Burgos conecta
Trama eólica
Es sorprendente la capacidad que tenemos en España (o mejor dicho, que tienen algunos) para aprovechar tanto las buenas ideas como las buenas causas, para pervertirlas en su propio y particular beneficio. Así recordamos como algunos “huertos solares” en nuestra Comunidad, para la producción de electricidad fotovoltaica, generaban kilovatios en plena oscuridad, o se cobraban subvenciones por miles de hectáreas de plantaciones de lino, sin que se recogiera kilo alguno de esta fibra textil, tal y como denunciaron las autoridades de la Unión Europea que debían controlar esas subvenciones.
Ahora es la investigación de la Agencia Tributaria, sobre la implantación de la Energía Eólica en Castilla y León, la que ha acabado, de la mano del Partido Castellano ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, al quedar en evidencia una trama corrupta de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León, Empresas del Sector Eléctrico y Empresas de la Construcción Locales, que se repartieron Comisiones por valor superior a 110 millones de euros en el periodo 2004 a 2009, a cambio de autorizaciones administrativas para la construcción de más de 35 Parques Eólicos en las provincias de Soria, Burgos, Palencia, León y Valladolid.
Estos hechos, pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, administración desleal, malversación de fondos públicos y estafa, que habrían sido cometidos por altos responsables de la Junta de Castilla y León, al nivel de Viceconsejeros y Secretarios Generales, siempre vinculados a Consejerías presididas por Tomás Villanueva, número 2 del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
El funcionamiento de esta trama de corrupción, implicaba la constitución de sociedades intermedias entre las Empresas Eléctricas que pretendían instalar y explotar Parques Eólicos en la Comunidad Autónoma, y altos Cargos de la Junta de Castilla y León y de las Empresas Públicas, como EXCAL, vinculadas a la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, y empresas locales, relacionadas con el ámbito de la construcción, y habituales en la contratación de obras y servicios por parte de la administración autonómica. Tras la constitución de estas sociedades mixtas, la Junta de Castilla y León otorgaba las correspondientes autorizaciones para la construcción y explotación de los Parques Eólicos y posteriormente las empresas eléctricas promotoras compraban a las constructoras de Castilla y León y a los Altos Cargos de la Junta sus acciones y participaciones obteniendo éstos plusvalías astronómicas. Así por ejemplo, Alberto Esgueva, consejero delegado de EXCAL, parece ser que recibió por el 40% del capital de la sociedad Energía Global Castellana que coparticipaba con Iberdrola, que le supuso 24.400 euros la cifra de 47,1 millones de euros dos años después.
Los responsables de la Agencia Tributaria, aguerridos inspectores fiscales que redactaron el Informe que ha desvelado la corrupta Trama Eólica de Castilla y León, incluyen en sus investigaciones a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”. Así, el citado informe de la Agencia Tributaria, detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.
Para percibir la trascendencia de esta trama corrupta, es preciso recordar que Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados, 5.560, un 25% del total de España, con lo cual esta presunta trama adquiere una relevancia excepcional. Los parques eólicos tienen garantizadas primas que pagan los consumidores en el recibo de la luz durante 25 años de funcionamiento. La expansión de la Energía Renovable Eólica recibió en 2014 unos 1.250 millones de euros en primas, de un total de 6.500 para el resto de tecnologías renovables, los residuos y la cogeneración. Según la potencia instalada, a los parques eólicos de Castilla y León el año 2014 les correspondieron alrededor de 300 millones de euros en primas. Queda clara la significancia de esta trama al saber que en 2014, la Eólica fue la segunda fuente de electricidad de España (un 20,4%), solo por detrás de la nuclear (21,2%). Entre 2004 y 2009 la potencia eólica en Castilla y León se multiplicó por 2,5: pasó de 1.531 megavatios instalados a 3.952.
La aprobación ambiental y la autorización administrativa de los Parques Eólicos dependen de la comunidad autónoma, en este caso de la Junta de Castilla y León. Algunas comunidades realizaron concursos eólicos para la instalación de estos parques. Castilla y León optó por otro modelo: la Junta aprobaba los emplazamientos que presentaban los promotores en función de criterios ambientales y de la conexión a la red eléctrica. La conclusión parece ser que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedades creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.
Los castellanistas, los únicos valientes que se han atrevido a llamar a la puerta de la Fiscalía para que la Justicia investigue esta trama, consideran que la envergadura de la corrupción eólica en Castilla y León, el volumen de las Comisiones cobradas (solo en los 35 Parques Eólicos investigados por la Agencia Tributaria, superan los 110 millones de euros), la importancia de los Altos Cargos afectados, la duración del funcionamiento de este sistema de autorizaciones de Parques Eólicos, y la habitual colaboración con la Junta de Castilla y León de las empresas constructoras locales implicadas, hacen materialmente imposible que tanto el Consejero de Economía Tomás Villanueva, como el propio Juan Vicente Herrera y el mismo PP regional, no estuviesen al tanto de lo que ocurría. Ello, como ocurrió con la rama castellana de la trama Gürtel, inducen a pensar que la Corrupción Eólica no pretendía exclusivamente el enriquecimiento ilícito de personas y empresas, sino que buscaba posiblemente la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Autónoma.
La Agencia Tributaria con sus Informes ha hecho su trabajo; también los medios de comunicación que los han divulgado, al igual que la sociedad civil llevando a través del Partido Castellano denuncia ante la Fiscalía. Ahora le toca a la Justicia castigar a los culpables y recuperar el dinero saqueado a los contribuyentes, pues la trama de las comisiones por Parques Eólicos (Castilla y León es la Comunidad con más megavatios eólicos instalados; el 50% del total español) se alimentaba de las jugosas primas, con dinero público, a la Energía Eólica que suponen, aún hoy, en Castilla y León unos 300 millones de euros anuales.
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