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El TSJC anula el mapa eólico aprobado por la Generalitat
Girona/Barcelona, 19 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la puesta en marcha del mapa eólico aprobado por la Generalitat en 2010, tras haberla suspendido cautelarmente a petición de grupos ecologistas
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el TSJC argumenta su decisión en la falta de una evaluación medioambiental a la que obliga la normativa europea, estatal y catalana y en la ausencia de la participación ciudadana a la que obliga la legislación europea.
El actual Govern ya ha elaborado un nuevo mapa eólico que también ha sido recurrido por los grupos ecologistas, que consideran que incurre en los mismos errores que el ahora suspendido.
En concreto, el recurso se había presentado a instancias de la Associació Respectem l'Albera (Ara) y la Associació Alt-Empordanesa per al Estudi i Defensa de la Natura (Iaeden-Salvem l'Empordà), y contra la sentencia puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tanto la Generalitat como las empresas afectadas, entre ellas Comsa Emte Energías Renovales, Fersa-Aventalia, Gas Natural Fenosa Renovables, Alstom Wind o Eolica Catvent.
Este mapa eólico creado mediante un acuerdo del gobierno catalán de 2010 establecía la determinación de siete zonas de desarrollo prioritario en Cataluña en las que se instalarían parques eólicos con una potencia instalada de unos 769 megavatios (MW) y que debían suponer una inversión de cerca de 1.200 millones de euros.
Gas Natural y Alstom Wind resultaron las principales beneficiarias del aquel concurso, al obtener tres de las siete zonas de desarrollo prioritario en licitación.
La sentencia estima el recurso de estas dos entidades ecologistas con el argumento de que aquel acuerdo de 2010 no respetó "la evaluación ambiental estratégica" que contempla la normativa comunitaria, y que tampoco se ajustó a la ley estatal de 2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente ni a la ley catalana de 2009 de la evaluación ambiental de planes y programas.
Asimismo, la sentencia concluye que se ha "vulnerado" una directiva europea de 2003 que prevé la participación pública en determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
En un comunicado, estos grupos ecologistas destacan que el Govern ha demostrado "la falta de rigor en la aplicación de la normativa medioambiental" a la hora de planificar e implantar "grandes infraestructuras" en el territorio.
Asimismo, se han mostrado confiados en que la sentencia sirva "para determinar la resolución del contencioso-administrativo pendiente" contra el nuevo acuerdo del Govern por el cual se aprueba un nuevo plan de zonas de desarrollo prioritario de parques eólicos.
Estas entidades también subrayan en la nota su oposición al modelo energético del Govern, que en su plan de la energía y cambio climático 2012-2020 se fija como objetivo multiplicar por cinco su potencia eólica, de los 1.078 megavatios actuales a 5.153,6 en el año 2020.
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