NOTA DE PRENSA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
30/09/2021
Plataforma
para la Defensa del Sur de Cantabria
http://www.surdecantabrianatural.blogspot.com/
surdecantabrianatural@gmail.com
Quiebra del Estado de Derecho
Dañinos delitos impunes
Urgencia de un debate -de verdad- público
El gobierno regional continúa, sin que actúen fiscalía
y tribunales ni que casi nadie diga nada, desobedeciendo las sentencias de TSJC
y TS que, hace ya 10 años, anularon el "concurso eólico" y ahora sigue tramitando autorizaciones de mamotretos
industriales eólicos sin haber planificado y evaluado previa y globalmente sus dañinos
efectos en la vida humana y la biodiversidad, incurriendo en ilícitos penales
de, al menos, desobediencia a TSJC y TS, prevaricación y contra el patrimonio
comunal, la biodiversidad, el medio ambiente y derechos que protege la
Constitución
En 2012 y 2015, TSJC y TS establecieron lo
que debía -y no debía- hacer el gobierno de Cantabria al regular la generación "eólica", sentenciando que
·
se había "indebidamente
omitido la evaluación ambiental exigida para los planes y programas con efectos
significativos sobre el medio ambiente", obligación legal que aún
hoy sigue incumplida, pese a haber en trámite las solicitudes de decenas de
polígonos, unos 2.500 Mw, potencia que supera la del “concurso”,
·
la "convocatoria
del concurso de asignación de potencia eólica es -debe ser- algo bien distinto
a un instrumento de planificación o de ordenación" y "la resolución impugnada -y también la
asignación de potencias- incluye
previsiones y determinaciones que no son propias de una convocatoria de
concurso y sí lo son, en cambio, de un instrumento de planificación",
lo que, con más dolo, ocurre ahora, al permitir la Administración a las
empresas que, sin haberse ordenado ni evaluado- planifiquen, se apropien y
destruyan el territorio, casi todo él comunal,
·
aunque el “concurso
eólico” incluía una “subordinación
a los instrumentos de planificación (...) lo cierto es que esa
declaración formal carece en buena medida de virtualidad", lo que
hoy, 12 años después, es incluso más evidente, pues -dolosa- la Administración,
incumple su esencial obligación de proteger el territorio de todos planificando
y evaluando en conjunto los graves impactos de lo que sobre él se permita
realizar, pues,
·
como no puede ser de otro modo, "la secuencia lógica y obligada es que el
planeamiento preceda a la ejecución, siendo ésta la que debe acomodarse a
aquélla", lo contrario es poner el carro delante de los bueyes y
"supone la íntegra desnaturalización
del planeamiento como instrumento legalmente configurado para el diseño y
trazado de los actos singulares que deben acomodarse a él" y, con
ello, el TS desmonta la peregrina maldad de Administración y consorcios de
subsanar a posteriori la ilícita,
dañina falta de planeamiento y evaluación global que, de modo doloso, aún
mantiene el mismo infractor -el gobierno regional al que TSJC y TS dijeron cómo
debía actuar- que ahora intenta que las empresas, a su gusto e interés,
planifiquen sin antes evaluar los impactos globales.
Son exigencias
reiteradas por la Plataforma en diversos
escritos, a los que, con incumplimiento de las normas del procedimiento
administrativo, ni siquiera responden, pese a haber requerido que el gobierno
regional tramite una Revisión de oficio y declare la nulidad de pleno derecho -y, al tiempo,
la inmediata paralización- de todos los "expedientes eólicos".
Las ilegalidades son
tan evidentes, el riesgo/daño generado tan grave y el desprecio a los vecinos
tan escandaloso que nadie puede dudar que estamos ante una quiebra total del
Estado de Derecho, un atropello del interés general y un grave atentado contra el
territorio comunal que, tan salvajemente, están siendo agredidos por
quienes, con graves responsabilidades económicas personales, lo
intentaron y fracasaron en 2009.
Los
parques eólicos no son “verdes”, ni contribuyen al mejor empleo, tecnología y
calidad de vida de los afectados, ni menos aún a paliar una emergencia
climática que, por contra, con su implantación empeora; son un medio burdo y
dañino de generar energía, con la forma abusiva en que, con apoyo "político",
el capital impone sus proyectos a las comunidades, sin valorar sus impactos
humanos, sociales, ambientales...
Rechazamos
los parques industriales, la generación concentrada, además de por su cierta y burda
ilegalidad, por 1) su falso carácter “verde”,
2) su gran poder especulador, 3) el hecho de que los proyectos, sin información
ni debate previo, sean impuestos a las comunidades y, además, 4) que el ciclo
de vida de la generación eólica exija recursos no ecológicos ni renovables que,
además, destrozan el territorio comunal con gigantescas estructuras metálicas, hormigón
armado, pistas de rodadura, líneas de altísima tensión, subestaciones, cobre, plásticos
y fibras, metales raros, daño al agua, aceites,...
Su
implantación es acaparamiento del territorio, en especial comunal, control de
todo él, que es la vida de la población, dañinos impactos contra ésta y aquél,
deforestación, aplastamiento de la habitual actividad económica, contaminación,
desvalorización progresiva, pérdida de elementos culturales, históricos,
ambientales,… daño en la fauna, la flora, la biodiversidad,… y, en definitiva, destrozo
de una visión ancestral, consolidada, del mundo y una forma lógica de
relacionarse con lo natural.
Es,
por ello, esencial que “los políticos hagan su trabajo y los empresarios el suyo”,
separados, pues “cuando se cruza la raya, aparece la corrupción”,
siendo evidente que en lo que denunciamos se ha cruzado esa raya y hay motivo
sobrado para castigar penalmente lo que es corrupción sistémica cierta,
quiebra del Estado de Derecho en múltiples procedimientos administrativos,
a partir de la ilícita connivencia de dinero y política, corrupción que, al querer
imponer, aquí ahora, la implantación de gigantescas turbinas, pistas, líneas de
alta tensión, subestaciones,… en naturales montañas y valles comunales, destruye
el tradicional lógico uso agrícola, ganadero, cultural, turístico, deportivo,…
del territorio con procedimientos administrativos groseramente ilegales,
superpuestos, confusos, aquelarre con un claro objeto ajeno al interés general
y con un fin programado, definido mucho antes de iniciarse cualquiera de ellos.
Además,
ahora tramitan, sin cumplir una sola exigencia legal y en medio de un casi
absoluto silencio cómplice, la Ley del Suelo y el -manoseado- PROT,
intentando crear la apariencia de que hacen algo para evitar, al menos paliar,
el dañino caos en que nos tienen metidos, siendo todo tan siniestro, irregular,
burdo y prohibido que parece irreal la tétrica situación que, torpes corruptos
con espurio poder, nos están haciendo vivir.
Asusta, cada día más, el futuro a que nos
conducen estos sinvergüenzas, izquierda o derecha, progresistas o carcas,
rojos, morados, azules o verdes, internacionalistas o regionalistas catetos, al
servicio, siempre, del dinero, así que, condenados por nuestra falta de fuerza
a la única lucha que se nos permite, la legal consistente en, con desiguales
armas, exigir que se cumpla la muy mala ley elaborada por ellos, citamos a
quien quiera -políticos o empresas-, donde -local social, medio de
comunicación, sede política o sindical,…- y como -por supuesto sin censura,
difundido, abierto,…- a un debate público con luz y taquígrafos en el que
puedan desmontar, ¡ay, si hubiera medios de comunicación, sindicatos, partidos
políticos,…! lo que, hace años y ahora, denunciamos.
Pensamos que es una razonable, sencilla cita,
a la que, como siempre, nos responderá un clamoroso, muy cobarde silencio.