Consideran que no garantiza la seguridad jurídica y tampoco contribuye al desarrollo industrial y a la creación de empleo
20.09.13 - EFE | Santander
http://www.eldiariomontanes.es/20130920/local/cantabria-general/empresas-eolicas-reclaman-revision-201309201442.html
La Asociación Eólica de Cantabria (AEC) ha reclamado hoy una "revisión profunda" del proyecto de ley de aprovechamiento eólico en su tramitación parlamentaria porque considera que no garantiza la seguridad jurídica y tampoco contribuye al desarrollo industrial y a la creación de empleo.
Según el portavoz de la AEC, José Antonio Merino, Cantabria "también perderá el tren del desarrollo eólico en España" si no se modifica el texto que ha sido remitido al Parlamento.
"Ninguna empresa podrá instalar un parque de aerogeneradores en la comunidad autónoma si no es posible salvaguardar una rentabilidad razonable de los proyectos", afirma en un comunicado.
Y es que, en su opinión, los nuevos impuestos verdes que pretende añadir el Gobierno a los que ya existen son una medida "totalmente desincentivadora para cualquier inversor y comprometen la viabilidad de muchos proyectos".
Según la asociación, mientras el Gobierno de España está tratando de limitar la proliferación de impuestos verdes autonómicos y locales porque "solo contribuyen" a romper la unidad de mercado y a generar mayores desequilibrios territoriales, Cantabria "insiste" con esta ley en aumentar la carga fiscal a las empresas del sector que tenían previsto apostar por implantarse en la región.
Además subraya que lo hace "en el peor de los momentos posibles", cuando la generación de energías renovables se ha visto "seriamente perjudicada" por la modificación del sistema retributivo a nivel estatal, lo que se une a los "serios problemas de financiación" de la economía española.
Para el portavoz de la AEC, la exigencia del canon eólico, las aportaciones al Fondo de Compensación y las nuevas tasas, que se añaden a las anteriores, solo responden a un afán recaudatorio que colocará a Cantabria en una situación de desigualdad entre las comunidades.
A su modo de ver, esa es la única razón de unas medidas que cree que no se justifican desde el punto de vista medioambiental o socioeconómico.
Merino subraya asimismo que las empresas ya pagan en la actualidad "importantes cantidades" en impuestos para la protección del medio ambiente y el desarrollo rural, además de alquileres y rentas que "contribuyen a dotar económicamente las arcas de los municipios o juntas vecinales con desarrollo eólico".
Y en cuanto a la seguridad jurídica que, según el Gobierno, aporta el proyecto de ley, afirma que no es cierta porque se deja sin resolver la "complicada situación" que dejó la anulación del concurso eólico por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en una sentencia que aún tiene pendientes recursos, a lo que se suman las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que interpondrán las adjudicatarias por daños y perjuicios, dice.
Además cree que algunas de las previsiones del proyecto de ley presentan "serias dudas de legalidad", como "determinados" criterios de selección de los proyectos en competencia.
Unos criterios que, bajo el punto de vista de la asociación, "nada tienen que ver" con la calidad técnica de los proyectos sino con la capacidad económica de las empresas para aportar ingresos al Fondo de Compensación.
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