CANTABRIA
La empresa avanza en los trámites para
un proyecto de exploración que prohíbe la ley autonómica aprobada en abril
02.05.13 - 00:03 -
Santander. Parece como si no existiera una
ley autonómica que desde el mes pasado prohíbe a las empresas de hidrocarburos buscar
o extraer gas pizarra con la técnica de fractura hidráulica, o 'fracking'. Todo
sigue igual: los permisos vigentes, y las empresas, con sus planes de negocio
sin alteración alguna. El Ayuntamiento de Vega de Pas acaba de recibir una
notificación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente que le
informa del avance de los trámites para el proyecto 'Luena profundo', incluido
dentro del permiso concedido por el Estado en 2010 a Repsol Investigaciones
Petrolíferas (RIPSA) y que engloba 75.000 hectáreas de Burgos y Cantabria.
El consistorio tiene 30 días para presentar
sus alegaciones sobre el alcance del impacto ambiental del proyecto. En teoría,
el municipio no tendría que participar de dicha tramitación, ya que la nueva
norma regional, la primera de este cariz en España, impide el uso del fracking
en todo el territorio cántabro aunque la adjudicataria disponga de autorización
del ministerio. Sin embargo, y como adelantó este diario el martes, Repsol no
tiene intención de detener una inversión que, en global, supera los 20
millones, según refleja la documentación oficial de 2010.
Los permisos para la fractura hidráulica
los concede el Estado cuando afectan a varias autonomías, y las comunidades
cuando solo ocupan suelos dentro de sus límites. En Cantabria funcionan cuatro
autorizaciones del primer grupo, donde se enmarca ''Luena', y solo una de
ámbito regional, que está recurrida y pendiente de fallo. La ley que aprobó el
Gobierno de Ignacio Diego en abril afecta a todas, pues antepone «la protección
paisajística» a una minería que inyecta toneladas de agua a gran presión en el
subsuelo mezcladas con rocas y materiales químicos.
Al preguntarle por el proyecto de Repsol,
que se extiende entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas, Diego indicó el
pasado lunes que exigirá a la compañía «que contrate los servicios de la
Universidad de Cantabria» para someterse a un seguimiento «exhaustivo» y
ofrecer «información constante a los ciudadanos». Es decir, que será la UC la
encargada de vigilar por el cumplimiento de la norma. El presidente insistió en
que «nunca habrá fracking en la región mientras esté vigente la ley».
La nueva actuación de Repsol en 'Luena' prevé excavar un pozo
para el que baraja cuatro ubicaciones. Solicitó la autorización a Medio Ambiente
el 19 de marzo, mientras que el Parlamento de Cantabria votó la ley el 8 de
abril. Su intención es realizar la campaña sísmica entre julio y octubre de
este año.
Los colectivos vecinales y ecologistas que habían demandado
durante años la suspensión del 'fracking' desconfían de su eficacia
precisamente por la vigencia de los permisos. Temen que sea solo una decisión
temporal que no detenga las prospecciones, y que sea retirada en cuanto las
empresas planteen algún tipo de modificación en la tecnología minera que el
Ejecutivo dé por buena como protección medioambiental.
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