Discotecas, pubs y panaderías se adjudican parques eólicos
Lorena López / Rubén Esteller
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Cómo se explica alguien que parte de las adjudicaciones de los concursos autonómicos en España hayan ido para empresas locales que nada tienen que ver con el negocio energético. Los Tribunales han visto varias deficiencias en estos procesos y hay distintos procesos judiciales encima de la mesa que pueden dar al traste con estas iniciativas de las comunidades autónomas que prometían ser un nuevo motor económico y la consolidación del sector en España.
La pasarela que supone en estos días la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera 2011, que tiene lugar en el recinto ferial de Madrid, Ifema, ha puesto de manifiesto la frustración que representan para las compañías dedicadas a este sector estas adjudicaciones, frente a estos concursos que se han convertido en armas electoralistas.
Discotecas, empresas de transporte o de limpieza, panaderías, una quesería, plantas de basuras, una fábrica de lámparas con tecnología de red, un grupo de aprovechamiento de sangre animal, grúas móviles para puertos, componentes para aparcamientos robotizados, financiación y mantenimiento de infraestructuras hospitalarias... La lista de adjudicatarios es larga y de lo más dispar en estos concursos de Aragón, Cataluña, Galicia, Cantabria, Andalucía, Castilla y León o el País Vasco.
Todos ellos salpicados de polémica, pero no sólo eso, sino que el problema reside en que gran parte de estos proyectos no se están desarrollando y curiosamente la mayoría coinciden con los asignados a las empresas locales.
Así, destaca que en comunidades como Andalucía los promotores y empresas locales se hayan llevado el 50 por ciento de la capacidad sacada a concurso, pero sólo se estén desarrollando un 12 por ciento de los mismos. Lo mismo ocurre con Aragón donde se llevaron el 33 por ciento de los megavatios y sólo se están desarrollando un 19 por ciento.
En Asturias, esta diferencia es del 27 por ciento frente a un 4 por ciento, en Cataluña se han adjudicado un 21 por ciento frente a un 7 por ciento de parques que se han puesto en marcha finalmente y en Galicia las empresas locales consiguieron el 25 por ciento de la capacidad adjudicada, pero sólo desarrollan un 9 por ciento.
Con todo, actualmente hay aproximadamente 14.000 megavatios adjudicados y pendientes de ponerse en operación.
¿Y qué está ocurriendo para que haya este retraso en la ejecución de los proyectos? Los procesos judiciales han destapado varias respuestas. De un lado, ha salido a la luz que las licencias de los parques son un gran negocio, por la escasez precisamente de las mismas. Así, al igual que ya ha ocurrido en otros concursos las empresas pueden revender sus proyectos a otras compañías y conseguir una gran rentabilidad.
Negocio de vender licencias
Cabe destacar que los fabricantes de aerogeneradores han vendido permisos o parques construidos como estrategia de venta de las turbinas, pero además los agentes locales y algunas empresas renovables han vendido sus derechos con el objetivo de sacar altos beneficios en un corto plazo de tiempo. De esta forma, tan sólo estos tres grupos han cedido gran parte de la potencia adjudicada, pasando a tener un 18 por ciento de potencia operativa, frente al 53 por ciento inicialmente asignado.
De ahí que coincida precisamente que algunas de las pequeñas empresas adjudicatarias de estos concursos se hayan constituido hace relativamente poco tiempo, como es el caso de un bar de copas de Zaragoza, domiciliada hace tan sólo un año como ZZI Temple Zaragoza con el objetivo de explotar todo tipo de negocios de hostelería y restauración, pero el Gobierno de Aragón le ha garantizado la explotación de 9 megavatios en un pequeño municipio al suroeste de Teruel, en Almohaja.
En concreto, el concurso de Aragón es el más reciente a la par que uno de los más polémicos. Además del caso comentado, en este proceso también han sido adjudicatarios Pub Paparazzi y Transportes Carreras, cuyo dueño, según la prensa local, tiene una estrecha relación con Marcelino Iglesias, presidente de Aragón. También, Codesport porque pertenece a Agapito Iglesias, presidente del Real Zaragoza, y adjudicatario de la mayor obra civil realizada en la capital aragonesa en los últimos años: la plataforma logística Plaza, promovida por la Consejería de Ordenación del Territorio.
Además, en la resolución de este concurso se han asignados parques muy pequeños, de una media de 14 megavatios, lo que hace que la rentabilidad de estas inversiones sean muy bajas. De hecho, la media de la potencia de los parques en un concurso eólico suele ser mucho mayor y por promotor las adjudicaciones suman unos 100 MW.
Problemas para la red
En este sentido, el director de Operaciones de Red Eléctrica, Alberto Carbajo, señaló recientemente la dificultad que representa la conexión de los parques declarados de Interés Especial en el concurso de Aragón, por su pequeño tamaño y dispersión geográfica, que "inevitablemente encarecerá las inversiones en infraestructuras eléctricas y complicará la gestión de los centros de control, de tal forma que muchos de estos proyectos pueden ser inviables".
El problema se presenta para las grandes eléctricas tradicionales que en sus alegaciones a los recursos de estos concursos señalan que el desarrollo de los parques industriales presentados a las adjudicaciones autonómicas (instalaciones de torres meteorológicas, preparación de proyectos...) implica inversiones que pueden alcanzar los 5 millones de euros a fondo perdido en el caso de que las ofertas no resulten seleccionadas.
Pero hay una realidad irrefutable que reside en que para llevar a buen puerto estos parques es necesario una fortaleza financiera y técnica que hace casi imposible asumir por las pequeñas empresas adjudicatarias. Para empezar, según expertos del sector, muchas sociedades pueden tener problemas para cumplir con la legislación del sector eléctrico. Además, hay que destacar que no se han realizado análisis medioambientales y hay parques sobre zonas sensibles.
A este aspecto, el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León ha anulado cinco parques eólicos en la provincia de León al estimar el argumento de SEO/BirdLife y el Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa de que las evaluaciones de impacto ambiental de los parques de las comarcas de Omaña y Luna eran deficientes. Este precedente podría suponer la necesidad de revocar las autorizaciones concedidas en Castilla y León a numerosos proyectos en análogas circunstancias.
Repetición de los concursos
Por tanto, numerosas revocaciones pueden sucederse con el resto de concursos de las comunidades autónomas, como en Cataluña, donde había zonas en juego que sumaban 769 megavatios y cuyo resultado se hizo público el pasado mes de octubre, en los últimos días de Gobierno en coalición del PSOE-ERC. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió el 3 de marzo la resolución del concurso tras aceptar el recurso de dos asociaciones de ecologistas del Ampordá.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, indicó recientemente que el concurso contenía defectos de forma y baraja la posibilidad de que tenga que repetirse.
Galicia también ha sido un caso peculiar. Existió un primer intento con el Gobierno del BNG-PSOE, donde las empresas adjudicatarias fueron de lo más variopintas, con la presencia de hasta una fábrica de cubiertos. Pero el proceso fue anulado por el Partido Popular tras su llegada al gobierno y se convocó otro concurso, con un resultado también polémico.
La energía limpia se 'ensucia'
Para añadir más leña al fuego, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado la validez del concurso eólico del bipartito, lo que ahora podría costar aproximadamente unos 300 millones a la Junta.
Por último, en Cantabria, siete empresas se han hecho con los 1.400 megavatios en juego y numerosas compañías que se presentaron al concurso han recurrido la resolución, al igual que varios grupos de ecologistas. Además, este concurso ha sido uno de los puntos estrella en la campaña electoral para las elecciones y desde el Gobierno se ha enfocado como un elemento clave de modernización de la región a través de las energías limpias.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de tumbar la adjudicación de cuatro parques eólicos que hizo el Gobierno de Ibarretxe en 2008 por haber aplicado criterios de evaluación de las ofertas que no eran conocidos por los participantes.
Lamentablemente, la tecnología limpia se está empañando de elementos distorsionadores para la economía y aspectos negativos para el sector de la energía verde.
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