Thousand Islands Region, Tehuantepec y Cantabria unidos contra los megaproyectos eólicos de Iberdrola.


IBERDROLA PRETENDE INSTALAR UN MEGAPARQUE EÓLICO EN LA HERMOSA REGIÓN DE LAS MIL ISLAS DE NUEVA YORK 

La filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid ha solicitado permiso para un macroproyecto industrial eólico de 72 megaerogeneradores de 180 metros de altura en las Mil Islas de Nueva York (Thousand Islands Region), el mismo modelo que pretende instalar en Cantabria. El proyecto, denominado Horse Creek Wind Project, pretende ubicarse apenas a 8 kilómetros del río San Lorenzo, sobre una base de caliza muy débil tipo karst, junto a tres reservas naturales y en una ruta migratoria muy importante para las aves. 

La comunidad, que no quiere el proyecto, a raíz de ponerse en contacto con nosotros, ha creado una organización denominada RIVER RATs (Residents Against Turbins), con la que estamos colaborando estrechamente contra los mismos megamolinos, las mismas empresas y en defensa de los mismos valores, contra este atropello en el que tan importante como vergonzosa participación tiene el oligopolio eléctrico español. 

Ampliamos, con ello, nuestras relaciones internacionales, a la previa con los indígenas del istmo de Tehuantepec (México), donde el abuso de las corporaciones españolas (Endesa, Iberdrola, Acciona,...) es aún más patente, habiendo llegado a morir violentamente varios de los opositores al gigantesco megaproyecto de 4.000 megaerogeneradores en esta zona.
http://somosvientodocumental.wordpress.com/



River Residents Against Turbines (River RATs) is a community voice dedicated to preserving the health, economy, environment, beauty, and culture of the 1000 Islands by opposing the Horse Creek Wind Project.

Centro Botín: Cultura, manipulación y dinero

No se informa sobre el contenido de nuestra querella y, con 22 páginas publicitarias, se intenta influir en su tramitación

 Foto: Plataforma. "Cultura" (C.Botín)  y  Dinero (Banco Santander)

Horacio llamó a quien, entre los años 29 y 19 a.C. en las montañas del norte de Hispania, desafiaban el deseo romano de mandar "Cántabrum indoctum iuga ferre nostra", cántabros no enseñados a uncirse el yugo romano, y un historiador reciente añade que, “valiente y brutal a la vez, en ningún caso quería perder lo que más amaba: su libertad, llegando a matarse entre sí para no ser esclavizados”.

Indoctos en uncirse al yugo ajeno, lucharon y dejaron huella en el territorio, una huella que hoy quiere borrar la horda que “pone en valor” cultura, economía e industria en la inventada, y para ellos útil, actual provincia, suplantando el viejo y natural deseo de ser libres con amores mucho más prosaicos.

Siguiendo al “cántabrum indoctum” algunos hoy nos fatigamos para recuperar los Concejos Abiertos, la gestión comunal de nuestras tareas y extenso territorio,…, para evitar que los nuevos cuestores inventen lo “moderno” y utilicen la PAC y algún ganadero sin escrúpulos, corporaciones de dudosa calaña, burocracia corrupta,… para mandar sobre nosotros y robarnos.

Impiden dar vida a los Concejos, real democracia, imponiéndo un caro y casi imposible papeleo, pero no nos quejamos pues, luchando contra molinos verdaderos, hemos logrado frenar el atropello eólico de lo más selecto del poder corrupto con la, por ahora, única, incruenta y lógica arma de denunciar incumplimientos de las muy malas leyes que ese poder nos impone a su gusto y conveniencia.

Ahora la pelea ya se libra en el corazón de las tinieblas, pues hemos cumplido el deber de denunciar un nuevo y grave delito público, informando al Tribunal Supremo que la antiestética usurpación del centro del puerto de Santander, la capital de la Provincia, a manos del dinero que se genera especulando, además de una humillación, es magnífico ejemplo de corrupción sistémica. 

Pero, primera sorpresa, por cumplir nuestra obligación y jugárnosla acusando al poder, las normas de éste, ilógicas e injustas, nos obligan a prestar, el dinero como freno, una fianza y, haciendo de tripas corazón y excediendo lo exigible, fatigados, escasos de medios económicos, solos en esta lucha del querer contra el poder que abusa y sabiendo qué nos jugamos, tras denunciar hemos depositado la fianza y, expectantes, esperamos.

Notificados el 30 de marzo de que el Tribunal Supremo tenía por consignada, en tiempo la fianza, por formulada la querella, a la Plataforma por comparecida y  por denunciado, entre otros, un presunto delito de corrupción en actuaciones públicas, la respuesta del dinero ha consistido en una serie de hechos excesivos y deformes, hechos que inmediatamente hemos denunciado ante la Sala que tramita la querella, por entender que la independencia judicial está siendo atacada por gentes que envilecen los derechos a una correcta información y la libertad de expresión, sustituyéndolos por el abuso del muy exclusivo derecho de libertad empresarial de los medios, expresando, además, denuncia por coacción contra quienes pretenden mantener una objetiva actitud pública crítica con la actuación de los querellados.

Foto Plataforma "La mar es de ellos"

Las obras del Centro Botín, objeto de la querella, han estado durante muchos meses casi paralizadas, al menos muy ralentizadas, sin apenas presencia en los medios, acumulando un arbritrario retraso de años respecto al plazo de terminación inicialmente anunciado.

Fue a partir de presentarse la querella -no recogida prácticamente en esos medios-, que se produjo una aceleración de la actividad en la obra y, tras solicitársenos la prestación de la fianza y cumplimentarse ésta por nosotros, se ha anunciado la apertura del Centro -cuya suspensión cautelar se solicita en la querella-, señalándose la misma para el 23 de junio, dentro de tres largos, apasionantes e impredecibles meses, una noticia a la que han dado un tratamiento abrumador, tanto en los medios nacionales como, sobre todo, en El Diario Montañés, tendencioso delirio local.

Tal lejano evento aparece, de modo ilógico, con trato de noticia inmediata y texto e imagen reiterados, propios de publicidad pagada, en todas las ediciones, en papel y digitales, del día 31 de marzo de El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Expansión,… y TVE, al menos. Libertad e independencia de los medios.

Es aun más llamativo y desproporcionado lo que ocurre en Santander, con una asimetría en el trato  a denunciantes y corruptos que llega a generar sensación de incredulidad en algunos de los contrarios a la iniciativa de la Fundación Botín. El Grupo Vocento, capitalismo vasco, propietario de El Diario Montañés, medio escrito de información de mayor tirada de Cantabria-, se supera en su habitual y apocadamente sufrido bombardeo hagiográfico al cubrir el día 30 de marzo sus cinco primeras páginas con una noticia titulada “El Centro Botín abrirá al público el 23 de junio”, hacerlo de nuevo el día 31 en su primera página y también en las nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con la titulada “El Centro Botín aspira a posicionarse en el circuito internacional del arte”, y mantener el día 1 de abril la insoportable presión apologética a favor de la poderosa familia y su iniciativa del Centro, de nuevo en la portada y las páginas nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, refiriéndose en este caso a una infrecuente y farisaica conferencia de Ana P. Botín en Santander, titulada “El futuro de Cantabria es excepcional. Ana Botín, Presidenta del Banco Santander, protagonista del encuentro organizado por El Diario Montañés” retornando, al día siguiente, al cotidiano chorreo de alabanzas.

Tres días sucesivos en los que El Diario Montañés dedicó 22 páginas, las primeras del periódico, a loas intentando presionar a quienes ellos saben y, como siempre, a la opinión pública, loas dedicadas a los denunciados por serios delitos de corrupción en actuaciones públicas.

Recomendamos acudir a la hemeroteca en papel y leer las 22 páginas publicadas en tres días consecutivos, jueves, viernes y sábado, páginas que por sí solas y su desproporción en fondo y forma se califican.

Además, es llamativo el hecho de que tal periódico, que gusta incluir en su edición digital múltiples y cobardes comentarios anónimos que condicionan aún más la opinión pública, en el caso de las páginas citadas, de manera inexplicada, acompañaba cero (0) comentarios los 3 días; un hecho que, aunque se pretenda apoyar en la autonomía que, celosos, abusivos y muy injustos, se atribuyen los propietarios de los medios, demandaría una pública explicación lógica.

Vivimos una situación de abuso, nacida del perverso abuso del derecho fundamental a la libertad de expresión e información de todos por parte de unos pocos, un abuso que, pensamos, merece respuesta.

Recientemente, los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España publicaban que "cualquier actuación en detrimento de la independencia judicial supone un ataque al Estado de Derecho" y que respetarla "es obligación de todos".

Lo enmarcaban en una declaración institucional unánime adoptada en la reunión anual que habían celebrado en Bilbao, referíendose en concreto a lo que calificaron como "presiones soportadas en estos días por los magistrados" del alto tribunal de Cataluña y expresando su convicción de que la independencia judicial y -añadimos nosotros- la igualdad entre partes "constituye una garantía en exclusivo beneficio de las personas que ejercen el derecho a la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos", ya que tal independencia no es privilegio de los jueces sino garantía para los ciudadanos y "éstos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial".

En nuestro caso, aun conociendo la superioridad jurídica y moral del Tribunal Supremo sobre cualquier opinión, personal o pública, por presionantes que sean los medios usados para difundirla, en defensa de nuestras ideas, no podemos dejar de denunciar lo que, por su desproporción, valoramos como un muy burdo intento de, en múltiples direcciones, condicionarnos desde un poder no elegido.

En cualquier caso, se puede entender que quienes en un trámite judicial, mantienen una postura no oculta, pública, radicalmente crítica frente al Centro y, además, argumentan por escrito su dolosa ilegalidad, lleguen a sentirse coaccionados y en inferioridad material, no moral, social, ni de argumentos, frente a quienes se sirven de tales medios, motivo por el que, como lo hemos hecho ante el Tribunal Supremo, por medio de este escrito, lo denunciamos de nuevo.

Al tiempo, con el razonable pesimismo de quienes han vivido intensamente y muchos años, esperamos atentos para planificar futuras actuaciones.

MEMORIA AMBIENTAL del PGOU de VALDERREDIBLE


BOC NÚM. 60 LUNES, 27 DE MARZO DE 2017

 7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL URBANÍSTICA

Anuncio de dictado de resolución por la que se formula la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valderredible.

 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente y de los artículos 5 y 26 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado esta Dirección General ha resuelto formular la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valderredible. Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que la misma se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, sitas en la C/ Lealtad, 23, 39002 Santander, así como en su página Web ( www.territoriodecantabria.es). 

Santander, 14 de marzo de 2017. 
El director general de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística,
 José Manuel Lombera Cagigas.

Tejemanejes de la trama eólica de Castilla y León.


Las empresas y eléctricas de la Trama Eólica se blindaron ante cualquier investigación con una cláusula de confidencialidad

Preneal firmó con la sociedad de la constructora Collosa varios contratos en los que incluso se penalizaba económicamente cualquier 'fuga' de información

El representante de Preneal manifestó al inspector de Hacienda que destapó la trama que se sentía "una víctima del sistema"

Laura Cornejo  El Diario.es 17.03.2017

Las empresas de grandes grupos económicos de Castilla y León y las compañías eléctricas de la Trama Eólica se blindaron con una cláusula de confidencialidad que evitaba 'fugas' en el caso de que hubiese una investigación del tipo que fuese. El inspector Hacienda en Castilla y León que puso la trama al descubierto, lo hizo constar en uno de los informes dirigidos a su superior para ampliar su investigación.

Es el caso de Inverduero, la sociedad creada por la constructora vallisoletana Grupo Collosa y que se alió, además de con Endesa e Iberdrola, con uno de los gigantes en la promoción de parques eólicos, Preneal. En uno de los contratos que firmaron para desarrollar varios proyectos establecieron una cláusula que cerraba cualquier posibilidad de que una de ellas colaborase con la justicia al margen de la otra.

"En el supuesto de que cualquier parte receptora reciba una solicitud para revelar, en virtud de un requerimiento penal, orden, solicitud de investigación civil o procedimiento similar emitido por un tribunal o jurisdicción competente o por un órgano gubernamental o reglamentario, todo o parte de la información contenida en la Información Confidencial" decía el acuerdo, estaban obligadas a "notificar puntualmente a la parte suministradora de la existencia términos y circunstancias de dicha solicitud". Pero es que además debían consultar "con la parte suministradora sobre la conveniencia de tomar los pasos legalmente disponibles para oponerse o reducir dicha solicitud y si se requiriese revelar información, proporcionar únicamente la parte de información confidencial que, en opinión estricta del asesor de dicha parte receptora, sea legalmente necesario o apropiado a la luz de todas las circunstancias".

La conclusión es que ambas empresas podían suponer que su operación no era una más, sino que en algún momento podrían estar en el punto de mira de Hacienda o de la Justicia, como finalmente ocurrió.

Preneal e Inverduero, en otras dos de sus operaciones incluyeron una cláusula similar, aunque con penalización económica. "El vendedor no usará ni divulgará, y realizará sus mejores esfuerzos para prevenir el uso, publicación o revelación con cualquier información de carácter secreto o confidencial", decían los contratos. En concreto, prohibía revelar "cualquier operación de negocio de la sociedad que hubiese llegado a su conocimiento por razón de su posición dentro de la sociedad, o por cualquier fuente en el marco de la presente operación o relativa a los negocios de cualquier persona que mantenga relaciones, tratos o negocios con la sociedad...". El incumplimiento daba el derecho al comprador a ser indemnizado por el vendedor con 500.000 euros, y no sustituía a una posible indemnización posterior por daños y perjuicios.

En el informe que realizó posteriormente el mismo inspector, y que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, especificaba que no encontraba motivo económicamente válido para algunas operaciones realizadas por Preneal con algunos grupos económicos de Castilla y León. En concreto se refiere al traspaso de 7 millones de euros realizado por Preneal a Cronos Global, la empresa gestionada por el ex alto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva, y el representante de la promotora Urban Proyecta, Germán Martín Giraldo. Tampoco encontró motivos el inspector para que Preneal traspasase 10 millones de euros a Inverduero (Grupo Collosa) y la venta a este mismo grupo de sus acciones en Eólica de Medinaceli SL por 1,3 millones, ya que "en poco más de dos años" esta se canjean por acciones de Eolia Renovables por valor de más de 35 millones.

Durante la inspección que llevó a cabo el inspector el Preneal, el representante de esta sociedad manifestó que el procedimiento de asociarse con empresarios locales era habitual, en otras comunidades e incluso en otros países y que le había supuesto una inversión "de muchos millones de euros". Además añadió que "en muchas ocasiones", Preneal era una "víctima del sistema" y requirió al inspector que le diese el tratamiento de tal.

La Trama eólica salpica al entramado empresarial de Castilla y León: constructoras, eléctricas, lecheras,...

Hacienda en Castilla y León obvió la petición de un inspector para investigar a empresas de la trama eólica

La inspección regional ignoró las peticiones reiteradas del inspector que descubrió la trama

Las actuaciones se limitaron a las sociedades eólicas de la constructora Collosa y de la empresa líder de renovables Preneal

El informe que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción recoge un presunto cobro de mordidas de 110 millones de euros, pero la cantidad que pagaron las eléctricas puede ser mucho mayor

El diario.es. 13 de marzo de 2017, Laura Cornejo


La Delegación de Hacienda en Castilla y León impidió la investigación de una decena de empresas que también forman parte de la llamada Trama Eólica, según ha podido saber eldiario.es. Las presuntas comisiones que pagaron las eléctricas a empresarios de la región, con los que crearon sociedades mixtas para conseguir autorizaciones y montar parques eólicos, supera los 110 millones de euros que recogía el informe de un inspector de Hacienda y que acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el inspector de la Agencia Tributaria que detectó el fraude investigaba los impuestos de sociedades de varias empresas que obtuvieron comisiones millonarias tras aliarse con compañías eléctricas para promover parques. Es el caso de Villardefrades Eólica SL, propiedad de un exalto cargo de la Junta de Castilla y León, el director general de Deportes hasta 2003, Andrés Martín de Paz. El inspector de Hacienda pidió al menos en dos ocasiones (12 de junio y 4 de julio de 2014) a sus superiores en la Delegación de la Agencia Tributaria en Castilla y León que asignase a su equipo la inclusión de Iberdrola Renovables Castilla y León así como otras inspecciones.

Trataba de determinar si el proceso que había seguido Iberdrola con la sociedad de Martín en la "aparente adquisición de las acciones" por 4,2 millones de euros, era "similar al seguido en compras de participaciones empresariales similares realizadas por otros grupos del sector de energías renovables a empresarios de la misma comunidad autónoma. Algunas de esas sociedades y administradores han sido acusados por la Fiscalía de Valladolid de varios delitos fiscales, cuyas cuotas presuntamente defraudadas, ascienden a varios millones de euros". De ser así, proseguía el escrito del funcionario de la Agencia Tributaria, podría tratarse de "conductas organizadas".

El inspector de Hacienda también pretendía investigar "la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas entre la sociedad Iberdrola Renovables Castilla y León y diversas sociedades controladas, directa o indirectamente, por grandes grupos económicos de Castilla y León". Estos conglomerados empresariales participaban en sociedades dedicadas a la energía eólica, algunas de las cuales se estaban investigando ya: la mencionada Villardefrades Eólica SL, Cronos Global, del exalto cargo de la Junta, Alberto Esgueva, Urban Proyecta y Parqueolid, promotora y constructora del edificio de la Consejería de Economía que actualmente se investiga por sobrecostes, Preneal y Corporación LLorente -Grupo Collosa.

Para justificar la investigación que reclamaba a sus superiores en Castilla y León, el inspector aportó un anexo con un cuadro de "empresas participadas por Iberdrola Renovables Castilla y León y grandes grupos económicos de Castilla y León". Allí aparecían 14 empresas que se aliaron con Iberdrola entre los años 2004 y 2011: las que obtenían la autorización de los parques eólicos. Como ejemplo, Aerocastilla, una sociedad de Grupo Collosa que se une a Iberdrola para crear Grupo Empresarial Inverduero, participada al 60% por Iberdrola y que, una vez conseguidas las autorizaciones, pasa enteramente a manos del gigante eléctrico.

Collosa también usó la sociedad "Productora de Energía de Castilla y León S.A" para incorporarla a Inverduero SAU e Iberdrola SA, y esta última tenía el 90% de las acciones. La familia Arias, propietaria de la fábrica de luminarias Indal, hoy en manos de Philips, también creó con Iberdrola Lharias Participaciones SL, mientras que los Pérez Guitián, de Helios, lo hicieron con Horizontes de Castilla SL.

Los propietarios del Grupo Pascual crearon con la eléctrica Calidad Pascual SA, en la que tenían una participación del 40%. También entró en el negocio la constructora vinculada a la UTE del Hospital de Burgos, la burgalesa Arranz Acinas, que junto al Grupo Antolín constituyó Diversis Energía SL, y que acabó en manos de dos mercantiles de Iberdrola: Iberdrola Renovables Castilla y León e Iberdrola Renovables Energías.

Otra de las constructoras más importantes de Castilla y León, Grupo Zarzuela, aparece en el anexo, junto a Invercalesa, una sociedad del gigante de los servicios, el Grupo Norte. Las dos constituyeron Productora de Energía Eólica SA, junto a Iberdrola, y acabaron vendiendo el 100% a Iberdrola Renovables Castilla y León. El empresario zamorano Marcial Rodríguez, con cargos en una veintena de empresas, también se alió con Iberdrola, a través de la sociedad Salamanca Zamora Mercados 21. En la lista aparecen además la constructora zamorana Arcebansa y el conglomerado burgalés Cropu entre otras.

El inspector de Hacienda pretendía saber quiénes fueron "los verdaderos intervinientes en los protocolos, acuerdos de colaboración, pactos o contratos formalizados" y la contribución que tuvieron Iberdrola y cada una de las sociedades con las que se alió para la obtención de las autorizaciones administrativas, permisos y licencias para la explotación de los distintos parques eólicos "otorgados por la Consejería de Economía previa avocación de competencias".

Además, explicaba que las relaciones societarias no eran "propias de la lógica mercantil". Su informe incluso advertía de que no se trataba de "relaciones empresariales normales" sino de "sociedades vehículo". Y detallaba el procedimiento: 

Iberdrola solicitaba la autorización de un parque eólico a principio de los años 2000, presentaba el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actuaba como promotora. Los organismos de la Junta firmaban de modo favorable la declaración de impacto ambiental. Después se constituía una nueva sociedad, la denominada "sociedad vehículo", participada en un 80% o 60% por Iberdrola y en un 20% o 40% por uno de esos grupos empresariales de Castilla y León.

En otros casos, la sociedad del grupo Iberdrola, que era la promotora del parque, realizaba una ampliación de capital, que era suscrita, en parte, por la sociedad de los grupos económicos de Castilla y León, hasta alcanzar similares porcentajes. Los cambios en el accionariado se hicieron en ocasiones antes de la firma de la Declaración de Impacto Ambiental y otras con posterioridad, en algún caso tan sólo un día después, la empresa promotora que estaba participada al 100% por el Grupo Iberdrola solicitaba transmitir la titularidad del parque eólico autorizado con sus instalaciones eléctricas asociadas a favor de la nueva sociedad. La Junta dictaba las órdenes oportunas y autorizaban el cambio de propiedad. Previa avocación de competencias, el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, otorgaba autorización administrativa a la nueva sociedad Y, o bien a la nueva empresa ya participada por el grupo económico.

"Posteriormente, Iberdrola Renovables Castilla y León, aparentemente, adquiere a los grupos económicos las acciones de las que era titular, llegando a trasferir esos importes que multiplican por decenas de veces el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores necesarios para la producción de energía", resume el informe del inspector de la Agencia Tributaria.

La sospecha es que ese fue el procedimiento por el que quien de momento aparece como el principal beneficiario de la trama, Alberto Esgueva, entonces consejero delegado de Excal, la oficina de internacionalización de Castilla y León, llegó a obtener 47 millones de euros. 

La petición del inspector de Hacienda a sus jefes en Castilla y León ofrecía más argumentos para justificar esa investigación fiscal. Su informe relata por ejemplo, cómo en algunas de las comprobaciones que se habían hecho hasta ese momento, el representante de Iberdrola Renovables de Castilla y Léon, Fernando Martínez Riaza, contaba en un escrito "que la propia sociedad ha sido la encargada de gestionar las licencias y autorizaciones administrativas necesarias para el funcionamiento de los parques eólicos titularidad de determinada sociedad, además de ser la encargada de la gestión administrativa económico financiera y social de la mencionada empresa".

A pesar de todo, subraya el inspector que "Iberdrola entregó millones de euros en talones a diversos empresarios de Castilla y León, según dicen las partes por la adquisición de acciones de la sociedad participada conjuntamente, sin que dicha sociedad hubiese instalado un solo aerogenerador". El funcionario de Hacienda concluye que el Grupo Iberdrola no necesitaba asociarse con nadie y que estaba "comprando lo que por el derecho administrativo a él ya le correspondía". "No ha de descartarse la hipótesis de que las transferencias de fondos realizadas entre Iberdrola Renovables de Castilla y León y los grupos económicos de esta comunidad autónoma que participan con ella en las 'sociedades vehículo' no respondan a la naturaleza de auténticos pagos por la compra de acciones, puesto que por propia definición, para pagar hay que deber y, en el presente caso, si se prescinde de las formas, Iberdrola no debería deber nada para obtener el 100% de los megavatios otorgados. Lo contrario carecería, total y absolutamente de lógica económica y empresarial".

En esta petición, fechada a 4 de julio, se hacía constar que faltaba muy poco tiempo para la finalización del plazo de presentación de la declaración del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2009.

El investigador de Hacienda cerró su informe de la trama eólica, de 94 folios el 30 de diciembre de 2014, con la investigación de unas cuantas empresas (no de todas las que incluía el inspector en su solicitud inicial) y un saldo de presuntas comisiones ilegales de 110 millones de euros. El primer paso que siguió fue ponerlo en conocimiento de la delegada especial de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra, que antes había pasado por el puesto de secretaria general de la Consejería de Hacienda de Castilla y León. Era a De la Lastra quien debía dar cuenta a los servicios jurídicos, ante la naturaleza del delito que revelaba, y presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Por razones que no han sido explicadas, el informe se silenció durante meses. El inspector acabó por presentar de nuevo el informe pero haciéndolo pasar antes por registro, la única forma de que quedase rastro informático y no pudiese ser ignorado o extraviado de nuevo. 

La Fiscalía Anticorrupción está a punto de terminar las diligencias informativas del caso. Es el paso previo para la judicialización o el archivo. Durante los últimos dos años, han declarado algunos de los empresarios relacionados con la supuesta trama, así como los exaltos cargos de la Junta de Castilla y León: quien fuera consejero de Economía, Rafael Delgado, y el responsable de la oficina de internacionalización de la Junta, Alberto Esgueva, que recibió los 47,1 millones de Iberdrola, tras vender a la eléctrica la parte de su empresa con la que obtuvo la autorización de molinos de viento. 

La investigación sobre Delgado reveló distintas aportaciones que recibió desde varias sociedades, algunas propiedad deEsgueva, y movimientos desde una sociedad suiza sobre la que se ha pedido una comisión rogatoria a las cuentas de un amigo y desde las de este a Delgado. Además, en los últimos meses el fiscal ha citado a varios jefes de Industria de la Junta de Castilla y León.

Tanto Hacienda como la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León evitaron pronunciarse sobre la trama eólica argumentando que está en marcha una investigación de la fiscalía.



Noticias CyL 14 de marzo de 2017

PSCyL critica la “flagrante inacción” en la comisión de las eólicas

Los socialistas piden la reactivación inmediata de la comisión

http://www.noticiascyl.com/regional/politica-regional/2017/03/14/pscyl-critica-la-flagrante-inaccion-en-la-comision-de-las-eolicas/

La comisión de investigación sobre la denominada como ‘Trama Eólica’ vuelve a estar encima de la mesa. En el día de hoy, el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha vuelto a solicitar su reactivación tras las últimas informaciones que señalan que la la Agencia Tributaria en la Comunidad habría paralizado la investigación iniciada por inspectores de la propia AEAT sobre distintas empresas presuntamente implicadas.

Para el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Izquierdo, de ser ciertas las informaciones publicadas por un medio digital, la trama eólica sería mucho más amplia y estarían implicadas en ella muchas más empresas, con lo que las comisiones por importe de 110 millones inicialmente barajado serían también mucho más sustanciosas, y todo ello en el marco de una “práctica no acorde a la lógica empresarial”,“prácticas organizadas” o “trama de corrupción”, como así se apunta en el informe de la AEAT a la hora de analizar por qué determinadas eléctricas ceden parte de su accionariado a empresas de Castilla y León en parques eólicos para luego, una vez obtenidas las autorizaciones en unos pocos días, recomprar esas acciones a cambio de sumas enormes.

Estas prácticas, ha recordado Izquierdo, ya fueron denunciadas hace dos años por el PSCyL pero ahora podrían haberse quedado cortas a tenor de las últimas informaciones que, y lo que es más grave para el dirigente socialista, sostienen que la AEAT en Castilla y León habría rechazado la solicitud de investigación realizada por inspectores que pretendían extender la misma a otras muchas empresas supuestamente implicadas en la red, no sólo a Iberdrola y sus presuntos vínculos con el que fuera director de EXCAL, Alberto Esgueva, que se habría embolsado a través de la sociedad San Cayetano Wind un total de 47 millones de euros.

“El PP ha mantenido siempre la tesis de que se trataba de casos aislados, aunque se está demostrando que se trataba de una práctica mucho más extendida de corrupción”, ha denunciado públicamente Izquierdo.

Por tal motivo, el Grupo Socialista en las Cortes ha anunciado su pretensión de solicitar a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, la convocatoria “inmediata” de la comisión de investigación, algo para lo que, según entiende, se encuentra plenamente facultada si se tiene en cuenta que la misma sigue paralizada y aún no se ha fijado un calendario de comparecencias.

Flagrante inacción

“El presidente de la comisión ha incurrido en una flagrante inacción y por ello Clemente tiene la potestad de convocarla”, insiste Izquierdo, que, además, ha anunciado igualmente que a través de los diputados socialistas se solicitará la comparecencia en el Congreso de la delegada de la AEAT en Castilla y León, Georgina de la Lastra, para que explique ese supuesto intento de echar una “alfombra” sobre la trama, impidiendo investigar a más empresas, y por qué en su día se negó a entregar el informe inicial a la Fiscalía Anticorrupción.

“Sería la segunda vez que el PP ha tratado de echar tierra sobre la trama, primero utilizando los resortes de la AEAT, poniendo freno a la investigación, y segundo usando los resortes políticos al rechazar la comparecencia en la comisión de otras muchas empresas”, ha recordado el político socialista, que por eso no ha dudado en ofrecer toda su “consideración y reconocimiento” a aquel de los candidatos a la Presidencia del PP de Castilla y León que se comprometa a desbloquear la comisión de investigación sobre la autorización de parques eólicos en la Comunidad.


Gute fahrt KUKU!

1 abril 2015-25 de febrero ´17 (A.Milde)
KUKU projekt (Kunst und Kultur projekt)
KUKUmobil

Actos 30 aniversario de los incidentes por la Reconversión industrial en Reinosa. CNSV

CNSV conmemora el 30 aniversario de la 'primavera del 87'
Las jornadas organizadas por Cantabria No Se Vende en varios puntos de región culminarán en Reinosa el día 11 de marzo

Vive Campoo | Reinosa | 15/02/2017

Con motivo del 30 aniversario de la 'primavera campurriana' y con la vista puesta en el futuro de la comarca, la coordinadora de movimientos sociales Cantabria No Se Vende (CNSV) ha organizado unas jornadas que se celebrarán en Silió (11 de febrero), Torrelavega (22 de febrero), Santander (2 de marzo) y que culminarán en Reinosa (11 de marzo), con el objetivo de conmemorar aquellos sucesos y mantener vivo su recuerdo entre la juventud, así como en el resto de comarcas cántabras. Llevan por título '1987-2017: Campoo por su futuro. La lucha continúa'.
(...)
Jornada en Reinosa
Ya el 11 de marzo, cuando se cumplan 30 años de la Primavera Campurriana del 87, se vivirá una jornada de conmemoración y reivindicación en Reinosa, que arrancará alrededor de las 13:30 con una comida popular de ollas ferroviarias en el Parque Cupido. Posteriormente se marchará en pasacalles por las calles de Reinosa hasta la placa colocada en homenaje a Gonzalo Ruiz, cuya familia participará en un homenaje a este obrero cántabro. A las 17:00 horas, en el Teatro Principal, hablarán campurrianos que vivieron la experiencia de 1987 y también campurrianos que viven el contexto actual, tratando de aprender de aquella experiencia. "Como decimos, no se trata simplemente de conmemorar un aniversario, sino también de despertar la organización y movilización de cara a defender un futuro con empleo digno en Campoo y en el conjunto de Cantabria", señalan desde CNSV.
(...)
Más info:

Cañones de nieve eólicos para salvar el Ártico. Cambio climático

Diez millones de cañones de nieve eólicos en el Ártico, ¿a la industria del viento se le habrá congelado el cerebro?


EPAW (European Platform Against Windfarms), Newsletter: February 17, 2017

Según CNN investigadores han encontrado una solución teórica para reducir la fundición de la banquisa: construir 10 millones de cañones eólicos.

La Fédération Environnement Durable y European Platform Against Wind Farms, se preguntan si después de haber invadido Europa de estructuras industriales gigantes, a punto de invadir el medio marino con centrales eléctricas en el mar, la industria eólica va a conseguir cubrir el Ártico con 10 millones de cañones de nieve eólicos.

Para la industria del viento, se trataría probablemente de un extraordinario mercado, evaluado modestamente por los investigadores en 500 billones de dólares, y según los expertos de la FED incluso alrededor de 1000 billones de dólares!

Esta propuesta delirante ha hecho temer de nuevo que la cuestión climática no es más hoy que una cuestión de poder y de dinero. La gran perdedora la ecología que ha evolucionado hacia un combate geopolítico poniendo en juego miles de millones de euros. 

¿Habrá que destruir el Ártico para salvar el Planeta?

http://www.lepoint.fr/environnement/dix-millions-de-machines-pour-recongeler-l-arctique-16-02-2017-2105399_1927.php

BOC 21-02-2017. Información pública del proyecto de prórroga de vigencia de la concesión de explotación ALFA-2 (1ª Fracción), número 16241-01. CEMENTOS ALFA,S.A.


MARTES, 21 DE FEBRERO DE 2017 - BOC NÚM. 36

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

 Información pública del proyecto de prórroga de vigencia de la concesión de explotación Alfa-2 (1ª Fracción), número 16241-01.

La concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción)" nº 16.241-01 que afecta a las provincias de Cantabria y Palencia, ha finalizado su vigencia de 30 años y por parte de la sociedad titular Cementos Alfa, S.A., se ha solicitado en plazo la prórroga de la misma, por otros treinta años.

Considerando que el proyecto "Prórroga de vigencia de La concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción") nº 16.241-01 afecta a dos Comunidades Autónomas la tramitación de la prórroga corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como órgano sustantivo, siendo el órgano medioambiental el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En concreto, el proyecto prevé desarrollarse en los términos municipales de Valdeprado del Río y Valdeolea (Cantabria) y Aguilar de Campoo (Palencia).

Por otro lado, el proyecto está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental según se establece en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, y en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se somete a información pública el proyecto "Prórroga de vigencia de la concesión de explotación minera denominada "Alfa-2 (1ª Fracción)"" nº 16.241-01, por un período de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial del Estado, periodo durante el cual podrán ser examinados por las personas que lo deseen al objeto de formular alegaciones. La documentación que incluye el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el proyecto de restauración, estará expuesta al público, en los días y horas hábiles de oficina, en la Subdirección General de Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Paseo de la Castellana, 160, de Madrid; en el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de Cantabria, Avda. Calvo Sotelo, 25, de Santander, y en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 4, en Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 2016.
La directora general de Política Energética y Minas,
María Teresa Baquedano Martín.

El Parlamento de Cantabria "se olvida" del permiso Bezana-Bigüenzo en las proposiciones no de ley contra el FRACKING.

Excursión al pico Bijuenzo que da nombre al permiso

El Parlamento pide la extinción del permiso Luena y reclama una nueva ley antifracking en Cantabria

El Ejecutivo autonómico deberá trabajar en la redacción de una norma que evite la invasión de competencias del Estado para que la ley no sea anulada

20/02/2017 el diario.es Cantabria, eldiarionorte Cantabria

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad sendas proposiciones no de ley en las que se pide al Ministerio de Industria que declare la extinción del permiso Luena y se insta al Gobierno de Cantabria a presentar un nuevo proyecto de ley contra el fracking, atendiendo a la capacidad competencial de la comunidad para evitar que el Tribunal Constitucional lo pueda anular como hizo con la aprobada por unanimidad en la anterior legislatura.

Más información: 

Aprobada en el Congreso una Proposición no de Ley para prohibir el FRACKING en España


La oposición parlamentaria impulsa la prohibición del fracking en toda España

El Partido Popular se queda solo en la votación y no puede impedir que salga adelante una proposición no de ley planteada por los diputados socialistas 

Diego Movellán, que es portavoz adjunto del PP en la Comisión de Medio Ambiente, ha abandonado la sala antes de votar "porque tenía reuniones" 

La aparente placidez con la que gobierna Mariano Rajoy, pese a no disponer de mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, no siempre es fácil de gestionar. La oposición parlamentaria suma pequeñas batallas ganadas esta legislatura, en la que ha conseguido torcer el brazo del Ejecutivo en varias ocasiones en temas clave y en los que el PP no puede evitar dejar patente su soledad en las votaciones.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Cámara Baja ha vuelto a dar una muestra de ello, después de que el Grupo Socialista haya conseguido sacar adelante una proposición no de ley para instar al Gobierno a "prohibir el fracking en todo el Estado" por los riesgos que supone tanto para la naturaleza como para las personas.

Así, con 22 votos a favor, los 14 en contra del Partido Popular y la abstención del PNV, la iniciativa busca realizar los cambios legislativos necesarios para prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica en toda España "con pleno respeto a las competencias autonómicas".
(...)
Más info:

Premiado el trabajo de Damián Copena que concluye que la energía eólica no ha supuesto desarrollo rural en Galicia.


Un ponteareano, premiado por su investigación de parques eólicos

v.p. | ponteareas 2017.02.12. Faro de Vigo

El trabajo del investigador ponteareano y doctor por la Universidad de Vigo, Damián Copena Rodríguez, fue elegido ganador de la tercera edición del premio Jesús García Calvo, en investigación en Desarrollo Rural y Cooperación en la modalidad de tesis de doctorado. Este premio convocado por el Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo de Galicia (IDEGA) de la USC y la Fundación Feiraco, le fue entregado el pasado lunes en Santiago de Compostela.

El trabajo, que tiene como título "Energía eólica y medio rural: un análisis aplicado de los impactos socioeconómicos de los parques eólicos en el mundo rural gallego", fue dirigido por Xavier Simón Fernández y analiza cómo fue el proceso de implantación y cuáles fueron las consecuencias socioeconómicas de la puesta en marcha de los parques eólicos en el rural gallego en el período 1995-2014. En él creó una base pionera con información única sobre los impactos socioeconómicos existentes en medio rural gallego a partir de la implantación de parques eólicos.

Centro Botín, Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria presenta una querella ante el Supremo para paralizar el Centro Botín

El abogado de la plataforma asegura que “todo es ilegal” en este proyecto, que ha calificado como “el mejor ejemplo de corrupción político administrativa.

eldiariocantabria.es, 02 de Febrero de 2017

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo una querella en la que denuncia que "todo" en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es "ilegal". Además solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de "ningún tipo de actividad" en el mismo.

Así, a lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación.

"Todo es ilegal en el Centro Botín", ha sentenciado en rueda de prensa el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, para quien este proyecto es "el mejor ejemplo de corrupción político administrativa".

En este sentido, ha afirmado que "todos los trámites" que se han realizado son "burdamente ilegales", por lo que la plataforma pide en su querella que se investiguen los hechos y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.

En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.

Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta entonces de Cantabria; eÍñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y hoy ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo al ser aforado por su cargo actual.

También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.

Al respecto, el abogado se ha referido a la "particularidad" de que en este caso han intervenido tres administraciones y todas "están de acuerdo en eso".

Mientras se resuelve la querella, la plataforma ha pedido la paralización cautelar de las obras "excepto las imprescindibles, como que haya algo que acabar o haya algún un riesgo" y que no se inicie "ningún tipo de actividad" en el Centro Botín.

Proceso

Merodio ha explicado que a fecha 31 de julio de 2010, cuando trascendió el proyecto, el Plan Especial del Puerto contemplaba el uso "portuario comercial" del muelle Albareda, así como que al este de la Estación Marítima no se podían situar nuevas edificaciones para no interrumpir las vistas de la bahía desde los Jardines de Pereda. Es decir, la ley no permitía la construcción del Centro Botín en su inicial y actual ubicación.

Y se ha hecho, según el abogado, con las tres administraciones citadas (Puertos, Gobierno y Ayuntamiento) de acuerdo y "sin haber legalizado" la construcción. 

"Lo que han hecho es todo ilegal, todos los trámites son burdamente ilegales y lo que han intentado hacer es una chapuza", ha valorado.

El letrado ha detallado el proceso de las recalificaciones de los usos portuario y urbanísticos, que según ha dicho se han realizado "al mismo tiempo" cuando el primero es previo al segundo. También ha repasado la cronología de la concesión, que ha calificado de "esperpéntica" pues transcurrió apenas un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de la modificación puntual hasta la aprobación de la concesión "del mejor espacio del puerto".

En este sentido, también ha puesto en duda la legalidad de la concesión a la Fundación Botín "cuando sus miembros no estaban al corriente de sus obligaciones fiscales en España", ha dicho.

Eólico

Otro "caso de ocupación de un bien de dominio público" contra el que la plataforma ha presentado una querella en el Tribunal Supremo se refiere al desarrollo eólico en Cantabria.

Según el abogado, el proceso eólico se encuentra ahora "en la peor situación" desde que empezó dado el "silencio absoluto, mediático y administrativo", respecto al mismo.

El presidente de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez, ha denunciado el "simulacro de participación y planificación" respecto a los eólicos "para dar apariencia de legalidad". Porque el Plan de Sostenibilidad Energética que han recurrido al Supremo "no planifica nada" sino que presenta "una planificación hipotética, que ni planifica ni ordena nada concreto". Y porque "confunde la información pública con la participación ciudadana".

Nota de prensa 02-02-2017, Querella Centro Botín Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

NOTA DE PRENSA, 02-02-2017 
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
Información sobre eólicos y querella Centro Botín

Años actuando como organización social en defensa del territorio nos hacen ampliar el ámbito geográfico de nuestra intervención. El mayor problema es la falta de organizaciones que nos defiendan y la generalizada pérdida de respeto a la Ley. Son siempre y en todo lugar los mismos los que dañan nuestros derechos.

La Plataforma, de acuerdo con John Berger y su Puerca tierra, se constituyó hace años con la ambiciosa idea de servir a las personas en la defensa del territorio en que viven.

Una actividad de años nos convence de que son parte de los grandes problemas del hombre de a pié, la alarmante falta de información objetiva al servicio de todos, organizaciones sociales ineficaces y condicionadas por subvenciones y bancos y, en especial, una mala legislación y, aún más, una alarmante pérdida de respeto a lo legislado que, degradado lo que fue el 15-M, es la última y precaria trinchera para hacer frente al poder venal.

Una situación que permite que no se informe, o se debata al menos, que los parques industriales eólicos no son, frente a lo que nos dicen, una “energía verde” que ayuda al desarrollo del empleo, la tecnología y la calidad de vida de los afectados, sino un medio que interesa al poder para generar energía, la forma abusiva en que las grandes corporaciones, con apoyo político y, en el mejor caso, silencio de las organizaciones, nos lo imponen sin valorar los negativos y graves impactos humanos, sociales, ambientales,...

También permite que en el mejor lugar de la Ciudad de Santander un poder que se cree omnímodo coloque un monolito con su nombre para recordar quién manda, asentado, insistimos, en la falta de información veraz, de organizaciones sociales leales y, sobre todo, de una cultura que exija, ya que no hay buenas leyes, respetar las que tenemos.

En la pelea eólica, parado el atropello desde hace años, sin tramitarse un solo molino, ahora vamos al Tribunal Supremo, para defender la ilegalidad del PSEC 2014-2020, que no es un Plan y menos aún sostenible, y defendemos en la vía penal que, aunque nadie tenga interés en investigarlo, es delito lo que, a sabiendas y para favorecer al poder, hacen mal los políticos y habrá que investigarlo; se trata de que, al menos, cumplan las (malas) leyes que ellos elaboran.

Contra los mismos y por lo mismo de siempre, hoy abrimos un nuevo y duro frente. Las prisas egoístas y la nula información, como siempre, han vedado a los ciudadanos participar de verdad en las decisiones, la falta de PROT, de planificación y ordenación del Frente Marítimo, ha vedado valorar los gravísimos efectos de la salvajada y hace insoportable para nuestra dignidad que en lugar tan hermoso y visitado como es el centro de la Bahía de Santander el poder financiero haga crecer una pesadilla que le sirva para, a su gusto, difundir “su cultura”. El que piensa sabe que el atropello fue anunciado en seis páginas y con total precisión, el 31 de julio 2010, cuando allí atracaban barcos, maniobraban los ferrys y no estaba permitido construir ni una caja de cerillas, a partir de lo cual, continuas ilegalidades, corrupción política, ilícita intervención de un arquitecto del banco, pisoteo de la Ley y del Estado de Derecho,… y, dolorosamente, silencio de la Ciudad, lo que nos obliga a, desagradables como otras veces, presentar una justa querella ante el Tribunal Supremo.

Cooperativas eléctricas, generación distribuida y soberanía energética. Tribuna Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria


COOPERATIVAS ELÉCTRICAS, GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y SOBERANÍA ENERGÉTICA

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Hace días, informaba la prensa que Solabria, cooperativa cántabra, comercializará energía “verde 100%” y, al tiempo, apuesta por los grandes parques industriales de la Asociación Eólica de Cantabria, que preside el consejero de Biocantaber (Iberdrola), Agustín Valcarce, de quien la cooperativa dice que es uno de sus “mejores fichajes”.

 Si el objetivo de Solabria es comercializar electricidad “verde” generada en grandes parques eólicos, ¿qué la diferencia, entonces, de Gas Natural- Fenosa que ofrece a sus clientes más “concienciados” contratar su tarifa eco, también “100% renovable”? 

Solabria, que afirma en su folleto tener como objetivo la generación distribuida de electricidad y un nuevo modelo energético, se contradice cuando apoya los grandes parques industriales eólicos, que son generación concentrada, ruina de los afectados y abusiva ganancia para las corporaciones.

Los grandes parques industriales eólicos concentran la producción eléctrica en los lugares más apetitosos –y que creen más fáciles-, sea cual sea el daño que causen y aunque exija, además, transportar lo generado, por medio de enormes y dañinas líneas de altísima tensión y subestaciones eléctricas, a los lejanos lugares en que es mayor la demanda, llegando incluso a exportarlo al extranjero.

Concentran producción, transformación y transporte eléctrico en manos de los de siempre, el gran oligopolio que sube y sube los precios, genera “pobreza energética” y perpetúa el viejo e insolidario modelo de la producción y la distribución centralizadas. 

Un nuevo modelo energético, solidario y justo, como el que apoya Hermann Scheer en “El imperativo energético, sólo puede nacer de la actividad descentralizada, de una verdadera generación distribuida que busque, no beneficio empresarial, sino lo que la naturaleza ofrece -viento y sol, que están por todas partes-, el autoconsumo, la producción eléctrica a pequeña y mediana escala que abastezca las necesidades propias y de las poblaciones cercanas, reducir el consumo y lograr una mayor eficiencia energética, mermando, al tiempo, los costes energéticos. El camino hacia la soberanía energética exige otro modelo económico y una nueva concepción social de la energía.

Dice Hermann Scheer que “la revolución tecnológica del suministro energético, que conduce al relevo de las energías convencionales, solo puede desarrollarse a través de numerosas iniciativas independientes en muchos lugares diferentes y no a través de una planificación ejecutada de forma tecnocrática por élites políticas y económicas que organicen el proceso gradualmente en el tiempo y el espacio”.

Por ello, contra la pobreza energética no se lucha con la “caridad”, como hacen los políticos, hay que reducir el despilfarro, bajar costes y precios, potenciar, no dificultar, el “autoconsumo”, que es tender a que cada uno genere parte o toda la electricidad que consuma, y propiciar, al tiempo, el “balance neto”, o sea, permitir que la energía que no se consuma en el momento sea vertida a la red de distribución -pública por supuesto- para consumirla cuando se necesite; lo contrario es legislar para bancos y grandes empresas eléctricas. Salvo España, ningún país de la Unión Europea penaliza ésto y, si desapareciesen los gravámenes, impedimentos legales y trabas burocráticas al autoconsumo, éste se generalizaría, pues la tecnología fotovoltaica y minieólica han abaratado mucho sus costes. 

No sólo casas individuales, sino naves y pabellones industriales podrían utilizar sus tejados o alquilarlos; ello supondría una gran revolución aquí y, en especial, en los países en vías de desarrollo al permitir que cualquier persona en el último rincón del mundo acceda al bien básico que es la energía.

En el almacenaje, la madurez tecnológica facilita la acumulación -véase el ejemplo del vehículo eléctrico y su carga en casa por la noche- mediante baterías de ión-litio transportables, lo que obliga a preguntarse el por qué de su prohibición, pues el almacenaje de la energía sobrante para usarla cuando se necesite, abarata costes y, además, reduce la sobredemanda. La respuesta, que no está en el viento como en la canción de Dylan, es que no interesa pues reduce el gran negocio de unos pocos.

Es evidente que el gran oligopolio no quiere precios bajos, sino un modelo caro, centralizado, de superredes que requieren el obligado incremento del consumo y los costes de producción/distribución de la energía, por lo que las cooperativas, que, al menos en su teoría, responden a otra idea, no pueden colaborar a ello.

Una reflexión final. “La raíz del problema de la pobreza energética se encuentra en la concepción mercantilista de la electricidad como medio de acumulación. Se trata de la conversión en mercancía de un bien hoy indispensable para el normal desarrollo de la vida cotidiana en nuestras sociedades”. Sebastià Riutort Isern. “Energía para la democracia”. Catarata.

Pobreza energética, precio de la luz. Energía para la Democracia. Sebastià Riutort Isern

"La raíz del problema de la pobreza energética se encuentra en la concepción mercantilista de la electricidad como medio de acumulación. Se trata de la conversión a mercancía de un bien hoy indispensable para el normal desarrollo de la vida cotidiana en nuestras sociedades. Como resultado, las personas- especialmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad- se encuentran desprotegidas ante un recurso sobre el cual no tienen ningún control. Como indica Polanyi, desde el momento en que lo económico está subordinado a la lógica mercantilista y no al sustento de las personas, se pueden dar situaciones de emergencia social importantes. Las dislocaciones que ello genera pueden tener consecuencias destructivas para la sociedad. Sin duda, la pobreza energética es un claro ejemplo."

Sebastià Riutort Isern “Energía para la democracia”. Catarata

Los Senadores del PP tumban la propuesta de prohición del Fracking



El PP veta una iniciativa para declarar a España como país libre de 'fracking'

Los populares tumban en el Senado una propuesta presentada por Compromís para prohibir la fractura hidráulica

La Asamblea Cántabra contra la Fractura Hidráulica ha iniciado una campaña para solicitar la caducidad de los permisos en el territorio autonómico
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Senado-PP-declarar-Espana-fracking_0_602990595.html



El Partido Popular (PP) ha vuelto a tumbar una iniciativa para prohibir en España el uso de técnicas de prospección y extracción de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica, más conocido como 'fracking'. En esta ocasión ha sido en el Senado donde los populares, gracias a su mayoría, han impedido que saliese adelante una medida presentada en este sentido por Compromís.

Los senadores Carles Mulet García y Jorge Navarrete Pla, autores de la propuesta, solicitaban también paralizar de forma inmediata, si es que las hay, las prospecciones, explotaciones o investigaciones que estén ya en funcionamiento a la espera de una directiva clara de la Unión Europea (UE).

La votación se ha llevado a cabo en la Comisión de Medio Ambiente, de la que forma parte el senador por Cantabria, Javier Fernández, en calidad de vocal. Fernández, que fue durante la pasada legislatura consejero de Medio Ambiente del Gobierno presidido por Ignacio Diego, y al frente de esta Consejería desarrolló precisamente la ley 'antifracking' de Cantabria, se ausentó de la Comisión y no participó en la votación.

Por otro lado, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha iniciado recientemente una campaña para solicitar la caducidad de los permisos de fracking en territorio autonómico, dado que aunque los permisos han expirado, "las autorizaciones siguen vigentes a no ser que una persona o entidad solicite su anulación".

Mayoría en el Senado

No es la única iniciativa vinculada a los hidrocarburos que el PP ha vetado este miércoles en la Cámara Alta. Los conservadores también han echado abajo una propuesta socialista debatida en la misma comisión que pedía declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones de hidrocarburos.

Y es que el PP, a diferencia de lo que sucede en el Congreso y a pesar de que las elecciones del 27 de junio del año pasado dieron entrada a nuevos partidos, sigue gozando de mayoría en el Senado. Por contra, en la Cámara Baja no pudo tumbar hace poco más de un año una propuesta que pedía al Gobierno central cerrar la puerta al 'fracking'.

Olivas y Cotino condenados a año y medio de prisión por "mediar" en la venta de acciones de Proyectos Eólicos Valencianos


Olivas se convierte en el primer expresidente de la Generalitat condenado a pena de cárcel

Año y medio de prisión para el exjefe del Consell y Vicente Cotino por falsificar una factura para encubrir una comisión de 500.000 euros

 Levante 14.01.2017 laura ballester

El presidente de la Generalitat desde el 24 de julio de 2002 hasta el 20 de junio de 2003, José Luis Olivas Martínez, se convirtió ayer en el primer «Molt Honorable» en ser condenado a un año y medio de prisión. En la condena le acompaña uno de los empresarios de cabecera del anterior Consell, Vicente Cotino, sobre el que recae la misma pena: un año y seis meses de cárcel. El Juzgado de lo Penal 6 de Valencia los considera a ambos culpables de sendos delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Olivas y Cotino deberán pagar cada uno una multa de 151.800 euros e indemnizar de forma solidaria a la Agencia Tributaria con 150.000 euros más, además de asumir la tercera parte de las costas judiciales. La mujer de Olivas ha resultado absuelta de los mismos delitos. La sentencia es recurrible ante la Audiencia de Valencia.

Aunque parezcan cantidades ínfimas, la condena de año y medio de cárcel pone una primera piedra en el complicado camino judicial que Olivas y Cotino han de recorrer ante la Audiencia Nacional por la ruinosa gestión bancaria del expresidente de Bancaja y la presunta financiación ilegal al PP del empresario que se juzgará en el Caso Gürtel.

El hecho enjuiciado ha sido el pago de una comisión de 580.000 euros (IVA incluido) en 2008 por Vicente Cotino a José Luis Olivas, por «mediar» en la venta de las acciones en Proyectos Eólicos Valencianos SA -participada por Endesa (55%), Sedesa Inversiones (20%) y Bancaja (20%)-.

Durante el juicio, Olivas no tuvo empacho en admitir que jugó a tres bandas en esta operación en la que, según él, todos ganaban. En 2008 presidía Bancaja y, por su cargo, era consejero de Iberdrola, a quien intentó colar las acciones en venta. «Yo defendía los intereses de Bancaja y del señor Cotino, pero también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunitat Valenciana». Finalmente Endesa ejerció su derecho de adquisición preferente y adquirió el 45% de Proyectos Eólicos Valencianos SA. La operación generó «plusvalías de de 39,3 millones», admitió Cotino durante la vista. Precisamente fue la decisión del empresario y sobrino del expresidente de las Corts, Juan Cotino, de deducirse como gasto el pago de 580.000 a Olivas, para ahorrarse 150.000 euros en el impuesto de sociedades de 2008, lo que motivó una inspección de la Agencia Tributaria.

Dos inspectores de Hacienda, que declararon como peritos en el juicio, descubrieron el pastel. José Luis Olivas sólo pudo aportar un informe de tres folios (firmado por su mujer en 2013) como justificante de la supuesta mediación realizada por su empresa Imarol SL en la venta de las acciones de Parques Eólicos Valencianos SA (Pevsa). Una falacia para la jueza de lo Penal 6 de Valencia, Begoña Estañ. La intervención de Olivas fue «una simulación de prestación de servicio de asesoramiento realmente inexistente», afirma la magistrada. De hecho, llega a asegurar que «ni Pevsa, ni Endesa ni Iberdrola necesitaban a Olivas» para ejecutar la venta de acciones. Y sólo admite como cierta la conversación del expresidente de Bancaja con su homólogo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para que intentara comprar las acciones que finalmente adquirió Endesa. Aunque, asegura la magistrada, «una conversación no vale 500.000 euros» por lo que concluye que «no existió ningún servicio de gestión y asesoramiento» que justificara el pago del medio millón de euros.


COMENTARIO A LA NOTICIA:

Como la juez dice “que el pago de 500.000 euros responde a una ficción cuya causa y finalidad se desconoce”, vamos a intentar que se conozca un poco “esta ficción”:

1) En el año 2002 el Sr. Olivas era presidente de la Generalitat Valenciana y bajo su mandato se adjudicó el Plan Eólico Valenciano a diversas empresas, muchas de ellas relacionadas con Bancaja y Sedesa (de la familia Cotino)

2) Uno de los Cotino, el tío del ahora condenado, ha sido Conseller y presidente de Les Corts Valencianes y un altísimo cargo del partido popular en la Comunidad Valenciana

3) Gracias a las “puertas giratorias”, muy poco después el Sr. Olivas pasó de ser Presidente de la Generalitat a ser consejero de Iberdrola y presidente Bancaja

4) Luego, Olivas gestionó diversas operaciones en el País Valencià relativos a la compraventa de parques eólicos entre la empresa de los Cotino, Bancaja e Iberdrola por las que cobró la comisión de 500.000 euros de la que ahora se le ha juzgado

5) En el camino queda la financiación irregular del Partido Popular, el caso Gurtel en el que todos están implicados, el expresidente Camps y sus tejemanejes (también en la eólica, por supuesto), la fusión con Cajamadrid en Bankia y su hundimiento, el descalabro de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el empresario Ortiz, los exalcaldes de Alicante Díaz Alperi y Sonia Castedo, etc. , etc.

6) En definitiva, Sra Juez, la “ficción” sería la siguiente: “la estrecha colaboración entre políticos, constructores, bancos, empresarios eléctricos” con un poco de “financiación irregular del partido”, que suelen ser los denominadores comunes de casi todos los Planes eólicos que “en España han sido”.

MEGAMOLINOS DE 200 m. de altura junto al Parque Natural de GUADARRAMA.


Nuevo proyecto para instalar un gran aerogenerador en las inmediaciones del Parque Natural de Guadarrama

13 de diciembre de 2016, por Segovia

El nuevo aerogenerador se ubicaría en el término municipal de Adrada de Pirón y se sumaría a los tres ya proyectados en el vecino municipio de Brieva.

Como si de una obra quijotesca se tratara, los proyectos de grandes aerogeneradores en las inmediaciones del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, en la provincia de Segovia, siguen aumentando.

Del nuevo aerogenerador proyectado destaca su gran tamaño, con una altura de casi 200 metros, más del doble que la emblemática torre de Santa María de la catedral de Segovia. Hay que tener en cuenta que la torre de la catedral se divisa desde más de 15 km a la redonda de Segovia. Las torres de los aerogeneradores son, además, tan altas como las 4 torres CTBA de Madrid.

Se trata de un proyecto adyacente al denominado “La Matilla”, en el término municipal de Brieva, que consta de tres aerogeneradores de última generación de 3 Mws cada uno, con una altura de aproximadamente 200 metros. El nuevo proyecto, denominado “Las Lastras”, se ubicaría en el término municipal de Adrada, colindante con Brieva. Y compartiría infraestructuras del proyecto “La Matilla”.

Con esta nueva propuesta, ya son dos proyectos y dos solicitudes separadas para cuatro grandes aerogeneradores, muy próximos entre sí y que comparten subestación para la evacuación de la electricidad generada. Lo que parece un claro “troceo” de proyecto para difuminar su impacto ambiental generado. Esta táctica, llamada “truco eólico” o “troceo”, ha sido penalizada por varios tribunales, por ejemplo, el tribunal Supremo en el proyecto Salce en León.

Ante este primer proyecto (“La Matilla”) se presentaron en mayo de este año más de 1500 alegaciones particulares y 2000 firmas al Servicio Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León para pedir que se desestimase. Además, se difundió una campaña informativa y de recogida de firmas en la plataforma Change.org.

Se alegaba, entre otras cosas que, uno de los generadores se encuentra a menos de 1000 metros del casco urbano y que la correspondiente línea de tendido eléctrico atravesaría además un paraje de encinas centenarias. Tal y como se reflejaba en la petición originada en Change.org (https://www.change.org/p/junta-de-castilla-y-le-n-no-permitan-colocar-3-torres-tan-altas-como-las-ctba-madrid-en-el-pn-de-guadarrama) y en las alegaciones presentadas:

“Como consecuencia, estos mega aerogeneradores pasarían a formar parte de las vistas panorámicas de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Segovia. También estarían a escasos kilómetros de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso. Por otra parte, la afección sobre la avifauna y su hábitat que viven en la zona y sus alrededores, puede ser considerable al ser un área de gran interés para especies protegidas como el águila imperial, milano real, buitre negro y leonado y alimoche, que podrían verse afectadas por la colisión con las aspas en movimiento. Necesario también es mencionar el impacto del ruido y el desprendimiento de bloques de hielo que podrían afectar a los habitantes de la zona dada su proximidad a los núcleos urbanos. Por tanto, este proyecto implica graves perjuicios sociales, de salud, económicos, paisajísticos y medio ambientales.”

El Congreso Mundial de la Naturaleza (UICN), compuesto por 15000 expertos internacionales, ha instado al Gobierno de España a no situar parques eólicos alrededor de los espacios protegidos. Estos dos proyectos se encuentran a escasos 3 Km del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama.

Las organizaciones ambientalistas, entre ellas, Ecologistas en Acción de Segovia, reconocen la gran importancia de las energías renovables para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, la ubicación y el modelo de negocio deben considerarse escrupulosamente para que los beneficios ambientales y económicos aportados sean mayores que los impactos que generan.

El proyecto “La Matilla”, del cual se espera que en próximos días se comunique su resolución, cuenta con el rechazo unánime en pleno de la Diputación Provincial de Segovia y de los ayuntamientos colindantes al municipio de Brieva.