Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE núm. 187, 13 de julio 2013)
El consejo de ministros da luz verde a los cambios energéticos para atajar el déficit de tarifaSe eliminan las primas a las renovables, que pasarán a vender directamente al mercado
Suben 900 millones de euros los peajes, entre otras medidas adoptadas
Otros 900 millones serán aportados por los Presupuestos Generales del Estado
· Montoro impone a Soria sus tesis sobre la reforma eléctrica
Miguel Ángel Noceda Madrid 12 JUL 2013 - 22:19 CET851
El precio del recibo de la luz subirá en las próximas semanas, previsiblemente en agosto, un 3,2% como consecuencia de la reforma eléctrica que aprobó este viernes el Consejo de Ministros para acabar con el déficit de tarifa. Este incremento procede del aumento del 6,5% que se va a proceder en los peajes y que supone un monto de 900 millones de euros sobre un total de 4.500 millones que implica el impacto de la reforma.
La mayor parte del coste de esta reforma la asumirán las compañías eléctricas por la distribución y las firmas de renovables, por valor de 2.700 millones y en cantidades similares. Los restantes 900 millones los aportarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para asumir costes extrapeninsulares (lo que cuesta llevar la luz a los archipiélagos, Ceuta y Melilla). Al final, después de tensiones con Industria, Hacienda ha impuesto sus tesis de contención para poder cumplir con las exigencias de Bruselas para reducir el déficit público (en 2014 debe bajar del 6,5% al 5,8% y cada décima son unos 1.000 millones) y ha logrado reducir a la mitad las exigencias de Industria de que asumiera los 1.800 millones que supone cubrir esos costes.
La subida del 3,2% se suma a la que recientemente se produjo en la tarifa del 1,2% en la revisión trimestral de la denominada tarifa de último recurso (TUR) que a partir de la reforma pasará a llamarse precio voluntario al pequeño consumidor (la utilizan todos los hogares y las pequeñas empresas). La TUR y los peajes (parte del sistema que se cobra por el uso de la red y que va directamente a tarifa) se reparten al 50% la factura. La revisión de la nueva TUR, cuyo precio se regula mediante la subasta que se hace entre las empresas distribuidoras (el denominado pool), seguirá siendo trimestralmente.
Según Industria, de no haber tomado medidas entre 2012 y 2013, el déficit de tarifa se habría elevado 10.500 millones y habría sido necesario subir la luz un 42%. Para evitar que el coste recayera directamente en el usuario, durante el año pasado y este adoptó una serie de medidas, entre ellas un crédito extraordinario de 2.000 millones de los Presupuestos y recortes que repercutieron en el sector (reducción de primas, transporte, distribución…) e impuestos a la generación, que permitieron reducirlo en 6.000 millones. Los 4.500 millones restantes habrían requerido un aumento del 19% en el recibo de la luz.
Industria defiende que con la reforma, el impacto se ha repartido entre los distintos agentes y el aumento se ha reducido al 3,2% citado, que hace que en el conjunto de los dos años haya sido del 8% en lugar del 42%. Entre 2003 y 2011 la tarifa ha subido un 63% poniendo a España como país más caro de la UE, solo superado por las islas Chipre e Irlanda.
De esta forma, el Gobierno espera terminar con el déficit de tarifa que se arrastra desde 2005 como consecuencia de la reforma hecha en 2000 y que acumula una deuda de 26.026 millones. Esta deuda se ha originado por el sobrecrecimiento de las renovables, que de 400 megavatios de potencia previstos pasaron a 4.000, y las primas que se les han concedido. En 2012, los costes del sistema eran 22.500 millones y los ingresos se quedaron en 18.000.
La reforma, que se desarrollará en un anteproyecto de ley, un decreto ley, ocho reales decretos y tres órdenes ministeriales, persigue acabar con ese déficit y, paulatinamente, con la deuda acumulada. Para ello, además de la subida del recibo y la aportación de los PGE, establece nuevos regímenes retributivos para las instalaciones de renovables y las redes de transporte y distribución.
En ese sentido, los cambios incluyen la supresión de las primas a las renovables estableciendo un nuevo marco que fija una “rentabilidad adecuada” del 7,5%, lo que supone ahorrar unos 1.500 millones. Esta rentabilidad está basada en las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos para las renovables y un 6,5% para el resto (las mismas obligaciones más 200 puntos básicos). A partir de ahora, las renovables van a vender directamente al mercado. Esta retribución afectará a la vida útil de las 55.000 instalaciones.
La reforma establece una regla de estabilidad financiera, mediante un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes y limita la introducción de nuevos costes en el sistema sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos. Aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por estas.
También incluyen recortes de hasta 1.000 millones en los pagos regulados que se reciben por gestionar las redes de media y alta tensión y se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben las centrales de ciclo combinado en 200 millones de euros. Precisamente, habilita el cierre temporal de estas instalaciones. Según Industria, sobran entre 4.000 y 6.000 MW de potencia sobre los 25.000 instalados y esa sobrecapacidad requiere, a su juicio, establecer la figura del cierre temporal estableciendo “una subasta de hibernación”. El cambio en los pagos de capacidad se reduce de 26.000 euros a 20.000, que a su vez se reducirán a 10.000 aunque su pago se eleva de 10 a 20 años. Asimismo, reforzará la lucha contra el fraude, modifica la estructura de peajes reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las vacías.
La reforma incluye una simplificación del recibo. Además del cambio de nombre de la TUR por precio voluntario al pequeño consumidor, se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora, se refuerzan los mecanismos de atención al cliente y facilita la aparición de comercializadoras. Los consumidores más vulnerables (con una renta inferior a 25.000 euros por hogar de cuatro personas) podrán seguir acogiéndose al descuento del bono social, cuyo valor es de 200 millones y corre a cargo de las eléctricas.
La reforma ha originado un descontento generalizado tanto entre las compañías tradicionales agrupadas en la patronal Unesa como en renovables, que durante todo el proceso han recurrido hasta a embajadores para presionar a Industria. Ambas partes, que conocieron la reforma de boca del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, la tarde del jueves, han subrayado que la reforma hace inviables nuevas inversiones. Para Industria, “en términos generales” no salen tan mal libradas. Las compañías verán reducida su retribución en concepto de distribución en torno a 300 millones este año, que podrían incrementarse a 400 a partir de 2014. Red Eléctrica, como responsable del transporte, afrontará un recorte de 100 millones adicionales.
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