A FONDOSi toda la explicación a la subida del 9,8% de las tarifas eléctricas consiste en culpar al Gobierno del PP, como hizo ayer el vicepresidente tercero Manuel Chaves, apañados estamos.
Que Rubalcaba, maestro de la comunicación, no haya dicho ni pío sobre el asunto demuestra que fácil no es; y es que, por mucho argumento que se ponga sobre la mesa, los ciudadanos, con sueldos recortados o congelados, tienen motivos para estar cabreados con este tarifazo, del que, además, culpan mayoritariamente al Gobierno y no a las eléctricas (el 85%, según el sondeo en la red publicado ayer por este periódico).
Miguel Sebastián ha tenido que asumir el coste de una decisión impopular que no había más remedio que adoptar. No hacerlo hubiera colocado a las eléctricas al borde de la quiebra.
Como siempre en la vida, retrasar las decisiones desagradables supone que, al final, se tomen en el peor momento. Como ha sucedido ahora: la mayor subida de la luz justo en el tramo más duro de la crisis.
Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Si el germen del problema está en una decisión del Gobierno del PP que consistía en reconocer a las eléctricas unos costes que no se trasladaban del todo al consumidor, el PSOE no ha hecho sino engordarlo hasta límites insoportables.
Lo ha hecho por una doble vía: subvencionando el carbón nacional y primando alocadamente a las energías renovables. Un fenómeno que Industria ha bautizado como «burbuja fotovoltaica».
Estas decisiones han coincidido con una caída histórica de la demanda (-4,7% en 2009) y con un súbito encarecimiento de los precios del petróleo, que se sitúa por encima de los 90 dólares por barril.
Para que ustedes tengan una idea de por qué se ha llegado a una situación en la que el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes y lo que pagan los consumidores) se acerca a los 20.000 millones de euros, les recordaré dos datos. Primero: la energía fotovoltaica recibe una prima de 450 euros por megavatio/hora de producción, cuando su precio en el mercado es de 64 euros el megavatio/hora. Segundo: la caída de la demanda ha llevado a que la producción con carbón nacional haya sido casi nula desde julio de 2009. A pesar de eso, se han pagado las primas a los productores. Es decir, se paga por algo que no se ha consumido.
Según datos del Ministerio de Industria, las energías renovables suman un sobrecoste de 8.000 millones de euros al año, y el de las infraestructuras eléctricas (muchas de ellas puestas en marcha como consecuencia de esas energías), otros 9.000 millones más al año.
Detrás de este sinsentido, que supone que el déficit tarifario sea ya el triple de los beneficios totales de las empresas, hay decisiones políticas. En primer lugar, ayudas a una deficitaria y moribunda minería de carbón. Y segundo, y mucho más relevante, la carísima apuesta por las energías no contaminantes. Según las proyecciones del Gobierno, las energías renovables supondrán en 2020 casi el 30% del total de la energía consumida en España, lo que implica doblar la producción actual. Además, esa apuesta se ha hecho de una forma tan irresponsable (recuerden que el ministro que aprobó el decreto de 661/2007 era Joan Clos), que ha sido aprovechada por muchos desaprensivos para llenarse los bolsillos a costa de los consumidores.
Sebastián, como decía, no ha tenido más remedio que poner coto a esas ayudas desproporcionadas (las ha recortado en 4.600 millones) e intentar reequilibrar el déficit tarifario para tratar de colocar a partir de enero la deuda eléctrica, lo que fue imposible en diciembre ante las incertidumbres que generaba en los mercados el futuro de nuestras empresas.
El titular de Industria, que ayer frivolizó el asunto al comparar el tarifazo con el precio del café, no sólo ha tenido que hacer frente a las bofetadas que le han caído desde la oposición y las organizaciones de consumidores, sino a las zancadillas de algunos ministros (Blanco, Pajín, Aguilar, etc.) que ven en la subida de tarifas otro handicap para recuperar la deteriorada imagen del Gobierno. Y es que a perro flaco…
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