Controlar el territorio. 43 Los domingos, cavilar, Fernando Merodio 17-03-2019


Controlar el territorio. 
43 Los domingos, cavilar, Fernando Merodio 17-03-2019

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En el artículo titulado "Controlar el territorio" sobre la trama criminal mafiosa de La Camorra, con centro de actividad en Nápoles, Roberto Saviano, perseguido por saber del tema y escribir sobre lo que sabe, hacía énfasis en que "nada da más seguridad a los jefes que el territorio que controlan", en el que, además, intentan que no actúen los aparatos del Estado.

Hace 100 años, en 1917, Lenin explicaba otra forma de abusivo afán por el territorio y definía la Guerra de 1914 como anexionista, depredadora, de rapiña, "por la división del mundo, por la partición y el reparto de las colonias y de las esfera de influencias del capital financiero (...)", hasta el extremo de que, repito que lo escribía hace 100 años, "el capital financiero, pensando en las fuentes potenciales de materias primas -ahora es otro su pensar- y temeroso de quedarse rezagado en la fiera lucha por las últimas tierras no repartidas o por conseguir un nuevo reparto de las ya repartidas, se esfuerza generalmente en apoderarse de las mayores extensiones posibles de toda clase de tierras, estén donde estén y sirviéndose de cualquier medio".

Saviano y Lenin, cada uno con su manera y objetivos, dejan muy claro cómo se propicia el monopolio, tanto el mafioso como el -similar- el capitalista, al adueñarse y controlar el territorio, y lo explican tan claro que es difícil escribir algo que lo mejore, por lo que voy a tratar, nada más y nada menos, de relacionarlo con lo que ocurre aquí ahora y aprovechar para echar mi cuarto -no a espadas- otra vez a Greta Thunberg.

El intento de ocupación -y control- del territorio por el imperialismo capitalista -¿y mafioso?- es aquí ahora más que evidente y señalo dos arquetipos, el cualitativo minimalista del ofensivo Centro Botín que, sin que nadie explique los motivos, ahora vibra y se le caen sus orgullosas cerámicas, plantado con flagrante ilegalidad en la mejor parcela pública, propiedad de todos los sumisos y permisivos santanderinos, y, por otro lado, el cuantitativo -también cualitativo- y acromegálico de los tallos con aspas de casi 200 metros de altura que otro gran representante del capitalismo, Florentino Pérez, junto a oscuros fondos saudíes, quiere ahora (im)plantar como casi único cultivo en lo mejor de nuestro territorio.

Tenaces frente a incumplimientos legales, a los seis meses de haberlo solicitado, la Plataforma que lucha contra la aberración de tal gigantismo capitalista ha obtenido, hace días, de la Consejería del lobbysta Francisco Martín la "Relación de los parques eólicos -supuestamente- tramitados al amparo de la Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre", en la que se reconoce la flagrante y desvergonzada intención de implantar en Cantabria 24 parques, 731,26 Mw (más que los que prevé el Plenercan), a los que habría que añadir los que -por ser de más de 50 Mw o afectar a otras comunidades- se tramiten en el ministerio del PSOE en Madrid, pretensión que significaría destrozar Luena, San Miguel de Aguayo, Campoo de Yuso, Molledo, Santiurde de Reinosa, Reinosa, Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río, Valdeolea, Valderredible, Soba, Ramales de la Victoria, Voto, Rasines, Ruesga, Bárcena de Cicero, Vega de Pas, San Pedro del Romeral, Arenas de Iguña, Corvera de Toranzo, Pesquera, San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pié de Concha, Campoo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Penagos, Liérganes y, sin duda, se me pasa algún municipio.

Es difícil dar ejemplos más evidentes de ocupación "preventiva" del mejor territorio para privar a éste de cualquier uso que no sea el que interesa al imperialismo más ávido que, nadie se engañe, no intenta frenar el cambio climático con la generación eólica -implantada así no es sostenible-, simplemente trata como carroña el territorio para aquí ahora consolidar -aún más- el abusivo monopolio energético y después... ya verá que hace.

El viernes me emocionaba en el centro de la sumisa Santander, junto al lugar de mis fatigas laborales, frente al Ayuntamiento y sus -inútiles- políticos profesionales, viendo a cientos de adolescentes, muchos niños con sus maestros, que exhibían los carteles que ellos mismos habían escrito y dibujado, mostrando su firme posición frente a nosotros, los adultos, y al planeta que queremos legarlos. Al fin ha llegado a la España ocupada en sus ficticios problemas catalán y, dicen que, feminista la marea con afán de tsunami que, con el leve batir de sus alas de mariposa, inició la admirable Greta Thunberg, niña de la muy rica y, también dicen, avanzada Suecia. Esta sí, feminista.

Lo sorprendente de este -espero que- sólido movimiento mundial es que, pese a la escasa edad de sus miembros, sabe lo que quiere, sigue a Greta y otras adolescentes del Reino Unido, Alemania, Bélgica, los USA,..., cuando educadamente, naturales y sin pintarrajearse dicen "no podemos esperar" y, a su modo, revolucionarias advierten que "no se trata solo de reducir las emisiones, sino de justicia; el sistema actual no sirve, porque solo beneficia a los ricos". Como ellas nos dicen, su movimiento era inevitable, no tenían más remedio y, pese a quien pese, hay que hacerlas caso.


Solamente eso, hacerlas caso y ponernos, tras ellas, a la revolucionaria tarea de cambiar esto desde la base, empezando por nosotros y nuestras estúpidamente consumistas formas de vida, intentando evitar que tan limpio movimiento sea contaminado por los peligrosos diplodocus de la política, el sindicalismo, el -llamado- ecologismo,... que están en el origen del grave problema que ellas denuncian y, además de una vez por todas, enterarnos de quiénes y cómo son los miserables con que nos estamos jugando los cuartos, leyendo para ello varias veces, por odioso que resulte, el artículo titulado "Greta" de una, sí una, fiel columnista de Vocento, Iberdrola, Banco Santander, El Correo, afín al mismo progreso que aquí predican El Delirio Montañés y M.A. Castañeda, artículo del que, con asco, acompaño un enlace.


Tal es la cara -más o menos- oculta del enemigo que ha causado el daño -espero que no sea irreparable- que han venido a denunciar esas niñas que, con apariencia más liviana de lo que sugiere el "Resist much. Obey little" -Resiste mucho. Obedece poco- de Walt Whitman o Henry D. Thorau, ellas, femeninas feministas, nos dicen -con razón- que no se fían de nosotros y exigen "empezar a hacer preguntas incómodas sobre cómo reestructurar nuestras economías, quién sale ganando y quién sale perdiendo", responderlas y actuar.

Alegaciones Amplicación subestación de Mataporquera 132 kV. PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA 15-03-2019


Ampliac. Subest. Mataporquera 132 kV. Nueva posición línea 132 kV. Expte AT- 128-18
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.-


________________________, en nombre propio y en representación de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número ________y con domicilio a efectos de notificaciones en______________________________________________, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

En el BOC nº 37 de 21 de febrero de 2019, se publica anuncio que somete a “información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Ampliación  Subestación Mataporquera 132 kV. Nueva posición de línea 132 kV. Expediente AT-128-18, promovido por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., con relación a lo cual y dentro del plazo concedido al efecto procedo a efectuar las siguientes ALEGACIONES:


PREVIA.- Nuevo parque a 220kV en la Subestación de Valdeolea líneas. Desistimientos.-
En el BOC nº 68, de 8 de abril de 2014, se publicaba resolución de la Dirección General de Innovación e Industria de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria por la que se acordaba “aprobar el proyecto de ejecución y autorizar a la empresa Red Eléctrica de España, S.A.U. la construcción e instalación eléctricaNuevo Parque de 220 kV en la subestación de Valdeolea”, resolución que, no ajustándose a Derecho, vulneraba de forma grave legítimos intereses de los afectados, era recurrida por la Plataforma incluso ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC.

Por resolución de 31 de octubre de 2017, notificada el 7 de noviembre de 2017, con el contencioso en tramitación, a la Plataforma, el Director General de Industria, 1) "acepta el desistimiento" expresado por REE en escrito de 30 de octubre de 2017 acerca de tal solicitud, al tiempo que 2) da "por concluso el procedimiento" en que se tramitó el expediente administrativo AT-70-11.

Posteriormente, como en el caso anterior, por Resolución de 13 de diciembre de 2017, posterior solo en 15 días, algo difícil de entender, a la desestimación de nuestro recurso de alzada, y la conclusión, con ello, del trámite administrativo, el Director General de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria resolvía "aceptar el desistimiento formulado por Red Eléctrica de España, S.A.U. dando por concluso el procedimiento referido al expediente "Línea eléctrica de transporte de energía eléctrica  a 220 kV DC L/220 kV Mataporquera-Valdeolea".

Son ambos desistimientos, fundados en la falta de necesidad de las infrestructuras cuya autorización se solicitaba, hechos de difícil explicación y fácilmente vinculables a la presente solicitud, vinculación que implica una manifiesta contradicción respecto a la que exigimos una detallada aclaración por parte de esa Dirección General y Consejería.


PRIMERA.- La finalidad de la ampliación de la subestación de Mataporquera y la nueva posición de línea 132 kV no tiene razón justificativa alguna.
Al margen de lo señalado en la alegación previa, si la finalidad de la instalación es, como se dice, facilitar la conexión a la red del nuevo parque eólico “Somaloma-Las Quemadas”, con una potencia generada de 45 MW, propiedad de la empresa EDP Renovables España, S.L., ello constituye, en el mejor de los casos, una evidente falsedad, pues resulta fácilmente constatable que dicho parque eólico no existe ni mucho menos, por tanto, su supuesta línea de evacuación.

Las referencias a futuribles de más que difícil plasmación real constituyen, lamentamos tener que decirlo, indicios evidentes de pactos previos y corrupción.

El hecho de que se pretenda la ampliación de la subestación y dicha posición de línea de 132 kV, sin estar construido, ni aprobado, ni tramitado dicho parque eólico no tiene por lo tanto ninguna razón de ser, constituye, pues, un evidente fraude de ley y una  constatación más de la connivencia entre Administración y empresas eléctricas.


SEGUNDA.- Obligatoriedad del PROT.-
Sin necesidad de entrar a valorar la indefensión que nos viene generando la inexistencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, PROT, nos parece lógico defender que, además de por lo antes argumentado,  no debe autorizarse dicha ampliación hasta tanto no se apruebe el PROT.

 El PROT debiera ordenar previamente los efectos individuales de infraestructuras tan agresivas como las generadoras, transportadoras y suministradoras de energía eléctrica eólica, atendiendo, además de a esas repercusiones individuales, a los efectos sinérgicos de la acumulación de proyectos en Cantabria.

Tal y como hemos visto en los medios, el borrador de PROT ni planifica ni ordena en el territorio los traídos y llevados Mw eólicos propuestos en el Plenercan 2014-2020, al tiempo que el oligopolio eléctrico intenta iniciar los trámites de parques mientras los afectados sufren la indefensión/inseguridad jurídica que genera el desconocimiento de lo que en realidad se pretende hacer.

Lo que- desinformados por la Administración y empresas- difunden los medios de comunicación sobre el Documento de inicio del PROT es que se pretenda de nuevo implantar “una zonificación eólica”-aún hoy desconocida para nosotros- de la que es imposible evaluar legalmente sus funestos efectos y sinergias en el territorio, población, patrimonio natural/cultural, actividad socioeconómica, futuro…

Ahora mismo, ni siquiera conocemos el mínimo detalle de la zonificación que se propone, pues simplemente aparece en los medios que las siete zonas estarían fijadas en el Documento de inicio, el proyecto eólico mencionado no estaría incluido en el PROT, ni sometido a ninguna otra planificación energética ni territorial,…


TERCERA.- Convenio de Aarhus y participación ciudadana.-
La falta de participación social sobre cuestiones esenciales -desarrollo eólico, fracking, viviendas en suelo rústico, zonas de desarrollo industrial, infraestructuras competencia del Estado,…-, vicia de nulidad según el Convenio de Aarhus,  todo lo actuado.
 
El Convenio de Aarhus, las Directivas comunitarias y sus normas de desarrollo tratan de impedir que, como ha sucedido, en el caso del PROT, la participación ciudadana sea sustituida por un confuso trámite burocrático que, aparentando convocar a los agentes implicados, evita en el trámite esencial a los interesados directos y los más afectados por las grandes infraestructuras y proyectos: vecinos, Concejos y Juntas Vecinales propietarios de los terrenos comunales, … , privándolos del obligado conocimiento y el debate público acerca de todas las razones e intereses en litigio, para facilitar de modo previo y durante todo el trámite, en especial a la población afectada y entidades interesadas, un conocimiento real bastante de lo que se propone para, entre todos, elegir el modelo de desarrollo territorial y socioeconómico más adecuado para la región.


CUARTA.- Debate energético.-
Nos encontramos en un momento decisivo de la transición hacia otro modelo energético, por lo que es urgente que, previo a la instalación de megainfraestructuras energéticas innecesarias, parques industriales eólicos, tendidos de alta tensión, subestaciones y ampliaciones, fracking,... que malgastan nuestro dinero y territorio se debata y decida qué modelo energético queremos, si uno concentrado, como el que ya existe, u otro distribuido, que acerque la soberanía energética a su control por los usuarios.

El debate fundamental previo a la instalación de estas megainfraestructuras es si realmente cubren las necesidades eléctricas regionales y locales y, en especial, si su elevadísimo coste es asumible y necesario en un momento de caída de la demanda y en el que debe ser imparable la revolución de la generación distribuida y  la acumulación eléctrica: generar la electricidad que consumimos es el único camino hacia la Soberanía energética, pues, por ejemplo, en Alemania ciudadanos, cooperativas, Ayuntamientos, generan ya el 47% de la electricidad renovable nueva.

Por todo ello,


SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se tengan por formuladas las Alegaciones que en él se contienen, se admita y dé a todo ello la tramitación más ajustada a Derecho, a fin de que, a la conclusión del expediente, se deniegue la autorización solicitada para la ampliación de la subestación a que me refiero en el encabezamiento, teniéndosenos, en nuestra condición de interesados, por personados en el expediente y notificándose cuanto en el mismo se acuerde.


En Valdeprado del Río, a  catorce de marzo de dos mil diecinueve.

Alegaciones TORRE ANEMOMÉTRICA PENAGOS. Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, 01-03-2019


AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PENAGOS

____________________________, en nombre propio y en representación de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número ___________ y con domicilio a efectos de notificaciones en________________________________________________, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

En el BOC nº 35, 19/02/2019, se publica anuncio que somete a “información pública la solicitud de autorización para la instalación de una torre anemométrica de 99,00ml, de altura, en la parcela 159 del polígono 17, en Llanos del término municipal de Penagos por la mercantil Green Capital Power S.L.U.", con relación a lo cual y dentro del plazo concedido al efecto procedo a efectuar las siguientes ALEGACIONES:


PRIMERA.- Ubicación de la torre y Concurso eólico.-
Consideramos evidente que la instalación y puesta en funcionamiento de la antena anemométrica constituye uno de los trabajos previos de un proyecto concreto de  parque eólico.

Refuerza la anterior convicción el hecho de que la zona elegida para la ubicación de dicha torre coincide con la de alguno de los proyectos del Concurso eólico anulado por el TSJC, luego, por el Tribunal Supremo, proyectos que la hiperactiva -y hasta ahora aquí desconocida- mercantil Green Capital Power S. L.U parece querer retomar de nuevo.


SEGUNDA.- Normativa urbanística, utilidad pública y excepcionalidad.-
El suelo en  que se pretende implantar la infraestructura tiene la consideración de Suelo Rústico, por lo que la autorización frente a la que alego incumpliría la normativa urbanística, toda vez que en suelos así clasificados, sobre todo los de Protección Especial, están “prohibidas las construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza,…”, siendo evidente que una actividad como la que aquí se pretende ocultar de los agresivos parques industriales generadores de energía eólica no tiene, bajo ningún concepto y a tenor de la normativa vigente, cabida en un suelo rústico de tales características.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley del Suelo, la autorización debiera tener “en cuenta el carácter tasado de la excepción” que pudiera permitir actuar en este tipo de suelo y, ya que la torre meteorológica -y el parque que la motiva- no constituyen una excepción o singularidad que pudiera justificar tal consideración, sino que forman parte de la pretensión de implantación generalizada de tan agresiva industria en el territorio de Cantabria, no cabe excepcionalidad alguna que justifique otorgar su autorización.

Existe, por otra parte,  conflicto sobre la utilidad pública e interés social del proyecto; la primera y, por tanto, el interés social atribuido a torres anemométricas como esta, no tiene -aún en el irreal supuesto de que tal reconocimiento resultara ajustado a Derecho- soporte mínimo legal en este caso.

La declaración de utilidad pública se tramita en un expediente mucho más garantista y complejo, mientras que el interés social debe ser analizado como algo muy distinto del interés económico de las empresas promotoras, siendo por ello que la supuesta “utilidad pública” o “interés social” de una antena anemométrica no puede resultar más ajena e ineficaz a los fines pretendidos.

No es, pues, admisible que la instalación de torres como ésta sea instrumento de interés general en el desarrollo de las energías renovables y, menos aún, que su instalación se pretenda llevar a efecto, como en este caso, con ocultación y en base a los arbitrarios criterios de cada empresa, sin atender a ninguna programación/planificación previa o, tan siquiera, al interés general.

No se debe olvidar, por último, que la supuesta y alegada “utilidad pública” o “interés social” de la generación de energía eólica se enfrenta a la realidad constatada, entre otros,  en un estudio del Profesor Julio Lago, de la Universidad de León, de que en España la capacidad de generación energética crece a un ritmo muy superior al de los aumentos del consumo -decrementos no coyunturales en el caso de una situación actual-,  hasta el punto de poder decir, con base exclusiva en los datos extraídos de las Memorias anuales de REE, que mientras la capacidad máxima de generación de nuestro sistema eléctrico está en torno a los 95.000 MW, la punta de demanda energética, también máxima histórica, ha sido de unos 45.000 MW, siendo que, además, nuestras fuentes de generación eléctrica, en especial las degasificadoras, funcionan muy por debajo de su capacidad, por lo que la supuesta “necesidad” de una mayor generación de energía eléctrica es una de las muchas falacias con las que se pretende enmascarar el exclusivo interés económico de las empresas constructoras y eléctricas, que ahora aparece por detrás del injustificado “gigantismo eólico” con que  se amenaza el futuro de nuestra región.


TERCERA.- Obligatoriedad del PROT.-
Sin necesidad de entrar a valorar la indefensión que nos viene generando la inexistencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, PROT, que regule con seguridad jurídica la posibilidad de instalar en suelo rústico de protección especial antenas como la litigiosa, nos parece lógico defender que, además de por lo antes argumentado,  no debe autorizarse su instalación en nuestra región, hasta tanto no se apruebe el PROT.

 El PROT debiera ordenar previamente los efectos individuales de infraestructuras tan agresivas como las generadoras, transportadoras y suministradoras de energía eléctrica eólica, atendiendo, además de a esas repercusiones individuales, a los efectos sinérgicos de la acumulación de proyectos en Cantabria.

Tal y como hemos visto en los medios, el borrador de PROT ni planifica ni ordena en el territorio los traídos y llevados Mw eólicos propuestos en el Plenercan 2014-2020, al tiempo que el oligopolio eléctrico intenta iniciar los trámites de parques (ver la antena y otros proyectos solicitados por la misma mercantil en Cantabria) mientras los afectados sufren la indefensión/inseguridad jurídica que genera el desconocimiento de lo que en realidad se pretende hacer.

Lo que- desinformados por la Administración y empresas- difunden los medios de comunicación sobre el Documento de inicio del PROT es que se pretenda de nuevo implantar “una zonificación eólica”-aún hoy desconocida para nosotros- de la que es imposible evaluar legalmente sus funestos efectos y sinergias en el territorio, población, patrimonio natural/cultural, actividad socioeconómica, futuro…

Ahora mismo, ni siquiera conocemos el mínimo detalle de la zonificación que se propone, pues simplemente aparece en los medios que las siete zonas estarían fijadas en el Documento de inicio, los proyectos eólicos solicitados en Cantabria por la mercantil de la torre que impugnamos no estarían incluidos en el PROT, ni sometidos a ninguna otra planificación energética ni territorial,…


CUARTA.- Convenio de Aarhus y participación ciudadana.-
La falta de participación social sobre cuestiones esenciales -desarrollo eólico, fracking, viviendas en suelo rústico, zonas de desarrollo industrial, infraestructuras competencia del Estado,…-, vicia de nulidad según el Convenio de Aarhus,  todo lo actuado.
 
El Convenio de Aarhus, las Directivas comunitarias y sus normas de desarrollo tratan de impedir que, como ha sucedido, en el caso del PROT, la participación ciudadana sea sustituida por un confuso trámite burocrático que, aparentando convocar a los agentes implicados, evita en el trámite esencial a los interesados directos y los más afectados por las grandes infraestructuras y proyectos: vecinos, Concejos y Juntas Vecinales propietarios de los terrenos comunales, … , privándolos del obligado conocimiento y el debate público acerca de todas las razones e intereses en litigio, para facilitar de modo previo y durante todo el trámite, en especial a la población afectada y entidades interesadas, un conocimiento real bastante de lo que se propone para, entre todos, elegir el modelo de desarrollo territorial y socioeconómico más adecuado para la región.


QUINTA.- Debate energético.-
Llama desagradablemente la atención que sea un municipio como el de Penagos  el que, frente a una supuesta actitud histórica -quizás no asentada en la realidad- de defensa de sus vecinos frente al atropello de las grandes corporaciones energéticas y su evidente daño territorial, social, económico, en la salud de los vecinos,..., venga expresándose últimamente como sumiso defensor a ultranza del agresivo, incontrolado y no regulado desarrollo eólico, a través ahora del fondo saudí Capital Energy y la empresa Green Capital Power, SLU, que gestiona la familia de Florentino Pérez

Dicho lo anterior, nos encontramos en un momento decisivo de la transición hacia otro modelo energético, por lo que es urgente que, previo a la instalación de megainfraestructuras energéticas innecesarias, parques industriales eólicos, tendidos de alta tensión, fracking,... que malgastan nuestro dinero y territorio se debata y decida qué modelo energético queremos, si uno concentrado, como el que ya existe, u otro distribuido, que acerque la soberanía energética a su control por los usuarios.

El debate fundamental previo a la instalación de estas megainfraestructuras es si realmente cubren las necesidades eléctricas regionales y locales y, en especial, si su elevadísimo coste es asumible y necesario en un momento de caída de la demanda y en el que debe ser imparable la revolución de la generación distribuida y  la acumulación eléctrica: generar la electricidad que consumimos es el único camino hacia la Soberanía energética, pues, por ejemplo, en Alemania ciudadanos, cooperativas, Ayuntamientos, generan ya el 47% de la electricidad renovable nueva.

Por todo ello,
SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se admita y dé a todo ello la tramitación más ajustada a Derecho, a fin de que, a la conclusión del expediente, se deniegue la autorización solicitada para la instalación de la torre anemométrica a que me refiero en el encabezamiento, teniéndosenos, en nuestra condición de interesados, por personados en el expediente y notificándose cuanto en el mismo se acuerde.


En Valdeprado del Río, a  uno de marzo de 2019

ANTENAS ANEMOMÉTRICAS, VALLES PASIEGOS Y PARQUES EÓLICOS ( 40 Los domingos, cavilar, Exploradores, Fernando Merodio, 24-02-2019)


De "Los domingos, cavilar, Exploradores, Fernando Merodio, 24-02-2019":

(...), acudo a un rincón de mi patria, el de una Plataforma nacida para defender el territorio sur (de Cantabria), hoy con mayor ámbito de acción, que enlaza gente seria y agredida, enfrentada al abuso, la estupidez, la injusticia, la insolidaridad rampante,...., que, porque quiere, lucha y da la cara contra el terrible símbolo de poder que es la habitual cuadrilla de la sinrazón de empresas eléctricas, bancarias y Administración, apoyadas en su "brunete" mediática.

El grupo centra hoy su esfuerzo en sacar a la luz y vedar la salvajada ilegal, dañina e inútil que es la pandemia de ciclópeas torres eólicas -de casi 200 metros- que antes quería esparcir por nuestros bellos montes Manuel Huerta, callado tras que le anularan el Concurso Eólico (1.400 Mw, 700 molinos gigantes, miles de millones de euros) y ahora amaga la familia de Florentino Pérez/fondo saudí Capital Energy/Green Capital Power, SLU, con acompañamiento del horrísono y aturdidor ruido -o silencio, si les place- de la presión abusona de El Delirio Montañés que, desde Vocento, es regido por el capitalismo vasco, medio que hace que el derecho a la libertad de expresión e información de todos ceda ante un falso, cruel e impostado derecho a la libre empresa, consistente en que, en lo importante, los dueños deciden qué conviene y cómo se hace público aquello que ellos quieren, lo que, como he dicho, está en el origen de estas personales cavilaciones públicas que no gustan a mi hijo.

Para iniciar hoy el urgente debate sobre política energética con quienes se lucran con ella y arguyen que es -sólo- un servicio público, hay que exigirlos algo elemental, mínimo, que cumplan la ley y minimicen los daños en la calidad de vida, historia, economía, salud,,… de quienes sufrimos sus políticas de costos -no tan atroces como las de la gran industria nazi que se abalanzó sobre la mano de obra gratis que ofrecían los campos de exterminio, los lager, pero, como ellas, egoístas, crueles- y que, además, no utilicen el pueril ardid consistente en argüir que enfrentarse a ellos es incultura, vuelta atrás, remilgo extravagante de melifluos enemigos del progreso,...

Actualmente, con apoyo político y trato mediático ad hoc, amagan un golpe inviable, maniobra de distracción, nadie con dos dedos de frente creería que un fondo saudí y la familia de Pérez quieran implantar, como anuncian, 133 Mw, 56 molinos gigantes que asolarían los valles pasiegos, Villacarriedo, Selaya, La Braguía, Vega de Pas, Ontaneda, Alceda, Toranzo,..., al tiempo que, para distraer más, se movía el pañuelo de la Reserva de la Biosfera, Man and biosphere, que no implica protección alguna y ya parece olvidada.

Es evidente que en los valles pasiegos nadie piensa implantar nada, no pueden, lo prueba que no han tramitado instalar los anemómetros previos que midan la fuerza del viento en las zonas que -en falso- anuncian querer destrozar acumulando ciclópeas torres con aspas, contrario a lo que, con espasmódica histeria, hacen en Campoo de Yuso, Cotío/Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Penagos,... donde, previendo implantar agresivos parques, piden autorización previa municipal para tales medidores, ayudados por el secuaz silencio del gobierno Revilla/Tezanos, medios de comunicación, ayuntamientos,..., que, sumisos al poder venal, no informan a los indefensos vecinos, concejos abiertos, juntas vecinales,..

El colmo de desfachatez y deslealtad al Estado de Derecho anida en Mataporquera, con alcalde del PP apellidado Franco que, vacunado por el abuso de Alfa, no se inmuta ante el atropello de parques industriales eólicos, subestaciones gigantes, líneas de muy alta tensión,..., esa Mataporquera en que los contenciosos de la Plataforma forzaron a REE a desistir de lo que tenía en marcha, volviendo ahora, desvergonzada, a la carga con la vieja matraca e idéntico -y también sospechoso- silencio cómplice. 

Ya que nadie atiende al actual despliegue en el territorio de violentos tallos gigantes con aspas, destaco una breve pestaña para, otra vez, denunciar el ejemplo de corrupción sistémica que es la desmedida y cordial atención de políticos y medios y el pasmoso pacto interclasista -al que se adhiere Revilla- entre un partido que se jacta de socialista y obrero y la plúmbea burguesía que se apoltrona en los salones de la R.S. de Tenis de La Magdalena, la misma que destrozó, sólo para ella, la ensenada del Camello, terca ahora en lo que nadie les pide, ajenos a la ley, "salvar su Magdalena".

(...)
Más:

Alegaciones ANTENA MOROSOS (Green Capital Power). Valdeprado del Río. PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, 20-02-2019

P.E.Morosos

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADO DEL RÍO

_____________________________, en nombre propio y en representación de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número _________________ y con domicilio a efectos de notificaciones en _____________________________________comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

En el BOC nº 34, 18/02/2019, se publica anuncio que somete a “información pública la solicitud de autorización para la instalación de una torre anemométrica en la parcela 2 del polígono 68, en el Concejo de Valdeprado del Río del término municipal de Valdeprado del Río por la mercantil Green Capital Power S.L.U.", con relación a lo cual y dentro del plazo concedido al efecto procedo a efectuar las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERA.- La ubicación de la torre de Green Capital Power S.L.U. coincide con otra anteriormente solicitada e instalada por Cantabria Generación, S.L.-  
Es evidente que la instalación de una torre anemométrica constituye parte de, entre otros posibles, los trabajos previos, legalmente obligatorios, para la pretensión de implantar un proyecto concreto de parque eólico, que en este caso es, sin duda, el llamado P.E. Morosos, EOL/23-2018, promovido por la misma Green Capital Power S.L.U. y archivado en mayo de 2018 por la D.G. de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, por ser su tramitación competencia del MAPAMA, actual Ministerio para la Transición Ecológica.

Además sabe ese Ayuntamiento que, en la ubicación pretendida ahora, ya existió otra antena, referida a un parque eólico ilegalmente adjudicado a Cantabria Generación, S.L. en el denominado Concurso eólico, adjudicación que, junto a otras muchas más, con una potencia total pretendida implantar de 1.400 Mw., fue anulada por el TSJC y, posteriormente, por el TS.

Cantabria Generación, S.L. es la empresa a la que el anulado Concurso eólico de asignación de potencias adjudicó la zona B, Valdeprado del Río-Valderredible, con parques eólicos proyectados en lugares en que en su día se instalaron o, al menos, solicitaron antenas.

Es, pues, más que posible que la solicitud de instalación de la antena sea el intento de implantar parques eólicos caducados y anulados del Concurso eólico, llamados entonces P.E. Peña Mora (Empresa de Energía Eólica y Renovables S.L. 2009), P.E. Mazuelas Candenosa (2010), P.E, Castillo (Viarsa Energía, S.L. (2012), y P.E. Costumbría (Cantabria Generación, S.L.), que Green Capital Power, S.L.U. pretende agrupar ahora en uno solo, denominado P.E. Morosos, EOL/23-2018, 24 molinos de 2 Mw y 179 m. de altura cada uno.


SEGUNDA.- Falta de respuesta a nuestras alegaciones previas. Incumplimiento de la Ley del Suelo de Cantabria, la LPA,  la Ley de Impacto Ambiental y del Convenio de Aarhus.-
Con fecha 10/12/2018 presentábamos ya alegaciones a esta misma antena sin que hayamos tenido respuesta alguna a las mismas.

Del mismo modo, previamente habíamos alegado a una torre anemométrica ubicada en el mismo lugar de ahora -solicitada entonces por Cantabria Generación, S.L.-, torre que se llegó a instalar sin siquiera haber contestado a las alegaciones presentadas en tiempo y forma por la Plataforma, incumpliendo gravemente la Ley 2/2001, 25 de junio, del Suelo de Cantabria, como la LPAC y el Convenio de AARHUS, que regula la participación en materia medio-ambiental, pues debió haberse dado respuesta razonada a nuestras alegaciones.

Efectivamente, entre otros momentos, el 17 de marzo de 2011 alegábamos a la solicitud de instalación de torre anemométrica en el Monte 256 del C.U.P., realizada por Cantabria Generación, S.L. (BOC 02/03/2011); posteriormente, el 3 de noviembre de 2012, lo hacíamos frente a la misma torre anemométrica, promovida por la misma mercantil, como lo hemos vuelto a hacer recientemente con relación a la solicitada en el mismo polígono y parcela en el Monte 256 del CUP, por Green Capital Power S.L.U.

La falta de participación social en cuestiones esenciales -energía eólica, fracking, viviendas en suelo rústico, zonas de desarrollo industrial, infraestructuras competencia del Estado,…- vicia, a tenor del Convenio de Aarhus, de nulidad todo lo pretendido. 

El Convenio de Aarhus, las Directivas comunitarias y sus normas de desarrollo tratan de impedir que, como ha sucedido en el caso del PROT, la participación política ciudadana sea sustituida por un confuso trámite burocrático que, aparentando convocar a los agentes implicados, evita implicar en el trámite a los interesados directos y los más afectados por las grandes infraestructuras y proyectos: vecinos, Concejos y Juntas Vecinales propietarios de los terrenos comunales,…, privándolos del conocimiento y debate público acerca de todas las razones e intereses en litigio, no facilitando, de modo previo y durante todo el trámite, a la población afectada y entidades interesadas, un conocimiento real bastante de lo que se propone para, entre todos, elegir el modelo de desarrollo territorial y socioeconómico más adecuado para la región.


TERCERA.- Normativa urbanística, utilidad pública y excepcionalidad.-
Siendo Valdeprado del Río un municipio sin planeamiento, el suelo en que se pretende implantar la infraestructura, monte de utilidad pública, tiene la consideración de Suelo Rústico de Protección Especial, por lo que la autorización pretendida incumple la normativa urbanística, ya que en suelos así clasificados se prohíben “construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza,…”, siendo evidente que una actividad como la que aquí se pretende ocultar, la implantación de parques industriales eólicos, bajo ningún concepto y a tenor de la normativa vigente tiene cabida en un suelo rústico de tales características.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley del Suelo, la autorización debiera tener “en cuenta el carácter tasado de la excepción,” que pudiera permitir actuar en este tipo de suelo, y ya que la torre meteorológica -y el parque que la motiva- no constituyen una excepción o singularidad que pudiera justificar tal consideración, sino que forman parte de la pretensión de implantación generalizada de tan agresiva industria en el territorio de Cantabria, no cabe excepcionalidad alguna que justifique otorgar su autorización.

Existe, además, conflicto sobre la utilidad pública e interés social del proyecto; la primera y, por tanto, el interés social atribuido a torres anemométricas como ésta, no tiene -aún en el irreal supuesto de que tal reconocimiento resultara ajustado a Derecho- el mínimo soporte legal.

La declaración de utilidad pública se tramita en un expediente mucho más garantista y complejo, mientras que el interés social debe ser analizado como algo muy distinto del interés económico de las empresas promotoras, siendo por ello que la supuesta “utilidad pública” o “interés social” de una torre anemométrica no puede resultar más ajena ineficaz a los fines pretendidos.

No es, pues, admisible que la instalación de torres como ésta sea instrumento de interés general en el desarrollo de las energías renovables, y, al tiempo, su instalación se lleve a efecto, como en este caso, con nocturnidad y en base a los arbitrarios criterios de cada empresa, sin atender al interés general.

No se debe olvidar, por último, que la supuesta y alegada “utilidad pública” o “interés social” de la generación de energía eólica se enfrenta a la realidad constatada, entre otros,  en un estudio del Profesor Julio Lago, de la Universidad de León, de que en España la capacidad de generación energética crece a un ritmo muy superior al de los aumentos del consumo -decrementos no coyunturales en el caso de una situación actual,  hasta el punto de poder decir, con base exclusiva en los datos extraídos de las Memorias anuales de REE, que mientras la capacidad máxima de generación de nuestro sistema eléctrico está en torno a los 95.000 MW, la punta de demanda energética, también máxima, ha sido de unos 45.000 MW, siendo que, además, nuestras fuentes de generación eléctrica, en especial las degasificadoras, funcionan muy por debajo de su capacidad, por lo que la supuesta “necesidad” de una mayor generación de energía eléctrica es una de las muchas falacias con las que se pretende enmascarar el exclusivo interés económico de las empresas constructoras y eléctricas, que ahora aparece por detrás del injustificado “gigantismo eólico” con que  se amenaza el futuro de nuestra región.


CUARTA.- Afectando a numerosas especies incluidas en el Catálogo de especies amenazadas de Cantabria y a hábitats de interés comunitario, dicho emplazamiento fue denegado por motivos medio-ambientales en un estudio de la Universidad de Cantabria.
A este respecto, nos remitimos a los referidos Catálogos y al citado Estudio de la Universidad.


QUINTA.- Posible competencia del Estado.-
La cercanía a Castilla y León obliga a que tales torres anemométricas, como el resto de infraestructuras precisas para instalar parques industriales eólicos, se tramiten y, en su caso, autoricen por el Ministerio de Industria ó Transición Ecológica, con competencia en la materia, no por la Comunidad autónoma o el Ayuntamiento.


SEXTA.- Obligatoriedad del PROT.-
Sin necesidad de entrar a valorar la indefensión que nos genera la inexistencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, PROT, que regule con seguridad jurídica la posibilidad de instalar en suelo rústico de protección especial torres como la litigiosa, nos parece lógico defender que, además de por lo antes argumentado,  no debe autorizarse su instalación en nuestra región, hasta tanto no se apruebe el mismo.

El PROT debe ordenar previamente los efectos individuales de infraestructuras tan agresivas como las generadoras, transportadoras y suministradoras de energía eléctrica eólica, atendiendo, además de a esas repercusiones individuales, a los efectos sinérgicos de la acumulación de proyectos en la zona Sur de Cantabria.

Tal y como hemos visto en los medios, el borrador de PROT, no aprobado, ni planifica ni ordena en el territorio los traídos y llevados Mw eólicos propuestos en el Plenercan 2014-2020, al tiempo que el oligopolio eléctrico ha iniciado los trámites de diversos parques (por ejemplo, la antena y otros proyectos solicitados por la misma mercantil en Cantabria), mientras afectados e interesados sufren la indefensión e inseguridad jurídica que genera el desconocimiento de lo que en realidad se pretende hacer.

Lo que- desinformados por la Administración y empresas- difunden los medios de comunicación sobre el Documento de inicio del PROT es que se pretenda de nuevo implantar “una zonificación eólica”-aún hoy desconocida para nosotros- de la que es imposible evaluar legalmente sus funestos efectos y sinergias en el territorio, población, patrimonio natural/cultural, actividad socioeconómica, futuro…

Ahora mismo, ni siquiera conocemos el menor detalle de la zonificación que se propone, pues simplemente ha aparecido en los medios que las siete supuestas zonas estarían fijadas en el Documento de inicio; los proyectos eólicos ya solicitados en Cantabria por la misma mercantil de la torre que impugnamos no están incluidos, pues, en el PROT, ni sometidos a ninguna otra planificación energética ni territorial,…


SÉPTIMA.- Debate energético.-
Estamos en un momento decisivo de lo que debe ser la transición hacia un nuevo modelo energético, por lo que es urgente que, previo a instalar megainfraestructuras energéticas innecesarias, parques industriales eólicos, tendidos de alta tensión, fracking,..., que perjudican a los vecinos y dañan nuestro territorio, se debata y decida el modelo energético que queremos, concentrado y agresivo, como el que existente, o distribuido.

El debate fundamental previo a la instalación de estas megainfraestructuras es si estas realmente responden a la necesidad eléctrica regional y local, en especial cuando cae la demanda y es imparable la revolución de la generación distribuida y acumulación eléctrica o a simple interés privado; generar la electricidad que consumimos es el único camino hacia la soberanía energética pues, por ejemplo, en Alemania ciudadanos, cooperativas, Ayuntamientos,... generan ya el 47% de la electricidad renovable nueva.


Por todo ello,


SOLICITO DEL ALCALDE-PRESIDENTE DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADO DEL RIO que, teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se admita y dé a todo ello la tramitación precisa a fin de que, a su conclusión, se deniegue la autorización solicitada para la instalación de la torre meteorológica a que me refiero en el encabezamiento, teniéndosenos, en nuestra condición de interesados, por personados en el expediente y notificándosenos cuanto en el mismo se acuerde.

En Valdeprado del Río, Cantabria, a  veintidós de febrero de dos mil diecinueve.


OTROSI DIGO que el art. 75.2 LPAC establece que "las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar  el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes", detallando el art. 20.1 de la misma Ley que "los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones públicas que tengan a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas precisas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos,  disponiendo lo necesario para evitar ye liminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos" y concretando en el apdo. 2 que "los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado".

Tales garantistas parámetros en la gestión de la cosa pública y la garantía de los derechos de los administrados se concretan aún más en el art. 21, que señala en el apdo. 1 taxativamente que "la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos" y al precisar en el apdo. 2 que "el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento " y, aún más a continuación, que "este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea", así como que "cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses".

Es también claro y tajante el párrafo segundo del apdo. 4 del mismo art. 21 al exigir expresamente que, "en todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos (...) en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento (...)".

En todo caso, el apdo. 6 de tan citado art. 21 ratifica en su primer párrafo que "el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo", añadiendo en el segundo que "el incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de la responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable", todo ello a tenor de lo dispuesto en el art. 71.3 de la misma LPAC, por lo que


SOLICITO que tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos legales oportunos. Lugar y fecha anteriores.

Alegaciones ANTENA ENDINO (Green Capital Power). Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria 15-02-2019

P.Eólico OLEA, 32 MW,16 aerogeneradores de 2 MW de 180m. de altura


 AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA

________________________, en nombre propio y en representación de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número _________ y con domicilio a efectos de notificaciones en_______________________________________________, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

En el BOC 31, de 13/02/2019, se publica anuncio sometiendo a “información pública la solicitud de autorización para la instalación de una torre anemométrica en la parcela 104 del polígono 59 del término municipal de Valdeolea por la mercantil Green Capital Power S.L.U.", con relación a lo cual y dentro del plazo concedido al efecto procedo a efectuar las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERA.- La ubicación de la torre que solicita Green Capital Power S.L.U., corresponde al llamado P.E. Olea, y coincide con la de otra anteriormente solicitada e instalada por Eolican Innovación y Energía, S.L.-  
Es evidente que, en este momento y en el lugar citado, la pretensión de instalar una torre anemométrica infiere la posibilidad de corresponder a los trabajos previos de un proyecto concreto de parque eólico, parque que, en este caso, coincide con el denominado P.E. Olea, EOL/20-2018, de 16 aerogeneradores de 2 MW, 32 MW, también promovido por la solicitante de la antena, Green Capital Power, S.L.U., un parque eólico cuyo Documento de Inicio fue devuelto por incompleto, al no contemplar la línea de evacuación de la energía generada ni incluir alternativas de localización.
Hay que señalar también que, en la ubicación pretendida para la antena, ya se instaló otra referida a otro parque inicialmente adjudicado en el denominado Concurso eólico a Eolican, Innovación y Energía, S.L., adjudicación que, junto a todas las efectuadas en dicho concurso, fue declarada nula por el TSJC y, finalmente, por el TS.
Eolican, Innovación y Energía, S.L., empresa a la que, en dicho Concurso eólico de asignación de potencias se había adjudicado la zona C, correspondiente a Valdeolea y  Campoo de Enmedio, tenía proyectados varios parques eólicos en lugares en los que previamente había instalado antenas.
Parece, pues, razonable concluir que, como hemos dicho, la instalación de la antena forma parte del proyecto de ubicación de los parques eólicos anulados del Concurso, retomando los anteriores proyectos de Eolican Innovación y Energía, S.L.,

SEGUNDA.- Falta de respuesta a nuestras alegaciones previas. Incumplimiento de las Leyes del Suelo de Cantabria, de procedimiento administrativo e Impacto Ambiental y del Convenio de Aarhus.-
Como hemos dicho, ya alegamos anteriormente a una torre anemométrica ubicada en el mismo lugar -solicitada entonces por Eolican Innovación y Energía S.L.-, torre que se llegó a instalar sin haberse dado respuesta razonada a dichas alegaciones, presentadas en tiempo y forma, con lo que se incumplió la Ley 2/2001, 25 de junio, del Suelo de Cantabria, lo mismo que la Ley del Procedimiento Administrativo Común y el Convenio de AARHUS, sobre la participación en materia medio-ambiental.
Entre otros casos, ya el 7 de enero de 2011 alegábamos frente a la solicitud de instalación de torre anemométrica en el Monte Endino (BOC 22 diciembre 2010), el 17 de febrero de igual año a otro anuncio de solicitud de torre anemométrica en el Monte Endino y Peña Siete Cruces (BOC 28 enero 2011), promovidas ambas entonces, como hemos dicho, por Eolican Innovación y Energía S.L. y situadas muy próximas a la ahora solicitada por Green Capital Power S.L.U. y respecto a las que no hemos recibido ninguna respuesta.
La falta de participación social que evidencia tal actitud de la Administración respecto a cuestiones esenciales -desarrollo eólico, fracking, viviendas en suelo rústico, zonas de desarrollo industrial, infraestructuras competencia del Estado,…-, por incumplimiento del Convenio de Aarhus y las normas que lo desarrollan y trasponen a nuestra legislación,  vicia de nulidad todo lo ahora pretendido.
Tan citado Convenio de Aarhus, las Directivas comunitarias y sus normas de desarrollo estatal tratan de impedir que, como ha sucedido por ejemplo en el caso del PROT, la participación política ciudadana se quiera sustituir por un confuso trámite burocrático que, aparentando convocar a los agentes implicados, evita en el trámite esencial a los interesados directos y los más afectados por las grandes infraestructuras y proyectos: vecinos, Concejos y Juntas Vecinales propietarios del territorio comunal,…, privándolos del obligado conocimiento y el debate público acerca de todas las razones e intereses en litigio, para facilitarles de modo previo y durante el trámite conocimiento real bastante de lo que se propone para, entre todos, elegir el modelo de desarrollo territorial y socioeconómico más adecuado para la región.

TERCERA.- Normativa urbanística, utilidad pública y excepcionalidad.-
Es Valdeolea hoy un municipio sin planeamiento, por lo que el suelo en que se pretende implantar la infraestructura, monte de utilidad pública, tiene la consideración jurídica de Suelo Rústico de Protección Especial y la autorización frente a la que alego incumpliría la normativa urbanística, ya que en suelos así clasificados están “prohibidas las construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza,…" y es evidente que una actividad como la que aquí se pretende ocultar referida a la implantación de parques industriales de energía eólica, no tiene bajo ningún concepto y a tenor de tal normativa, cabida en un suelo rústico de tales características.
De acuerdo con el artículo 112 de la Ley del Suelo, la autorización debiera tener “en cuenta el carácter tasado de la excepción” que permitiera actuar en este tipo de suelo y, pues la torre meteorológica -y el parque que la motiva- no constituyen una excepción o singularidad que justifique tal consideración sino que forman parte de la pretensión de implantación generalizada de tan agresiva industria en el territorio de Cantabria, no cabe excepcionalidad alguna que justifique su autorización.
Existe, por otra parte, un conflicto con la utilidad pública e interés social del proyecto ya que la primera y, por ello, el interés social de las torres anemométricas, carecen del soporte legal mínimo, aún en el irreal supuesto de que el reconocimiento de la puesta utilidad pública fuera ajustada a Derecho.
Tal declaración de utilidad pública se tramita en un expediente mucho más garantista y complejo, mientras que el interés social debe ser analizado como algo muy distinto al mero interés económico de las empresas promotoras, siendo por ello que tales supuestas “utilidad pública” o “interés social” de una simple torre anemométrica no pueden resultar más ajenos e ineficaces a los fines pretendidos.
No es, pues, admisible que la instalación de torres como ésta sea instrumento de interés general en el desarrollo de las energías renovables, y, al tiempo, se lleve a efecto, como ocurre en este caso, con nocturnidad y en base a los arbitrarios criterios de cada empresa, sin atender al interés general.
No se debe olvidar, por último, que la supuesta y alegada “utilidad pública” o “interés social” de la generación de energía eólica se enfrenta a la realidad constatada, entre otros,  en un estudio del Profesor Julio Lago, de la Universidad de León, de que en España la capacidad de generación energética crece a un ritmo muy superior al de los aumentos del consumo -decrementos no coyunturales en el caso de la situación actual-,  hasta el punto de poder decir, con base exclusiva en los datos extraídos de las Memorias anuales de REE, que mientras la capacidad máxima de generación de nuestro sistema eléctrico está en torno a los 95.000 MW, la punta de demanda energética, también máxima, ha sido de unos 45.000 MW, siendo, además, que las fuentes de generación eléctrica, en especial las degasificadoras, funcionan muy por debajo de su capacidad, por lo que la supuesta “necesidad” de una mayor generación de energía eléctrica es una de las falacias con que se quiere enmascarar el exclusivo interés económico de las empresas constructoras y eléctricas, que ahora está detrás del injustificado “gigantismo eólico” con que  se amenaza el futuro de nuestra región.

CUARTA.- La torre afecta a Espacios Protegidos autonómicos y comunitarios.-
Afecta, efectivamente, a Zona de Protección de Oso Pardo, al Parque Natural, ZEC y ZEPA de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña Palentina; a la IBA-ZEPA ES0000251 Peña Labra y Sierra del Cordel; incumpliéndose los perímetros de protección necesarios para la correcta protección de estos lugares.

QUINTA.- Afecta a numerosas especies incluidas en el Catálogo de especies AMENAZADAS de Cantabria y a hábitats de interés comunitario.-
Tal hecho obliga de un modo expreso a la protección de dichas especies (Oso pardo, Milano real, Aguilucho pálido y cenizo,…) y a la de sus hábitats.
Además afecta a la conservación y protección de hábitats de interés comunitario gravemente afectados, como brezales,…

SEXTA.- Obligatoriedad del PROT.-
Sin necesidad de entrar a valorar la indefensión que nos viene generando la inexistencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio, PROT, que regule con seguridad jurídica la posibilidad de instalar en suelo rústico de protección especial torres como la litigiosa, nos parece lógico defender que, además de por lo antes argumentado,  no debe autorizarse su instalación en nuestra región, hasta tanto no se apruebe el PROT.
El PROT debiera ordenar previamente los efectos individuales de infraestructuras tan agresivas como las generadoras, transportadoras y suministradoras de energía eléctrica eólica, atendiendo, además de a esas repercusiones individuales, a los efectos sinérgicos de la pretendida acumulación de proyectos en la zona Sur de Cantabria.
Tal y como hemos visto en los medios, el borrador de PROT ni planifica ni ordena en el territorio los traídos y llevados Mw eólicos propuestos en el Plenercan 2014-2020, al tiempo que el oligopolio eléctrico intenta iniciar los trámites de parques (ver la antena y otros proyectos solicitados por la misma mercantil en Cantabria) mientras los afectados sufren la indefensión/inseguridad jurídica que genera el desconocimiento de lo que en realidad se pretende hacer.
Lo que -desinformados por la Administración y empresas- difunden los medios de comunicación sobre el Documento de inicio del PROT es que se pretenda de nuevo implantar “una zonificación eólica”-aún hoy desconocida para nosotros- de la que es imposible evaluar legalmente sus funestos efectos y sinergias en el territorio, población, patrimonio natural/cultural, actividad socioeconómica, futuro…
Ahora mismo, ni siquiera conocemos el mínimo detalle de la zonificación que se propone, pues simplemente aparece en los medios que las siete zonas estarían fijadas en el Documento de inicio; los proyectos eólicos solicitados en Cantabria por la mercantil de la torre que impugnamos no estarían incluidos en el PROT, ni sometidos a ninguna otra planificación energética ni territorial,…


SÉPTIMA.- Necesidad de un debate energético.-
Nos encontramos en un momento decisivo de la transición hacia otro modelo energético, por lo que es urgente que, previo a la instalación de megainfraestructuras energéticas innecesarias, parques industriales eólicos, tendidos de alta tensión, fracking, que malgastan nuestro dinero y territorio se debata y decida qué modelo energético queremos, si uno concentrado, como el que ya existe, u otro distribuido.
El debate fundamental previo a la instalación de estas megainfraestructuras es si realmente cubren las necesidades eléctricas regionales y locales y, en especial, si su elevadísimo coste es asumible y necesario en un momento de caída de la demanda y en el que debe ser imparable la revolución de la generación distribuida y la acumulación eléctrica: generar la electricidad que consumimos es el único camino hacia la Soberanía energética, pues, por ejemplo, en Alemania ciudadanos, cooperativas, Ayuntamientos, generan ya el 47% de la electricidad renovable nueva.

Por todo ello,

SOLICITO que, presentado este escrito y hechas las manifestaciones que en él se contienen, se admita y dé a todo ello la tramitación a fin de que, a su conclusión, se deniegue la autorización solicitada para la instalación de la torre meteorológica a que me refiero en el encabezamiento, teniéndosenos, en nuestra condición de interesados, por personados en el expediente y notificándose cuanto en el mismo se acuerde.

En Valdeprado del Río, Cantabria, a  quince de febrero de dos mil diecinueve.