La punta del iceberg de la corrupción eólica del PP en el País Valencià
Comentario previo:
Que 16 años después de adjudicar los parques eólicos valencianos se detenga al Presidente de la Comunidad Valenciana no es ninguna alegría, porque desde el día siguiente a la adjudicación ya se alertó de los chanchullos, corrupciones y pelotazos que se estaban dando. Casi todo ha prescrito y, nos tememos, que las cárceles no se llenarán de corruptos ni mucho menos.
Además, esto que ha aparecido no es más que la punta del iceberg de la corrupción generalizada que sufrimos entonces. Por sólo hablar del Plan eólico valenciano, aquí se habla que la familia Cotino (Sedesa) obtuvo 40 millones de beneficio de los cuales pagó a Zaplana 10 millones, pero es que los Cotino sólo tenían el 25% de 400 MW instalados. En total, el Plan eólico, constaba de 1700 MW. Con una sencilla regla de tres, si los Cotino con 100 MW, obtuvieron 40 millones de beneficios y dieron 10 millones al Partido popular, habría que pensar que de un total de 1700 MW, la totalidad de los adjudicatarias obtendría un beneficio de 680 millones de euros y, en la misma proporción, pagarían una comisión de 170 millones de euros. ¿O alguien ha pensado que sólo se les exigió comisión a los Cotino?
Es decir, todavía tiene que salir a flote mucha porquería y, probablemente, no salga nunca: al fin y al cabo, los Cotino son unos empresarios de provincias y han sido pillados, pero el resto de adjudicatarios, (que son grandes eléctricas y grandes empresas del sector de la construcción), serán más listos y no serán pillados.
El Confidencial 23.05.2018
Los Cotino pegaron un pelotazo de casi 40 millones con el Plan Eólico de Zaplana
Sedesa vendió a Endesa su participación en la concesionaria de más de 400 MW de un concurso de la Generalitat. Olivas fue condenado por cobrar una comisión de Cotino de 580.000 euros
La familia Cotino obtuvo un buen bocado económico del Plan Eólico Valenciano impulsado por Eduardo Zaplana. El reparto de concesiones, que se concretó en el año 2001, apenas unos meses antes de la marcha del político nacido en Cartagena al Ministerio de Trabajo, tuvo varios ganadores, entre los que figuró un consorcio en el que la familia vinculada al Partido Popular tenía una participación relevante. Proyectos Eólicos Valencianos, que así se llamaba la mercantil, se hizo con más de 400 MW de potencia a desarrollar durante los años siguientes en un modelo de asignaciones de derechos de explotación que generó todo tipo de sospechas en aquellos años.
Ante la demanda de proyectos para montar parques eólicos que llegaban a la Generalitat, el Gobierno autonómico de Zaplana decidió restringir y controlar el acceso. Montó un concurso en el que pujaron grandes empresas eléctricas a las que se 'invitó' a incorporar socios locales. Proyectos Eólicos Valencianos fue uno de estos grupos. Estaba compuesto por la filial de renovables de Endesa, Bancaja y Sedesa (luego denominada Asedes Capital), que tenía un 25% del capital. En el año 2008, ya con Zaplana fuera del Consell valenciano, la empresa entonces dirigida por Vicente Cotino y el entonces presidente de la caja, José Luis Olivas, negociaron la venta de su participación a Iberdrola, de la que el posteriormente vicepresidente de Bankia era consejero. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán puso una oferta encima de la mesa, pero Endesa ejerció su derecho de tanteo y finalmente se quedó el 100% de la concesionaria eólica.
El beneficio en forma de plusvalía fue suculento para los Cotino. Obtuvieron casi 40 millones de liquidez en un momento en que su grupo empresarial comenzaba a atravesar problemas económicos, con la crisis inmobiliaria en ciernes. Olivas, por su parte, también sacó partido de la operación desde el punto de vista personal. Vicente Cotino admitió en un juicio celebrado contra ambos por delito fiscal y falsedad documental que pagó 580.000 euros a una empresa del exbanquero denominada Imarol en concepto de comisión por su labor de mediación para negociar con Iberdrola. El juez no se creyó la versión de la labor de teórico asesoramiento realizada por Olivas y lo condenó a año y medio de cárcel por falsificar una factura que no obedeció a ningún trabajo en concreto. La sentencia fue dictada por un juzgado de primera instancia y ratificada después por la Audiencia Provincial de Valencia. Fue el primer presidente autonómico del Partido Popular valenciano condenado en sentencia firme.
Anticorrupción y la UCO investigan si Zaplana ha repatriado fondos procedentes de empresarios adjudicatarios del Plan Eólico y las ITV
Una de las bases de la investigación de la operación Erial puesta en marcha por la Fiscalía es que Eduardo Zaplana pudo ser el eje del pago de comisiones por parte de empresarios, tanto en las concesiones del Plan Eólico Valenciano como de otro de los macroconcursos que puso en marcha al acceder al cargo de presidente regional en 1995, el de las licencias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Al igual que con los parques eólicos, la Administración valenciana propició la creación de consorcios en los que se situaron empresarios locales cercanos a la órbita del PP. Y también en este caso hubo adjudicatarios que salieron de las sociedades con posterioridad embolsándose jugosas plusvalías con la venta de sus participaciones.
Detenido Eduardo Zaplana por blanqueo, cohecho y delito contra la Hacienda
La Fiscalía Anticorrupción y la UCO investigan si Zaplana y otros investigados, como su exjefe de gabinete, el expresidente del Club de Baloncesto Estudiantes Juan Francisco García, percibieron comisiones por aquellas adjudicaciones, las colocaron en el extranjero y han tratado de repatriarlas recientemente. Se indagan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales o prevaricación. Algunos de los delitos podrían estar prescritos por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, pero no el de blanqueo, si Zaplana ha tratado de recuperar el dinero de forma irregular en los últimos años.
Para el exministro de José María Aznar, es su primera detención y el primer aviso serio de la Justicia después de que su nombre apareciese en diversas causas judiciales sin que llegase a ser imputado o investigado formalmente. En la misma situación de inéditos en los casos que han afectado al exdirigente del PP se encuentran García, el íntimo de Zaplana Joaquín Barceló o la mujer del exministro, Rosa Barceló, también investigada.
No ocurre lo mismo con los Cotino. Vicente está a punto de ser condenado en la causa de la financiación ilegal del PP valenciano que se ha juzgado en la Audiencia Nacional. Al igual que otros empresarios, ha admitido que hizo aportaciones económicas falsificando facturas por trabajos no realizados para pagar a Orange Market actos organizados para las campañas de 2007 y 2008 del Partido Popular valenciano. Vicente y su tío Juan también están procesados y a la espera de juicio en el caso del saqueo de fondos en Televisión Valenciana por los contratos relacionados con la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
El independiente 22.05.2018
Los molinos de viento que derribaron al ‘hidalgo’ Zaplana
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrean en la adjudicación de parques eólicos y de estaciones de ITV el origen de las millonarias comisiones ilegales que presuntamente cobró Eduardo Zaplana durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana.
La adjudicación de parques eólicos y estaciones de ITV a empresas controladas por la familia Cotino, origen presuntamente de las comisiones millonarias que el ex ministro cobró de manera ilícita durante su etapa como jefe de la Generalitat valenciana
Las pesquisas ponen el foco sobre el grupo empresarial Sedesa, controlado por dos sobrinos del ex presidente de las Cortes valencianas y ex director de la Policía Nacional Juan Cotino y detenidos en la ‘Operación Erial’.
El conglomerado de los Cotino resultó adjudicatario tanto de parques eólicos como de estaciones para inspección técnica de vehículos.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrean en la adjudicación de parques eólicos y de estaciones de ITV el origen de las millonarias comisiones ilegales que Eduardo Zaplana habría acumulado durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002) y que habría ocultado en Uruguay antes de intentar repatriar el dinero.
Las pesquisas ponen el foco sobre el grupo empresarial Sedesa, controlado por la familia del ex presidente de las Cortes valencianas y ex director de la Policía Nacional Juan Cotino. Éste es uno de los investigados en el marco de la Operación Erial, en la que han sido detenidos dos sobrinos que administraban empresas del conglomerado: Vicente y José Cotino Escribá.
Entre la documentación que ha requerido la UCO a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se encuentra la relativa a la adjudicación a la UTE ‘Proyectos Eólicos Valencianos’ de la autorización para la instalación de diversos parques eólicos en la comunidad. Se trata de una unión temporal de empresas en la que Sedesa (25 %) era el segundo accionista junto a Endesa Cogeneración y Renovables (hoy Green Power España SL, con un 55 %) y Bancaja (20 %).
El ex dirigente del Partido Popular Eduardo Zaplana sacó fuera de España un botín "millonario" que presuntamente obtuvo por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares
El 26 de julio de 2001, en la recta final de Zaplana como presidente autonómico, el Gobierno valenciano aprobó el Plan Eólico de la Comunidad con el que reguló la instalación de parques con una potencia total instalada de 1.695 megavatios mediante el funcionamiento de un máximo de 2.720 aerogeneradores. Era en vísperas de que el sector viviera una ‘burbuja’ como consecuencia de la política de primas implantada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que relevó a Aznar en abril de 2004.
En concreto, según se detalla en la resolución de concesión, dictada por la entonces Conselleria de Industria y Comercio el 25 de febrero de 2003, Proyectos Eólicos Valencianos obtuvo autorización para la explotación de parques eólicos en tres de las 15 zonas en que se dividía el proyecto -concretamente las números 5, 6 y 11, correspondientes a Castellón y Valencia- con una potencia acumulada de 395 megavatios, el 23,3 % del total. La UTE en la que participaba Sedesa era una de las cinco empresas adjudicatarias de las 21 que habían presentado ofertas a este concurso.
Las empresas de la familia Cotino, investigados en la ‘Operación Erial’ resultaron adjudicatarias tanto de parques eólicos como de estaciones de ITV
De acuerdo con la información que consta en el Registro Mercantil, Proyectos Eólicos Valencianos inició sus operaciones el 13 de julio de 2001, justo 13 días antes de que el Ejecutivo autonómico diera luz ver a su plan eólico. Su objeto social es la “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” y el capital social desembolsado es de 2,55 millones de euros.
Cuando el 28 de noviembre de 2006 se inició el montaje de sus primeros parques eólicos se cifró la inversión total que iba a desplegar la UTE en 450 millones de euros para desarrollar infraestructuras que iban a permitir generar más de 1.300 gigavatios al año, suficiente para garantizar el suministro eléctrico a unos 400.000 hogares.
El otro proyecto del que habrían salido las comisiones ilegales percibidas por el ex ministro de Aznar fue la privatización de las estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en diciembre de 1997. Levantina de Obras y Edificios SA -perteneciente al grupo Sedesa- fue junto a Servicios de Excavaciones SA e Inspecciones Técnicas y Verificaciones SA una de las empresas que integraban la UTE ‘Valenciana de Revisiones’, adjudicataria de uno de los siete lotes ofertados (concretamente el relativo a Castellón, Villareal, Vinaroz y Sagunto).
Reproches en la auditoría de la Sindicatura de Cuentas
Levantina de Obras y Edificios es una de las cinco filiales absorbidas por Sedesa División Inmobiliaria SL en virtud del acuerdo adoptado por la junta general de la compañía absorbente el 27 de enero de 2009. Los accionistas decidieron también cambiar el nombre de Sedesa División Inmobiliaria por el de Sistemas Globales Inmobiliarios SL. El anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en su edición del 19 de mayo de 2009 está firmado por Vicente Cotino Escribá, administrador único de la sociedad absorbente y administrador único o solidario de todas las sociedades absorbidas.
Según detalla la Sindicatura de Cuentas en el informe de auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio público de la Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Valenciana (1997-2015), fechado el pasado 27 de julio, Valenciana de Revisiones se hizo con el contrato de dicho lote tras ofrecer un canon de 5.823.318 euros. El pliego fijaba el mínimo en 4.479.475 euros.
En sus conclusiones, el síndico mayor (Vicent Cucarella Tormo) expone que el procedimiento administrativo utilizado y el plazo de duración del contrato -25 años, con posibilidades de renovación en tramos de 10 años hasta un máximo de 75- responden a los parámetros “más utilizados” por el resto de comunidades autónomas, si bien no pasan por alto el hecho de que no se hallaron evidencias que justificaran el cambio del régimen de explotación (de público a privado).
Sin ingresar 1,7 millones
Igualmente, la Sindicatura de Cuentas censuró que los pliegos que regularon el concurso no incluyeran “ningún tipo de actualización de la contraprestación económica a satisfacer por los concesionarios por el uso de las instalaciones de ITV ya existentes propiedad de la Generalitat”, lo que frustró ingresos a favor de la Administración autonómica por importe de al menos 1,7 millones en el periodo fiscalizado.
El informe también subraya el hecho de que las “importantes cuantías económicas” establecidas tanto para la fianza como para el canon de gestión “podrían haber supuesto una limitación a la libre competencia y a la concurrencia” de empresas, toda vez que los adjudicatarios de cuatro de los cinco lotes tenían forma de UTE.
El síndico, igualmente, llama la atención sobre el hecho de que el importe del canon de gestión ofrecido por cada uno de los licitadores representaba exactamente el mismo incremento -del 30 %- en relación con el mínimo establecido en el pliego de condiciones y que éste no citara “expresamente” ni la rentabilidad estimada ni la situación de equilibrio financiero.
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