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Lo que la energía eólica española se llevó
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El mayor parque eólico de América Latina se ha construido a base de engaños, estafas y mentiras a la comunidad local indígena, según denuncian en la zona.
La energía eólica, las virtudes de la cual propugnan Acciona, Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa, no es inocua. Denuncian que en México, los aerogeneradores de estas compañías se han instalado a base de saqueos de tierras, amenazas, engaños y promesas incumplidas a centenares de indígenas zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec, al sur del estado de Oaxaca.
Sus pobladores, acostumbrados a los fuertes vientos, sufren ahora el embate de las multinacionales españolas, que entraron en la zona de la mano de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras iniciativas privadas mexicanas en calidad de socias o intermediarias.
Pese a que la Constitución Mexicana estipula que la generación de energía debe ser exclusiva del Estado, en los años 90 el gobierno federal abrió el sector energético al mercado internacional cediendo a las presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así, en el Plan Estatal de Desarrollo (2004-2010), el Gobierno de Oaxaca cita que son 14 empresas extranjeras las que están en negociaciones para la renta de reservas territoriales en 13 poblaciones del Istmo, entre ellas están las españolas Acciona, Endesa, Preneal, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa. Estas empresas contrataron a líderes corruptos, autoridades municipales y funcionarios federales para que convencieran a los campesinos a rentar sus tierras a precios irrisorios, según denuncia el Centro de Derechos Humanos Tepeyac.
Contrato de Arrendamiento entre Unión Fenosa Energías Renovables México SA de CV y Anastacio Toledo (M. S.)
El Contrato de Arrendamiento firmado en 2006 entre Unión Fenosa Energías Renovables México SA de CV y el campesino Anastacio Toledo, de Juchitán, al que tuvo acceso periodismohumano, estipula que durante la primera fase de desarrollo y el período de construcción del parque eólico, Unión Fenosa, le pagará 150 pesos anuales (unos 9 euros) por cada hectárea de terreno. El pago por la instalación de un aerogenerador en su terreno oscila entre 8.000 y 18.000 pesos (500 y 1150 euros) según la capacidad del aerogenerador y después se le suman unos porcentajes irrisorios de la facturación total por la energía generada durante el período. Porcentajes similares y el mismo precio de arrendamiento por hectárea de tierra, acordó Endesa, a través de su filial mexicana Italaise, a decenas de campesinos de la región, según otro contrato del mismo 2006 que tiene periodismohumano. Y en la misma línea operó Iberdrola, quién también cuenta con 80 generadores en la región, en la comunidad de La Ventosa. Actualmente, Unión Fenosa vendió todos sus bienes en el Istmo a Gas Natural.
“Me agarraron cómo una criatura, inocente, y me engañaron”, explica Tomasa Antonio, indígena zapoteca de la Venta, municipio de Juchitán, que a sus 85 años sigue lúcida, pero no sabe leer ni escribir. Por eso, cuando en el 2004 la CFE le llevó el contrato de arrendamiento de 6,5 de sus 11 hectáreas para construir la subestación eléctrica que canaliza la energía generada por los aerogeneradores, creyó sus buenas palabras y estampó su huella en el contrato. Según un estudio de impacto social del proyecto hecho por el Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 60% de los ejidatarios de la zona son analfabetos.
En 2007, entró Acciona, que junto a la empresa mexicana de cementos, Cemex, han construido el mayor complejo eólico de América Latina, el parque Eurus, ubicado en el ejido de la Venta, municipio de Juchitán. Eurus genera 250’5 megawatios de potencia, lo equivalente al consumo de una población de medio millón de habitantes, lo que según Acciona evita la emisión del 25% del CO2 generado por una población como la citada. No en vano, la parte energética de Acciona ha sido la principal fuente de ingresos de la compañía en el último año, el 55,7% del total, según sus datos.
En el Convenio hecho con la empresa intermediaria y que establecía la entrada de Acciona, la cláusula 4ª especifica: “Eurus requiere obtener recursos económicos suficientes a través de algún esquema de financiamiento que pudiera recibir de instituciones bancarias, por lo que en este acto, El Ejidatario, autoriza a Eurus a transmitir y/o cederlos derechos y obligaciones de Eurus, (…) así como la transmisión y/o cesión posterior de los derechos y obligaciones de Eurus en caso de que se ejecute la garantía constituida para la obtención del financiamiento de Eurus, sin que sea necesario hacer gestión adicional alguna ante El Ejidatario”.
En resumen, Eurus, conformado por Acciona y Cemex, podrá hipotecar las tierras arrendadas para conseguir préstamos. Y por si queda alguna duda de la alevosía, en la cláusula décima primera obliga al ejidatario a “no proporcionar a terceros, ninguna información o documentación relativa a este convenio y a considerar dicha información como confidencial”.
“Nos enamoraron, nos prometieron la luna y las estrellas, y de eso nada”, comenta Zacarías Betanzos, uno de los arrendatarios de Eurus. Betanzos tuvo más suerte en cuánto a lo que percibe respecto a los arrendatarios de Unión Fenosa y Endesa, pero igualmente, los pagos son bajos, 6700 pesos anuales por cada una de las 4 hectáreas que le ocupan, es decir unos 1700 euros en total al año, menos de lo que ganaba rentándolas para potreros. Y frecuentemente se demoran en los pagos, o no pagan las afectaciones. “No consideramos que sea justo, se aprovechan, nos prometieron que además de los pagos, armarían lecherías para que pudiéramos comercializar la leche, nos darían créditos para mejorar nuestra producción, pacas para compensar los daños en el pasto,… no hay nada de todo eso”, explica Betanzos.
Una de las hijas de Tomasa Antonio, Isabel Santiago, explica que cuando llegaron a convencer al vecindario de la conveniencia del megaproyecto eólico prometieron inversiones millonarías que favorecerían a la población. “Nos engañaron a todos, sí están sacando millones de los ventiladores, ¿pero dónde está el dinero?”, arguye y mira a su alredor señalando su pueblo. Les prometieron carreteras, pabellones deportivos, mejores escuelas,… y nada de eso llegó. Sólo algunas brigadas de mantenimiento de vez en cuando y, al más puro estilo caciquil, la celebración anual de la Fiesta del Ventilador con música y cervezas gratis.
“Se aprovechan de la ignorancia y la pobreza de nuestra gente”, asegura Alejo Girón, ejidatario de La Venta y dirigente campesino que se ha resistido a ceder sus tierras. Y lo han hecho con artimañas, según todos los documentos que presenta a la periodista Girón. Las comunidades del Istmo se organizan mayoritariamente en Ejidos, una estructura comunal donde todos los pobladores son pequeños propietarios y además mantienen ciertas tierras comunitarias que gestionan en asamblea según usos y costumbres. “Amañaron asambleas ejidales, falsificaron firmas, aprobaron actas sin quórum, nos usurparon el comisariado ejidal y compraron a nuestras autoridades. Y todo gracias a un maridaje muy fuerte de las transnacionales con el gobierno”, denuncia.
Los contratos se firmaron ante la notaria de Juchitán con el beneplácito de las autoridades municipales y agrarias, y hasta de la Procuradoria Agraria mexicana. Javier Balderas, abogado del Centro de derechos humanos Tepeyac, subraya que el proyecto entra cuando es Presidente de la Comisión de Energía, Juan Camilo Mouriño, posterior secretario de Gobernación del actual presidente Felipe Calderón. Su familia posee la empresa subcontratada por Acciona para el mantenimiento de EURUS, Grupo Energético del Sureste (GES). Juan Mouriño, además, era el hijo del presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, quien desde su presidencia se ha vinculado con altos cargos del Partido Popular.
Además de la connivencia del poder político y el económico, y las ridículas remuneraciones, el problema del megaproyecto eólico en el Istmo se agrava por la ruptura del tejido social. La falta de información clara que hubo durante todo el proceso junto a la ausencia de una consulta colectiva, viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Indígena del estado de Oaxaca. Además, ha propiciado desintegración y división en las famílias y las comunidades. “En lugar del progreso prometido, lo único que trajo es la codicia”, agrega Betanzos.
En cuanto a los impactos económicos, el propio estudio de impacto, encargado por la CFE al Instituto de Ecología, reconoce que los complejos eólicos provocarán “una pérdida en los rendimientos de los cultivos, así como en la economía de los propietarios”. Los ingresos mayoritarios en la zona provienen de la ganadería y de los cultivos de maíz y sorgo. Tan sólo en el Ejido de La Venta, más de 800 hectáreas de tierras fértiles han sido cementadas para fijar torres y otras 120 para caminos, que dificultan el pastoreo de las vacas, que ya de por sí han visto menguar su territorio de pastoreo. Además las obras para compensar el desnivel natural del terreno, han creado más desniveles, que en los meses de lluvias, inundan los campos de cultivos, pudriendo el pasto. El ruido del aerogenerador en movimiento asusta el ganado. En la última reunión de Eurus con los arrendatarios, celebrada a primeros de mayo, eran más de 200, los ejidatarios que presentaron alguna queja. “Y eso ahora, en 5 o 10 años vamos a ver”, espeta Betanzos.
La economía regional es desplazada y aplastada por los intereses de las transnacionales. “Yo ahora produzo leche, queso y carne, si todos sembramos aerogeneradores, ¿qué vamos a comer? Tendríamos que importarlo de fuera a precios muchos más altos, seríamos más pobres todavía”, exclama Perfecto Cruz, de Unión Hidalgo, el pueblo aledaño a La Venta, otro de las 13 comunidades afectadas por el megaproyecto. Cruz es uno de los 150 campesinos que consiguieron anular sus contratos con Unión Fenosa y Endesa, después de haberlos firmado con promesas de grandes sumas de dinero. “Ese contrato se burlaba de nosotros, yo le pregunté a un ingeniero español que nos estaba ofreciendo y dijo que él ponía la inversión, y yo le contesté que se llevase su inversión y que me dejase con mi pobreza. Aunque volviesen ahora mismo con cajones de billetes, no los quiero”.
Para compensar todo esto, otra de las promesas que hicieron las empresas fue que contratarian a la población local para las obras y el mantenimiento de los complejos. Ángel Antonio Regalado trabaja desde hace un año y cuatro meses para Ges, la empresa subcontratada por Acciona para encargarse del parque. “Nos han tratado muy mal”, subraya y relata que en la construcción, de los casi 200 trabajadores con los que trabajaba, el 40% eran españoles, que con el salario y los viáticos, ganaban 90.000 pesos al mes (unos 6.000 euros) mientras que los locales sólo percibían un salario de 8.000 pesos (500 euros), por el mismo trabajo. Sus continuas protestas han generado despidos improcedentes, y Regalado confiesa que los 40 trabajadores que quedan encargados del mantenimiento, continúan por “necesidad”. El propio Regalado, aceptó el trabajo, justo después de volver de los Estados Unidos, donde emigró para tener algo que dar a su família, al igual que miles de oaxaqueños.
Otra de las principales amenazas de los proyectos en el Istmo, que se ha obviado demasiadas veces, es el peligro para la biodiversidad. El mismo estudio de impacto ambiental encargado por la CFE al Instituto de Ecología reconoce que el predio está dentro de la ruta de migración de aves “más grande del mundo”, y en ella transitan y anidan 12 millones de aves de hasta 128 especies, 3 de ellas protegidas por las leyes de México, Estados Unidos y Canadá. Y concluye que “el costo ambiental sería alto (…) pues el número de colisiones podría ser elevado”.
Asimismo, el estudio considera “relevante”, el impacto en la afectación a la calidad del paisaje, la pérdida de vegetación, y la colisión potencial de aves con los aerogeneradores, especialmente en otoño y primavera.
Sin embargo, según datos corporativos de ACCIONA, la compañía se ha adjudicado la construcción y explotación de tres parques eólicos más en el estado de Oaxaca (México).
Sin embargo, aún no se ha creado ninguna legislación específica que mitigue la violación de los derechos comunales de los campesinos, ni el despojo de sus tierras, ni los daños ambientales. “Lo peor va a venir para nuestros hijos, que ya no van a tener tierra, va a estar vendida”, concluye Regalado.
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