LA RESPUESTA NO ESTÁ (SÓLO) EN EL VIENTO
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
El Gobierno se reúne en privado con la Asociación Eólica y solo trasciende que, tras el varapalo judicial derivado de la demanda de ARCA, 1) promete “dictar una nueva norma para ordenar el desarrollo eólico” que será aprobada “en el plazo de dos meses”, así como que las empresas 2) urgen una “mayor diligencia” en el trámite ad hoc de aquella norma.
Privado, dictar y diligencia, como ellos dicen, ocultismo, imposición y prisa, son conceptos ajenos a la seguridad jurídica en lo público e inquietan a los vecinos de esos valles de montaña que quieren llenar de molinos y “progreso” y es por ello que entregamos a los medios estas breves reflexiones con afán (casi) sólo didáctico, sentir razonado de muchos de aquellos vecinos. Importante.
I.- Debe acatarse la sentencia que declara que las últimas y brutales adjudicaciones (1400 Mw) de generación eólica son, por ilegales, nulas y esperar el resultado de los improbables recursos ante el Tribunal Supremo y esperar también la nueva norma que, tiempos de crisis, valore aquel varapalo, ordene bien el territorio y planifique austeramente lo energético.
II.- El mañana será diferente según cual sea el final de esta guerra contra el cruel envite “eólico”; fatigosa lucha a muerte para renacer luego.
Todo el mundo sabe que los valles interiores y montañas -sus gentes- serían víctimas de los daños que los traficantes de viento quieren causar so pretexto de un “progreso” consistente en generar la energía donde menos se consume para, además de molinos, construir pistas, subestaciones, líneas de alta tensión,…, más ganancia. Unos daños que no sufrirían los grandes núcleos de población e industriales, ni los bancos, cajas, constructoras, eléctricas, especuladores,…, principales beneficiarios del eólico negocio que, además de ilegal, es irracional e injusto.
III.- Son socios fundadores de la Asociación Eólica -ni uno más ni uno menos- los adjudicatarios del concurso que anulan los Tribunales, un amasijo de los bancos, cajas, constructoras, eléctricas, especuladores,… que causaron la burbuja financiera e inmobiliaria y ahora buscan la eólica.
Algunos son tan fiables como Actium -grupo Apia XXI- que, con problemas, nos pide por su sede subsidiada en el Parque Tecnológico más de 15 millones, o NovaCaixaGalicia, como se llame ahora, caja hundida por políticos y ricos, o el Banco Gallego, con problemas,… Para muchos del resto, Banco Santander, Ascan, Sniace, Rianxeira,…, único vínculo con el viento parece ser el negocio.
IV.- Si de verdad las empresas van a recurrir la sentencia que anuló sus eólicas prebendas, debieran hacerlo y callar hasta que el Supremo hable; lo que ahora hacen, amagar con exigir indemnizaciones, meter una prisa que daña la seguridad jurídica, negociar en la sombra,…, suena a cosas sucias. Otras.
Además, debieran no decir, como el Gobierno dice, que a partir de aquella se paralizan los parques, pues -Iberdrola al menos- siguen tramitando, como si nada ocurriera, varios parques en la Sierra del Escudo y debieran detener también el montaje, que no impiden Gobierno y Ayuntamientos, de torres anemométricas. Simplemente se trata de cumplir reglas que obligan al resto.
V.- No son ciertas las cifras de empleo y riqueza que sus plumillas y ellos atribuyen a “lo eólico” y debieran responder a preguntas como estas: ¿cuántos miles de puestos de trabajo destruirían o impedirían crear tantos molinos?, ¿qué pérdidas causaría en el valor de terrenos, construcción, rehabilitación?, ¿y en el turismo?, ¿cuál sería la pérdida de valor del patrimonio, motor de generación de riqueza de todo tipo?,...
VI.- Si buscan seguridad jurídica, no hay más “norma para ordenar el desarrollo eólico” que un PLENERCAN legalmente tramitado, no por supuesto el 2011(¡)-2020 con que ahora amenazan. Un PLENERCAN precedido, entre otras normas, por un Plan de Ordenación del Territorio que, previo, evalúe los impactos sinérgicos de todas las infraestructuras, no sólo las energéticas.
Si queremos proteger los fundamentales derechos de todo el mundo y no solo las ganancias de unos pocos, el trámite deberá durar, por muy “diligente” y cómplice que quiera ser el Gobierno, mucho más de los dos meses de que habla el Presidente. Sentido común e, insistimos, seguridad jurídica.
VII.- Por otra parte, no se puede basar tal PLENERCAN casi solo en lo que genere el viento, inconstante y, por ello, impredecible, con un rendimiento bajo, que agota, daña el territorio, está sujeto al vaivén de las primas y exige, al tiempo, otras fuentes de energía para garantizar el suministro.
Es demagogia difundir que la energía eólica no produce “efecto invernadero” y no añadir que es tan importante al menos proteger la biodiversidad y que el uso abusivo de tal fuente de energía renovable, la eólica, la hace insostenible, pues daña de forma fatal fuentes de riqueza y desarrollo (biodiversidad, asentamientos de población, ganadería, agricultura, turismo, patrimonio cultural, gestión del paisaje,…) de las zonas afectadas.
VIII.- Hay que aclarar a despistados y cómplices que no quieren que Cantabria sea autárquica -suficiente dicen- sino que pretenden generar más energía que la que consumimos, para enriquecerse ellos, tener mayor beneficio privado al precio de agotar parte del territorio y aniquilar el futuro de su gente.
IX.- El Convenio de AARHUS obliga a garantizar sin excusa el ejercicio del derecho a la información y la participación pública en el trámite de planes y programas con contenido ambiental y, cuando así no se haga, el de acceso fácil y barato, gratuito incluso, a la Justicia.
Derechos que han sido vulnerados con dolo e impúdicamente en el trámite de ese PLENERCAN 2011(¡)-2020 que “en dos meses” nos pretenden “dictar”, por lo que, en defensa de la “seguridad jurídica” que tanto dicen preocupa a Gobierno y “eólicas”, exigimos que 1) se declare la nulidad radical de lo hecho y que, tras 2) tramitar un Plan Regional de Ordenación del Territorio con todas las garantías, 3) se vuelva a iniciar la trámitación del PLENERCAN (con un ámbito planificador que empiece cuando se apruebe y termine mucho más alla de 2020), de forma que a) potencie una real información y b) impulse la participación y el debate público que c) propicien un desarrollo energético que d) se adecue a los intereses en litigio, ¡a todos!, y a la austeridad que exige la actual crisis sistémica, civilizatoria casi, pues, de no hacerse así, nos veríamos obligados a e) acudir de nuevo, tal como se nos garantizó en Aarhus, a los Tribunales.
Coda.- La respuesta, el verdadero progreso, no está (sólo) en el viento.
