TRIBUNA FRACKING PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA


Por favor, apártense y no molesten

31-07-2016
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria tiene la legitimidad que le da el hecho de ser parte real y activa de las víctimas -agricultores, ganaderos, hombres del campo- que luchan contra el endémico abuso consistente en privarnos del derecho a participar en la adopción de políticas tan relevantes como las de la PAC, el fracking, la implantación de infraestructuras eólicas, la actividad de los Concejos Abiertos,... por parte de quienes se atribuyen una -inexistente- licencia en blanco para dañar nuestra historia, nuestra vida, la de nuestros hijos, la de los hijos de estos,...

Nuestra lucha parte de exigir el cumplimiento del troncal Convenio de Aarhus, las Directivas que lo desarrollan y, en el caso concreto de España, la Ley 27/2006, de 18 julio -¡vaya fecha!-, garantes de los derechos de acceso a la información, la participación política y a la justicia en materia medioambiental. A partir de ello, nos hemos esforzado -con la limitación que suponen algunos de quienes controlan el poder mediático- en explicar qué es la PAC, el desarrollo eólico, el fracking, los Concejos Abiertos,...

Respecto al fracking, por ejemplo, hemos explicado que en nuestra región y el norte de Castilla-León se han otorgado a grandes grupos empresariales derechos sobre más de 300.000 Has. -dos tercios de la superficie de Cantabria-, unas Has. sobre las que podrán pedir actuaciones de fracking de cualquier dimensión, en el lugar y el momento que a ellos convenga y cómo, sin necesidad de entrar en los daños objetivos que ocasiona tal técnica, otorgar esos derechos significa muerte; nuestra muerte.

También hemos denunciado el flagrante incumplimiento de la normativa del Convenio de Espoo (1991), sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo sobre Evaluación Ambiental Estratégica -aquí radicalmente burlados-, de las Directivas de aquel emanadas -la 2001/42/CE, entre otras-, un incumplimiento que es inadmisible en el caso de derechos como aquellos que aquí denunciamos, tan potencialmente dañinos para la futura actividad social, ganadera, agrícola, industrial, turística,... de los vecinos. Los reales propietarios.

Y debemos recordar lo que alguien dijo acerca de cómo la simple ocupación/afectación del territorio por cualquier "poder", incluso sin apariencia de ningún objetivo inmediato -la ocupación "ya veremos para qué"- es muestra del peor abuso.

Todo ello se agrava cuando se puede comprobar que en algunas de las fincas, hoy agrícolas o ganaderas, en que se planifican actuaciones consistentes en fracking está -o ha estado- prevista, al tiempo y en iguales circunstancias de falta de información y participación, de planificación previa, de Evaluación Ambiental Estratégica,..., la implantación de parques eólicos. No puede pensarse en una mayor falta de respeto a la norma... y a todos nosotros.

Están fijadas, con rigor, las normas que limitan las actividades con incidencia ambiental y no podemos permitir ahora, presionados por los lobbys del dinero, que ocultos tras palabras o vanas interpretaciones con falsa apariencia jurídica, los políticos incumplan tales normas.

Que abandonen los engaños. Un ejemplo, el día 25 fiesta nos han invitado, suponemos que junto a los medios, a una pamplina promovida por el propio Gobierno en su sede de Peña Herbosa para, dicen, oponerse al fracking. También nos han dicho que asistirá M.A.Revilla y parte de su Gobierno ¡el día de Santiago!

Por supuesto no hemos ido.

El populista Revilla, el PRC, no hay que olvidarlo, otorgó con su habitual desparpajo, el permiso "Arquetu", el primero concedido por un Presidente autonómico para sondeos de fracking, justificándose, al cambiar el viento y sin sonrojarse, en su ignorancia supina de lo que había firmado; tan culpable como él fue todo su Gobierno, especialmente el ingeniero/consejero/sabio Francisco Martín que no podrá alegar que no sabía lo que firmaban o el Alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, histórico consentidor de eólicos (en el anulado concurso eólico "regaló" el territorio de sus vecinos a las multinacionales), fracking, biomasa, vertedero industrial, atropello de los Concejos,... en su feudo y, ¡de pronto y vayan a saber por qué!, pretendido abanderado de una lucha que, por supuesto, no es suya.

También el PSOE, favorable al concurso eólico, el fracking, e incluso el TTIP, deberá avergonzarse de lo hecho y callarse y, en todo caso, apoyarnos en la sombra, sin aparecer. No entorpecernos, como hasta ahora han hecho.

El PP, más de lo mismo, aquí se opuso, al tiempo que sus senadores apoyaban, sin fisuras, en Madrid el fracking. ¡Sin comentarios!

¿Qué debieran hacer? Son sus leyes y disponen del poder para exigir que, con rigor, entre otros se cumplan los esenciales Convenios de Aarhus, de Espoo, de Florencia,..., sus Directivas y nuestras leyes que los desarrollan. No nos fuercen a desobedecer o, al menos, no nos molesten.


IMPORTANTE VICTORIA JUDICIAL DE LOS INDIOS ZAPOTECAS EN TEHUANTEPEC, MÉXICO, CONTRA LAS TRANSNACIONALES EÓLICAS POR FALTA DE PARTICIPACIÓN PREVIA. Diciembre 2015


¡Colosal victoria de los indios Zapotecas de El Istmo de Tehuantepec contra los promotores eólicos que amenazan sus territorios!

Boletín de prensa.

Juez de Distrito en Oaxaca ordena la suspensión definitiva de parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

16 de diciembre de 2015, Ver también el vídeo de su lucha " Somos Viento"

El pasado viernes once de diciembre, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca otorgó la suspensión definitiva en el amparo presentado por 1166 miembros del pueblo indígena binnizá del istmo de Tehuantepec. Esta suspensión es un logro importante para los pueblos indígenas del país en la lucha por la conservación del territorio: ratifica que han existido violaciones a los derechos de nuestros pueblos, por parte de diversas autoridades, entre ellas la SENER y SEMARNAT.

Los tratados internacionales ratificados por México, el artículo 2 constitucional, la reforma energética establecen que la consulta a los pueblos indígenas en el caso de proyectos de desarrollo en su territorio, debe ser de carácter previo, libre e informado (convenio 169 de la OIT), en el caso de la consulta en Juchitán con respecto al parque de Eólica del Sur, el Estado mexicano no actuó de ninguna manera de buena fe, pues otorgó permisos y autorizaciones previas a la realización de la consulta, además de que es el primer ejercicio de consulta después de 24 parques eólicos ya instalados en la región. La consulta no fue libre porque no pudimos expresar nuestra opinión y posición durante consulta, pues fuimos hostigados y perseguidos, por nuestros mismos paisanos, que ya tenían pactos realizados con las empresas y con el gobierno municipal. La consulta no fue informada porque careció de información relativa a los impactos ni de uno, ni del conjunto de parques eólicos, sobre nuestro paisaje, los ciclos biológicos de nuestros suelos y nuestras formas de vida. El mismo James Anaya, ex relator de las naciones unidad en materia de pueblos indígenas, resaltó que el gobierno mexicano tenía serias deficiencias en cuanto a la aplicación de la consulta.

Denunciamos que, desde el primer momento en que se interpuso este amparo hemos sufrido amenazas y hostigamiento, estamos siendo vigilados y perseguidos, al punto de no poder estar con tranquilidad en nuestros domicilios y oficinas, en este contexto, la radio comunitaria Radio Totopo fue intervenida, para impedir que continuará difundiendo información necesaria para el fortalecimiento de la resistencia.

Pedimos a los gobiernos federal, estatal y municipal, que respete este amparo y cese en el respaldo a las empresas privadas de ocupar nuestro territorio. Así mismo, exigimos un alto a la criminalización de quienes nos encontramos defendiendo nuestro mar, nuestro viento y nuestro territorio en el istmo de Tehuantepec.

Pueblo indígena binnizá.
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad – UCCS
Centro de Derechos Humanos Tepeyac
Fundar Centro de Análisis e Investigación

HIPOCRESÍA POLÍTICA Y FRACKING EN CANTABRIA

NOTA DE PRENSA
 HIPOCRESÍA POLITÍCA EN RELACIÓN AL FRACKING EN CANTABRIA
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

El día 25 fiesta nos han invitado, suponemos que junto a los medios, a una pamplina promovida por el propio Gobierno en su sede de Peña Herbosa para, dicen, oponerse al fracking. También nos han dicho que asistirá M.A.Revilla y parte de su Gobierno ¡el día de Santiago!

Por supuesto no hemos ido.

El populista Revilla, el PRC, no hay que olvidarlo, otorgó con su habitual desparpajo, el permiso "Arquetu", el primero concedido por un Presidente autonómico para sondeos de fracking, justificándose, al cambiar el viento y sin sonrojarse, en su ignorancia supina que no sabía lo que aprobaba, e incluso tuvo la desfachatez de acudir a la manifestación de Santander, ¡claro!, le echaron; ¿no le asesoró bien el ingeniero/consejero/experto tecnócrata Francisco Martín, que no podrá alegar del mismo modo que no sabía lo que firmaban?, o el Alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, que vendió la tierra de sus vecinos a las multinacionales energéticas eólicas y atrajo de este modo a su feudo a esas mismas que ahora exigen el fracking, partidario del vertedero industrial, de la extracción a gran escala de la biomasa de sus extraordinarios bosques a favor de grandes constructoras, del atropello de los Concejos,...y ¡de pronto y vayan a saber por qué!, se convierte en pretendido abanderado de una lucha que, por supuesto, no es suya.

También el PSOE, responsable del mismo modo del anulado concurso eólico, cambia de postura en torno al fracking según el viento electoral que sople, pasa desde promotor en otras comunidades autónomas, a estar en contra o pedir tan sólo una moratoria, favorables incluso al TTIP sus representantes en la lejana Europa, deberá avergonzarse de lo hecho y callarse.

El PP, más de lo mismo, aquí aprobó una ley en contra del fracking justo el día anterior a lo que se prometía una manifestación histórica en Santander, al tiempo que sus senadores apoyaban, sin fisuras, en Madrid la modificación de la ley de hidrocarburos puerta necesaria al fracking. ¡Sin comentarios!

Esta volubilidad y ambigüedad de posturas, que viran según sople el aire electoral de turno y el lugar donde se encuentren, demuestran la hipocresía existente detrás de estas actitudes, que únicamente buscan no verse castigados en las urnas por este tema, sobre todo entre la gente del mundo rural, que por el contrario, desde el principio lo ha tenido muy claro, sin ambigüedades ni medias tintas:

“Fracking NO, ni aquí ni en ningún sitio”

EL PARLAMENTO EUROPEO ACUERDA SOLICITAR INFORMACIÓN RELATIVA AL USO DEL FRACKING EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS EXISTENTES EN CANTABRIA. UGAM-COAG/PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA



EL PARLAMENTO EUROPEO ACUERDA SOLICITAR INFORMACIÓN RELATIVA AL USO DEL FRACKING EN LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS EXISTENTES EN CANTABRIA.  

NOTA DE PRENSA UGAM-COAG/PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA 

En el día de hoy, 13-07-2016, se han debatido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo diferentes quejas que se han venido planteando por toda Europa en relación con el uso de la técnica de la fractura hidráulica en los permisos de extracción de gas esquisto. 

En lo que se refiere a Cantabria, se han debatido dos peticiones: 

En primer lugar, Raúl Fernández Pérez, abogado de la organización agraria UGAM-COAG, solicitó que su petición (que inicialmente se refería al uso del fracking dentro del permiso Luena) fuese ampliada igualmente al permiso Bezana Bigüenzo. En relación con ambos, solicitó que se tuviese en cuenta las peculiaridades geológicas y paisajísticas de Cantabria, que implican que el territorio de esta Comunidad sea incompatible con el fracking. También indicó que resultaba necesario considerar los espacios naturales protegidos directamente afectados y el elevado grado de dispersión de la población Cantabria, que implica la imposibilidad de que haya distancia suficiente en relación con los lugares en donde se pretenda ejecutar esta actividad. Por último, vino a manifestar que por todas estas circunstancias el fracking implica un gravísimo riesgo para la salud de la población, el medio ambiente y la economía de los lugares directamente afectados, que en la actualidad viven en gran medida de sectores como la ganadería, la agricultura o el turismo rural. 

En segundo lugar, compareció José Miguel Martínez Postigo, representando a la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, que incidió en la nula participación de los posibles afectados por el permiso Bezana Bigüenzo, señalando que se ha incumplido toda la normativa comunitaria relativa a la participación ciudadana, especialmente el Convenio de Aarhus. Hizo hincapié en la inexistencia de una evaluación global de las afecciones de los permisos y sondeos del fracking a pesar de que afectan a las dos terceras partes del territorio de Cantabria. Y manifestó la existencia de sondeos recientes, como el Sestero-1, que se pretenden tramitar tomando como base un permiso de investigación ya caducado. 

Por parte del representante de la Comisión Europea, se señaló que, puesto que actualmente los permisos se encuentran en fase de evaluación ambiental, no cabía pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino esperar a que el Ministerio de Industria continúe con el procedimiento, y de esa forma comprobar posteriormente si el Gobierno de España está cumpliendo la normativa comunitaria. 

Tras la intervención del representante de la Comisión Europea, se produjo el debate dentro de la Comisión de Peticiones, en donde fue una nota común la preocupación de los europarlamentarios por los riesgos asociados al fracking, de tal forma que incluso alguno de ellos, como la representante del grupo popular, lamentó la falta de concordancia entre la voluntad de la población (que se opone a la fractura hidráulica) y la actual normativa europea, que no la prohíbe. 

Más contundentes fueron los representantes de los grupos de Izquierda Unitaria y Los Verdes, que manifestaron la necesidad de que la Comisión plantease al Gobierno de España su preocupación por el posible uso del fracking en Cantabria dadas sus peculiaridades, así como la necesidad de que se reclamase un estudio completo del subsuelo cántabro, para examinar los potenciales peligros que conllevaría esta técnica. 

Finalmente, se decidió respecto a ambas peticiones requerir al Gobierno de España para que aporte toda la información relativa a los permisos para poder estudiarla con más detalle, así como dejar para un momento posterior el pronunciamiento al respecto por parte de la Comisión de Peticiones.


ENLACES A LA NOTICIA

Europapress 

El Diario.es 

El Faradio 

Diario Montañés 

Cantabria liberal 

Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria 

Nofrackingvallespasiegos 

Telecinco.es 

INTERVENCIÓN ÍNTEGRA 13 DE JULIO 2016 DE LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA EN LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LOS PERMISOS DE FRACKING EN CANTABRIA

INTERVENCIÓN FRACKING 13 DE JULIO 2016 

EN LA COMISIÓN DE PETICIONES 

DEL PARLAMENTO EUROPEO DE LA

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA


Enlace en diferido a la intervención:

Somos la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, parte activa de las potenciales -ya reales- víctimas, de momento morales, del fracking.

Desde hace siglos nuestros mayores -y hoy nosotros- hemos habitado, cuidado, mantenido hermoso y vivo el territorio de las incomparables montañas del sur de Cantabria, los escenarios históricos, cada día más evidentes, del fin de las guerras que, contra Augusto, mantuvieron los cántabros, previas al inicio del Imperio romano, su muy importante arte, en especial el románico; su potencial económico, base para una futura, fortalecida y renovada actividad ganadera, agrícola, industrial, cultural, deportiva,..., que nos permita vivir con dignidad en esas nuestras tierras.

Somos ciudadanos del campo, de la montaña, agricultores, ganaderos, trabajadores asalariados, pequeños empresarios, amantes de lo eco/lógico y el medio ambiente. Hijos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, padres,... de todos los que hoy se ven condenados a vivir la zozobra de la ilegal y, sobre todo, injustamente abusiva actuación que, al menos hoy por hoy, constituye el fracking. 

Una actuación que identificamos y señalamos como directa y gravemente agresiva contra nuestra mejor historia, contra todos nosotros y, más grave aún, contra nuestros hijos. 

Cumplimos nuestros deberes y mantenemos con la vida latente que nos es permitida nuestros Concejos Abiertos como órganos de representación, decisión y actuación vecinal, base de la auténtica democracia y, por ello y en defensa de nuestro territorio, nuestra historia, nuestro futuro, exigimos que nuestros derechos sean respetados.

Dicho quienes somos voy a explicar qué defendemos aquí, por qué y contra qué luchamos desde hace años, sí desde hace muchos años, ante todas las Administraciones posibles. 

Por qué nos hemos enzarzado en tan desigual pelea dentro del difícil, kafkiano, entramado burocrático de las lentas, ineficaces, muchas de ellas sordas, alguna incluso corrupta, Administraciones municipales, autonómicas, estatales españolas y, por fin ahora desde hace dos años, europeas.

Nuestra lucha es para exigir el cumplimiento en todas las cuestiones referidas al fracking del troncal Convenio de Aarhus, las Directivas que lo desarrollan y, en el caso concreto de España, la Ley 27/2006, de 18 julio (aniversario, casualmente, de la revuelta fascista de Franco), garantes de los derechos de acceso a la información, la participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente.

Así pues, como textualmente establece el Preámbulo del ejemplar Convenio de Aarhus, estamos colaborando a "fortalecer la democracia en la región " en Europa, exigiendo ser informados y participar -desde antes, por supuesto, de la toma de decisiones- en asunto de tanta relevancia e impacto ambiental como es el fracking.

Antes de tomar decisiones -y mucho más antes de actuar- se debe informar y debatir con los afectados el otorgamiento de derechos y los posteriores proyectos que tienen tal importancia y pacíficamente admitida repercusión ambiental como son los de todos los referidos, sin ambages pero con oscuridad, a la intención de aplicar las técnicas del fracking.

La obligación de la participación pública no se restringe únicamente a planes y programas sino a cualquier disposición de carácter general de rango legal o reglamentario, caso de los Reales Decretos motivo de nuestra queja.

Defender otra cosa es burlarse del esfuerzo democrático evidenciado en Aarhus, en las Directivas y las leyes que lo desarrollan, lo que no merecen quienes allí se reunieron y que, en la actual y precaria situación del proyecto europeo, no podemos ni debemos aceptar. Y no aceptaremos.

¿Qué es el fracking en nuestro caso? Entregar a los pocos que, en base a un poder no elegido, no democrático, económico, exigen unos derechos que hipotecan cientos de miles de hectáreas del territorio, la historia, todo otro posible futuro de los propietarios de tal territorio. 

Aquí se han otorgado esos derechos gravosos sobre más de 300.000 Has. -dos tercios de la superficie de Cantabria-, unas Has. sobre las que podrán pedir actuaciones de fracking de cualquier dimensión, en el lugar y en el momento que quieran, que a ellos convenga. Sin necesidad de entrar siquiera en los daños objetivos que ocasiona la técnica del fracking, otorgar esos derechos significa muerte; nuestra muerte. 

Un ejemplo sangrante de la falta de participación ciudadana e incumplimiento del Convenio de Aarhus y la Ley española 27/2006, de 18 de julio, es el permiso Bezana-Bigüenzo, aprobado por R.D. 1781/2009, de 13 de noviembre, cuando en España nadie había aún oído hablar de lo que era el fracking, siendo que, además, en ningún sitio se indicaba que se tratara de tan agresiva técnica de extracción de gas, sino que tan sólo se refería a un permiso más para la extracción de hidrocarburos. 

En base al antedicho permiso Bezana-Bigüenzo se están solicitando una serie de sondeos, Cadialso-2, El Coto-2, El Sestero-1, que incluyen ya la utilización expresa del fracking.

El Reino de España no ha informado a la Comisión de Peticiones que la Dirección General de Política Energética y Minas solicitó el 1 de febrero de 2016 al órgano ambiental la ampliación del plazo para la realización del trámite información pública y de consultas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el sondeo de investigación Coto-2 y Cadialso-2; tampoco que con fecha 18 de abril de 2016 el Secretario de Estado de Medio Ambiente resolvió ampliar ese plazo. Sin embargo, en su solicitud la Dirección General de Política Energética y Minas omitió mencionar información relevante en relación a esta tramitación ambiental, como es el hecho de que todos los sondeos (Coto-2 y Cadialso-2) se corresponden con el permiso de investigación Bezana-Bigüenzo cuyo plazo concluyó el 2 de diciembre de 2015, una vez transcurridos los seis años que el Real Decreto 1781/2009, otorgaba a este permiso de investigación. 

Más aún en mayo de este mismo año 2016 se ha solicitado un nuevo sondeo, SESTERO-1, en base al mismo permiso caducado Bezana-Bigüenzo, que afecta a la Zona de Especial Conservación y Lugar de Interés Comunitario ZEC y LIC ES1300013 Río y Embalse del Ebro, según los criterios de la Directiva Hábitats y dentro la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Otro aspecto esencial es el referido al flagrante incumplimiento de la normativa nacida del Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991, sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo (de Kiev) sobre Evaluación Ambiental Estratégica -aquí radicalmente burlados-, de las Directivas de aquel emanadas -la 2001/42/CE, entre otras-, incumplimiento que, desde luego, nos parece inadmisible en el caso de derechos tan potencialmente dañinos como aquellos de los que, en este caso concreto, nos quejamos. Unos permisos que, repito, que además de conllevar graves afecciones sobre la salud, por lo que los EIA deberían incorporar informes médicos sobre éstas, hipotecan gravemente la superficie de un territorio equivalente a 2/3 de la superficie de Cantabria y condicionan muy negativamente toda futura actividad social, ganadera, agrícola, industrial, turística,... de sus vecinos. Sus reales propietarios. 

No debemos olvidar lo que alguien dijo sobre cómo la simple ocupación/afectación del territorio por grandes potencias y/o corporaciones económicas, incluso sin la apariencia de ningún objetivo inmediato concreto -la ocupación "ya veremos para qué"- constituye una rechazable muestra del peor imperialismo. 

Los hechos anteriores se agravan más cuando se puede comprobar, es fácil, como en algunas de las fincas en las que se han solicitado actuaciones consistentes en fractura hidráulica, fracking, están previstos, al mismo tiempo, por las mismas empresas, y en las mismas circunstancias de falta de información y de participación, de planificación, de EAE,… la implantación de gigantescos parques industriales eólicos. No puede pensarse en una mayor falta de respeto a las normas europeas y, en el tiempo, a las del Reino de España que transpone éstas. Al fondo, se oye cómo se ríen de nosotros.

Europa -ustedes y sus predecesores- ha fijado, con rigor, todas las normas que limitan las actividades con incidencia ambiental y Europa no puede ahora, presionada por los lobbys del dinero, ocultarse tras palabras o vanas interpretaciones con falsa apariencia jurídica que, además, no engañan a nadie con un mínimo de conocimientos y conciencia solidaria.

Nos unimos a la queja del peticionario anterior, UGAM-COAG de Cantabria, sobre la importancia geológica de Cantabria y la necesidad de aportar los estudios anteriormente mencionados.

No nos defraude, Europa. Haga algo. Son sus leyes y disponen del poder que vds. mismos se han dado. Exijan que, con rigor, entre otros se cumplan los esenciales Convenios de Aarhus, de Espoo, de Florencia,..., sus Directivas y nuestras leyes que los desarrollan. No nos fuercen a desobedecer.

PERMISOS DE FRACKING EN CANTABRIA: INTERVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO DE LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA


NOTA DE PRENSA
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha sido invitada a intervenir en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el 13 de julio, a las 15:40 horas, para defender una queja formulada  el 9 de octubre de 2014 sobre la fracturación hidráulica (fracking) en general y especialmente en Cantabria.
Pese a haberse tardado casi dos años en atender nuestra queja, ésta tiene hoy una relevancia trascendental, tanto general como en especial para el sur de Cantabria, puesto que los únicos sondeos que hay en tramitación afectan a Valdeprado del Río y Valderredible.
Nuestra queja, como en el caso de la agresión eólica, se refiere a la falta de información y participación política ciudadana -Convenio de Aarhus- puesta en relación con la falta de una planificación general previa (PROT y Planes energético y eólico) y la exigible, y también inexistente, Evaluación Ambiental Estratégica general; al plantearla afectaba a los permisos de investigación de hidrocarburos, preparatorios del fracking, entonces aprobados en Cantabria y el norte de Burgos, en concreto los llamados Bezana-Bigüenzo, Luena Profundo 1 y Usapal.
A día de hoy, a partir del permiso Bezana-Bigüenzo, se han solicitado una serie de sondeos ya en tramitación, todos los cuales se encuentran en Valdeprado del Río y Valderredible. De los 8 sondeos de investigación previstos en Valdeprado del Río, 5 están en Los Carabeos y 3 en Arcera, mientras que de los 3 de Valderredible, el Cadalso-2  está en San Martín de Elines, el Coto-2, en La Población de Arriba y el recientemente solicitado El Sestero-1, en Otero del Monte, donde ya se solicita expresamente la utilización del fracking.
El permiso Bezana-Bigüenzo fue aprobado por R.D. 1781/2009, de 13 de noviembre, cuando, al parecer, en España -salvo Revilla y sus socios, que autorizaron el permiso “Arquetu”- nadie había aún oído hablar de lo que era el fracking, motivo por el cual no se presentaron alegaciones, siendo que, además, en ningún sitio se indicaba que se tratara de tan agresiva técnica del fracking, sino que tan sólo se refería a un permiso más para la extracción de hidrocarburos.
Toda vez que el resto de permisos en Cantabria han sido aprobados del mismo modo, se puede decir que no sólo que no ha habido información y participación política ciudadana, sino que incluso ha habido ocultismo.
La “superficie otorgada” en los tres permisos mencionados es de 328.997,50 Has, equivalente a dos tercios de la superficie total de Cantabria, una superficie sobre la que se otorga a unas mercantiles con sólo interés y lucro privado la posibilidad de adoptar decisiones y ejecutar actuaciones que conllevan graves riesgos para los habitantes, su calidad de vida y el medio ambiente de ese territorio, afectando de modo directo a sus actividades económicas.

Por este motivo, la falta de participación e incumplir el Convenio de Aahrus y por no exisitir planificación previa ni Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que tengan en cuenta las afecciones sobre las actividades socioeconómicas que ya se desarrollan en el territorio, iguales motivos de los que adolecen las pretensiones eólicas para el mismo territorio, es por lo que desde la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria se decidió presentar una queja, en primer lugar ante el Consejo de Ministros del Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Cantabria, y ante la callada recibida por respuesta, posteriormente ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, queja que, cumplido el muy restrictivo trámite a que está sometida, tendrá una vista, en la que defenderemos nuestros planteamientos, el próximo día 13 de julio en Bruselas.
Monte Bigüenzo, que da nombre al permiso 

El parlamento polaco adopta la regla 10H obligatoria para los eólicos industriales (10 veces la altura de la turbina)



El parlamento polaco adopta la regla 10H obligatoria para los eólicos industriales (10 veces la altura de la turbina)
Comunicado de prensa 10 de junio de 2016

El 9 de junio el Senado polaco ha aprobado el proyecto de ley que prevé las distancias obligatorias en relación a las viviendas, para los nuevos proyectos eólicos en desarrollo, éstas habían sido ya adoptadas por la Cámara baja, hace unas semanas. Para que se convierta en ley, este texto debe ahora ser firmado por el presidente polaco Andrzej Duda y oficialmente publicado. La ley deberá entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2016.

Esta nueva reglamentación afecta a las comunidades rurales en los siguientes aspectos importantes:

- Los futuros parques eólicos pueden situarse exclusivamente sobre la base de planes locales de desarrollo territorial adoptados por los Consejos municipales. Anteriormente los parques eólicos se podían aprobar por decisiones individuales de las autoridades locales (alcaldes);

- La Ley prevé distancias obligatorias para los eólicos industriales de 10 veces la altura de la turbina (altura total de un aerogenerador, incluidas las palas), en relación a las viviendas residenciales y las “zonas naturales protegidas”, tales como Natura 2000, y los parques Nacionales. Antes no había ninguna exigencia de planificación formal en este aspecto;


- Introduce una nueva definición de “estructura de construcción” en el derecho polaco. El aerogenerador entero es, sin embargo definido como “estructura de construcción”. Anteriormente las palas y la turbina no eran tratados como componentes de la estructura y en tanto que tales, no estaban sometidos a ninguna supervisión técnica;

- La ley transfiere el poder de autorizar los permisos medioambientales de las autoridades municipales a agentes regionales gubernamentales especializados en las cuestiones de protección medioambiental (directores generales de protección del Medio Ambiente);

Conviene resaltar que esta ley no prevé el fin de todos los parques eólicos existentes, ni modifica de ningún modo el funcionamiento actual de éstos, ni el sistema de subvenciones públicas para la energía eólica industrial.

Un reciente informe del “Auditor Nacional Polaco” (NIK), ha apuntado la omisión de proteger el interés público en el proceso de planificación y aprobación local de parques eólicos. Sobre la base de una encuesta plurianual a 70 autoridades a nivel local y condados, el informe ha identificado conflictos masivos de intereses (parques eólicos situados sobre terrenos pertenecientes a responsables locales que han aprobado esos proyectos), pero también una violación generalizada de leyes del gobierno local, la falta de medidas exactas de emisiones sonoras de los aerogeneradores, y los fracasos de la consulta correcta a las comunidades locales sobre los proyectos.

Por su lado el Instituto Polaco de Salud Pública (PIZP-PZH) ha emitido una recomendación para que los parques eólicos estén situados a más de 2 kilómetros de las viviendas, publicando un reportaje exhaustivo de revistas científicas actuales (cerca de 500 artículos) y advirtiendo que el principio de precaución forma parte de la legislación de la UE.

stopwiatrakom.eu


Comentario
En Alemania el Gobierno de Baviera ha ganado recientemente su proceso contra los opositores a la ley de 10H, a los operadores eólicos y partidos de la oposición del Parlamento Bávaro contra la regulación 10-H. El Tribunal Constitucional Bávaro ha confirmado la legalidad y constitucionalidad de la regulación 10H el 09.05.2016.

TRAMA EÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN Y LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO. CORRUPCIÓN EÓLICA CASTILLA Y LEÓN


Malos vientos sobre Castilla y Léon

Las sospechas sobre las adjudicaciones de parques eólicos sobrevuelan la gestión del gobierno regional

ELOY DE LA PISA El Norte de Castilla 11.06.2016

La denominada trama eólica de Castilla y León es, por el momento, un caso de ámbito más político que judicial. De hecho, aún está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía anticorrupción. Esa es la causa de que sí exista una comisión de investigación abierta, aunque poco activa, en las Cortes autonómicas. Y de que todo el asunto, por el momento, no haya repercutido en la estructura del Gobierno ni le haya afectado más allá de la misma pelea política. Pero vamos por partes.

¿Qué es la trama eólica? Básicamente se trata de un entramado creado a partir de la normativa regional para la construcción de parques eólicos. Castilla y León es, por orografía, un territorio goloso para establecer este tipo de producción de energía: suelo barato y extenso, viento asegurado todo el año y poblaciones pequeñas con poco poder de presión. Es lugar abonado para que las grandes compañías se hagan con muchos parques. Para evitarlo, la Junta de Castilla y León exige que quien desee montar un huerto de viento debe hacerlo asociado a una empresa castellano y leonesa. Y esa fue la puerta de entrada: muchas pequeñas empresas se convirtieron en el vehículo para que las grandes tuvieran su opción de montar los molinos de viento en las nueve provincias de la región.

El problema llegó cuando un informe de un inspector de la Agencia Tributaria destapó que solicitudes de parques eólicos cuyo expediente dormía el sueño de los justos desde hacía tres años se reactivaban y adjudicaban con rapidez en cuanto esas grandes compañías entraban como socios de las pequeñas. Hasta 110 millones de euros se estima que se movieron de forma más o menos subrepticia en las diversas operaciones. Lo que ahora trata de determinar la Fiscalía Anticorrupción es qué pasó con ese dinero, donde fue a parar y si sirvió para comprar voluntades y acelerar procesos detenidos a la espera de la ‘gasolina’ del papel moneda.

Pero encontrarlo se está convirtiendo en una tarea compleja. El entramado de sociedades interpuestas y de relaciones entre sociedades instrumentales es harto complicado, y a la justicia le está costando desenmarañarlo. Máxime cuando las primeras pesquisas, además de las fuertes relaciones administrativas encontradas entre las diversas compañías, han encontrado salidas de divisas hacia numerosos países, principalmente Polonia y Suiza.



Consuelo Madrigal: «El corto periodo electoral no interferirá en la investigación de la trama eólica»

La Fiscal General del Estado asegura en Valladolid que Anticorrupción trabaja «con plena dedicación» para establecer si hay ilícito penal en las adjudicaciones de los parques de aerogeneradores en Castilla y León

m. j. pascual | valladolid,  El norte de Castilla 10.06.2016

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha manifestado este viernes en Valladolid que la investigación sobre las adjudicaciones de los parques eólicos de Castilla y León sigue su curso «con normalidad» en la Fiscalía Anticorrupción. Tras reunirse con el cuerpo de fiscales en la sede de la Audiencia vallisoletana, Madrigal declaró a los periodistas que se trabaja «con plena dedicación» para aclarar si existió cobro de comisiones por valor de 110 millones de euros por cargos, excargos de la Junta y empresarios de la comunidad autónoma a cambio de la agilización de los trámites en las adjudicaciones de los parques eólicos, tal y como sostiene un informe de la Agencia Tributaria en el que se basan las diligencias de la Fiscalía.

Consuelo Madrigal, que estuvo acompañada por la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, y la fiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez, que lidera la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid sobre las operaciones urbanísticas del edificio Perla Negra, en Arroyo de la Encomienda, y los terrenos del parque industrial de Portillo, dos asuntos que tienen los mismos protagonistas que la supuesta trama eólica, subrayó que «el corto proceso electoral no interferirá en las investigaciones». Señaló también, respecto de la comisión parlamentaria de las Cortes de Castilla y León, órgano al que Anticorrupción negó facilitar el informe de la Agencia Tributaria sobre dicha trama, que la función de la comisión es determinar las responsabilidades políticas y que la Fiscalía tiene su propio trabajo, establecer las responsabilidades penales si las hay, «pero lo hacemos con plena dedicación».

LA MUELA, OPERACIÓN MOLINOS, CORRUPCIÓN EÓLICA ARAGÓN.


La Muela, con el viento en contra

La exregidora de esta localidad de Zaragoza, María Victoria Pinilla, está acusada de cobrar comisiones millonarias de varios promotores a cambio de recalificar sus terrenos como edificables

María Eugenia Alonso | Madrid, 10 junio 201612:22

El 18 de marzo de 2009 la tranquilidad de La Muela, ubicado a escasos veinte kilómetros de Zaragoza, se vio sacudida por el inicio de la 'operación Molinos', la que hasta el momento es la mayor trama de corrupción urbanística destapada en Aragón. En total 43 imputados que suman 184 delitos y cuya principal acusada es su exalcaldesa María Victoria Pinilla.

La 'Reina del viento', como se calificó a esta singular política aragonesa porque durante su mandato hizo una firme apuesta por la energía eólica, se enfrenta a una solicitud de condena de 35 años de prisión por los 24 delitos que se le imputan; entre los que se encuentran el cohecho, la prevaricación y el blanqueo de capitales.

Pinilla fue regidora de La Muela entre los años 1987 y 2011. Se resistió a dejar el bastón de mando cuando fue detenida, así que mantuvo su condición de alcaldesa, en las filas del PAR, durante todo el tiempo que permaneció en prisión provisional. Cuando recuperó la libertad a la espera de juicio, se reincorporó plenamente a sus funciones en el Consistorio, aunque en las elecciones municipales de mayo de 2011 se vio definitivamente aparcada de la política.

Durante su mandato La Muela prosperó de forma disparada. En diez años el municipio aragonés quintuplicó su población y pasó de 800 a 5.000 habitantes. Corría el dinero público y privado de forma desorbitada para la dimensión de este pequeño municipio. Primero, empujado por la proliferación de parques eólicos; luego, con la promoción por parte del Ayuntamiento de un gran polígono industrial al pie de la autovía Madrid-Zaragoza, que acabó siendo utilizado como plataforma para la trama corrupta. La misma regidora pasó de ser dueña de una granja de conejos a poseer numerosas cuentas bancarias y propiedades, incluso en la República Dominicana y en la exclusiva urbanización de Sotogrande (Cádiz), coches de lujo y a vivir con un alto poder adquisitivo.

En el municipio comenzaron a proliferar parques eólicos y el Ayuntamiento promocionó a bombo y platillo un polígono industrial al pie de la autovía Madrid-Zaragoza, que acabó siendo utilizado como plataforma para la trama corrupta. Con tanto dinero, el Consistorio se embarcó en todo tipo de obras e infraestructuras como varios museos, una plaza de toros y hasta un zoo. Además, mantenía el apoyo vecinal regalando viajes a destinos exóticos. Una década de bonanza económica que explotó en 2009 y dejó una deuda en el Ayuntamiento de 25 millones de euros y un agujero tributario de 8,5.

Plataforma en Defensa del Sur se querella contra el consejero de Industria por la tramitación eólica

Plataforma en Defensa del Sur se querella contra el consejero de Industria por la tramitación eólica

POR EUROPA PRESS SANTANDER| 09/06/2016

http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/energia-alternativa/Plataforma-Defensa-Sur-Industria-tramitacion_0_924508437.html

La Plataforma para la Defensa del Sur ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdeprado del Río por prevaricación y delitos contra el medio ambiente y urbanístico en la tramitación de parques eólicos.

Según ha informado en rueda de prensa el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, la querella criminal va dirigida contra el consejero de Industria, Francisco Martín, el director general de Industria, Raúl Pelayo; el alcalde de Valdeprado, Jaime Soto Marina; y el secretario municipal, Alfredo Fernández.

No obstante, la plataforma considera que todo el Consejo de Gobierno es "cómplice" y también censura la "colaboración imprescindible" de los ayuntamientos. En el caso concreto de Valdeprado, donde seis de los siete concejales de la Corporación son del PP, Merodio ha denunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado el informe de compatibilidad urbanística necesario para instalar un parque eólico sin informar a los concejos ni al edil independiente.

La plataforma considera que hay "motivos suficientes" para denunciar penalmente lo que consideran un caso de "corrupción sistémica" que, en su opinión, favorece "una abusiva apropiación del territorio de otros; una dañina imposición de nuevos usos en una parte comunal y privativa del mismo; y la implantación de infraestructuras dañinas para el medio ambiente".

"FALTA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN"

El presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez Postigo, ha denunciado que el proceso de tramitación de parques eólicos en Cantabria "adolece de dos carencias fundamentales, por un lado la falta de participación ciudadana, y por otro lado, la falta de planificación territorial".

En este sentido, ha censurado que hasta ahora "nadie ha podido ver" el contenido de los proyectos de los 14 parques eólicos que según el Gobierno están en tramitación. Asimismo, ha criticado que después de tardar más de tres años en tramitar el Plan de Sostenibilidad Energética (PLENERCAN), los cuatro primeros proyectos de parques eólicos de los que se ha tenido noticia están ubicados en lugar de interés comunitario (LIC).

Además, ha denunciado la coincidencia en la ubicación de parques eólicos y pozos de fracking; o de parques eólicos tramitados en Castilla y León y en Cantabria; y ha criticado que los arreglos de carreteras en Valdeprado y Valderredible se realizan en pueblos donde hay proyectos de parques eólicos o pozos de fraking, lo que supone "pagar con dinero público vías de acceso que tendrían que pagar los proyectos privados", ha denunciado Martínez Postigo.

Por lo que se refiere a los ayuntamientos, ha dicho que "se está pretendiendo la eliminación de los concejos" justo en los lugares donde hay se proyectan parques eólicos, porque "son los propietarios legítimos del monte público" y tienen que autorizarlos.

Por su parte, el abogado de la plataforma ha añadido que desde el fallido concurso eólico, que en su opinión, es "la madre de todo", "no se ha colocado un molino, porque todo se ha declarado ilegal, y como sigan así, no se va a poner ni uno". Ha recordado además que la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto proyectos a la de Industria por no cumplir la legalidad.

"Han cometido suficientes ilegalidades como para que digamos basta ya, que venga otra gente a gobernar, aunque por lo que vemos lo que viene es parecido, porque Podemos mantiene los mismos planteamientos", ha apostillado Merodio, quien ha reiterado que la eólica "no es una energía verde", ya que "causa muchos destrozos".