PLENERCAN = CORRUPCION E INSEGURIDAD JURIDICA.2
Plataforma para la defensa de los Valles del Sur de Cantabria
No hace mucho, al aprobarse el PLENERCAN 2014-2020, lo que ahora llaman Plan de Sostenibilidad (PSEC 2014-2020) denunciábamos cómo, igual que hasta entonces, el gobierno actuaba en materia energética con nocturnidad, alevosía y prisas e incumplía radicalmente las imperativas normas que respecto a información y participación política ciudadana impone el fundamental y vinculante Convenio de Aarhus.
Deslizándose por la pendiente, el pasado 19 de agosto se difundía en los medios la noticia de que “Diego confirma que ya hay proyectos para parques eólicos” y que “el jefe del ejecutivo regional no profundizó, sin embargo, en el estado de tramitación en que se encuentran estos proyectos, ni en la cantidad y tampoco en su contenido”.
Han pasado casi quince días desde entonces y los posibles afectados siguen sin saber quiénes son los solicitantes, cuántos los parques, molinos, subestaciones,… previstos, su estado de tramitación, ubicación,…, impidiéndoseles iniciar, en su caso, las acciones para la mejor defensa de sus derechos e intereses.
Han sido muchos los alardes públicos por parte el gobierno de Cantabria de supuestos beneficios para los perjudicados por la instalación de parques eólicos, pero lo único que han visto respecto a tales beneficios es que, a partir de la Orden INN/24/2014, 11 de julio (BOC 17/07/2014), por imposición del Gobierno de España a través de la Comisión Bilateral de Cooperación, además del amiguismo implícito en la pastelera e indeseable fórmula de adjudicación en competencia, no se va a exigir a las empresas ninguna aportación compensatoria socio-cultural, ambiental o económica,…, pues se ha modificado, como siempre sin información ni participación política ciudadana, el art. 18 de la muy deficiente Ley 7/2013 de Cantabria, del aprovechamiento eólico.
Para valorar el concepto que de la participación política ciudadana o, lo que es lo mismo, de la democracia tiene nuestro ejecutivo, basta ver cómo, además de todo lo dicho, se incumplen los arts. 14 y concordantes de la ilegal e indeseada Ley 7/2013, que regulan las normas de publicidad y procedimiento (esencia del Estado de Derecho = Democracia) relativas a las solicitudes de autorización, normas que sin duda, vista la ausencia de notificaciones a los interesados y lo aparecido en prensa, sin duda, producen urticaria en nuestro gobierno.
No vamos a consentir el antidemocrático e ilegal modo de elaborar y aprobar la Ley 7/2013 y el Plan de Sostenibilidad (Plenercan) 2014-2020, ilegalidades que agrava la macabra broma de mal gusto que constituye la pretensión de que asociaciones y vecinos afectados conozcan las solicitudes, el número de parques, su ubicación, subestaciones, pistas, molinos,… cuando estos ya estén adjudicados, de ser posible hasta construidos, y solamente quede la insegura, cara y lenta vía de los Tribunales.
Se incumple el Convenio de Aarhus sobre participación política ciudadana, no existen Plan de Ordenación del Territorio (PROT), Proyecto-Plan Eólico, Ley del Paisaje, Zonas de exclusión y perímetros de protección, no hay una evaluación conjunta del impacto de todas las infraestructuras de Cantabria y CC.AA. limítrofes,… y ahora quieren implantar los parques a espaldas de las organizaciones y vecinos afectados; una actitud que, de concolidarse, constituiría una tan violenta agresión institucional y empresarial contra todos que legitimaría de facto cualquier tipo de respuesta de los vecinos.
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