La Coordinadora Ecologista de Asturias pide paralizar proyectos de parques eólicos sin evaluación ambiental
La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha solicitado hoy al Gobierno del Principado que paralice cualquier tramitación y autorización de los proyectos y planes especiales de parques eólicos que carezcan de evaluación ambiental estratégica, para garantizar su legalidad.
En un comunicado, la CEA explica que esta petición se produce tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acuerda la suspensión cautelar de la planificación de las zonas de desarrollo prioritario de parques eólicos acordada por la Generalitat.
En un comunicado, la CEA explica que esta petición se produce tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que acuerda la suspensión cautelar de la planificación de las zonas de desarrollo prioritario de parques eólicos acordada por la Generalitat.
Para los ecologistas, esta resolución está "en la línea" de lo que ha demandado la coordinadora en todos los parques en los que se han personado, porque entienden que la evaluación ambiental debería realizarse sobre el conjunto de todos ellos, los autorizados y proyectados, y no por cada uno.
La CEA recuerda que, en este momento, además de este auto, tienen conocimiento que el Defensor del Pueblo ha remitido al Ayuntamiento de Santander un informe sobre la instalación de parques eólicos, según el cual es preceptivo y vinculante que se someta a evaluación ambiental estratégica según el procedimiento reglamentariamente establecido.
En Asturias, afirma, se están tramitando actualmente 86 parques eólicos, lo que va suponer 1.453 molinos con una potencia de 2.554 megavatios, a lo que hay sumar los que ya están en funcionamiento.
"Con lo cual se produce un impacto con un efecto acumulativo, a lo que hay que sumar los impactos de las líneas de evacuación, de cientos de kilómetros de longitud, y las subestaciones eléctricas, por lo que entendemos que este conjunto de proyectos precisa someterse a la evaluación ambiental estratégica".
Por ello, insiste en que el Gobierno regional y los distintos órganos con competencias para la autorización no pueden seguir haciendo "oídos sordos" a la demanda de que se lleve a cabo esta evaluación ambiental, salvo que incurran en "graves" responsabilidades tanto políticas como patrimoniales.EFE
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