CUENTAS CLARAS
En el aire todo el negocio eólico
04/11/2012 - Julián Rodríguez
Unas «discrepancias cordiales» han llevado a la Xunta en funciones de Núñez Feijóo a plantear su primer recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El motivo, el fin «temporal» de las primas a la energía eólica, decretado por el Ministerio de Industria en enero. Más allá del gesto, que tiene un significado político de indudable calado, la maniobra del Gobierno gallego se produce cuando se van apagando como una vela todas las expectativas puestas en el negocio del viento en Galicia. Y en ello han tenido mucho que ver las decisiones de las administraciones, de uno y otro color, pero también las judiciales, que las ha habido y muchas, y en gran medida, las de las propias empresas.
Cualquiera podría pensar que Feijóo se echa al monte en el momento de mayor desafección de la ciudadanía contra el Gobierno central, lo que resulta evidente, justo días después de vencer con rotundidad en unas elecciones. Pero más allá de la invasión de competencias y las «discrepancias cordiales», con un recurso de estas características lo que pierde el sector es tiempo, a expensas de que el Tribunal Constitucional dilate años una sentencia, y lo que gana la Xunta es poder de negociación ante un ministro, José Manuel Soria, que no hace otra cosa que levantar polvaredas de polémica allí por donde pisa.
Tanto el presidente de la Xunta como su conselleiro de Industria, Javier Guerra, saben a estas alturas mejor que nadie que un sector eólico sin primas, es decir, sin subvenciones, no es nada. Le sucedió al bipartito con los amagos de Rodríguez Zapatero, cuando creó un registro de preasignaciones para que las autorizaciones de los parques pasaran por el filtro de Madrid, que es quien paga las primas, y frenar así lo que se convirtió en una particular BURBUJA ESPECULATIVA: la energía primada. Al margen de las sorpresas que pueda deparar el recorrido jurídico de los concursos eólicos gallegos, tanto el del gobierno bipartito como el que resolvió la Xunta en 2010, conviene detenerse en lo mucho que hay en juego en el negocio del viento. Porque, en síntesis, se trata de dinero.
Grandes y pequeños, todos los grupos que se presentaron a ambos concursos, sabían que saltaban con red. Y no precisamente eléctrica. En ambos casos, los más de 2.300 megavatios en liza, que colocarían a Galicia como segunda potencia eólica, sólo por detrás de Castilla y León en el horizonte del 2016, tenían un sano objetivo: la menor dependencia energética. Pero también presentaban un gran atractivo en un período especialmente delicado para la economía: su rentabilidad. Eso explicó, en parte, que la demanda de megavatios superase hasta en 20 VECES la oferta que sacaba a concurso. Y las primas establecidas entonces para este tipo de energía ayudan a clarificar todavía más el escenario.
RÉGIMEN ESPECIAL
El eólico, como la cogeneración, la biomasa o la solar, se encuentra englobado en lo que se entiende por régimen especial; es decir, recibe subvenciones y primas establecidas por el Gobierno para su fomento. Esas ayudas representan el 25% del total de los ingresos de un parque. El sistema de retribución, de gran complejidad, establece unos ingresos fijos para los parques menores de 50 megavatios de potencia instalada, porque a partir de ahí se considera que entran en el régimen de producción ordinario, como si se tratara de una central de carbón.
También hay otro factor que ayuda a entender el imán que representa el negocio eólico. Las grandes empresas distribuidoras de electricidad están obligadas por ley a comprar lo que produzcan los parques.
Así, la estabilidad en los precios, y también un marco regulador duradero en el tiempo, hacían muy atractivo este sector, calificado por algunos de los grupos pretendientes de ambos concursos como «refugio», cuando no directamente como una inversión que ofrecía en el tiempo más rentabilidad que cualquier producto financiero. Para que la fórmula resultase, era imprescindible ese vector del marco regulatorio, que es lo que ahora ha cambiado radicalmente. Ya no hay negocio para las empresas, y tampoco planes inversores asociados a la concesión de megavatios. En juego también estaban unos planes que prometían una inversión de 6.000 millones y la creación de 13.000 empleos. Ahí es nada.
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