EXCAVACIONES EN EL MONTE ORNEDO 2014: ¿LA VERDADERA JULIÓBRIGA?



Los antiguos cántabros sudaban en la sauna


La sauna ha sido hallada en el castro de Santa Marina, en Valdeolea. Hallan en el castro de Santa Marina, en Valdeolea, una gran cabaña que incluía una sala de casi 15 metros cuadrados con ese fin



MIGUEL ÁNGEL PÉREZ JORRÍN| SANTANDER 17 noviembre 2014 

Piedras calientes, un recinto acondicionado para mantener el calor, una cisterna de la que se extraía el agua necesario en el mismo lugar, una gran sala de reunión cubierta de casi 60 metros cuadrados... una sauna en el siglo II antes de Cristo que muestra una insospechada perspectiva sobre la vida de los cántabros antes de la llegada de las legiones romanas, un inesperado confort en tiempos indudablemente duros.

Es lo que han hallado los expertos en las excavaciones arqueológicas que se realizan desde el año 2010 en el castro de Santa Marina, en el monte Ornedo en Valdeolea, bajo la responsabilidad de Pedro Ángel Fernández Vega, exdirector del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y director de la Domus Romana de Julióbriga y del Arqueositio de Camesa-Rebolledo, yacimiento vinculado al castro de Monte Ornedo.

Fernández cree que «la complejidad del proyecto ejecutado en el edificio y las prácticas para las que fue concebido, restituyen una imagen cultural de los cántabros más avanzada de lo que se venía estimando».

ANÁLISIS

¿El verdadero Julióbriga? 

Pedro Ángel Fernández aventura la hipótesis de que este yacimiento pueda ser la Juliobriga prerromana de las fuentes clásicas. «La naturaleza del yacimiento, un poblado cántabro, de época prerromana y fortificado con murallas, se puede reconocer como un oppidum. Estas características, la presencia de los hitos y la cronología del yacimiento, invitan a valorar la posibilidad de que ésta fuera la ubicación de la ciudad de Julióbriga, la más importante de entre los cántabros según Plinio», asegura.

Durante dos siglos, las excavaciones realizadas en la loma de Retortillo en Campoo de Enmedio han sacado a la luz los vestigios de una ciudad romana posterior al cambio de era, que se ha identificado tradicionalmente como Julióbriga. Sin embargo, según Fernández, director de la Domus Romana de Julióbriga, los hallazgos de las últimas campañas en Monte Ornedo y la evidencia de los términos augustales ponen en cuestión que esas conclusiones puedan seguir sosteniéndose.

«A los pies de Monte Ornedo, las excavaciones de Camesa Rebolledo demuestran que la presencia romana fue intensa en la zona después del proceso de conquista. Los enigmas históricos siguen abiertos. A unas decenas de metros del lugar de hallazgo de la sauna fueron registrados en los muros de una antigua ermita, a finales del siglo XIX, tres términos augustales. Se trataba de mojones de delimitación inscritos que deslindaban el territorio de la ciudad romana de Julióbriga de los prados de la Legión IV Macedónica», recuerda Fernández.

Se modificaría así, en parte, el estereotipo de cántabros mercenarios para la guerra, aguerridos, fieros e indómitos que transmitió el geógrafo griego Estrabón. «Esa imagen –sostiene Fernández– debe reconciliarse con estos hallazgos que sitúan a los cántabros en coherencia cultural con los pueblos del norte peninsular en todos los aspectos. El uso de saunas responde a algo más que ocio. Probablemente se les otorgaban funciones salutíferas. Se ha propuesto por parte de algunos historiadores que cumplieron funciones de culto o para ritos de iniciación. En todo caso, el edificio parece haber respondido a una intencionalidad general de socialización: fue construido y usado de manera colectiva», resume.

La revista científica Munibe acaba de publicar el estudio, planos y hallazgos realizados. Según Fernández Vega, «los trabajos realizados en Santa Marina han sacado a la luz un edificio público de gran tamaño sin parangón por ahora dentro del panorama castreño, hasta ahora conformado por los hallazgos en castros palentinos, formados por cabañas circulares privadas y murallas de iniciativa colectiva de los pobladores». Esta gran estructura mide 24,25 metros de longitud y alcanza los 16,3 metros de anchura. Su superficie total se establece en 303,74 metros cuadrados. La construcción se levantó sobre un aterrazamiento artificial del terreno soportado por muros de contención para contrarrestar la pendiente. Los muros estaban revestidos de un manteado de barro, siguiendo una técnica constructiva bien conocida por las cabañas.

El gran espacio público incluye una sala de 61,10 metros cuadrados que Fernández cree que fue usada como espacio público de reunión o congregación y del que hay paralelos en tierras de los astures. Al este daba acceso a dos espacios: un atrio descubierto y un pasillo que conducía a otra estancia de uso termal. El atrio, sin techo, medía 17,22 metros cuadrados y permitía captar las precipitaciones y desviar el agua de escorrentía –lluvia o desnieve– hacia una cisterna en el lado sur. La cisterna, un aljibe de contención de agua, presentaba la forma de pequeño pozo prismático de boca circular y de 1,30 metros de profundidad. Quedaba dentro de la sala termal, un espacio cubierto en cuyo sector norte estaba la sauna.


La sauna es un habitáculo excavado en la roca hasta una profundidad de 1,46 metros. La sala excavada mide 13,3 metros cuadrados. «Sin embargo –destaca Fernández Vega– al estar revestida en toda su dimensión por un potente relleno de arcillas, deja un espacio útil interior de 7,6 metros cuadrados. «Las arcillas funcionaron como aislante de humedades y como material refractario que se calentaba y absorbía el calor para luego liberarlo lentamente y mantener la sala caldeada más tiempo», estima Fernández, que cree que la cubierta del habitáculo de la sauna pudo tener forma de bóveda de horno.

Durante la excavación, en el centro del espacio de la sauna ha aparecido una fosa rellena con cantos rodados y afiladeras, alterados por la exposición al fuego. «Estas piedras fueron calentadas en el exterior del edificio y luego se introducían en la fosa. El agua disponible en la cisterna servía para hacer aspersiones sobre los cantos de modo que el vapor intensificara el efecto calorífico de las piedras». Los objetos hallados más significativos, además de una clavija de bisagra de la puerta de acceso al edificio, han sido un escoplo, los restos metálicos de asas de un caldero y cuatro fíbulas anulares en forma de omega. Se trata de alfileres o imperdibles para sujeción de ropa que cayeron al fondo del foso de calefacción de la sauna y se alteraron por el calor.

Cronología y batalla

Se han practicado varias dataciones por carbono 14 que establecen la cronología del edificio entre el siglo II a.C. y la primera mitad del siglo I a.C. «Se trataría por tanto de una sauna prerromana, previa al proceso de conquista del territorio protagonizado por las legiones de Roma. Y se enmarca dentro de un gran oppidum de Monte Ornedo, un núcleo de población amurallado con una extensión que alcanzaba las 19,9 hectáreas», explica Fernández Vega. La caída en desuso del edificio parece haberse relacionado con un incendio que causó su destrucción. Al exterior de la construcción apareció un proyectil incendiario de tipología romana que se lanzaba con estopa enrollada y prendida fuego. La madera de su astil, datada por carbono 14, lo emplaza en el siglo II o en los primeras seis décadas del siglo I a.C. Aunque esto indica que sería anterior, no cabe excluir su asociación al momento de las Guerras Cántabras, entre 29 y 19 a.C. Fernández recuerda que «abundantes indicios publicados vinculan este castro cántabro con un episodio de asalto y ocupación por parte de las tropas romanas que se produjo en la puerta oriental del poblado fortificado».

La aparición de una sauna es coherente con lo conocido entre los astures y galaicos dentro de la cornisa cantábrica y el noroeste de la península Ibérica, aunque el edificio cántabro ahora excavado resulta de tamaño muy superior a todos los paralelos previos y se organiza de manera muy diferente.

Las excavaciones fueron posibles mediante la realización de sucesivos Talleres de Empleo subvencionados por el Fondo Social Europeo y el Servicio Cántabro de Empleo a instancias del Ayuntamiento de Valdeolea. El equipo científico ha estado integrado además por los arqueólogos Lino Mantecón Callejo, Joaquín Callejo y Rafael Bolado del Castillo.

Indultos económicos a las eléctricas y puertas giratorias


ANTICORRUPCIÓN »

La Fiscalía investiga a Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas

Anticorrupción cita en secreto a altos cargos de Energía del PSOE por no reclamar dinero cobrado de más. La abogacía del Estado señaló el “enriquecimiento injusto”

· Cronología de una deuda multimillonaria

· DESCARGABLE Informe jurídico de la Abogacía del Estado

MANUEL ALTOZANO / RAFAEL MÉNDEZ Madrid 16 NOV 2014 - 12:01 CET

http://economia.elpais.com/economia/2014/11/15/actualidad/1416071455_967695.html

La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a tomar declaración a responsables de Energía entre 2007 y 2010, con el Gobierno del PSOE, en una investigación para aclarar si perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. La Fiscalía ha llamado a declarar en una investigación secreta a, como mínimo, tres abogados del Estado y a un exdirector general de Energía, según fuentes conocedoras de la investigación. La clave es conocer por qué nunca reclamaron a las eléctricas que devolvieran lo cobrado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Las eléctricas siempre han negado que hubiera pagos por encima de lo que marcaba la ley.

El 3 de junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que agrupa a ecologistas y consumidores, denunció en Anticorrupción la puerta giratoria de los políticos y el sector eléctrico. Un mes después amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más en los CTC.

Aunque la denuncia parecía dormir en un cajón, hace unos dos meses comenzaron a llegar citaciones a responsables de la época. Según fuentes conocedoras de la investigación, hace un mes declararon como testigos Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado entre 2004 y 2012; Fernando Calancha, exabogado del Estado en la secretaría de Estado de Energía, exjefe de gabinete del secretario general de Energía y ahora en PWC; José Ramón Mourenza, actual abogado del Estado jefe del Ministerio de Industria, y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz. Lo hicieron ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, el mismo del caso Bankia, quien no ha querido comentar la noticia.

Tres abogados del Estado y un exdirector general han sido citados

El origen del caso es antiguo. En 1997, al liberalizar el mercado eléctrico, el Gobierno del PP creó los CTC, un sistema de compensación a las eléctricas para garantizarles el pago por inversiones que les había obligado a hacer. El Ejecutivo se comprometía a abonarles una remuneración de 36 euros por megavatio-hora producido. Tras una reforma, esos CTC quedaron con un tope de 1,441 billones de pesetas de 1997 (8.600 millones de euros) del recibo que pagan los consumidores. El PSOE lo criticó mientras estuvo en la oposición.

El sistema funcionó más o menos como estaba previsto hasta que, en 2005, con la subida del petróleo y del gas, aumentó el precio de mercado a más de 50 euros por megavatio. Eso implicó que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo inicialmente estimado. En junio de 2006, un decreto ley de Industria canceló el pago de CTC pero dejó pendiente la liquidación.

Ignasi Nieto, secretario general de Energía entre septiembre de 2006 y abril de 2008 y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, explica que encargó el informe a la abogacía del Estado antes de pedir la devolución. "Se habían pasado de frenada y habían cobrado de más". Nieto no recuerda el cálculo exacto de cuánto estimaban que los consumidores habían pagado indebidamente, pero afirma que "era una cantidad significativamente relevante que rondaba los 3.000 millones". Otros cálculos mueven la cifra entre 2.500 y 3.500 millones, según lo que se considere a restituir.

En 2010 prescribió la posibilidad de que el Ejecutivo pidiera el cobro

Nieto consultó a la abogacía del Estado cómo liquidar los CTC. La segunda de sus preguntas era: "Si, en el caso de que se produjera dicha liquidación y resultara que algunos agentes han percibido cantidades superiores a la máxima atribuida inicialmente, cabría exigir a estos agentes la devolución de estos excesos".

El 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales, entró en Industria la respuesta, firmada por el entonces abogado general del Estado (jefe de ese cuerpo), Joaquín de Fuentes Bardají. Su conclusión era que, aunque no estuviera expresamente contemplada en la ley una liquidación final, "los principios del derecho que prohíben el enriquecimiento injusto y el cobro de lo indebido permiten que pueda procederse a dicha liquidación para cada empresa". El informe no cifra la cantidad a devolver.

El dictamen, de 26 páginas y que no se hizo público, señala que "junto con las liquidaciones anuales de las compensaciones debe existir una liquidación global y definitiva que permita determinar si las cantidades entregadas superan el máximo previsto legalmente, lo cual solo puede conocerse al final del periodo de vigencia". Añade que el plazo para reclamar esas cantidades era de cuatro años a partir de junio de 2006, cuando el decreto ley abolió los CTC. Así que Industria tenía hasta junio de 2010 para reclamar el dinero mediante una norma. Esta seguramente habría sido impugnada por las eléctricas y serían los tribunales quienes habrían dictado si el criterio de la Abogacía del Estado era válido o no.

Las eléctricas defienden que recibieron mucho menos de lo previsto inicialmente

Mes y medio después de recibir el informe de la abogacía del Estado, cambió el ministro. A Joan Clos le sustituyó Miguel Sebastián, que dice que desconoce el caso, y Pedro Marín fue nombrado secretario de Estado. Nunca se produjo la reclamación.

Marín afirma que no recuerda los detalles: "Era un tema complicado, que empezó en 1997. Hubo una discusión y se acordó que se dejara de pagar y nunca se hicieron unas cuentas consolidadas, que era muy difícil", explica desde Londres, donde trabaja. "Lo poco que recuerdo es que era extraordinariamente complejo", concluye. Marín afirma que no ha recibido citación del fiscal.

Fuentes de Industria afirman que con el cambio de Gobierno nunca se planteó reclamar ese dinero. Añaden que era un tema muy complejo y que el informe de la abogacía fue muy discutido jurídicamente, por lo que no auguran recorrido a la investigación.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) recordó en informes que no se había producido la liquidación definitiva. Según publicó Cinco Días en 2008, la CNE elevaba lo cobrado de más a 3.393 millones repartidos así: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Mientras, Elcogás cobró de menos 191 millones.

Este diario intentó ayer sin éxito obtener la versión de la patronal, Unesa. Esta tradicionalmente ha negado esos cálculos. Las eléctricas encargaron decenas de informes que justificaban que las liquidaciones eran correctas y que la cifra realmente cobrada por los CTC ha sido de solo 1.147 millones de euros, muy por debajo de lo previsto inicialmente en la ley.

Jorge Morales, uno de los impulsores de la denuncia, opina que "Industria debió liquidar los CTC, pedir la devolución de los 3.400 millones y cambiar el sistema retributivo de estas instalaciones. No es algo pasado, sino algo que afecta al precio de 27 millones de consumidores".

En julio de 2010, el Ejecutivo buscó fórmulas para recortar la factura eléctrica pero el derecho a reclamar los CTC ya había prescrito.

investigacion@elpais.es


Cronología de una deuda multimillonaria 

§ 27 de noviembre de 1997. Con la liberalización del mercado eléctrico, el ministro de Industria, Josep Piqué, crea los Costes de Transición a la Competencia (CTC) para compensar las inversiones que el Gobierno obligó a acometer a las eléctricas mientras el sector estuvo regulado. Estos costes, que se pagaban en la factura de la luz “como costes permanentes del sistema”, tienen por objeto devolver a esas empresas 8.600 millones de euros por el valor de esas inversiones.

§ 23 de junio de 2006. El Gobierno socialista suprime los CTC al considerar que ese mecanismo se ha convertido en ineficiente “porque genera distorsiones en los precios de mercado”, “porque han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron” y también por el “alto grado de amortización de las instalaciones” cuyo coste trataban de compensar.

§ 13 de marzo de 2008. La abogacía del Estado establece en un informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía que las eléctricas cobraron de más a través de los CTC y considera ese exceso un “enriquecimiento injusto” que el Estado puede reclamar a estas empresas. El informe asegura que el Gobierno tiene de plazo hasta 2010 —cuatro años desde que entrara en vigor la ley de 2006 que los suprimió— para reclamar esas cantidades abonadas de forma indebida.

§ 25 de junio de 2010. Caduca el derecho a reclamar a las eléctricas los cobros ilegítimos, según los plazos establecidos por el informe de la abogacía del Estado. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha exigido a esas empresas los pagos indebidos.

§ 3 de julio de 2013. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia a la cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y malversación por haber permitido la prescripción de una deuda de 3.396 millones.

TRAMITACIÓN DE PARQUES EÓLICOS SIN HABER MODIFICADO LA LEY EÓLICA DE CANTABRIA


NOTA DE PRENSA SOBRE EL TRÁMITE DE DOCE PARQUES EÓLICOS EN CANTABRIA
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
Sin que administrativamente se nos hubiera notificado nada como interesados, hemos conocido por los medios de comunicación que “el Gobierno de Cantabria ha recibido solicitud de tramitación para doce parques al amparo de la Ley de aprovechamiento eólico, con una potencia total de 368 megavatios”, así como que “esos proyectos se ubican en San Miguel de Aguayo, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Luena, Soba y Campoo de Yuso” y están en la fase de análisis de su adecuación a los requerimientos de esa Ley de aprovechamiento eólico”, una Ley que, no hay que olvidar, ha sido objeto de reciente acuerdo con la Administración central para su modificación sustancial y, por ello, suponemos que estará en trámite de una para nosotros desconocida, importante y urgente modificación.
Desconociendo, igualmente, la exacta ubicación de los parques, instalaciones de acceso, subestaciones y líneas de transporte de la energía que se pretende generar (elementos que en estricta técnica jurídica constituyen cada “Parque”), así como quiénes son los solicitantes y cuál la norma concreta que se aplica en el actual trámite, entendemos que, al margen de estarse vulnerardo la normativa que defiende el derecho de todos a la trasparencia, información y participación política (Convenio de Aarhus y normas que lo desarrollan), se está generando indefensión en el correcto ejercicio del derecho a la defensa de los legítimos intereses de los afectados e incluso al mismo tiempo, salvo pacto previo entre Administración, bancos y empresas eléctricas, se estarían causando perjuicios a otros posibles interesados en la instalación de parques en nuestro territorio.
Entendiendo que lo dicho en los medios de comunicación constituye, sin duda, la comisión de una flagrante ilegalidad por parte del Gobierno, mediante escrito de cinco de noviembre, tenemos solicitado al Consejero de Industria, además de una entrevista, entre otras cosas, que 1) nos sea concedida vista del expediente o expedientes relativos a la implantación de los parques de aerogeneradores a que el Consejero se refirió en sede parlamentaria, 2) nos sea entregada copia de los documentos que, tras dicha vista, solicitemos y que, por último, 3) se certifique la norma que se aplica en la tramitación de dicho(s) expediente(s).
Todo ello abre la posibilidad de solicitar medidas de naturaleza preventiva en el procedimiento contencioso-administrativo que hemos promovido contra la aprobación del PLENERCAN 2014-2020 y la Ley de aprovechamiento eólico, así como valorar el inmediato ejercicio de acciones en el ámbito penal.