente por escrito al Gobierno de Cantabria una serie de cuestiones que, en resumen, son las siguientes:

Primera.- De forma inmediata y previa, hay que aprobar un Plan de Ordenación del Territorio (PROT) que evalúe el impacto acumulado de todas las infraestructuras, no sólo las energéticas.-

Con carácter previo a todo, hay que aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que, además de ordenar de forma global en Cantabria las agresivas infraestructuras energéticas -entre ellas las eólicas-, ordene las de todo tipo (autopistas, ferrocarriles, puertos deportivos, campos de golf, teleféricos,…), haciéndolo de forma más amplia en el tiempo, no sólo en el horizonte del casi inmediato año 2.020, valorando además sensatamente los efectos de la crisis sistémica (posibilidades, necesidades, consumos,…) en que vivimos y adecuando el planeamiento a ella.

Segunda.- Planificar la generación eólica: Proyecto-Plan Eólico.-

Dada la importancia que el PLENERCAN 2011-2020 parece querer dar a la generación eólica de energía eléctrica (mientras en los próximos siete años pretende multiplicar la generación eólica por 22, el resto de las formas se multiplicaría por solamente 2,5), es obligada una previa planificación territorial sectorial eólica de todos los proyectos de tal naturaleza, incluidos los ya instalados o en fase de tramitación en CC.AA. limítrofes.

Tercera.- Solo tras lo anterior, iniciar la tramitación de un nuevo PLENERCAN con una Evaluación Ambiental Estratégica del real impacto de todas las infraestructuras energéticas de Cantabria, más las CC.AA. limítrofes.-

No se puede consentir, por ejemplo, que el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PLENERCAN del PP, no señale siquiera dónde se instalarían los molinos de los 707,3 Mw previstos, haciendo de la supuesta Evaluación Ambiental Estratégica que dicen existe, un simple corta y pega. En realidad, no se ha evaluado nada.

Es necesario inventariar, además, Zonas de exclusión atendiendo a los elementos ambientales relevantes por motivos sociales, culturales, paisajísticos,…, partiendo, como hacía el PLENERCAN 2006-2011, de las de los Valles pasiegos, los del Sur, Liébana,…

Por todo ello, anulado el Concurso de Adjudicación de Potencia Eólica, CAPECAN 2009, a partir de este momento el Gobierno de Cantabria DEBERÁ

1) anular el PLENERCAN 2011-2020, pues en caso de no hacerlo, lo exigiríamos legalmente (ver alegaciones del PDF adjunto),

2) aprobar, antes de tramitar el nuevo PLENERCAN y el Plan Eólíco autonómico, el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que tenga en cuenta todas las infraestructuras y la actual crisis sistémica,

3) seguir las exigencias del Convenio de AARHUS, abrir un proceso real de información y debate público y dar, en todo caso, respuesta también pública y razonada a todo lo por nosotros planteado legalmente por escrito y

4) hacer lo necesario para su puesta en práctica.




PLANTEAMIENTOS de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA con relación al PLAN ENERGÉTICO, PLENERCAN 2011-2020
24-08-2012

Marcel es un personaje que creó John Berger para uno de los relatos que componen “Puerca tierra”, un campesino que con esfuerzo y afectos honraba el campo en que vivía, “tenia la cara delgada y el cuerpo recio y a los 63 años aun conservaba el pelo negro”, era ya el único que, por respeto a lo que hicieron sus padres y los padres de ellos, con la esperanza en sus hijos y en los hijos de estos, plantaba manzanos nuevos, sabía que hoy las máquinas cuestan mucho más dinero del que valen y al comprarlas se ponía en sumisa dependencia del banco y sus hipotecas y se obligaba a dejar de hacer las cosas que él quería e intercambiaba con otros. Sabía que, si cedía, tendría que trabajar por dinero solamente y, al final, ese dinero sería, todo, para el banco. ¡Conocía el valor del dinero!, que no lo confundía con el precio fijado por otros, lo tenía claro, se defendió, se enfrentó a burócratas y ricos con la inocencia del sabio, fue encarcelado y en el calabozo, se miró las manos “torpes y ociosas sobre su regazo” y supo que nunca jamás serían capaces de volver a hacer lo que antes hacían. Algo que parece escrito para nuestros bellos valles del Sur a los que, irónica contradicción, el secular abandono dota de futuro cierto en el mundo en crisis, un futuro que nos quieren destrozar con improductivos, feos y anacrónicos molinos.

Sabemos que hay otras formas de ver las cosas.; un ejemplo, las de los parásitos de los que Aristóteles dijo que viven de las necesidades y el trabajo del resto, esos que hoy manipulan el dinero ajeno y utilizan la ficción del sucio papel para ser ellos poder y que, a diferencia de aquel campesino, acumulan el dinero y lo convierten en fin para su lucro; no crean riqueza, arruinan países, cierran fábricas, generan paro, provocan hambre, degradan la tierra, venden las armas que matan, blanquean lo más sucio de la droga,..., acumulan plusvalor del trabajo ajeno. Aliados de lo peor, políticos, legisladores y jueces corruptos, pactan lo mejor para ellos, explotando sin pudor nuestras forzadas fatigas.

A partir de ello, tras examinar la incompleta documentación técnica del PLENERCAN 2011-2010 (faltan, al menos, el expediente administrativo y el de Toma en consideración de las alegaciones), la PLATAFORMA APARA LA DEFENSA DE LOS VALLES DEL SUR efectúa a la Consejería de Industria las CONSIDERACIONES y ALEGACIONES que acompañamos y, en especial, le formula las siguientes EXIGENCIAS:

Primera.- Cumplir el fundamental y garantista Convenio de AARHUS.-

El 25 de junio de 1998 en la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa” se firmaba la Convención para el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, conocida como Convenio de AARHUS, ratificado por España el 29 de diciembre de 2004 y transpuesto a la normativa española en la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Se trata de una norma europea irrenunciable, que protege el derecho a la información de los ciudadanos, su participación en los planes y programas con contenido ambiental y, en los casos en que no se diera el correcto ejercicio de los dos derechos anteriores, el acceso fácil y barato, gratuito incluso, a la Justicia.

Es objeto fundamental de dicho Convenio, “contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar (…)”, con la intención de “fortalecer la democracia en la región”, entendiendo por “información(es) sobre el medio ambiente”, la información de todo tipo acerca del “estado de los elementos del medio ambiente tales como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los sitios naturales, (…), y la interacción entre todos estos elementos”, así como “(…) las medidas administrativas, (…), las políticas, leyes, planes y programas que tengan o puedan tener efectos sobre los elementos del medio ambiente a que hace referencia el apartado a) supra (…)”.

La tramitación del PLENERCAN 2011-2020, como la de tantas otras trascendentes normas ambientales ha sido un modelo de oscurantismo y falta de participación popular en su trámite, por lo que, al no cumplir, los garantistas requisitos del Convenio de AARHUS, dicho Plan Energético 2011-2020 es una concesión/imposición no democrática.

Resulta innegable que toda persona con una mínima sensibilidad ambiental y un genérico conocimiento de nuestro entorno pueda exigir a nuestros representantes el más transparente, documentado, reflexivo y participativo tratamiento público del Plan Energético; ese ciudadano está, al tiempo, obligado a exigir que las autoridades cumplan el Convenio de AARHUS y la normativa que de él nace.

Exigiendo las nacidas en AARHUS un cumplimiento estricto y no la mera apariencia formal con que se viene actuando hasta el momento, entendemos que, a causa de la falta de democracia real con que se ha actuado, procede anular lo tramitado del PLENERCAN 2011-2020, unos trámites que deberán reiniciarse cumpliendo, en especial, las prescripciones del Convenio de AARHUS y toda la normativa que de él nace, pues, de no hacerse así, nos veríamos forzados a formular denuncias ante los organismos europeos competentes, así como las acciones judiciales que procedan.


Segunda.- Evaluación Ambiental Estratégica real. Evaluación conjunta del impacto de todas las infraestructuras energéticas de Cantabria, más las CC.AA. limítrofes.-

El actual Informe de Sostenibilidad Ambiental, que forma parte del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, no determina la distribución territorial ni localiza los parques eólicos que pueden instalarse.

Para tener una correcto conocimiento de los impactos, en lugar de la aparente EIA, el simple e incompleto corta y pega que se ha realizado, se deberá llevar a efecto una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica, que tenga en cuenta las afecciones a los valores y características de cada territorio de Cantabria y su efecto sinérgico o acumulado.

Es imposible evaluar adecuadamente la afección real y acumulativa de todas las infraestructuras energéticas sobre el paisaje, la sociedad, la agricultura, la ganadería, la biodiversidad, el patrimonio en todas sus variantes, el conjunto del territorio o sus zonas,… valorando única y exclusivamente el impacto individual de cada una de ellas.

Tercera.- Efectuar una planificación previa: Proyecto-Plan Eólico.-

Dada la importancia que el PLENERCAN 2011-2020 parece querer dar a la generación eólica de energía eléctrica, es obligada una previa planificación territorial de todos los proyectos de tal naturaleza, incluidos los ya instalados (La Lora II, por ejemplo) o en fase de tramitación (El Castillo, a caballo entre Cantabria y Palencia o La Magdalena, a caballo entre Cantabria y Burgos) en CC.AA. limítrofes.

También se deberá elaborar un Plan Sectorial Eólico, que planifique la instalación de parques, valorando, además de los criterios energéticos y de viento, también los sociales, medioambientales, culturales, paisajísticos,... de cada zona y de Cantabria en conjunto.

Al no establecer el PLENERCAN 2011-2020 una zonificación o traslación al territorio de los 707,3 Mw previstos, no se puede saber -sólo intuir- dónde se pretenden instalar los molinos ni, por ello, su concentración y afección a los valores de cada territorio.

Cuarta.- Fijar Zonas de exclusión y Perímetros de protección.-

Es necesario inventariar Zonas de exclusión a tenor de los elementos ambientales relevantes por motivos sociales, culturales, paisajísticos,…

Son evidentes Zonas de exclusión, como decía el PLENERCAN 2006-2011, los Valles del Sur, los pasiegos, Liébana,…

Para dar una referencia de la desmesura y falta de control y planificación del proyecto eólico, podemos señalar que la potencia que el Concurso de asignación de potencia eólica, impugnado judicialmente, prevé instalar en la zona de los Valles del Sur -645 Mw- es mayor que la prevista en todo el País Vasco -624 Mw-, siendo que el País Vasco tiene una superficie quince veces mayor que la de los tres municipios que constituyen está zona; el PLENERCAN 2006-2011 sólo autorizaba 300 Mw para toda Cantabria.

Por su ilegal indefinición no sabemos cuantos Mw asigna a los valles del Sur el PLENERCAN en trámite, a los que hay que sumar los numerosos proyectos, en trámite o ya instalados en Castilla y León, que se adentran en Cantabria (ej. el Parque Castillo).

Está en trámite la declaración de la zona de los valles del Sur de Cantabria, junto a la del Norte de Palencia, como Patrimonio de la Humanidad por sus valores culturales, al constituir una de las mayores concentraciones de románico existente en el mundo -todo ello preservado en un paisaje bien conservado-, el llamado País Románico. Falta, pues, la valoración de impacto socioeconómico negativo sobre modelos de futuro desarrollo tan importantes como el de “Patrimonio de la Humanidad”.

El desorbitado planeamiento eólico condena a la zona a una innecesaria, casi exclusivo y absurda producción energética que choca, como hemos dicho, con otros proyectos de desarrollo rural y socioeconómicos ya puestos en marcha en la zona.

Quinta.- Aprobar el Plan de Ordenación del Territorio (PROT) que evalúe el impacto acumulado de todas las grandes infraestructuras, no sólo las energéticas.-

Hay que aprobar previa o, al menos, simultáneamente al PLENERCAN 2011-2020 el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que, además de ordenar de forma global en Cantabria las agresivas infraestructuras energéticas -entre ellas las eólicas-, ordene las de todo tipo (autopistas, ferrocarriles, puertos deportivos, campos de golf, teleféricos,…), haciéndolo de forma ambiciosa en el tiempo, no sólo en el horizonte del año 2.020.

Sexta.- Aprobar la Ley que trasponga el Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 2000 y el Inventario de Paisajes Sobresalientes y Singulares de Cantabria.-

Para acabar con la situación de ilegalidad en que vivimos hay que elaborar la Ley del Paisaje, que trasponga el Convenio Europeo de Florencia del año 2000, Ley que, además, formaba parte del programa electoral del partido que gobierna.

Séptima.- Cumplir el Reglamento de contaminación lumínica y su zonificación.-

Hay que exigir el más riguroso cumplimiento de las exigencia de ese Reglamento y, a su tenor, excluir partes importantes de nuestro territorio de la zona de actuación eólica, dada la alta calidad de su firmamento por su escasa contaminación lumínica.

Por todo ello, DEBERÁ

1. anularse el Plan Energético de Cantabria, PLENERCAN 2011-2020,

2. anularse el Concurso de Adjudicación de Potencia Eólica de Cantabria, CAPECAN 2009,

3. iniciarse urgentemente la tramitación de un PLENERCAN que, además de la crisis sistémica, tenga en cuenta las anteriores exigencias,

4. hacer lo necesario para su puesta en práctica y

5. darnos, en todo caso, respuesta razonada a lo planteado.

En Valdeprado del Río, Cantabria, julio de dos mil doce.

Diagonal número 22 Noviembre-Diciembre 2010


UN EJEMPLO DEL DESARROLLO EÓLICO EN CANTABRIA:

EL MEGAMOLINO DE CELADA MARLANTES

José Miguel Martínez

Presidente Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

El gigantesco molino VESTAS V112 se erige inmóvil en la cima del monte Cotío, sus aspas no giran. Después de la vertiginosa carrera, día y noche, de las obras, las palas se han de cambiar por otras, antes incluso de haberse echado a andar.

Su enorme tamaño, 150 m, visible desde cualquier rincón de Campoo, nos lleva a adivinar el tremendo impacto de varios de estos molinos alineados unos junto a otros sobre una cadena montañosa.

Sin embargo, lo que realmente nos hace entrever cómo se llevará el desarrollo eólico en Cantabria es el camino seguido para alzarse en la cumbre.

Literalmente, ha pasado por encima de todo: por la zona de ampliación del perímetro de protección del Castro cántabro de Las Rabas; sobre el trazado de la vía romana de Peña Cutral y a través incluso, de los campamentos romanos de La Poza; pese a los informes de los técnicos que advertían de ello y de las protestas de historiadores y arqueólogos de reconocido prestigio. Pero sobre todo, ha abierto una tremenda cicatriz de dos kilómetros de largo, ocho metros de ancho y desmontes de hasta diez metros, en el corazón de uno de los escenarios más importantes conocidos, y desconocido, por falta de excavación, para la interpretación de las guerras cántabras en el ya proyectado Parque arqueológico Julióbriga-Las Rabas.

Este molino no es más que un ejemplo de las graves consecuencias sobre el patrimonio cultural y natural de Cantabria que puede traer consigo la implantación eólica sin ninguna planificación ni ordenación previa.

Si hubiese existido un verdadero Plan, que hubiera ordenado la ubicación de los parques eólicos respetando los valores naturales, culturales y paisajísticos de Cantabria, se hubiera desestimado previamente este emplazamiento por su enorme relevancia y se hubiera elegido otro con menor impacto.

Esta falta de planificación y ordenación se va a ver reflejada también en la traslación al territorio de la potencia adjudicada en el concurso. Ningún motivo va a ser suficiente para desestimar la ubicación de ningún parque eólico, aunque se sometan individualmente a Evaluación de Impacto Ambiental, si en este caso tan flagrante no lo ha sido: ni la existencia de Bienes de interés cultural, ni de Especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Cantabria, ni posibles Paisajes singulares según el Convenio de Florencia. Tan sólo se llevaran a cabo medidas correctoras, que trasladen, pongan o quiten un molino de un lugar a otro o de sus infraestructuras anexas.

Además, como no se evalúa la afección conjunta de los parques, el impacto acumulativo de unos junto a otros va a ser tremendo sobre ciertas zonas, en concreto la Sierra del Escudo ya saturada por proyectos continuos instalados en Burgos, o en otras limítrofes también con Burgos y Palencia, como los valles del sur de Cantabria, La Lora o Campoo, donde hay que sumar los proyectos provenientes de estos territorios aledaños.

La propia ubicación de las antenas anemométricas, que nos orienta sobre cuáles pueden llegar a ser los emplazamientos de los parques eólicos, incluso nos indica que se van a ver afectados lugares de gran valor natural y cultural.

Precisamente el pasado 29 de octubre, y relacionado con los impactos que está ocasionando la implantación eólica desordenada sobre la conservación de la Biodiversidad, la propia Comisión europea aprobaba las “Directrices para conciliar el Desarrollo de la energía eólica y la política de Biodiversidad” con la intención de alcanzar las metas propuestas por la Comisión para el 2020: combatir el cambio climático e invertir al mismo tiempo la enorme pérdida de Biodiversidad; para ello, vuelve a recordar, y subraya, el papel fundamental para este cometido de la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, precisamente, la misma que ha pasado por alto el mal llamado Plan eólico, la obligada EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, según la Ley de planes y programas y su respectiva Directiva.

Junto al molino de Celada ondea al viento una bandera de VESTAS, como las que hoyan los montañeros al conquistar una cumbre. Un nuevo modelo productivo ha dejado Cantabria a merced del viento, del dinero y de los nuevos jeques de la energía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario