El abogado de la plataforma asegura que “todo es ilegal” en este proyecto, que ha calificado como “el mejor ejemplo de corrupción político administrativa.
eldiariocantabria.es, 02 de Febrero de 2017
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo una querella en la que denuncia que "todo" en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es "ilegal". Además solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de "ningún tipo de actividad" en el mismo.
Así, a lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación.
"Todo es ilegal en el Centro Botín", ha sentenciado en rueda de prensa el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, para quien este proyecto es "el mejor ejemplo de corrupción político administrativa".
En este sentido, ha afirmado que "todos los trámites" que se han realizado son "burdamente ilegales", por lo que la plataforma pide en su querella que se investiguen los hechos y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.
En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir, Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea, además de a Jaime Botín Sainz de Sautuola.
Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, como vicepresidenta entonces de Cantabria; eÍñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y hoy ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo al ser aforado por su cargo actual.
También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.
Al respecto, el abogado se ha referido a la "particularidad" de que en este caso han intervenido tres administraciones y todas "están de acuerdo en eso".
Mientras se resuelve la querella, la plataforma ha pedido la paralización cautelar de las obras "excepto las imprescindibles, como que haya algo que acabar o haya algún un riesgo" y que no se inicie "ningún tipo de actividad" en el Centro Botín.
Proceso
Merodio ha explicado que a fecha 31 de julio de 2010, cuando trascendió el proyecto, el Plan Especial del Puerto contemplaba el uso "portuario comercial" del muelle Albareda, así como que al este de la Estación Marítima no se podían situar nuevas edificaciones para no interrumpir las vistas de la bahía desde los Jardines de Pereda. Es decir, la ley no permitía la construcción del Centro Botín en su inicial y actual ubicación.
Y se ha hecho, según el abogado, con las tres administraciones citadas (Puertos, Gobierno y Ayuntamiento) de acuerdo y "sin haber legalizado" la construcción.
"Lo que han hecho es todo ilegal, todos los trámites son burdamente ilegales y lo que han intentado hacer es una chapuza", ha valorado.
El letrado ha detallado el proceso de las recalificaciones de los usos portuario y urbanísticos, que según ha dicho se han realizado "al mismo tiempo" cuando el primero es previo al segundo. También ha repasado la cronología de la concesión, que ha calificado de "esperpéntica" pues transcurrió apenas un mes desde la publicación en el Boletín Oficial de la modificación puntual hasta la aprobación de la concesión "del mejor espacio del puerto".
En este sentido, también ha puesto en duda la legalidad de la concesión a la Fundación Botín "cuando sus miembros no estaban al corriente de sus obligaciones fiscales en España", ha dicho.
Eólico
Otro "caso de ocupación de un bien de dominio público" contra el que la plataforma ha presentado una querella en el Tribunal Supremo se refiere al desarrollo eólico en Cantabria.
Según el abogado, el proceso eólico se encuentra ahora "en la peor situación" desde que empezó dado el "silencio absoluto, mediático y administrativo", respecto al mismo.
El presidente de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez, ha denunciado el "simulacro de participación y planificación" respecto a los eólicos "para dar apariencia de legalidad". Porque el Plan de Sostenibilidad Energética que han recurrido al Supremo "no planifica nada" sino que presenta "una planificación hipotética, que ni planifica ni ordena nada concreto". Y porque "confunde la información pública con la participación ciudadana".
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