Plataforma
para la Defensa del Sur de Cantabria
NOTA DE
PRENSA
11/06/2026
Además de ilegal, es insoportable
Vamos a intentar explicar resumido,
aún más claro que hasta ahora: 1) el polígono industrial P.E. Escudo, 2) la Ampliación
Aguayo II y 3) el Centro de -nuestros-
Datos Altamira, de los Botín, ilegales
negocios privados
Solo la delictiva venalidad
político/administrativa y la lentitud e inseguridad jurídica judicial los posibilita
1.
Hacer política con el P.E. El Escudo, la Ampliación SEH Aguayo II y el Centro
de Datos “Altamira”
El de la llamada Ampliación de la Subestación hidroeléctrica
Aguayo II, 1400 Mw, es un -otro- atropello del capital y, para hacerlo
frente, es preciso sentir/ser vecino/ciudadano y -sin que haga falta ser “ecologista”- preocuparse por el resto,
el agua, el territorio. su propiedad en
mano común, que se cumpla la Ley y, sabiendo qué hacen -todas- las organizaciones
subsidiadas, hacer, en serio, política.
Lo que dicen Aguayo II son dos balsas artificiales de
agua y su salto desde éstas, mediante tuberías, a una central hidroeléctrica con
turbinas que -de llevarse adelante, dicen- generaría una potencia de ¡1.400 Mw!
de energía hidroeléctrica, el doble de los 700 Mw eólicos que -también dicen- prevería
-si se llegara a aprobar- ese PROT, Plan
Regional de Ordenación Territorial, con que, desde hace años, sin hacer
realmente nada, los políticos, PSOE, PP,
PRC nos marean para, incluso con graves trampas, no conseguir nada.
Hoy, tras el fiasco legal
que les impide celebrar con champán la dañina agresión social y ambiental que
dicen P.E. El Escudo, a causa, además
de por las muchas razones denunciadas durante años por la Plataforma, por el contenido de un reciente informe sobre tal
destrucción ambiental, redactado a petición del poderoso consorcio promotor por
la Fundación Leonardo Torres Quevedo,
Universidad de Cantabria, FLTQ, UdC, los réprobos/ímprobos, insistentes delirios
mediáticos que, en apoyo de la embestida de capital y políticos, perpetra el
grupo Vocento, Editorial Cantabria, S.A.
El Diario Montañés se vuelcan ahora en
la Ampliación de la Subestación
hidroeléctrica Aguayo II, 1400 Mw y el Centro
de Datos Altamira, de la familia Botín
El concertado poder impune
de administración/política, capital y medios, obliga al vecino/ciudadano a usar
-de momento solo- la Ley -de ellos- para, frente a la pútrida oficial,
insistimos, hacer, de verdad, política.
2.
Molledo y San Miguel de Aguayo
Molledo y San Miguel de
Aguayo son dos municipios colindantes del sur de nuestra región, ubicados en la cuenca alta del Besaya,
con superficies de unos 71 y 36 km2 y 1500 y 150 vecinos, respectivamente,
sometidos a una gran regresión demográfica a causa de emigración, baja
natalidad, envejecimiento, política socio-económica,… y, en especial, injustificadas,
injustas actuaciones para generar, transformar, transportar, almacenar,… en su
territorio -la cada día más injustificable, excesiva exigencia de- energía
eléctrica, siendo dichos
territorios que, entre otras dañinas infraestructuras eléctricas: contienen
parte esencial de los proyectos de 1) el polígono industrial conocido como P.E. El Escudo, 152 Mw, 2) la Ampliación de la Subestación hidroeléctrica
Aguayo II, 1400 Mw, 3) la
llamada SET de Aguayo, 4) las LATs que transportan la energía
eléctrica que se transforma en la citada SET,
todo ello cancerígena usurpación de territorio de MUPs propiedad en mano común de los vecinos -no los Concejos
Abiertos o Juntas Vecinales que
-solo- los administran- de los pueblos que son parte de esos dos municipios.
Molledo -y, en especial, el Concejo Abierto San Martín de Quevedo, que habría que investigar-, muy dócil,
es el que, pese a -por cercanía al P.E.
El Escudo, la SET que consienten
se diga de Aguayo, cancerígenas
líneas de alta tensión, agua que cede para el salto,…- sufrir mayor daño/sacrificio,
menos pago recibe de política/capital, mientras San Miguel de Aguayo, mucho más pillo y del que ahora, en medio de
la “tormenta corrupta”, salta de la PSOE su alcalde, deberá explicar el
reparto económico -pasado, presente y futuro- del ayuntamiento “más rico” de España que, siempre desleal
a sus colindantes, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Campoo de Yuso, Pesquera,
Santiurde de Reinosa y Luena, quiere ser territorio/recipiente de -además de otras
cosas- el agua de todos que -pretenden- haga girar las turbinas de la central,
cediendo -a cambio de sucias migajas del capital- una parte de sus 36 km2 -propiedad en mano común de 150 vecinos,
organizados en, alguno inactivo, 3 Concejos
abiertos, San Miguel, Santa María y Santa Olalla de Aguayo- ayuntamiento modelo
de truculenta gestión de la mercantil PSOE, otrora utensilio de la clase
obrera, hoy mercantil/empresa que inventa/reparte sueldos/cargos, bajo el
férreo guante de, siempre perdedor tramposo, un tal Sánchez, que, sin brújula, traiciona
con ilógicos pactos y ha traído a este territorio histórico la agresividad
extrema que, preocupante, ya enfrenta a los ciudadanos.
3.
Los medios de comunicación.
En ello es, por encima del
resto, todos, (alta)voz, aquí, El Delirio
Montañés, el mismo capital de Iberdrolos
y Repsolos, que -durante años- cuenta
en ilegal, burda farsa de portadas/planas enteras -del mismo escribidor, Daniel
Martínez- cómo esos ayuntamientos, el sumiso y el pillo, ceden barata y -en
especial- de forma ilegal el territorio propiedad
en mano común -no de municipio o Concejos-
de los vecinos para que Iberdrola,
Banco Santander, Repsol,… capital acumulado, se adueñe del territorio y el
agua de todos, cada día más escasa, lo que alcalde/políticos facilitan a cambio de unas monedas, dinero, rodeados de
proyectos de molinos de 200 m. de alto, LATs,
pistas de rodadura, SETs, en especial
la que, implantada en Molledo, dicen -¿por qué?- Aguayo, hormigón, acero, metales raros, plástico, fibras,…, en
realidad, abuso y cáncer.
El resto, tan cobardes y
poca cosa, siendo conocidos, mejor ni nombrarlos.
4.
El P.E.
El Escudo, hoy.
Para terror de algunos que
no creen que haya -quien exija que se cumpla la- Ley, está paralizado… sin que
-casi- nadie parezca saber por qué y qué hacer.
Pese a ello, a modo de resumen y a
partir de un somero examen del expediente, se puede ver cómo además de otras
muchas, sin autorización, está sometida al juicio de, ahora, el Tribunal
Supremo sobre la siguiente breve relación de incumplimientos, desarrollados en
nuestra casación, relación no exhaustiva, de infracciones al Derecho, incluido
el de de la Unión Europea:
- Constitución
Española, Convenio de Aarhus y sus Directivas comunitarias, Leyes 29/2016 y
39/2015,en lo que se refiere, fundamentalmente, a la participación
informada
-
Directiva Hábitats y Aves. Natura 2000. Daños irrecuperables e irreversibles
en 3 espacios Natura 2000 (ZEC es1300013, ZEC es1300016 y ZEPA es0000252), sobre cuyo límite está,
ilegalmente, implantado, así como en la conectividad y representación de
turberas de enorme valor científico y biogeográfico en el límite meridional de
la Red Natura 2000.
- Directiva
Hábitats. Identificación fraudulenta de hábitats de interés comunitario
para minusvalorar u obviar deliberadamente hábitats de interés comunitario
prioritarios.
-
Evaluación de Impacto Ambiental con
graves defectos que, además d4e la condiciones de vida de los afectados, dañan,
en especial, turberas y agua subterráneas y de escorrentía.
-
Evaluación Ambiental Estratégica no
realizada respecto a todas las solicitudes de autorizaciones de proyectos en
tramitación y falta de PROT y una
mínima planificación eólica.
Concurren otras numerosas
infracciones del Derecho español que, de modo enunciativo, afectarían
principalmente a la Ley 27/2006, la Ley de Montes, la Ley de Patrimonio Natural y normativa para la Evaluación de Impacto Ambiental.
A ello se añaden, hoy, nuestras
denuncias, entre otras, ante el Consejo
General del Poder Judicial, CGPJ y Tribunal
Supremo, TS referidas, además de otros extremos, a 9 solicitudes de la Plataforma ante el TSJ de Madrid, TSJM de
medidas cautelares, sin siquiera proveer, de paralización de las obras en
ejecución, hoy de facto paralizadas.
También hay que añadir el
reciente, clarificador informe de la Fundación
Leonardo Torres Quevedo, Universidad de Cantabria, FLTQ, UdC, realizado a petición del consorcio promotor, sobre los
muy dañinos impactos de la obra en ejecución sobre el territorio.
Zonificación del “concurso eólico”, práctica totalidad del territorio regional
Ubicación del polígono P.E.El Escudo en una SET
Además añadimos, si se
quiere, ciento de recursos administrativos interpuestos por afectados e
interesados, muchos entre los más sólidos correspondiente a la Plataforma, aún sin resolver.
5.
La
Ampliación de la Subestación hidroeléctrica Aguayo II, 1400 Mw.
Se trata de un proyecto de
generación eléctrica reversible con dos balsas artificiales -Alsa y Mediajo-, un salto por gravedad de agua con tuberías y una central
hidroeléctrica que, mediante turbinas, -dicen- generaría, ¡1.400 Mw!, casi 4
veces los 361 actuales y muchos más de los necesarios para el consumo regional
familiar, un proyecto sometido desde hace 15 años a esperpénticos,
discordantes, estériles trámites ilegales, primero de Electra de Viesgo y, tras confuso recorrido, hoy de Repsol Generación Eléctrica, SAU, con la
apariencia de estar esperando años y más años a que un gobierno venal, en
doloso trámite administrativo, de modo legal o ilegal, da igual, otorgue la
dañina concesión del agua, con un doloso trámite administrativo tan indiciariamente
delictivo,oscuro como el de la maligna/dolosa ampliación de la SET de Molledo, ¡no de Aguayo!, o los
polígonos industriales que dicen PP.EE.
El Escudo, Bustatur, Somaloma-Las Quemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto, La
Costana,…, todos ellos frenados en los Tribunales por la Plataforma, pues son ilegales; hoy llegan
a alardear en losmedios, en El Delirio que,
tras cobrar una ilegal subvención comunitaria -¿malversadora?- de 180 millones
€, se van a iniciar las obras -y generar graves/dañinos impactos-
inmediatamente
Frente al honesto respeto
a la Ley que exige el Estado de Derecho, lo que hacen consorcios y MITERD, con apoyo desde hace años de alcaldes,
alevines de pillo, es timo propio de buscón poco hábil, ¿acaso alguien piensa
que, ¡vaya nivel!, es impune ignorar la Ley -de ellos- e ignorar las reglas de
todos.
Para facilitar el análisis de lo anterior,
resumimos el ilegal caos cronológico, 15 años que, en beneficio de Viesgo/Repsol, perpetran los políticos/MITERD:
---.11.2012.-
Proyecto de concesión.
---.11.2012.-
Estudio de impacto ambiental, EIA
---.12.2014.-
Informaciones complementarias promotor
27.05.2020.-
Declaración de Impacto Ambiental, DIA
13.06.2025.-
Solicitud de Repsol Generación Eléctrica,
SAU
20.01.2026.-
Resolución otorgando la concesión
30.01.2026.-
Resolución AAP
09.02.2026.-
Segunda resolución otorgando la concesión
13.02.2026.-
Publicación BOE segunda resolución
concesión
19.02.2026.- Publicación BOE resolución AAP
Así pues, el expediente fija como fecha
del proyecto y el EsIA 2012, hace
14 años, ¿lo consideran aún válido? y, a partir de ello, tras casi 6
años, mayo 2020, otorgar una DIA respecto
a la que la Plataforma tiene
solicitada revisión de oficio/nulidad radical, aún sin resolver, volviendo a
solicitar Repsol, a los 5 años,
junio 2025, concesión/autorización que, ¡faltaría más!, con
errores/repeticiones histéricos, se otorgaron, rezumando dolo, dos concesiones
-de enero y febrero 2026-, ¡la segunda ¡posterior a la AAP!, dentro del catálogo de burdas ilegalidades que, con indicios
delictivos, vician de nulidad de pleno derecho todo el trámite, siendo, así,
exigencia en nuestras numerosas alegaciones/recursos, además de la nulidad radical,
que, previamente a cualquier otro paso en el confuso/ilegal expediente, se
aclare el caos documental/de plazos, recordando que, entre otros, el artículo 53 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico dice en su apartado 8 que “las instalaciones cuya autorización sea
competencia de la Administración general del Estado, el plazo máximo para
dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización será de
un año”, añadiendo como seguridad jurídica para afectados e
interesados, que “el vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado
para entenderla desestimada por silencio administrativo (…)”, lo que quiere
decir que, solicitada tal AAP el 29
noviembre 2021, ésta se entendió legalmente desestimada el mismo día del año
2022, momento en que Repsol debió recurrir
en alzada -como se obliga a la Plataforma,
al no resolverla expresamente ninguna alegación/recurso- contra la denegación
tácita, situación en que -para seguridad jurídica de afectados e interesados-
estaría el expediente, pese a la atrabiliaria AAP otorgada con años de retraso, contra el interés general
Es ilegal, inmoral,
injusto, cierto lo explicado, un escándalo en interés sólo privado, de que, previa
a la -segunda, actual- concesión del
agua, haya ya una AAP para que la
gasista Repsol ejecute la dañina obra,
destruyendo un entorno como el de los embalses
de Alsa y Mediajo, contra los
vecinos, propietarios en mano común
de todo el territorio, como en el caso del -por los Tribunales- anestesiado
atropello del P.E. El Escudo.
Tres fotografías del silenciado atropello que tanto gusta en Aguayo… y otros sitios
6. El Centro de Datos Altamira de Felipe Morenés Botín.
“Moderno” Fuero de Brañosera, que concedió por el conde Munio Núñez
en 824.
¿Hay alguna (sin)razón que
explique -sin justificarlo- tanta irregularidad en el P.E. El Escudo, la Ampliación
Aguayo II o el Centro de datos
Altamira ? Sí y, prístina nos la da -sin quererlo- la asociación regional Foramontanos siglo XXI que, según las
versiones, estaría formada por, del latín, foras
monte, gente de fuera de las montañas, urbanitas o, más sumisos incluso,
del latín germánico foras munt, custodios
de la tierra de afuera que, ahora apesebrada en El Delirio Montañés de su presidente, M.A. Castañeda, firma un
panfleto titulado “Molinos detenidos: la
tragicomedia energética”, fulgurante reacción de siervos de la gleba ante
un severo toque de corneta -nadie lo dude- de la “familia Botín”, preocupada porque, dada su obvia, delictiva
ilegalidad, el MITERD, Sánchez y
Agesen, serviles, no sean capaces de poner en marcha -tan dañinas ambas- la catastrófica
“cosa” de El Escudo ni la ampliación Aguayo II, impidiendo generar la energía
que almacenarían los modernos/dañinos/opresivos BESS, en urgente trámite, para posibilitar que -con nocivas emisiones,
molestas vibraciones- altere la vida de los afectados el Centro en que, ¡como casi siempre, los Botín!, pretenden almacenar
-en su solo beneficio- nuestros datos.
Para acabar, proponemos que, si algo
sustancial de lo de arriba es falso y quienes lo escriben conocidos, debieran ser
ingresados en el siquiátrico o la cárcel, al tiempo que preguntamos, y en caso
contrario,… ¿qué?
Para conocimiento de todos y en defensa del territorio propiedad en mano
común de los vecinos
¡Seguiremos informando!
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