Alberto Nadal Belda (Madrid, 1970) se ha encargado, como secretario de Estado de Energía, de ejecutar la reforma eléctrica, con la que ha generado malestar en todos los sectores implicados. En esta entrevista adelanta que el Gobierno suprimirá el sistema de subastas implantado hasta la fecha.
Pregunta. Usted llegó al cargo hace 13 meses para arreglar un sector que estaba para el arrastre.
Respuesta. Cuando se me llamó, no lo dudé un segundo. Pero era consciente de que la tarea no era fácil. Seguramente el problema financiero del sector energético es una de las herencias más complicadas. Subrayo lo del problema financiero, porque el sistema funciona bien: no tenemos apagones, cortes de suministro ni zonas desabastecidas y el mix es el adecuado. Los costes eran muy elevados y nos han hecho perder competitividad a marchas agigantadas y han situado al sistema en una enorme fragilidad financiera. Los ingresos caían y los costes crecían provocando un agujero estructural de 10.000 u 11.000 millones al año. ¡Un punto de PIB! Era insostenible. El reto era ayudar a cerrar esa vía de agua y dar estabilidad. Ahora bien, ese reto no se resuelve con tiritas, requiere decisiones de calado.
P. A toro pasado, ¿cree que está bien pensada, meditada y ejecutada la reforma eléctrica?
R. Está bien pensada y meditada y los pasos más difíciles están dados. Hemos escuchado a todo el sector, a la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] y hemos pulido cientos de pequeños detalles. Ha habido muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, y en realidad hemos dado una vuelta completa al sistema de retribución de la parte regulada, y eso consume recursos.
P. ¿Y qué va a pasar con las subastas que fijaban el precio para los consumidores domésticos?
R. Para el 1 de abril habrá un nuevo sistema mucho más sencillo y transparente que permitirá ahorros importantes para los consumidores domésticos. En el sistema anterior el precio de la energía se establecía mediante subastas, que convertían el precio del mercado mayorista de electricidad, que fluctúa cada hora, en un precio constante durante un trimestre. Era muy complejo, con gran número de intermediarios y generaba un alto sobrecoste para el consumidor. En el nuevo sistema desaparecen las subastas y se tomará como precio de la energía el que efectivamente haya habido en el mercado eléctrico durante el periodo de consumo del recibo.
P. ¿Y cómo se fija?
R. Según el periodo de facturación, que puede ser mensual o bimensual, y se fijará de acuerdo al precio del mercado mayorista. Las variaciones responderán al verdadero coste de la energía. Aunque en el cómputo anual el precio será inferior, con toda probabilidad, al que resultaba hasta ahora. Para quien quiera más estabilidad en su precio vamos a imponer la obligación a los comercializadores de referencia de hacer una oferta en la que el precio se mantenga estable todo el año. Evidentemente, será superior, pero entendemos que hay consumidores que preferirán esta opción.
“Arreglar el sector no se resuelve con tiritas, requiere decisiones de calado”
P. ¿No se corre el riesgo de que se pueda manipular?
R. El mercado de electricidad da, en general, una buena señal de precio, prueba de ello es que ahora mismo tenemos precios muy bajos por una situación meteorológica favorable. Y ya la idea de que el Gobierno y la CNMC están permanentemente vigilando el mercado y, ante cualquier circunstancia atípica, estamos preparados para actuar con rapidez, da garantías, como pasó con la subasta de diciembre, que se anuló en menos de 24 horas.
P. ¿Desaparecerán los intermediarios financieros, por tanto?
R. En efecto, la relación va a ser del consumidor con el comercializador.
P. ¿Los costes regulados van a seguir siendo el 55% de la factura?
R. Sí, salvo una evolución muy volátil de la energía. Lo que ha hecho la reforma es congelar los costes fijos del sistema que se pagan con los peajes y que se fijarán una vez al año, en enero, y ha invertido los dos conceptos por los que se paga, de manera que la potencia pasa de suponer el 35% al 60%, y el consumo, del 65% al 40%, con lo que se trata de beneficiar a las familias.
P. ¿Las eléctricas han ayudado?
R. Los agentes implicados prefieren lógicamente que sean los demás los que asuman el ajuste. Todos entienden el problema, pero nadie está dispuesto a implicarse en la solución. Es el Gobierno el que asume la responsabilidad y distribuye los costes del ajuste. El sector había vivido, en gran medida, al margen de la crisis. Hemos intentado que cada cual aporte lo que le corresponde. No puede ocurrir que todos los sectores y los salarios se ajusten y las retribuciones eléctricas sean intocables.
P. ¿Es consciente de que se enfrenta a un sector muy poderoso?
R. Los sectores organizados, y este es un sector organizado, tienen capacidad de influencia, aunque sólo sea porque se les recibe en los despachos ministeriales. Pero la gran masa de consumidores eléctricos no está tan organizada. Y si por alguien tiene que velar el Gobierno, es por estos, que han visto que la factura crece y crece y no entiende por qué. Los que lo entienden, porque viven dentro de él, hacen lo posible para evitar que el ajuste recaiga sobre ellos.
P. Dice que España tiene un mix energético apropiado, pero...
R. Sí, tenemos nuclear, carbón, gas, fotovoltaica, termosolar, eólica…, todas las tecnologías posibles. El problema es que no se han implantado en el momento adecuado, sobre todo en el caso de las renovables y, dentro de estas, las solares. El Gobierno mantiene su apuesta por las renovables pero con un coste razonable. Si en vez de haber invertido en 2007 y 2008, lo hubiéramos hecho a partir de 2009 nos habría costado mucho menos y habríamos tenido acceso a fondos comunitarios. El arte de la política energética es guardar el equilibrio entre tres patas: garantía de suministro; competitividad y precio, e impacto medioambiental. No se puede sacrificar ninguna y eso fue lo que se hizo en las pasadas legislaturas, que se prestó muy poca atención a la competitividad. Teníamos que haber esperado a que la tecnología estuviera madura.
P. ¿España ha sido cobaya?
R. Más que eso, les hemos pagado al resto del mundo la curva de aprendizaje. Esto es grave porque España no es un país con una riqueza y una potencia como para regalar al resto del mundo ese aprendizaje. Los costes se han convertido en una hipoteca que queda para el consumidor para muchos años y, gracias a ella, otros países instalan tecnología renovable muchísimo más barata. No obstante, hay cosas enormemente positivas de las renovables, ya que reducen la importación de petróleo y aumentan la competencia.
P. ¿Por eso ha cambiado la retribución de las renovables?
R. Las renovables tenían una retribución elevada. Cada vez que salía un real decreto de retribución, había cola de inversores, porque la rentabilidad era excepcional. Se habían previsto 400 megawatios fotovoltaicos en 2007 y surgieron siete veces más. España tenía previsto generar el 13% con renovables para 2013 y estamos en el 17,5%. En termosolares, tenemos el 70% de la potencia mundial instalada, siendo muy cara. Todo ello bajo un sistema en el que se asignaban los permisos según el primero que llegaba. No es una forma de asignación eficiente, ya que se no se otorga al proyecto más barato, sino al que tiene más información. En muchas ocasiones los adjudicatarios vendían inmediatamente los permisos obteniendo un beneficio; en otras, el promotor vendía el proyecto una vez terminado como si fuera una inversión financiera. El apoyo a las renovables terminó convirtiéndose en un negocio financiero basado en el BOE.
P. Les van a llover demandas.
R. No creo que tengamos un orden constitucional y jurídico en el que, una vez que un Gobierno haya tomado una decisión, los gobiernos posteriores no puedan modificarla para la salvaguarda del interés general. La rentabilidad del 7,5% que establecida en la nueva regulación es más que razonable teniendo en cuenta la situación del país y la rentabilidad de las instalaciones. La Ley anterior ya fijaba la rentabilidad razonable como el criterio sobre el que se debe basar el sistema de apoyo a las renovables y en esta misma línea se pronunció el Tribunal Supremo.
P. Las eléctricas se quejan de que no se las consultó.
R. Eso no es así. Podemos haber tenido decenas de reuniones con el sector antes de la reforma.
P. ¿Por qué dicen lo contrario?
R. Porque el BOE no ha reflejado plenamente su posición. El Gobierno ha intentado buscar un centro de gravedad que lógicamente no satisface a nadie. Hemos escuchado a las eléctricas tradicionales, a las renovables, a los cogeneradores, a los consumidores, al operador del mercado, al del sistema…, y hemos optado por lo que nos parecía mejor. Todas y cada una de las soluciones que hemos recibido consistían en subir impuestos, el recibo de la luz o que fuera otra parte del sector la que sufriera el ajuste. Se les escucha, otra cosa es que se les haga caso en todo. Pero la regulación no se puede hacer desde Unesa ni desde ninguna otra asociación; se hace desde el Ministerio escuchando a todos. Además hay muchas cosas que hacemos con ellos, como dar batallas en Bruselas.
P. Las eléctricas aseguran que el recibo recoge costes que no son propios de la industria eléctrica.
R. Para dar una idea de que los costes regulados han sido el problema fundamental del sistema, me parece una campaña adecuada. Pero ellas también participan de subvenciones y otros costes que son ajenos al funcionamiento del sistema eléctrico, como son las primas a las renovables y las extrapeninsulares.
P. Llama la atención que diga que van juntos a Bruselas cuando las eléctricas les denuncian allí.
R. Hay áreas en las que tenemos intereses comunes porque está en juego la garantía de suministro. Por ejemplo, España lleva 11 años de retraso en el objetivo de tener un 10% de interconexión. Sin embargo, Europa está mucho más preocupada en alcanzar objetivos de porcentajes de renovables o de reducción de uso intensivo de energía que en la interconexión. Nuestra misión es poner esas cosas en la agenda. El primer punto que hay que plantear es si la política energética europea es coherente. Creo que Europa se precipitó. Tenía que haber hecho una política europea más eficiente desde el comienzo. Se debió haber apostado por una mayor integración de redes, y en renovables que todo el sistema de retribución contara con primas muy reducidas entre los Estados, teniendo en cuenta la forma más eficiente de tener una economía baja en carbono.
