QUERELLA EÓLICA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA

NOTA DE PRENSA

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Querella por el planeamiento y desarrollo energético

No nos dejan otra salida. No hay información ni participación. Medio ambiente devuelve, por su ilegalidad, todas las iniciativas de Industria para la instalación de parques. Industria no contesta ninguno de nuestros escritos. El Ayuntamiento de Valdeprado y otros colaboran, con su misma ilegalidad y secreto, con Industria.

Los parques eólicos no son, al contrario de lo que se nos dice, una “energía verde”, ni contribuyen al desarrollo del empleo, la tecnología y la calidad de vida de los afectados. Se trata de un medio más de generar energía y se caracterizan por la forma abusiva en que las grandes corporaciones, con apoyo de los políticos, imponen sus proyectos a las comunidades, sin valorar sus impactos humanos, sociales o ambientales.

Rechazamos los parques industriales eólicos, además de por su burda ilegalidad, 1) por su falsa caracterización de “verde”, 2) por el incontrolado poder de especuladores, multinacionales y bancos que los manejan, 3) por el hecho de que los proyectos, sin información ni debate previo, llegan impuestos a nuestras comunidades y, además, 4) porque el ciclo de vida de la energía eólica precisa recursos ni ecológicos ni renovables, como son el hormigón, las gigantes estructuras metálicas, el cobre, los lantánidos, el agua, el aceite, además del destrozo que suponen las infraestructuras, los molinos, las pistas de rodadura, las líneas de evacuación, las subestaciones,…

Además, su instalación significa un acaparamiento de tierras, entre ellas de los montes comunales, el control de todo el territorio, que es la vida de su población, dañinos impactos contra ella y aquel, deforestación, aplastamiento de la habitual actividad económica, desvalorización progresiva, pérdida de los elementos culturales, históricos, ambientales, daño en la fauna y la flora, contaminación y desvío de cauces,…, afectan, en definitiva, a una visión ancestral, consolidada, del mundo y una forma lógica de relacionarse con la naturaleza.

Por ello, en lo que se refiere a tal actividad, exigimos que “los políticos hagan su trabajo y los empresarios el suyo”, separados, pues “cuando se cruza la raya, aparece la corrupción” y, a partir de ella y la leal convicción de que en los hechos que denunciamos se ha cruzado esa raya, hay motivo suficiente para denunciar penalmente lo que representa un caso de corrupción sistémica cierta, quiebra del Estado de Derecho en el trámite de varios procedimientos administrativos a través de los que se pretende 1) una abusiva apropiación del territorio de otros, 2) una dañina, ilegal e ilógica imposición de nuevos usos en una parte comunal y privativa del mismo, 3) la implantación en él de ilegales infraestructuras dañinas para el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes y 4) la privación de facto de los ancestrales, legales y lógicos usos de tal territorio por sus propietarios, consecuencia todo ello de la ilícita connivencia del dinero y los políticos.

Es corrupción que, a través de actuaciones administrativas ilegales, pretende imponer, en este caso, la implantación de gigantescos aerogeneradores, pistas de rodadura, líneas de alta tensión, subestaciones,… en las naturales montañas y valles del Sur de Cantabria, destruyendo el tradicional y lógico uso agrícola, ganadero, cultural, turístico, deportivo,… de ese territorio.

Son varios procedimientos administrativos groseramente ilegales, superpuestos, confusos, con un claro objeto ajeno al interés general, evidentemente impuesto por un poder no electo y con un fin programado y definido mucho antes de iniciarse cualquiera de los procedimientos.

Hemos vivido el constante aquelarre de un salvaje “milagro” eólico. Industria, Francisco Martín y Raúl Pelayo, impulsan el trámite de mil parques ilegales y Medio Ambiente les explica que, aunque técnicos y lobbystas no lo entiendan, hay que crear la apariencia de un Estado de Derecho, respetar la ley, el Convenio de Aarhus y otras incomodidades.

Por el momento, se ha frenado el atropello que Industria/EDP Renovaveis Cantabria S.L.U./Biocantaber-Iberdrola/Oxital-Huerta quieren perpetrar en Valdeprado, Valderredible, Valdeolea,… (P.E. El Escuchadero, Céspedes, La Milla-El Horno, Somaloma-Las Quemadas,…). Los de siempre, como siempre. Transcurridos siete años desde el concurso anulado no hay ni un solo parque eólico -que sepamos- en tramitación. Un éxito de todos los afectados y un sonoro fracaso de la especulación.

¿Y ahora, qué? Industria, como si fuera una eólica, alega frente a Medio Ambiente. Iberdrola insiste. Oxital/Huerta, crea y controla una sociedad con un capital de 10.000 €, la presenta como si fuera una gran multinacional y anuncia, no a Industria, a la Vicepresidenta, además Consejera de Medio Ambiente, ¿por qué a ella?, que pretende construir siete parques, 263 Mw., la mitad casi del PSEC 2014-2020,… http://elperiodicodelaenergia.com/oxital-se-une-a-la-norteamericana-crossfield-para-construir-siete-parques-eolicos-en-cantabria/

Visto lo visto, no se puede seguir así. Se nos acabó la paciencia y acudimos a los Tribunales con una querella ante la Sala de lo Penal del TSJC, en principio contra Francisco MARTÍN GALLEGO y Raúl PELAYO PARDO, Consejero y Director General de Industria y contra Jaime SOTO MARINA y Alfredo FERNANDEZ DIAZ, Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Valdeprado del Río, así como contra todas aquellas otras personas que en las actuaciones que se practiquen en el procedimiento aparezcan como imputables. Se trata que, de una vez por todas, se nos diga por los Tribunales si la falta de información y participación, la omisión de los estudios de impactos legales, la falta de planificación, que no haya ni una sola reunión con los propietarios (Concejos y particulares) de los terrenos que se pretenden destrozar, la complicidad de los Ayuntamientos,…, en definitiva, el burdo, voluntario y abusivo desprecio de la Ley constituyen delitos de prevaricación, contra el medio ambiente, urbanísticos, por falta de planificación,… Y si lo son que, también de una vez por todas y para poner fin al rosario de ilegalidades, señalen a los culpables y les impongan las penas que se merezcan.

La falta de información impide que los interesados participen, de verdad, en la decisión, al tiempo que la ausencia de PROT, planificación y ordenación territorial, evita ordenar y valorar los efectos sinérgicos, propiciando la coincidencia de aerogeneradores de diferentes proyectos en un mismo territorio, provocando una ilegal e ilógica concentración de molinos, tendidos, pistas, subestaciones,…, incluso fracking, a su conveniencia.