ASUNTO: Información pública del Informe de
Implantación, el EIA y la solicitud de reconocimiento de utilidad pública del
sondeo de exploración BRICIA-1 (Área del permiso de investigación de
hidrocarburos BIGÜENZO, término municipal de Alfoz de Bricia (Burgos).-
A LA DEPENDENCIA DE INDUSTRIA
Y ENERGIA DE LA
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN BURGOS.- MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO.-
……………………………………………………., interviniendo
en representación de la
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones con el número …………. y con domicilio a
efectos de notificaciones en……………………………………………………, comparezco y DIGO:
Por medio de este escrito y al margen de
las que más adelante pudiéramos formular, procedo a efectuar ALEGACIONES URGENTES referidas al
asunto de referencia, en base a los siguientes
A
R G U M E N T OS D E H E C H O
Y D E R E C H O
Primero.-
El Real Decreto 1781/2009, de 13 de noviembre.-
El objeto declarado de dicho Real Decreto a que se remite el
expediente, con la evidente inseguridad jurídica que generan sus más de cinco
años de antigüedad, es (ver la Exposición de motivos y el art. 1 del mismo) otorgar
a Petroleum Oil & Gas España, S.A. los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Bezana” y “Bigüenzo”, que afectan en su conjunto a una
superficie de ciento ochenta mil (180.000,00 Ha .) hectáreas, equivalente a una
tercera parte, casi un 34%, de la superficie total de Cantabria, un
otorgamiento que facultaba a Petroleum Oil & Gas España, S.A. “para
investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada, la existencia de
hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para los mismos (…)”.
La actuación para la que ahora se tramitan
un informe y el reconocimiento de utilidad pública se refiere a algo menos de
1,8 Has. de dicha superficie total, propiedad de Asunción LOPEZ GUTIERREZ, esto
es, una cienmilésima parte del total otorgamiento, lo que da eficaz noticia de
la inseguridad jurídica que, al posibilitar
cien mil actuaciones como ésta, generada aquel.
Queremos indicar ahora superficialmente que, aunque se esté afectando a una
propiedad particular o privada, no parece razonable que se pueda producir una
expropiación en base al supuesto interés público de la energía sin valorar, al
tiempo, su prevalencia respecto al interés público que tiene, por ejemplo, el
agua, toda vez que aunque el sondeo está solicitado en el páramo de Bricia, la
profundidad que bajan hace que los productos químicos que se pretenden utilizar
puedan llegar al río Ebro o surgir por cualquier punto (cuevas, simas,…), toda
vez que se trata de una zona caliza, de tobas (El Tobazo, los cañones del
Ebro), pudiendo llegar a aflorar, por ejemplo, incluso en el río que atraviesa
Orbaneja del Castillo.
Al respecto insisto en que “la superficie otorgada” hace más de
cinco años de 179.434,50 Ha en total, entre Cantabria y la
provincia de Burgos, el 33,722%, más de una tercera parte de la superficie
total de Cantabria, supone entregar la posibilidad de decisión sobre tal
territorio a una mercantil única, Petroleum
Oil & Gas España, S.A. en este caso, su beneficiaria, que ha perpetrado
la división de la canonjía en tres partes:
·
Petroleum Oil & Gas España, S.A.: 50%
·
Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.: 40%
·
Pyreenes
Energy Spain , S.A.
Dicho lo anterior, de la más simple
lectura del Real Decreto se desprende que son fuentes jurídicas por las que se
regirá lo derivado del mismo la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, la Ley y el Reglamento sobre Investigación y Exploración de
Hidrocarburos, de 1974 (franquista) y 1976 (preconstitucional) y la Ley sobre
zonas de instalaciones e interés para la Defensa Nacional ,
de 1975 (también franquista), sin la menor referencia a la normativa europea,
española y autonómica sobre participación ciudadana nacida del fundamental Convenio
de Aarhus, ni tampoco al Convenio de Espoo, de 25 de febrero
de 1991, sobre Evaluación del Impacto en el medio ambiente y su Protocolo sobre
evaluación ambiental estratégica, ratificado por España el 24 de junio de 2009,
ni a las Directivas Europeas de él emanadas, entre otras la 2001/42/CE, de 27
de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas
en el medio ambiente, ni al Convenio Europeo del Paisaje, Convenio de Florencia,
ratificado el 26 de noviembre de 2007, normas obligatorias, garantistas del
interés público, anteriores todas ellas al otorgamiento de los generosos y
agresivos permisos el 13 de noviembre de 2009, todas ellas incumplidas, por
tanto, en el trámite.
Mucho menos se ha tenido en cuenta y
cumplido la reciente y garantista normativa en materia de información,
participación y evaluación de los impactos, nacida por obligatorio impulso
comunitario a partir de 2009.
Segundo.- El Real
Decreto ni siquiera cita el fracking.-
En ningún momento en los permisos previos se habla de fracking, lo que permite alegar la existencia de un intento de
ocultismo mal intencionado que atenta contra principios tan asentados y
fundamentales como el que garantiza el derecho a la mejor información y la
participación política ciudadana con todas las garantías, llegándose a causar
una evidente indefensión en los afectados e interesados, algo que se evidencia
en el hecho de que, pese a la radical oposición casi unánime existente frente
al fracking, nadie o casi nadie alegó en contra porque, además de ser
insuficiente la publicidad dada a aquel trámite, nadie sabía de qué se trataba,
en un momento en que la sociedad no conocía el real alcance de lo que realmente
se pretendía. Si lo sabían, evidentemente, la Administración y los
solicitantes, hoy beneficiarias de los permisos, que conocían perfectamente el
real alcance de lo pretendido, alcance que fue dolosamente ocultado.
Es lo anterior, entendemos, constitutivo de causa de nulidad de pleno
derecho, pues establece el artículo 62 de la Ley de procedimiento
administrativo que son nulos de pleno derecho los siguientes actos, entre
otros:
·
Los que lesionen los derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional, nulidad absoluta introducida ex novo por dicho artículo 62,
siguiendo la doctrina constitucional referida a los derechos
fundamentales y libertades públicas, en tanto en cuanto, estos son de
efectividad inmediata y preferente frente a los poderes públicos, y ante la
administración y los tribunales.
·
Los que sean constitutivos de infracción penal o se
dicten como consecuencia de ésta.
·
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados., especialmente
en lo que se refiere en este caso a las exigencias del Convenio de Aarhus y la
normativa que lo desarrolla.
Tercero.-
Anterior solicitud de nulidad radical o de pleno derecho del Real Decreto
1781/2009.
Además de lo dicho, mediante
escrito de 6 febrero 2014, por las razones que en él se expresaban y aquí damos
por reproducidas, hace más de un año solicitábamos la nulidad radical o
de pleno derecho del citado Real Decreto 1781/2009, escrito que, pese al tiempo
transcurrido, la importancia de los hechos en litigio y los argumentos que en
el mismo dábamos, no ha recibido respuesta.
La norma cuyo incumplimiento
grosero y voluntario denunciábamos y reiteramos ahora como generador de la
radical nulidad de pleno derecho de dicho Real Decreto era, en especial y primer lugar la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, nacida en nuestro ámbito
interno (ver su Exposición de motivos) de la exigencia constitucional
del artículo 45 CE que
“configura el medio ambiente como un
bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya
conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad
en su conjunto”, norma fundamental que, por exigencia del art. 9.2 de la misma CE (o el art. 105
fuera del ámbito administrativo) lleva a la exigencia ineludible de dotarnos de
los medios instrumentales de participación pública que garanticen la mayor
trasparencia, eficacia y honradez en la gestión de los asuntos con repercusión
medioambiental.
La concreta definición e
instrumentación jurídica de esa participación nació en toda Europa el 25 de
junio de 1998 en la
Conferencia Ministerial que firmaba la vinculante, obligatoria
para todos, Convención para el acceso
a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocida como Convenio de AARHUS, desarrollado, entre otras, por
la Directiva 2003/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo
que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las
Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, cuyo total incumplimiento aquí
reiteramos.
Aunque afecta a un ámbito
competencial que comparten las Administraciones central y autonómicas, la citada Ley advierte en
su Exposición de motivos que “se limita a
establecer el deber general de promover la participación real y efectiva del público”, Lo
incumplido del citado Convenio de Aarhus se refiere, esencialmente a:
1) hacer públicamente accesible la
información relevante sobre el plan, programa o disposición normativa;
2) informar del derecho
a participar y de la forma en que lo pueden hacer;
3) reconocer el derecho a formular
observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en
las que estén aun abiertas todas las opciones de la decisión que haya de
adoptarse;
4) justificar la decisión
finalmente adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de
participación. (…)
5) determinar qué miembros del
público tienen la condición de persona interesada y pueden, por consiguiente,
participar en tales procedimientos”,
Innecesario es insistir en la
condición de ”persona interesada” que tiene nuestra Asociación, pues la Ley
dice que, en todo caso, la tienen “las
personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dediquen a la protección del medio
ambiente y cumplan los demás requisitos previstos por la Ley en su artículo 23” , como, de forma indubitada y expresa, tiene
reconocido nuestra Asociación.
Todo lo argumentado aquí y el 6
de febrero de 2014 nos permite afirmar que en este caso la Administración
incurre en un comportamiento doloso de lesa democracia, atenta contra un
principio básico en materia tan esencial y sensible como la defensa del medio
ambiente.
Para cumplir las exigencias del Convenio
de Aarhus deberá reiniciarse el trámite del Real
Decreto, difundiendo la documentación sometida a consulta con la mayor amplitud
y detalle entre las entidades asociativas y los particulares que pudieran estar
interesados, dejándose constancia de forma mucho más clara que la actual
solicitud de sondeos tiene el carácter de paso previo para una pretendida
extracción futura de gas mediante la agresiva técnica de la Fractura Hidráulica
(“Fracking”) dentro del “Permiso de investigación de hidrocarburos
Bezana-Bigüenzo” que, por R.D. 1789/2009, 13 de noviembre (BOE 2 diciembre
2009), fue concedido a Petroleum Oil & Gas España, S.A. y cuya nulidad
radical o de pleno derecho interesamos.
La gravedad del anterior incumplimiento en
lo referido a la información y la participación ciudadana (que en España parece
haberse tomado, hasta ahora, a broma) es, por si solo, motivo más que
suficiente para acordar, sin mayores trámites, la nulidad de pleno derecho del
generoso (para intereses particulares) y agresivo (para los generales o
públicos) Real Decreto que otorga los permisos de investigación y, lo que es lo
mismo, abre las puestas a la dañina práctica del fracking en una parte
cualitativa y cuantitativamente muy importante de nuestro territorio, por lo
que no entramos en los detalles del incumplimiento de la normativa dimanante
del Convenio
de Espoo, de 25 de febrero de 1991, sobre Evaluación del Impacto en el
medio ambiente y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica,
ratificado el 24 de junio de 2009, ni las Directivas Europeas de él emanadas,
entre otras la 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, ni, por
ello, de la normativa española y autonómica de todo ello emanada, ni mucho
menos el Convenio Europeo del Paisaje, Convenio de Florencia, ratificado el
26 de noviembre de 2007, normas que tienen un elemental y obligatoriamente
garantista carácter defensor del interés ciudadano público y todas ellas
anteriores al Real Decreto 1781/2009, de 13 de noviembre que otorgaba a Petroleum Oil & Gas España, S.A. (hoy
también a Repsol Investigaciones
Petrolíferas, S.A. y Pyreenes Energy Spain, S.A., tan generosos como
agresivos e ilegales permisos.
Cuarto.- Denuncia ante
la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.-
Todo lo anterior ha sido objeto de denuncia ante la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo que está en trámite, damos por íntegramente reproducida
en este punto y respecto a la que ofrecemos a esa Administración cuanta
información se considere de interés.
Por todo ello,
SOLICITO DE LA
DEPENDENCIA
DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE LA SUBDELEGACION DEL
GOBIERNO EN BURGOS.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y
TURISMO que, teniendo por presentado este escrito,
se sirva admitirlo y, a su tenor y tras realizar los trámites legales precisos,
por las razones expresadas, tenga por efectuadas en legal forma las presentes ALEGACIONES y se resuelva DECLARAR LA NULIDAD DE PLENO
En……………………………………………….., a veinticinco de febrero de dos mil quince.
OTROSI DIGO que, siendo conscientes de que el Real Decreto 1781/2009, de 13 de
noviembre, cuya nulidad de pleno derecho se solicita junto a la de todas las
resoluciones de él nacidas por medio de este escrito, se aprobaba en unas
circunstancias de desconocimiento y falta de sensibilidad ciudadana sobre el
fracking, que no tienen nada que ver con la actual situación y aun sabiendo que
ello no resta importancia a la gravedad de los incumplimientos legales
producidos en aquel momento, no podemos obviar que de empecinarse ahora en
mantener la legalidad y vigencia de los permisos indebidamente concedidos se
estaría añadiendo un componente doloso de grosera actuación “a sabiendas” que
podría ser penalmente tipificable, por lo que
SOLICITO que se tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos
oportunos. Lugar y fecha anteriores.
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