El País. 21 de abril de 2015
EDITORIAL Vientos de corrupción
El caso de las comisiones de parques eólicos, una consecuencia de la ‘burbuja’ de las renovables
Hacienda ha elaborado un informe de 94 páginas en el que ofrece indicios detallados del
pago de comisiones para acelerar la autorización de parques eólicos en la comunidad de Castilla y León. El volumen detectado de presuntos sobornos o cohechos está en torno a los 110 millones e implica tanto a eléctricas conocidas como a sociedades instrumentales creadas con el fin de acceder a la subvención. Da cuenta además de participaciones societarias de cargos o excargos autonómicos en empresas formadas para recibir rápidamente las ayudas concedidas a la energía eólica y de beneficios exorbitantes conseguidos por sus accionistas con la venta posterior. En estas tramas de presunto cohecho y tráfico de influencias habrían participado eléctricas, sociedades intermediarias y miembros relacionados de la Administración autonómica, con revalorizaciones financieras que hay que investigar por si aparecieran otros delitos conexos.
De confirmarse estos indicios —tarea que corresponde a la fiscalía y, si ha lugar, a los jueces— nos encontraríamos de nuevo con la connivencia de instancias administrativas y sociedades privadas para beneficiarse del dinero público. La comunidad autónoma se ha protegido detrás del argumento de legalidad; todas las autorizaciones eólicas han sido legales. Pero el hecho de que se denuncien sobornos precisamente para acelerar los permisos convierte la explicación en pueril. No es en los sellos y timbres donde hay que investigar el posible delito, sino en el enriquecimiento ilícito de quienes aceptaron las comisiones y en el delito que cometieron quienes las pagaron.
También debe constar que además de la responsabilidad de los implicados en posibles delitos, hay una regulación mal concebida e incontrolada que ha favorecido el fraude. Desde el primer momento se advirtió que las normas de concesión de subvenciones a las renovables —eólica, termosolar, fotovoltaica— favorecían la aparición de una burbuja energética dañina. Muy pronto se multiplicaron los proyectos de construcción, con el fin de acceder a las ayudas públicas; inmediatamente después los permisos de construcción se convirtieron en una mercancía que iba subiendo de precio según cambiaban de manos los proyectos y aparecían nuevas sociedades intermediarias. La trama revelada por Hacienda es la consecuencia lógica de un pésimo procedimiento adjudicador: quien proponía y autorizaba los proyectos beneficiados con suculentas subvenciones (las Administraciones locales y autonómicas) eran distintos en principio de quien las pagaba (el Estado central).
Las energías renovables deberían impulsar en España las nuevas tecnologías y el empleo cualificado. Pero tienen un coste público elevado. Además de exigir que caiga el peso de la ley sobre quienes han utilizado la eólica como fuente de enriquecimiento ilícito, hay que recordar que el destino de los fondos públicos debe ser vigilado estrictamente para que no derive en una burbuja de corrupción.
http://elpais.com/elpais/2015/04/20/opinion/1429555047_592233.html
Voz Populi 21-04-2015
Hacienda sospecha el pago de comisiones en varias CCAA para la concesión de plantas renovables
La burbuja de las renovables, al igual que la del ladrillo, se prestó durante años a tramas corruptas y comisiones en negro a cambio de adjudicaciones. Prácticas que ahora desvela Hacienda en Castilla y León pero que también se habrían producido en otras CCAA.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ha detectado el presunto pago de comisiones por parte de compañías eléctricas a cargos de la Junta de Castilla y León para facilitar o acelerar las autorizaciones de instalación de parques eólicos en la región, según
ha informado El País.
Pero la cosa no queda ahí. El Departamento que dirige Cristóbal Montoro sospecha que este tipo de prácticas se ha dado en esta misma comunidad autónoma (CCAA) también para el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas en los años de la burbuja renovable (a partir de 2008).
Y no sólo aquí. Según las fuentes conocedoras de las investigaciones, en el punto de mira también están otras CCAA en las que pudo haber pago en negro de comisiones por parte de empresarios renovables (muchos de ellos provenientes del sector del ladrillo) y compañías eléctricas a funcionarios y altos cargos de las administraciones autonómicas y municipales a cambio de adjudicaciones y autorizaciones exprés.
Castilla y León parece llevarse la palma, según las conclusiones extraídas de las investigaciones en curso. Pero éstas se han extendido a Castilla-La Mancha, Galicia, Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura, entre otras, CCAA en las que el desarrollo y puesta en servicio de instalaciones eólicas y fotovoltaicas fue fulgurante entre los años 2006 y 2012, señalan esas fuentes.
Se han dado casos en que el permiso de instalación y el punto de conexión de la planta estaban autorizados sin que en el solar se hubiera realizado ninguna actuación para ponerla en marcha.
"Se han dado casos en los que el punto de conexión y el permiso de instalación se concedieron por vía administrativa autonómica y local sin que ni siquiera el terreno para la planta solar se hubiera tocado". Casos de este tipo fueron detectados por inspectores de Industria y de la Comisión Nacional de la Energía en los años de la burbuja solar (2008 a 2012), cuando los empresarios e inversores involucrados interesados en los proyectos conseguían los permisos administrativos a toda velocidad para que las plantas, aún sin estar desarrolladas, entraran en los cupos y cuotas establecidas y se garantizasen la jugosa prima por un periodo de 25 años", señala un experto conocedor del sector.
En Castilla y León, por ejemplo, la Junta destituyó a unos diez funcionarios por existir pruebas de que concedieron permisos de instalación a familiares sin que hubiese un proyecto en marcha, sólo con el objetivo de ser revendidos posteriormente a promotores renovables a precios de oro.
El sector eólico tampoco le fue a la zaga. Sus proyectos eran de mayor envergadura e inversión y, por tanto, los favores administrativos se pagan a precios de burbuja.
En los años de la burbuja renovable era vital para los promotores conseguir autorizaciones exprés de las CCAA para entrar en los cupos y registros que luego daban derecho a una jugosa prima por 25 años
Según ha informado El País, la Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una trama para el pago de comisiones (de hasta 110 millones de euros), a través de sociedades conjuntas entre la compañía eléctrica y socios locales, para acelerar la concesión de permisos.
Según el informe de la Agencia, entre los beneficiarios de la trama se encuentran altos cargos del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, como su ex viceconsejero Rafael Delgado Núñez, que era el que firmaba las autorizaciones administrativas, al que la investigación relaciona con su superior, el Consejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva.
Éste defendió este lunes que la tramitación de las autorizaciones "ha sido correcta y ajustada a la legalidad".
Una vez que ha estallado el escándalo en esta comunidad gobernada por el PP, las fuentes consultadas reconocen que las investigaciones se han extendido también a otras CCAA, ante las sospechas de que pudo haber trato de favor por parte de funcionarios y altos cargos autonómicos a empresarios del sector a cambio de comisiones en encubiertas.
Hay CCAA como Galicia o Castilla-La Mancha en las que se han detectado algunos procesos acelerados de autorización de permisos ante la inminencia del cierre de los cupos del registro de instalaciones renovables con derecho a cobrar prima.
Diario de León 21-4-2015
Hacienda denuncia el pago de comisiones a ex altos cargos de la Junta por los parques eólicosUn informe de la Agencia Tributaria concluye que cobraron 110 millones por agilizar la tramitación de las instalaciones. león 21/04/2015
La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que vincularía con esta práctica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.
Según publicó el diario El País, un informe de la Agencia Tributaria del pasado 30 concluye «la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa Comunidad».
Entre los participantes el informe cita a «autoridades públicas de Castilla y León», a «empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques», a «los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas» y a «las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones» por la citada cantidad.
Ante esta noticia, la Junta de Castilla y León anunció ayer por medio de su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, que va a remitir de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes sobre las autorizaciones de los parques eólicos.
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, va a solicitar de forma inmediata su comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar de la política de la Junta en materia de autorización de los parques eólicos en la comunidad.
El consejero aseguró ayer que, tras realizar un «primer examen», la tramitación de las autorizaciones para instalaciones de energía eólica puestas en cuestión por la Agencia Tributaria «ha sido correcta y ajustada a la legalidad».
Villanueva distinguió el procedimiento de autorización de la instalación, en el que sí interviene la Administración autonómica, de las operaciones que, según la Agencia Tributaria, llegaron después entre las empresas, lo que consideró «relaciones entre particulares».
El consejero aseguró que «nunca» ha habido denuncias ni impugnaciones de empresas por supuestos tratos de favor a otras compañías en procedimientos de este tipo, ya que las únicas alegaciones que se han tramitado han tenido una naturaleza medioambiental, ya que estas autorizaciones se sometían a examen de impacto ambiental.
Preguntado por si le constaba que uno de los supuestos beneficiarios, en aquel momento consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, era titular de una de las compañías que al parecer se vio involucrada en estas prácticas supuestamente fraudulentas, según la información del diario El País.
Sobre otro de los citados, el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado, fuera del departamento desde el inicio de la presente legislatura, ha dicho que tiene «el mayor respeto» por él, como una persona «muy preparada», aunque ha negado tener contacto desde hace cuatro años.
Por su parte, la oposición exigió ayer el cese de Villanueva y pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que comparezca en las Cortes o pedirán que lo haga en el Senado.
«Exigimos a Juan Vicente Herrera el cese hoy mismo del consejero Villanueva» y que el propio presidente de la Junta pida comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes para dar explicaciones o «vamos a estudiar otro tipo de vías» para que comparezca, advirtió ayer en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez.
Una de esas vías es la petición de que comparezca en el Senado, como Cámara de representación territorial», advirtió Sánchez, quien lamentó que la «precampaña» electoral se vea «ensuciada por casos de corrupción que asolan al PP también en Castilla y León».
El candidato de UPL a las Cortes, Luis Mariano Santos, exigió ayer a Herrera que dé explicaciones de forma inmediata sobre la supuesta trama de cobro de comisiones por parques eólicos.
Por su parte, IU exigió la dimisión inmediata de Villanueva, que «no puede esperar ni un día más», según señaló su coordinador regional, José María González, en un comunicado, en el que se exige a Herrera explicaciones.
Desde UPyD Castilla y León se han pedido explicaciones a la Junta por ese supuesto pago de comisiones y que Herrera «comparezca ante la ciudadanía» y que «ofrezca las explicaciones pertinentes a los ciudadanos porque la gestión de la Junta queda en entredicho», según explicó en un comunicado su candidata autonómica, Carolina Martín.
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/hacienda-denuncia-pago-comisiones-ex-altos-cargos-junta-parques-eolicos_973015.html El País 21-4-2015
El alto cargo del PP que autorizó los parques eólicos recibía dinero de SuizaHacienda cerca a Rafael Delgado, viceconsejero de Castilla y León hasta 2007
Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y el hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos entre 2004 y 2007, está cercado por Hacienda. La inspección que la Agencia Tributaria en Valladolid ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción destaca que, tras dejar la viceconsejería, Delgado recibió 535.721 euros desde Suiza de origen desconocido, que una empresa le pagó la hipoteca y una reforma de la casa y una maraña de relaciones con uno de los beneficiados por la trama eólica.
Rafael Delgado Núñez es una pieza clave en la trama eólica que la Agencia Tributaria ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Delgado era quien firmaba la autorización de los parques eólicos investigados por Hacienda del periodo 2004-2007. Las firmaba a menudo después de que las eléctricas que iban a instalar los parques se hubiesen asociado a otro alto cargo de la Consejería de Economía, Alberto Esgueva, o con empresarios locales.
Paralelamente, Delgado Núñez realizó una serie de negocios que han llamado la atención de Hacienda. En 2005, compró un chalé y dos plazas de garaje en Comillas (Cantabria) a Alberto Esgueva. Y el año siguiente adquirió otro chalé en Valladolid también a Esgueva. Entonces estaban los dos como altos cargos en la consejería y el segundo era socio de Iberdrola en una sociedad con la que ganó 47,1 millones. Ninguno de los dos ha contestado a las llamadas de este diario.
En julio de 2007, Delgado Núñez dejó de ser viceconsejero y pasó a secretario general de la Consejería de Economía. Cesó el 30 de junio de 2011
"a petición propia”. Ponía fin así a 16 años en los que pasó por tres consejerías siempre bajo las órdenes del actual consejero de Economía,
Tomás Villanueva.
La empresa de un amigo canceló su hipoteca y pagó reformas en su casa
Cuatro meses después de dejar la viceconsejería, un amigo íntimo de Delgado Núñez, Jesús Rodríguez Recio, fundó la empresa Tough Trade, dedicada a “asesoría, ingeniería, instalación, producción y mantenimiento de proyectos de energía renovable”. Fue esa empresa la que canceló en 2008 la hipoteca del chalé de Comillas con un pago de 225.841 euros. Y fue esa sociedad la que pagó los 55.685 euros de una reforma en el chalé de Valladolid.
En 2012, ya fuera de la consejería, Delgado Núñez compró un piso en Valladolid por 498.657 euros. Lo hizo a través de una sociedad con un domicilio en Madrid en el que es desconocida. Es el mismo piso en el que supuestamente tenía su sede la empresa San Cayetano Wind. Esta es la compañía de Alberto Esgueva que recibió 47 millones de Iberdrola después de haber puesto 24.400 euros.
Desenredando la madeja, la Agencia Tributaria ha descubierto que Jesús, el amigo de la infancia del viceconsejero y dueño de la empresa que le pagó las reformas y le compró un chalé, tiene también poderes a nivel mundial de la empresa Nehmo Holding, con sede en Suiza, y a cuya propiedad no puede acceder Hacienda.
Hacienda ha detectado importantes entradas de fondos desde Nehmo Holding a Tough Trade entre las que destacan 535.721 euros en tres fechas entre 2012 y 2013. La empresa unipersonal de su amigo también ingresa 350.728 euros procedentes de una empresa de Alberto Esgueva y 19.400 euros de “sociedades pertenecientes al sector de la energía fotovoltaica”. Las cantidades que llegan desde Suiza al amigo íntimo del exviceconsejero “son distribuidas el mismo día o en días próximos” a otras dos empresas de Rafael Delgado. Además, entre 2011 y 2014, Tough Trade transfirió a sociedades de Rafael Delgado 665.429 euros. Algunas de las transferencias iban al pago de servicios corrientes como el “pago del alquiler de la oficina, del teléfono y del gas”.
La Agencia Tributaria denuncia a otro ex director general del PP
Aunque sin citarlo expresamente, la Agencia Tributaria duda de que los ingresos de Tough Trade sean realmente de Jesús Rodríguez Recio, que “realiza su actividad de abogado en comunidad de bienes en Medina del Campo” y que registra principalmente “igualas de pequeña cuantía”.
Rodríguez Recio aseguró a este periódico que se limitó a ayudar a un amigo con dificultades económicas. Hace unos meses declaró dos veces, cuatro horas en cada ocasión, ante el inspector de Hacienda y, según su versión, los pagos procedentes de Suiza los recibía por su actividad empresarial y los transfería a Delgado por amistad. Niega que sea el testaferro de Delgado y añade: “Si yo hubiera querido trincar sería multimillonario”.
Otra de las operaciones denunciadas por Hacienda afecta a otro ex alto cargo de la Junta. Se trata de Andrés Martín de Paz, que fue director general de Deportes hasta 2003, cuando Tomás Villanueva era consejero de Educación.
En 2003, Iberdrola en Castilla y León firmó un acuerdo con Andrés Martín y su esposa para que este entrara con un 20% en el capital de tres parques eólicos. Crearon una sociedad en la que la eléctrica puso el 80% y Martín 357.602 euros por el 20% restante. Poco después, Iberdrola recompró las acciones por 4,23 millones de euros sin que Hacienda haya encontrado “ninguna prueba, siquiera indicios, de que Andrés y su esposa prestaran servicios” a Iberdrola.
Martín de Paz se defiende alegando que todo es una confusión. Por teléfono explica que compró unos terrenos a su familia para arrendárselos a Iberdrola durante 25 años como había hablado con el delegado de la eléctrica en esa comunidad, Ricardo Bravo Sayas, al que este diario no ha localizado. “Al final, después de hacer las mediciones decidieron cambiarlos de ubicación”. Entonces, afirma que pactó que Iberdrola le pagara para compensarle lo que gastó en el terreno. “Perdí dinero en la operación”, explica este conocido empresario en Valladolid, que fue presidente del club de balonmano.
Martín de Paz recuerda su declaración hace meses ante la inspección de Hacienda: “Yo era una mosca comparado con lo que buscaban. Iban detrás de Iberdrola por la adjudicación de megavatios, pero lo mío no era el problema”. Admite que el inspector le enseñó un organigrama de la consejería de Economía.
Premio a operación con pérdidas
El inspector de la Agencia Tributaria que ha destapado la trama eólica descarta que los pagos respondieran a una actuación individual de algún directivo de una eléctrica. Como ejemplo señala la operación por la que Iberdrola dio 47,1 millones a Alberto Esgueva, un alto cargo de la comunidad que había desembolsado 24.400 euros. “Ningún gerente ni administrador de una sociedad que causase un perjuicio tan grande a la sociedad para la que trabaja como consecuencia de una decisión como ésta, carente total y absolutamente de fundamento económico, permanecería en el cargo más allá de unos días, tras haber causado semejante pérdida y despropósito, si la situación hubiera sido conocida por sus superiores, circunstancia que tuvo que ocurrir ya que Iberdrola SA fue la que realizó el desembolso inicial mediante un talón de 13.595.000 euros”.
Sin embargo, “Ricardo Bravo Sayas, que llevaba la dirección de Ibercyl [filial de Iberdrola en esa comunidad], firmante de los aparentes contratos con San Cayetano Wind [...] no solo no tuvo que responder de los perjuicios causados y de una posible administración cuando menos negligente, sino que en el año 2007 dejó de trabajar, posiblemente por jubilación, y percibió de Iberdrola Renovables las nada despreciables cantidades de 1.174.681,68 euros sujetos a retención y, además, otros 778.385,9 exentos, en total 1.962.929,14 euros
El País 21-4-2015
La Junta de Castilla y León defiende la legalidad de sus autorizaciones eólicasEl consejero de Economía, Tomás Villanueva, defiende que la tramitación ha sido correcta
El consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha defendido este lunes que, tras realizar un "primer examen", la tramitación de las autorizaciones de los parques eólicos cuestionados por la Agencia Tributaria "ha sido correcta y ajustada a la legalidad". Villanueva se ha referido a la información publicada en EL PAÍS sobre un informe de la Agencia Tributaria que alertó a la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia
de supuestos pagos de comisiones por importe de 110 millones de euros.Villanueva también lamentó que la Agencia Tributaria no haya pedido información a la Junta sobre las supuestas irregularidades de las que ha informado a la Fiscalía Anticorrupción y añade que “habría sido muy sencillo pedirnos los expedientes y que el informe determinara unas conclusiones que al Gobierno nos dejaría en mejor consideración”.
Pero Tomás Villanueva insistió en que no le consta “absolutamente ningún tipo de irregularidad en los expedientes que aparecen en la información”, por lo que dijo: “Esperamos que se hayan tramitado correctamente y que no haya operaciones raras. No conocemos más”.
Ahora bien, dejó claro que “nunca” hubo denuncias de empresarios sobre irregularidades en la tramitación de las autorizaciones, aunque reveló que solo hubo “alguna impugnación” por cuestiones medioambientales por parte de organizaciones ecologistas. Villanueva también niega la existencia de comisiones –“evidentemente no me consta”- y explicó que si se hubieran detectado “se hubieran tomado medidas”.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que se remitirá de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes sobre las autorizaciones de los parques eólicos en la Comunidad, y que el consejero va a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre este asunto.
El consejero ha explicado que su departamento ha hecho un primer análisis sobre la concesión de autorizaciones en los periodos y a las empresas aludidas en la información periodística, aunque no ha descartado la posibilidad de extenderlo a todos los procedimientos aprobados por la Junta de Castilla y León para abundar en la "transparencia y colaboración" que ha ofrecido a los tribunales de justicia.
Villanueva ha distinguido el procedimiento de autorización de la instalación, en el que sí interviene la Administración autonómica, de las operaciones que, según la Agencia Tributaria, llegaron después entre las empresas, lo que ha considerado "relaciones entre particulares".
El titular de Economía y Empleo ha dicho que "nunca" ha habido denuncias ni impugnaciones de empresas por supuestos tratos de favor a otras compañías en procedimientos de este tipo, ya que las únicas alegaciones que se han tramitado han tenido una naturaleza medioambiental, debido a que estas autorizaciones se sometían a examen de impacto ambiental.
Sobre si le consta que uno de los supuestos beneficiarios, en aquel momento consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, era titular de una de las compañías que al parecer se vio involucrada en estas prácticas supuestamente fraudulentas, ha respondido "evidentemente no", ya que "se hubieran tomado medidas".
Sobre el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, fuera del departamento desde el inicio de la presente legislatura, ha dicho que tiene "el mayor respeto" por él, como una persona "muy preparada", aunque ha negado tener contacto con él desde hace cuatro años.
Villanueva ha reconocido que estas informaciones generan "alarma" y la sociedad "necesita una aclaración", aunque ha pedido "respeto" por los tiempos de la Justicia, a la que ha trasladado su "plena confianza" y ha ofrecido su colaboración.
El consejero, que ha anunciado que deja el cargo al final de la legislatura, ha asumido que le hubiera gustado "que no hubiera problemas" de este tipo, pero ha argumentado que como integrante del Gobierno "hasta el final hay que dar aclaraciones".
"Lo mejor es la transparencia y la colaboración", ha remarcado Villanueva, quien finalmente ha vinculado estas informaciones al "periodo electoral", en el que "todo se fracciona", pero ha confiado en que "la gente valore" a su partido "por lo que ha hecho en Castilla y León, que ha sido mucho".
El PSOE exige el cese del consejero de EconomíaLa secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha exigido en cese "inmediato" del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, por las supuestas autorizaciones eólicas irregulares, al tiempo que ha reclamado "explicaciones" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ante la Diputación Permanente de las Cortes y, de no se así, ha anunciado que cursará una solicitud para reclamar su comparecencia ante el Senado como Cámara Territorial.
Ana Sánchez ha reclamado que Herrera "asuma sus responsabilidades" en una precampaña, a su juicio, "ensuciada por los casos de corrupción" y que "han corrompido" a la Comunidad. "Herrera ha estado cuatro años sin salir del despacho y no sabía lo que estaba pasando en el despacho de al lado", ha aseverado Sánchez.
No obstante, la secretaria de Organización socialista ha recordado que la pasada semana el PSOE envió a la coordinadora de campaña del PP, Rosa Valdeón, la solicitud de debate, algo que Herrera ha rechazado al considerar que los socialistas "le insultan" por, como ha explicado Sánchez, "colgar" en su web el auto del juez Ruz sobre la trama Gürtel.
Así, ha recordado que los argumentos esgrimidos por la Agencia Tributaria sobre las autorizaciones eólicas son los mismos que los aparecidos en el auto del juez Ruz: "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo", como publica este lunes el diario El País.
"Herrera tarda en dar explicaciones", ha aseverado Sánchez, quien ha asegurado que el PSOE ya no quiere debatir porque el candidato del PP "enturbiaria" un debate de "candidatos decentes". "Debe dar explicaciones a los ciudadanos y no a otros candidatos", ha aseverado la representante socialista.
Ciudadanos también pidió dimisiones. "Parece que en España estamos condenados a que cualquier obra pública esté salpicada por comisiones ilegales", reaccionó José Manuel Villegas, diputado de Ciudadanos. "Hay que actuar con ejemplaridad, los políticos tienen que dimitir".
Por su parte, la candidata a la Presidencia de la Junta por UPyD, Carolina Martín, ha solicitado al líder del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, que comparezca ante la ciudadanía "y ofrezca las explicaciones pertinentes a los ciudadanos" porque, a su juicio, la gestión de la Junta "queda en entredicho".
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/20/actualidad/1429531230_754139.html?rel=rosEPDiario de Soria 20 de abril de 2015
Iberdrola asegura que su filial de renovables “siempre” ha desarrollado sus proyectos eólicos en la “más estricta legalidad”La compañía eléctrica declara que todas las operaciones se materializaron en base a las valoraciones de mercado
Ical 20/04/2015
Iberdrola aseguró esta tarde que su filial de renovables en Castilla y León ha desarrollado sus proyectos eólicos en la Comunidad “siempre” en el marco de la “más estricta legalidad”. Fuentes de la compañía eléctrica apuntaron que todas las operaciones de compraventa llevadas a cabo por Iberdrola Renovables Castilla y León (Ibercyl) se materializaron en base a las valoraciones de mercado.
Unas declaraciones que llegan después de la denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo”, que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en la Comunidad.
El periódico señala que la mayor operación de amaño de la concesión administrativa tuvo lugar entre Ibercyl y el ex consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, quien habría ingresado 47,1 millones de euros tras la recompra de unas acciones de una sociedad participante en proyectos eólicos.
