INTERVENCIÓN FRACKING 13 DE JULIO 2016
EN LA COMISIÓN DE PETICIONES
DEL PARLAMENTO EUROPEO DE LA
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA
Enlace en diferido a la intervención:
Somos la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, parte activa de las potenciales -ya reales- víctimas, de momento morales, del fracking.
Desde hace siglos nuestros mayores -y hoy nosotros- hemos habitado, cuidado, mantenido hermoso y vivo el territorio de las incomparables montañas del sur de Cantabria, los escenarios históricos, cada día más evidentes, del fin de las guerras que, contra Augusto, mantuvieron los cántabros, previas al inicio del Imperio romano, su muy importante arte, en especial el románico; su potencial económico, base para una futura, fortalecida y renovada actividad ganadera, agrícola, industrial, cultural, deportiva,..., que nos permita vivir con dignidad en esas nuestras tierras.
Somos ciudadanos del campo, de la montaña, agricultores, ganaderos, trabajadores asalariados, pequeños empresarios, amantes de lo eco/lógico y el medio ambiente. Hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, padres,... de todos los que hoy se ven condenados a vivir la zozobra de la ilegal y, sobre todo, injustamente abusiva actuación que, al menos hoy por hoy, constituye el fracking.
Una actuación que identificamos y señalamos como directa y gravemente agresiva contra nuestra mejor historia, contra todos nosotros y, más grave aún, contra nuestros hijos.
Cumplimos nuestros deberes y mantenemos con la vida latente que nos es permitida nuestros Concejos Abiertos como órganos de representación, decisión y actuación vecinal, base de la auténtica democracia y, por ello y en defensa de nuestro territorio, nuestra historia, nuestro futuro, exigimos que nuestros derechos sean respetados.
Dicho quienes somos voy a explicar qué defendemos aquí, por qué y contra qué luchamos desde hace años, sí desde hace muchos años, ante todas las Administraciones posibles.
Por qué nos hemos enzarzado en tan desigual pelea dentro del difícil, kafkiano, entramado burocrático de las lentas, ineficaces, muchas de ellas sordas, alguna incluso corrupta, Administraciones municipales, autonómicas, estatales españolas y, por fin ahora desde hace dos años, europeas.
Nuestra lucha es para exigir el cumplimiento en todas las cuestiones referidas al fracking del troncal Convenio de Aarhus, las Directivas que lo desarrollan y, en el caso concreto de España, la Ley 27/2006, de 18 julio (aniversario, casualmente, de la revuelta fascista de Franco), garantes de los derechos de acceso a la información, la participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente.
Así pues, como textualmente establece el Preámbulo del ejemplar Convenio de Aarhus, estamos colaborando a "fortalecer la democracia en la región " en Europa, exigiendo ser informados y participar -desde antes, por supuesto, de la toma de decisiones- en asunto de tanta relevancia e impacto ambiental como es el fracking.
Antes de tomar decisiones -y mucho más antes de actuar- se debe informar y debatir con los afectados el otorgamiento de derechos y los posteriores proyectos que tienen tal importancia y pacíficamente admitida repercusión ambiental como son los de todos los referidos, sin ambages pero con oscuridad, a la intención de aplicar las técnicas del fracking.
La obligación de la participación pública no se restringe únicamente a planes y programas sino a cualquier disposición de carácter general de rango legal o reglamentario, caso de los Reales Decretos motivo de nuestra queja.
Defender otra cosa es burlarse del esfuerzo democrático evidenciado en Aarhus, en las Directivas y las leyes que lo desarrollan, lo que no merecen quienes allí se reunieron y que, en la actual y precaria situación del proyecto europeo, no podemos ni debemos aceptar. Y no aceptaremos.
¿Qué es el fracking en nuestro caso? Entregar a los pocos que, en base a un poder no elegido, no democrático, económico, exigen unos derechos que hipotecan cientos de miles de hectáreas del territorio, la historia, todo otro posible futuro de los propietarios de tal territorio.
Aquí se han otorgado esos derechos gravosos sobre más de 300.000 Has. -dos tercios de la superficie de Cantabria-, unas Has. sobre las que podrán pedir actuaciones de fracking de cualquier dimensión, en el lugar y en el momento que quieran, que a ellos convenga. Sin necesidad de entrar siquiera en los daños objetivos que ocasiona la técnica del fracking, otorgar esos derechos significa muerte; nuestra muerte.
Un ejemplo sangrante de la falta de participación ciudadana e incumplimiento del Convenio de Aarhus y la Ley española 27/2006, de 18 de julio, es el permiso Bezana-Bigüenzo, aprobado por R.D. 1781/2009, de 13 de noviembre, cuando en España nadie había aún oído hablar de lo que era el fracking, siendo que, además, en ningún sitio se indicaba que se tratara de tan agresiva técnica de extracción de gas, sino que tan sólo se refería a un permiso más para la extracción de hidrocarburos.
En base al antedicho permiso Bezana-Bigüenzo se están solicitando una serie de sondeos, Cadialso-2, El Coto-2, El Sestero-1, que incluyen ya la utilización expresa del fracking.
El Reino de España no ha informado a la Comisión de Peticiones que la Dirección General de Política Energética y Minas solicitó el 1 de febrero de 2016 al órgano ambiental la ampliación del plazo para la realización del trámite información pública y de consultas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el sondeo de investigación Coto-2 y Cadialso-2; tampoco que con fecha 18 de abril de 2016 el Secretario de Estado de Medio Ambiente resolvió ampliar ese plazo. Sin embargo, en su solicitud la Dirección General de Política Energética y Minas omitió mencionar información relevante en relación a esta tramitación ambiental, como es el hecho de que todos los sondeos (Coto-2 y Cadialso-2) se corresponden con el permiso de investigación Bezana-Bigüenzo cuyo plazo concluyó el 2 de diciembre de 2015, una vez transcurridos los seis años que el Real Decreto 1781/2009, otorgaba a este permiso de investigación.
Más aún en mayo de este mismo año 2016 se ha solicitado un nuevo sondeo, SESTERO-1, en base al mismo permiso caducado Bezana-Bigüenzo, que afecta a la Zona de Especial Conservación y Lugar de Interés Comunitario ZEC y LIC ES1300013 Río y Embalse del Ebro, según los criterios de la Directiva Hábitats y dentro la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Otro aspecto esencial es el referido al flagrante incumplimiento de la normativa nacida del Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991, sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo (de Kiev) sobre Evaluación Ambiental Estratégica -aquí radicalmente burlados-, de las Directivas de aquel emanadas -la 2001/42/CE, entre otras-, incumplimiento que, desde luego, nos parece inadmisible en el caso de derechos tan potencialmente dañinos como aquellos de los que, en este caso concreto, nos quejamos. Unos permisos que, repito, que además de conllevar graves afecciones sobre la salud, por lo que los EIA deberían incorporar informes médicos sobre éstas, hipotecan gravemente la superficie de un territorio equivalente a 2/3 de la superficie de Cantabria y condicionan muy negativamente toda futura actividad social, ganadera, agrícola, industrial, turística,... de sus vecinos. Sus reales propietarios.
No debemos olvidar lo que alguien dijo sobre cómo la simple ocupación/afectación del territorio por grandes potencias y/o corporaciones económicas, incluso sin la apariencia de ningún objetivo inmediato concreto -la ocupación "ya veremos para qué"- constituye una rechazable muestra del peor imperialismo.
Los hechos anteriores se agravan más cuando se puede comprobar, es fácil, como en algunas de las fincas en las que se han solicitado actuaciones consistentes en fractura hidráulica, fracking, están previstos, al mismo tiempo, por las mismas empresas, y en las mismas circunstancias de falta de información y de participación, de planificación, de EAE,… la implantación de gigantescos parques industriales eólicos. No puede pensarse en una mayor falta de respeto a las normas europeas y, en el tiempo, a las del Reino de España que transpone éstas. Al fondo, se oye cómo se ríen de nosotros.
Europa -ustedes y sus predecesores- ha fijado, con rigor, todas las normas que limitan las actividades con incidencia ambiental y Europa no puede ahora, presionada por los lobbys del dinero, ocultarse tras palabras o vanas interpretaciones con falsa apariencia jurídica que, además, no engañan a nadie con un mínimo de conocimientos y conciencia solidaria.
Nos unimos a la queja del peticionario anterior, UGAM-COAG de Cantabria, sobre la importancia geológica de Cantabria y la necesidad de aportar los estudios anteriormente mencionados.
No nos defraude, Europa. Haga algo. Son sus leyes y disponen del poder que vds. mismos se han dado. Exijan que, con rigor, entre otros se cumplan los esenciales Convenios de Aarhus, de Espoo, de Florencia,..., sus Directivas y nuestras leyes que los desarrollan. No nos fuercen a desobedecer.
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