"CORE
(CÁNTABROS POR LA ORDENACIÓN RACIONAL DE LA ENERGÍA EÓLICA)
es una plataforma integrada por diversas asociaciones de defensa del patrimonio natural y cultural de Cantabria, entre otras ARCA, ACANTO, CantabriaNuestra, SEO/BirdLife y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria.
Decidimos juntarnos cuando se conoció la pretensión del Gobierno de Cantabria de sacar adelante un nuevo Plan Eólico encubierto, que multiplica por cinco la potencia aprobada en el vigente Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN 2005-2011). Contra lo que pretenden hacer creer los promotores de este plan, CORE no está en contra de la energía eólica. De hecho, ninguna de las asociaciones que lo componen se opuso al actual plan energético que asigna a Cantabria una ya considerable potencia eólica, 300 Mw/h, que nos pone en relación a nuestra población y superficie en la media correspondiente a la previsión española en desarrollo eólico para el año 2.020 y a la misma altura de países tan ejemplares en la energía eólica como Dinamarca.
Asumidos pacíficamente los sacrificios que exigía instalar la energía eólica que contemplaba el PLENERCAN, de repente nos encontramos con que el Gobierno regional, por medio de la Consejería de Industria, saltándose los controles medioambientales existentes y vulnerando el derecho legalmente reconocido de la ciudadanía a manifestar su opinión, decidió multiplicar por cinco esta carga eólica en un territorio como el nuestro que, por sus características y valores, no es el más adecuado para colocar masivamente este tipo de instalaciones cuyo único propósito, tal y como está quedando de manifiesto, es promover grandes negocios que nada tienen que ver con la lucha contra el cambio climático.
Así, nos encontramos con que la ley permite instalar 300 Mw/h y el Gobierno ha sacado a concurso 1.400 Mw/h, eludiendo la necesaria evaluación ambiental estratégica (una valoración del impacto global que provocarían la instalación conjunta de estos complejos eólicos) y el trámite de información pública (el que permite a los ciudadanos intervenir por medio de sus alegaciones). Sin una mínima planificación, sin estudios sectoriales, solo respondiendo a los intereses económicos particulares de las empresas eléctricas y constructoras, a las que entrega nuestro territorio para sus negocios, en una decisión sin parangón en nuestra autonomía, y que va a suponer el mayor atentado al territorio y al patrimonio cultural y natural que hemos sufrido nunca.
Es esta decisión a la que se opone CORE, porque la acumulación excesiva de estas infraestructuras multiplica exponencialmente los efectos negativos: el impacto sobre los paisajes, el patrimonio cultural, los hábitats y la fauna. El daño potencial que la instalación desmesurada puede generar en las poblaciones de aves y en muchos hábitats naturales, así como en el paisaje y los recursos culturales y turísticos, hacen necesaria una cuidadosa evaluación de sus dimensiones y ubicación. No debemos olvidar que un parque eólico no son sólo los aerogeneradores, ya que incluyen la construcción de una red de pistas de acceso de al menos cuatro metros de ancho, a menudo hasta lugares remotos, y además necesitan de una subestación eléctrica y una línea de evacuación. De este modo el resultado final es que donde antes había un paraje natural o un paisaje cultural, éste se sustituye por una instalación industrial. Así que la localización y las dimensiones globales del plan son elementos clave que determinan el impacto ambiental de la energía eólica.
Asumidos pacíficamente los sacrificios que exigía instalar la energía eólica que contemplaba el PLENERCAN, de repente nos encontramos con que el Gobierno regional, por medio de la Consejería de Industria, saltándose los controles medioambientales existentes y vulnerando el derecho legalmente reconocido de la ciudadanía a manifestar su opinión, decidió multiplicar por cinco esta carga eólica en un territorio como el nuestro que, por sus características y valores, no es el más adecuado para colocar masivamente este tipo de instalaciones cuyo único propósito, tal y como está quedando de manifiesto, es promover grandes negocios que nada tienen que ver con la lucha contra el cambio climático.
Así, nos encontramos con que la ley permite instalar 300 Mw/h y el Gobierno ha sacado a concurso 1.400 Mw/h, eludiendo la necesaria evaluación ambiental estratégica (una valoración del impacto global que provocarían la instalación conjunta de estos complejos eólicos) y el trámite de información pública (el que permite a los ciudadanos intervenir por medio de sus alegaciones). Sin una mínima planificación, sin estudios sectoriales, solo respondiendo a los intereses económicos particulares de las empresas eléctricas y constructoras, a las que entrega nuestro territorio para sus negocios, en una decisión sin parangón en nuestra autonomía, y que va a suponer el mayor atentado al territorio y al patrimonio cultural y natural que hemos sufrido nunca.
Es esta decisión a la que se opone CORE, porque la acumulación excesiva de estas infraestructuras multiplica exponencialmente los efectos negativos: el impacto sobre los paisajes, el patrimonio cultural, los hábitats y la fauna. El daño potencial que la instalación desmesurada puede generar en las poblaciones de aves y en muchos hábitats naturales, así como en el paisaje y los recursos culturales y turísticos, hacen necesaria una cuidadosa evaluación de sus dimensiones y ubicación. No debemos olvidar que un parque eólico no son sólo los aerogeneradores, ya que incluyen la construcción de una red de pistas de acceso de al menos cuatro metros de ancho, a menudo hasta lugares remotos, y además necesitan de una subestación eléctrica y una línea de evacuación. De este modo el resultado final es que donde antes había un paraje natural o un paisaje cultural, éste se sustituye por una instalación industrial. Así que la localización y las dimensiones globales del plan son elementos clave que determinan el impacto ambiental de la energía eólica.
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