El fiscal acusa al ejecutor de la trama eólica de planificar los parques que había que aprobar y a qué amigos se cedían
Rafael Delgado, viceconsejero de Economía, hacía incluir datos sobre la tipología de los promotores y decidía el momento en que se debían tramitar los expedientes, cumpliesen o no con los requisitos.
Laura Cornejo, El diario.es 4.05.2017
Entre los años 2005 y 2011 la Junta de Castilla y León no autorizó parques eólicos tomando como base criterios técnicos o económicos. Lo hizo tirando de unas hojas de Excel en las que el principal encausado en la trama eólica, el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, incluía datos sobre los amigos a los que iba a beneficiar.
Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, Delgado exigió a los promotores de los parques eólicos ceder o permitir la participación de empresas locales en los mismos. Además, seleccionó en las autorizaciones que él mismo concedía las empresas de amigos como Francisco y Alberto Esgueva (exconsejero delegado de la oficina de internacionalización de la Junta), Andrés Martín Paz (director general de Deportes en la Junta desde 1999 hasta 2003), Germán José Martín Giraldo (socio de Esgueva en varias sociedades y de la promotora del edificio de Economía Perla Negra) y de Miguel Ángel, Patricio y Alejandro Llorente (propietarios de la constructora Collosa), todos ellos imputados. Según la querella, en este momento no consta que otros miembros de la Junta supiesen lo que estaba ocurriendo.
A pesar de ello, el fiscal Tomás Herránz sí destaca en un párrafo el interés de la Junta por empresarios eólicos de la Comunidad: "En la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable (antes de la reforma del año 2007) por lo que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos. De este empeño se encargó Rafael Delgado", dice en su escrito.
Lo hizo exigiendo a promotores con visos de obtener la autorización que cediesen parte de la participación a ciertos empresarios. Esta no podía ser inferior al 40%, bajo amenaza de no obtener los permisos. Delgado recurrió a la figura administrativa de la avocación para que recayese sobre él la facultad de autorizar los parques. Revocó la competencia de los Servicios Territoriales otorgados por decreto, a través de una norma de rango inferior, lo que para Anticorrupción "resulta ilegal".
El resultado fue que Delgado concedió el 71% de las autorizaciones de parques desde 2005 hasta 2011, año en que dejó la Junta.
El fiscal destaca un apartado de la Instrucción 2/2004 de avocación que permitió a Delgado "manipular la tramitación de los expedientes de parques desde la Dirección General de Energía y Minas al controlar el momento en el que se debía tramitar los expedientes, con independencia de que cumpliesen o no los requisitos".
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