Aprobada en el Congreso una Proposición no de Ley para prohibir el FRACKING en España


La oposición parlamentaria impulsa la prohibición del fracking en toda España

El Partido Popular se queda solo en la votación y no puede impedir que salga adelante una proposición no de ley planteada por los diputados socialistas 

Diego Movellán, que es portavoz adjunto del PP en la Comisión de Medio Ambiente, ha abandonado la sala antes de votar "porque tenía reuniones" 

La aparente placidez con la que gobierna Mariano Rajoy, pese a no disponer de mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, no siempre es fácil de gestionar. La oposición parlamentaria suma pequeñas batallas ganadas esta legislatura, en la que ha conseguido torcer el brazo del Ejecutivo en varias ocasiones en temas clave y en los que el PP no puede evitar dejar patente su soledad en las votaciones.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Cámara Baja ha vuelto a dar una muestra de ello, después de que el Grupo Socialista haya conseguido sacar adelante una proposición no de ley para instar al Gobierno a "prohibir el fracking en todo el Estado" por los riesgos que supone tanto para la naturaleza como para las personas.

Así, con 22 votos a favor, los 14 en contra del Partido Popular y la abstención del PNV, la iniciativa busca realizar los cambios legislativos necesarios para prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica en toda España "con pleno respeto a las competencias autonómicas".
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Más info:

Premiado el trabajo de Damián Copena que concluye que la energía eólica no ha supuesto desarrollo rural en Galicia.


Un ponteareano, premiado por su investigación de parques eólicos

v.p. | ponteareas 2017.02.12. Faro de Vigo

El trabajo del investigador ponteareano y doctor por la Universidad de Vigo, Damián Copena Rodríguez, fue elegido ganador de la tercera edición del premio Jesús García Calvo, en investigación en Desarrollo Rural y Cooperación en la modalidad de tesis de doctorado. Este premio convocado por el Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo de Galicia (IDEGA) de la USC y la Fundación Feiraco, le fue entregado el pasado lunes en Santiago de Compostela.

El trabajo, que tiene como título "Energía eólica y medio rural: un análisis aplicado de los impactos socioeconómicos de los parques eólicos en el mundo rural gallego", fue dirigido por Xavier Simón Fernández y analiza cómo fue el proceso de implantación y cuáles fueron las consecuencias socioeconómicas de la puesta en marcha de los parques eólicos en el rural gallego en el período 1995-2014. En él creó una base pionera con información única sobre los impactos socioeconómicos existentes en medio rural gallego a partir de la implantación de parques eólicos.

Centro Botín, Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria presenta una querella ante el Supremo para paralizar el Centro Botín

El abogado de la plataforma asegura que “todo es ilegal” en este proyecto, que ha calificado como “el mejor ejemplo de corrupción político administrativa.

eldiariocantabria.es, 02 de Febrero de 2017

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo una querella en la que denuncia que "todo" en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es "ilegal". Además solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de "ningún tipo de actividad" en el mismo.

Así, a lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación.

"Todo es ilegal en el Centro Botín", ha sentenciado en rueda de prensa el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, para quien este proyecto es "el mejor ejemplo de corrupción político administrativa".

En este sentido, ha afirmado que "todos los trámites" que se han realizado son "burdamente ilegales", por lo que la plataforma pide en su querella que se investiguen los hechos y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.

En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.

Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta entonces de Cantabria; eÍñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y hoy ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo al ser aforado por su cargo actual.

También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.

Al respecto, el abogado se ha referido a la "particularidad" de que en este caso han intervenido tres administraciones y todas "están de acuerdo en eso".

Mientras se resuelve la querella, la plataforma ha pedido la paralización cautelar de las obras "excepto las imprescindibles, como que haya algo que acabar o haya algún un riesgo" y que no se inicie "ningún tipo de actividad" en el Centro Botín.

Proceso

Merodio ha explicado que a fecha 31 de julio de 2010, cuando trascendió el proyecto, el Plan Especial del Puerto contemplaba el uso "portuario comercial" del muelle Albareda, así como que al este de la Estación Marítima no se podían situar nuevas edificaciones para no interrumpir las vistas de la bahía desde los Jardines de Pereda. Es decir, la ley no permitía la construcción del Centro Botín en su inicial y actual ubicación.

Y se ha hecho, según el abogado, con las tres administraciones citadas (Puertos, Gobierno y Ayuntamiento) de acuerdo y "sin haber legalizado" la construcción. 

"Lo que han hecho es todo ilegal, todos los trámites son burdamente ilegales y lo que han intentado hacer es una chapuza", ha valorado.

El letrado ha detallado el proceso de las recalificaciones de los usos portuario y urbanísticos, que según ha dicho se han realizado "al mismo tiempo" cuando el primero es previo al segundo. También ha repasado la cronología de la concesión, que ha calificado de "esperpéntica" pues transcurrió apenas un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de la modificación puntual hasta la aprobación de la concesión "del mejor espacio del puerto".

En este sentido, también ha puesto en duda la legalidad de la concesión a la Fundación Botín "cuando sus miembros no estaban al corriente de sus obligaciones fiscales en España", ha dicho.

Eólico

Otro "caso de ocupación de un bien de dominio público" contra el que la plataforma ha presentado una querella en el Tribunal Supremo se refiere al desarrollo eólico en Cantabria.

Según el abogado, el proceso eólico se encuentra ahora "en la peor situación" desde que empezó dado el "silencio absoluto, mediático y administrativo", respecto al mismo.

El presidente de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez, ha denunciado el "simulacro de participación y planificación" respecto a los eólicos "para dar apariencia de legalidad". Porque el Plan de Sostenibilidad Energética que han recurrido al Supremo "no planifica nada" sino que presenta "una planificación hipotética, que ni planifica ni ordena nada concreto". Y porque "confunde la información pública con la participación ciudadana".

Nota de prensa 02-02-2017, Querella Centro Botín Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

NOTA DE PRENSA, 02-02-2017 
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
Información sobre eólicos y querella Centro Botín

Años actuando como organización social en defensa del territorio nos hacen ampliar el ámbito geográfico de nuestra intervención. El mayor problema es la falta de organizaciones que nos defiendan y la generalizada pérdida de respeto a la Ley. Son siempre y en todo lugar los mismos los que dañan nuestros derechos.

La Plataforma, de acuerdo con John Berger y su Puerca tierra, se constituyó hace años con la ambiciosa idea de servir a las personas en la defensa del territorio en que viven.

Una actividad de años nos convence de que son parte de los grandes problemas del hombre de a pié, la alarmante falta de información objetiva al servicio de todos, organizaciones sociales ineficaces y condicionadas por subvenciones y bancos y, en especial, una mala legislación y, aún más, una alarmante pérdida de respeto a lo legislado que, degradado lo que fue el 15-M, es la última y precaria trinchera para hacer frente al poder venal.

Una situación que permite que no se informe, o se debata al menos, que los parques industriales eólicos no son, frente a lo que nos dicen, una “energía verde” que ayuda al desarrollo del empleo, la tecnología y la calidad de vida de los afectados, sino un medio que interesa al poder para generar energía, la forma abusiva en que las grandes corporaciones, con apoyo político y, en el mejor caso, silencio de las organizaciones, nos lo imponen sin valorar los negativos y graves impactos humanos, sociales, ambientales,...

También permite que en el mejor lugar de la Ciudad de Santander un poder que se cree omnímodo coloque un monolito con su nombre para recordar quién manda, asentado, insistimos, en la falta de información veraz, de organizaciones sociales leales y, sobre todo, de una cultura que exija, ya que no hay buenas leyes, respetar las que tenemos.

En la pelea eólica, parado el atropello desde hace años, sin tramitarse un solo molino, ahora vamos al Tribunal Supremo, para defender la ilegalidad del PSEC 2014-2020, que no es un Plan y menos aún sostenible, y defendemos en la vía penal que, aunque nadie tenga interés en investigarlo, es delito lo que, a sabiendas y para favorecer al poder, hacen mal los políticos y habrá que investigarlo; se trata de que, al menos, cumplan las (malas) leyes que ellos elaboran.

Contra los mismos y por lo mismo de siempre, hoy abrimos un nuevo y duro frente. Las prisas egoístas y la nula información, como siempre, han vedado a los ciudadanos participar de verdad en las decisiones, la falta de PROT, de planificación y ordenación del Frente Marítimo, ha vedado valorar los gravísimos efectos de la salvajada y hace insoportable para nuestra dignidad que en lugar tan hermoso y visitado como es el centro de la Bahía de Santander el poder financiero haga crecer una pesadilla que le sirva para, a su gusto, difundir “su cultura”. El que piensa sabe que el atropello fue anunciado en seis páginas y con total precisión, el 31 de julio 2010, cuando allí atracaban barcos, maniobraban los ferrys y no estaba permitido construir ni una caja de cerillas, a partir de lo cual, continuas ilegalidades, corrupción política, ilícita intervención de un arquitecto del banco, pisoteo de la Ley y del Estado de Derecho,… y, dolorosamente, silencio de la Ciudad, lo que nos obliga a, desagradables como otras veces, presentar una justa querella ante el Tribunal Supremo.

Cooperativas eléctricas, generación distribuida y soberanía energética. Tribuna Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria


COOPERATIVAS ELÉCTRICAS, GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y SOBERANÍA ENERGÉTICA

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Hace días, informaba la prensa que Solabria, cooperativa cántabra, comercializará energía “verde 100%” y, al tiempo, apuesta por los grandes parques industriales de la Asociación Eólica de Cantabria, que preside el consejero de Biocantaber (Iberdrola), Agustín Valcarce, de quien la cooperativa dice que es uno de sus “mejores fichajes”.

 Si el objetivo de Solabria es comercializar electricidad “verde” generada en grandes parques eólicos, ¿qué la diferencia, entonces, de Gas Natural- Fenosa que ofrece a sus clientes más “concienciados” contratar su tarifa eco, también “100% renovable”? 

Solabria, que afirma en su folleto tener como objetivo la generación distribuida de electricidad y un nuevo modelo energético, se contradice cuando apoya los grandes parques industriales eólicos, que son generación concentrada, ruina de los afectados y abusiva ganancia para las corporaciones.

Los grandes parques industriales eólicos concentran la producción eléctrica en los lugares más apetitosos –y que creen más fáciles-, sea cual sea el daño que causen y aunque exija, además, transportar lo generado, por medio de enormes y dañinas líneas de altísima tensión y subestaciones eléctricas, a los lejanos lugares en que es mayor la demanda, llegando incluso a exportarlo al extranjero.

Concentran producción, transformación y transporte eléctrico en manos de los de siempre, el gran oligopolio que sube y sube los precios, genera “pobreza energética” y perpetúa el viejo e insolidario modelo de la producción y la distribución centralizadas. 

Un nuevo modelo energético, solidario y justo, como el que apoya Hermann Scheer en “El imperativo energético, sólo puede nacer de la actividad descentralizada, de una verdadera generación distribuida que busque, no beneficio empresarial, sino lo que la naturaleza ofrece -viento y sol, que están por todas partes-, el autoconsumo, la producción eléctrica a pequeña y mediana escala que abastezca las necesidades propias y de las poblaciones cercanas, reducir el consumo y lograr una mayor eficiencia energética, mermando, al tiempo, los costes energéticos. El camino hacia la soberanía energética exige otro modelo económico y una nueva concepción social de la energía.

Dice Hermann Scheer que “la revolución tecnológica del suministro energético, que conduce al relevo de las energías convencionales, solo puede desarrollarse a través de numerosas iniciativas independientes en muchos lugares diferentes y no a través de una planificación ejecutada de forma tecnocrática por élites políticas y económicas que organicen el proceso gradualmente en el tiempo y el espacio”.

Por ello, contra la pobreza energética no se lucha con la “caridad”, como hacen los políticos, hay que reducir el despilfarro, bajar costes y precios, potenciar, no dificultar, el “autoconsumo”, que es tender a que cada uno genere parte o toda la electricidad que consuma, y propiciar, al tiempo, el “balance neto”, o sea, permitir que la energía que no se consuma en el momento sea vertida a la red de distribución -pública por supuesto- para consumirla cuando se necesite; lo contrario es legislar para bancos y grandes empresas eléctricas. Salvo España, ningún país de la Unión Europea penaliza ésto y, si desapareciesen los gravámenes, impedimentos legales y trabas burocráticas al autoconsumo, éste se generalizaría, pues la tecnología fotovoltaica y minieólica han abaratado mucho sus costes. 

No sólo casas individuales, sino naves y pabellones industriales podrían utilizar sus tejados o alquilarlos; ello supondría una gran revolución aquí y, en especial, en los países en vías de desarrollo al permitir que cualquier persona en el último rincón del mundo acceda al bien básico que es la energía.

En el almacenaje, la madurez tecnológica facilita la acumulación -véase el ejemplo del vehículo eléctrico y su carga en casa por la noche- mediante baterías de ión-litio transportables, lo que obliga a preguntarse el por qué de su prohibición, pues el almacenaje de la energía sobrante para usarla cuando se necesite, abarata costes y, además, reduce la sobredemanda. La respuesta, que no está en el viento como en la canción de Dylan, es que no interesa pues reduce el gran negocio de unos pocos.

Es evidente que el gran oligopolio no quiere precios bajos, sino un modelo caro, centralizado, de superredes que requieren el obligado incremento del consumo y los costes de producción/distribución de la energía, por lo que las cooperativas, que, al menos en su teoría, responden a otra idea, no pueden colaborar a ello.

Una reflexión final. “La raíz del problema de la pobreza energética se encuentra en la concepción mercantilista de la electricidad como medio de acumulación. Se trata de la conversión en mercancía de un bien hoy indispensable para el normal desarrollo de la vida cotidiana en nuestras sociedades”. Sebastià Riutort Isern. “Energía para la democracia”. Catarata.

Pobreza energética, precio de la luz. Energía para la Democracia. Sebastià Riutort Isern

"La raíz del problema de la pobreza energética se encuentra en la concepción mercantilista de la electricidad como medio de acumulación. Se trata de la conversión a mercancía de un bien hoy indispensable para el normal desarrollo de la vida cotidiana en nuestras sociedades. Como resultado, las personas- especialmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad- se encuentran desprotegidas ante un recurso sobre el cual no tienen ningún control. Como indica Polanyi, desde el momento en que lo económico está subordinado a la lógica mercantilista y no al sustento de las personas, se pueden dar situaciones de emergencia social importantes. Las dislocaciones que ello genera pueden tener consecuencias destructivas para la sociedad. Sin duda, la pobreza energética es un claro ejemplo."

Sebastià Riutort Isern “Energía para la democracia”. Catarata

Los Senadores del PP tumban la propuesta de prohición del Fracking



El PP veta una iniciativa para declarar a España como país libre de 'fracking'

Los populares tumban en el Senado una propuesta presentada por Compromís para prohibir la fractura hidráulica

La Asamblea Cántabra contra la Fractura Hidráulica ha iniciado una campaña para solicitar la caducidad de los permisos en el territorio autonómico
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Senado-PP-declarar-Espana-fracking_0_602990595.html



El Partido Popular (PP) ha vuelto a tumbar una iniciativa para prohibir en España el uso de técnicas de prospección y extracción de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica, más conocido como 'fracking'. En esta ocasión ha sido en el Senado donde los populares, gracias a su mayoría, han impedido que saliese adelante una medida presentada en este sentido por Compromís.

Los senadores Carles Mulet García y Jorge Navarrete Pla, autores de la propuesta, solicitaban también paralizar de forma inmediata, si es que las hay, las prospecciones, explotaciones o investigaciones que estén ya en funcionamiento a la espera de una directiva clara de la Unión Europea (UE).

La votación se ha llevado a cabo en la Comisión de Medio Ambiente, de la que forma parte el senador por Cantabria, Javier Fernández, en calidad de vocal. Fernández, que fue durante la pasada legislatura consejero de Medio Ambiente del Gobierno presidido por Ignacio Diego, y al frente de esta Consejería desarrolló precisamente la ley 'antifracking' de Cantabria, se ausentó de la Comisión y no participó en la votación.

Por otro lado, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha iniciado recientemente una campaña para solicitar la caducidad de los permisos de fracking en territorio autonómico, dado que aunque los permisos han expirado, "las autorizaciones siguen vigentes a no ser que una persona o entidad solicite su anulación".

Mayoría en el Senado

No es la única iniciativa vinculada a los hidrocarburos que el PP ha vetado este miércoles en la Cámara Alta. Los conservadores también han echado abajo una propuesta socialista debatida en la misma comisión que pedía declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones de hidrocarburos.

Y es que el PP, a diferencia de lo que sucede en el Congreso y a pesar de que las elecciones del 27 de junio del año pasado dieron entrada a nuevos partidos, sigue gozando de mayoría en el Senado. Por contra, en la Cámara Baja no pudo tumbar hace poco más de un año una propuesta que pedía al Gobierno central cerrar la puerta al 'fracking'.