Tanto Diego como el consejero de Industria confían en poder solventar las diferencias con el Gobierno central en el seno del grupo de trabajo que se ha constituido
26.03.14 - 16:23 - P. Chato / EFE | Santander
El Gobierno de Cantabria va a intentar buscar un acuerdo con el Estado que evite un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que regula el aprovechamiento eólico en la región y confía en poder solventar las diferencias en el seno del grupo de trabajo creado para ello. Así lo han dicho el presidente regional, Ignacio Diego, y el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, tras conocerse este miércoles que los gobiernos central y regional van a crear ese grupo para tratar de resolver las discrepancias surgidas en torno a esta norma.
La Administración central cuestiona el procedimiento que deben seguir las empresas para que se autorice la instalación, ampliación, transmisión o cierre de parques eólicos en la región. En concreto, el Estado plantea dudas sobre el título segundo y la disposición adicional segunda. Sin enbargo, se da la paradoja de que la ley que regula la futura instalación de parques de aerogeneradores no ha entrado en vigor pues, aunque aprobada por el Parlamento autonomico, su aplicación está condicionada a la aprobación del Plan Energético de Cantabria (Plenercán), todavia en trámite.
Una vez conocida la intención del Gobierno central, las reacciones se han sucedido. Preocupación entre el PSOE y el PRC, no es la primera norma cántabra que recurre el Estado, y llamada a la calma del Ejcutivo regional.
Diego ha explicado, a preguntas de los periodistas durante una visita al Ayuntamiento de Val de San Vicente, que las diferencias afectan a unos artículos de la ley en los que se fijan "una serie de reservas" ambientales para la adjudicación de los parques eólicos. Y también ha dado explicaciones la propia Consejería de Industria, quien a traves de un comunicado de prensa ha asegurado que la ley cántabra establece que en la valoración de los parques eólicos, además de las características técnicas, se tendrán en cuenta otros aspectos, como las compensaciones al medio ambiente y al patrimonio cultural.
El Estado, sin embargo, piensa que todos aquellos criterios de valoración que exceden el proyecto técnico pueden chocar con la nueva regulación del sector eléctrico aprobada el pasado 26 de diciembre. Además, la administración central también cuestiona que la autorización de parques eólicos quede condicionada a la aprobación previa de la planificación energética de la región, es decir, al nuevo plan energético, aún en tramitación.
Tanto Diego como el Consejero de Industruia, Eduardo Arasti han mostrado la voluntad del Gobierno cántabro de resolver las diferencias en el seno del grupo de trabajo creado entre ambas partes.
El presidente ha destacado que la Administración regional se va a sentar a la mesa "con el ánimo de buscar el acuerdo". Para ello, no ha descartado eliminar de la norma los aspectos que cuestiona el Estado si los argumentos del Gobierno central al respecto son "razonables" y el Ejecutivo cántabro considera que esa supresión no "perjudica" a la comunidad autónoma. En cualquier caso, Diego ha afirmado que el Gobierno regional entiende que esas "exigencias añadidas" de carácter ambiental son "oportunas y adecuadas", porque Cantabria tiene un patrimonio natural y paisajístico que también es "fuente de riqueza" para el turismo, un sector económico importante para la región.
El jefe del Ejecutivo cántabro ha añadido que este tipo de discrepancias entre el Estado y las comunidades autónomas son "relativamente frecuentes". Y ha dicho que en el grupo de trabajo se buscarán las fórmulas para resolver las diferencias y "acomodarlo" al ordenamiento jurídicodesde las visiones de ambas administraciones.
También el consejero de Industria ha incidido en esta idea y ha opinado que las diferencias "van a poder ser solventadas" en el grupo de trabajo. De hecho, el departamento que dirige Arasti destaca que la propia ley cántabra, que se aprobó antes de la reforma energética, ya prevé la posibilidad de adaptarse a la normativa básica del Estado si es necesario.
La Consejería recuerda que la norma cántabra se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 5 de diciembre de 2013 -y posteriormente en el BOE el 18 de diciembre-, mientras que la reforma energética se aprobó el día 26 de ese mes. Por eso, para evitar "cualquier futura divergencia", en la ley se incluyó una disposición final que autorizaba al consejero de Industria a "adecuar" los criterios de valoración de los proyectos eólicos a la normativa básica que el Estado pueda aprobar en cada momento.
Y en cuanto a la disposición adicional segunda de la norma, que también cuestiona la Administración central, lo que hace es aludir a la planificación energética de la región como "presupuesto indispensable para autorizar parques eólicos". En este sentido, Industria señala que Cantabria ha tenido planificación energética desde el año 2006 y "el no respeto" de esa planificación fue una de las razones que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a anular en 2012 el concurso eólico convocado en 2009.
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