El gobierno “progresista”, amparado en SU (de
tal gobierno) L.O. 4/2015, de 30 de marzo, desde hace 10 años denostada como “Ley Mordaza”, se niega a acumular las tres denuncias falsas de la
guardia civil
Plataforma para la Defensa del Sur de
Cantabria
NOTA DE PRENSA
21/04/2025
Y, ¡viva la democracia psoecialista!, los tres expedientes son
distintos y la -solo- “fuerza actuante”,
al ratificar el 13/04/2025 la denuncia (que es 51 días posterior a los hechos y
no está firmada por los denunciados) modifica (de forma indiciariamente
delictiva) el contenido de aquella.
Hemos pedido que, por todo ello, además de archivar las ilegales
denuncias, se incoe un expediente de investigación contra dicha “fuerza actuante” y la instructora (jefa
de sección de “derechos y seguridad
ciudadana” de la delegación del gobierno) del expediente.
En defensa del Estado de Derecho, seguiremos
informando
Plataforma para la Defensa del Sur de
Cantabria
Derechos y seguridad ciudadana
A LA INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE.- JEFA DE SECCIÓN DE
DERECHOS CIUDADANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN
CANTABRIA.-
________________________________, abogado colegiado ____ de Cantabria, con
domicilio a efectos de notificaciones en __________________________________, en
nombre propio y representación de __________________________________ y _______________________________________
cuyos datos, como los míos, figuran en los referidos expedientes, ante la
Instructora comparecemos, y como mejor proceda en Derecho, DECIMOS:
En los citados expedientes se han emitido sendas nuevas notificaciones,
en este caso de lo que se denomina PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, concretada en una
sanción de SEISCIENTOS UN EUROS (601 €) a cada uno de nosotros, por falsas,
supuestas infracciones individuales del artículo 36.06) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección (sic) de la seguridad
ciudadana, socialmente más conocida, por su injusto afán represor, como Ley Mordaza, cuya derogación se
viene prometiendo, en falso, por la amalgama de grupos que sostiene al actual
gobierno desde que accedieron, todos, a él, concediéndosenos un plazo 15
días hábiles para que, con apoyo en lo que la instructora dice ser el
expediente completo, si lo estimamos oportuno, formulemos nuevas ALEGACIONES y presentemos los
documentos e informaciones que estimemos pertinente, lo que, mediante este
escrito, hacemos los tres, a tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
DE HECHO Y DERECHO
PREVIA.- Reproducción de los anteriores
escritos y petición de acumulación.-
Damos por íntegramente reproducido el
contenido de todos nuestros varios anteriores escritos en los expedientes de
referencia, constitucionalmente fundamentados en que, a tenor del artículo 25.1
CE “nadie puede ser (…) sancionado por
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan (…)
infracción administrativa (…)”, siendo evidente la clara vulneración de tan
conocido/protegido derecho fundamental, pues, siendo lo cierto que la “patrulla policial”, de
forma injustificada, nos reprendió airadamente
por los hechos inciertos, cuya denuncia particular no aparece en el exiguo
expediente, con lo que tal “pareja”
excedió el límite de sus facultades legales, no valorando, además, las razones
jurídicas lógicas que tenemos argumentadas, ni recogiendo, en ningún punto
de su tardía (51 días posterior a los supuestos hechos) acta de denuncia
que, cuando se dirigieron -coactivamente, de malos modos- a nosotros planteándonos
su exigencia de que nos identificáramos, estábamos en la calle hablando, en
actitud correcta, con una cuarta persona, a la que, al contrario que a
nosotros, ni pretendieron -ignoramos el motivo- identificar, al menos como
testigo, también lo es que los agentes, actuando, insistimos, con ilegal
abuso y, entendemos, ignorancia de la norma nos obligaron a mostrar nuestros
documentos de identificación personal, por lo que, además de alegar, insistimos
en nuestra anterior, reiterada DENUNCIA EN QUEJA -a la que ni siquiera se
refiere esa instructora- respecto a la ilegal actuación de la -solo- fuerza
actuante al forzar con abuso nuestra -al ser conocidos, innecesaria-
identificación y también la de la instructora del expediente al incoarlo, a
sabiendas, con indiciario ánimo de causarnos innecesarias molestias y daños en
base a hechos irregular y muy tarde denunciados -con 51 días de retraso, al
menos-, sin tipicidad administrativa punible.
PRIMERA.- Acumulación de los tres expedientes.-
En tiempo y forma, a tenor del artículo 57 de
la Ley 39/2015, del PACAP razonábamos
que procede la ACUMULACIÓN de los expedientes, pues según dicho artículo “el órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el
procedimiento”, exigencias que efectivamente concurren en este
caso, no entendiéndose su tramitación separada -que no genera otra cosa que,
además de un innecesario mayor trabajo para todos, inseguridad jurídica, riesgo
de arbitrariedad (que en realidad se produce) para los afectados- siendo
inexplicable, además y desde la buena fe, que los tres expedientes no tengan
asignados números sucesivos, pareciéndonos obligado acordar que, en abuso procesal,
no se esté buscando otra cosa que causar daño al denegarse la acumulación
solicitada de los tres, en los que concurre la “intima conexión” y plena “identidad
sustancial” que exige la norma,
debiéndose, en todo caso y para evitar que se prolongue la indefensión, atender
a los interesados, que tienen expresada su solicitud que los expedientes sean
resueltos en un solo procedimiento y con una sola resolución que valore y
responda a todas las cuestiones planteadas
SEGUNDA.- Indebido, pésimo, ilícito uso de nuestra ilegal/forzada
identificación.-
Insistimos en que, pese a haber sido forzados a identificarnos y haberlo
hecho pacíficamente -como recogen la tardía acta-denuncia y el propio escrito
de incoación del expediente sancionador- las direcciones que aparecen en
distintas partes de los expedientes no son las de los -forzadamente- mostrados documentos
de identidad personales, sino, como puede comprobar la propia instructora,
otras.
Constituye ello un hecho cierto, evidente que, penosamente, define la
abusiva ilegalidad con que se está actuando -ignoramos si solo- contra
nosotros, irrebatible prueba implícita de la futilidad cierta, por ineptitud,
de la identificación a que arbitraria, ilegalmente se nos forzó con totalitaria
praxis de la pésima -in illo témpore
denostada- ley mordaza, lo que obliga
a preguntarse y preguntar a esa Administración: ¿para qué nos fuerzan a
identificarnos ilegalmente si en sus escritos, ni recogen correctamente nuestro
domicilio y se señalan otros, hoy ajemos a nosotros? ¿para eso mantienen los
ciudadanos una tan cara y represiva Administración?
TERCERA.- Obligación de identificarse y circunstancias de tal
práctica.-
Igual que en la acumulación y resolución conjunta de los tres
expedientes, hemos insistido, por si se desconoce, en que, en un Estado
democrático de Derecho, la medida policial de identificación en la calle debe
ser usada con moderación legal y solo para prevenir/combatir el delito, poniéndola
en lógica relación con los -históricamente luchados- derechos ciudadanos de
aquellos a quienes se pretende obligar -innecesaria e ilegalmente como en
este caso- a identificarse en público, con lo que ello implica, siendo lo
cierto que, por ello, no es obligatorio atender siempre a las solicitudes de pública
identificación que puedan tratar de imponer arbitrariamente distintas policías,
en especial si -en el momento en que ello ocurre- no se está produciendo -ni hay razones fundadas
para sospechar que se pueda producir- un delito o alteración, ni siquiera, como
aquí ocurre, concurran elementos de riesgo cierto e inminente que
obliguen a la autoridad a realizar un control de seguridad, siendo ilegal que,
fuera de tales situaciones, las distintas policías exijan -insistimos en que
además en público- la identificación de nadie, en especial cuando, como en este
caso, 1) tal policía no ha sido testigo de ningún hecho delictivo o extraño, 2)
ni siquiera haya denuncia previa, 3) ocurra en la vía pública semivacía y,
además, 3) los agentes están obligados a conocer -y, de hecho, conocen- por su amplia actuación como vecinos activos de su circunscripción a los
apremiados, siendo, en este caso, uno de ellos, que no dijo ni una palabra
durante toda la intervención “policial”,
concejal y, por ello, autoridad que salía de un pleno del concreto
ayuntamiento en que se producen los hechos, otro, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de
Cantabria, la asociación más dinámica y conocida de la zona por su permanente
actividad y el tercero, abogado/miembro activo de ella, con diversas
intervenciones profesionales ante la -solo- fuerza, en este caso, actuante.
Es, pues, ilegal, por abusivo y generador de indefensión, el celo
excesivo, atípico de la actitud policial pues, además y entre otras extremos,
en el parte/denuncia, no firmado por nosotros, del que en este
expediente se nos da traslado omiten reflejar
1) el concreto lugar -público- de los hechos y
la identificación de las personas ajenas
a nosotros, testigos, secretaria, alcalde, concejales y, al menos, un
vecino, que presenciaron su ilegal actuación en la calle semivacía,
2) que nuestra actitud consistió, solo en, de
modo cabal y con buenas formas, razonar ante los policías en Derecho lo abusivo
que, entendíamos, era su injustificado requerimiento,
3) los ilegales hechos que -les informamos-
motivaban nuestra correcta queja ante, tras concluir el pleno municipal,
alcalde, concejales y antigua -ya no lo es- secretaria municipal, a los que
tampoco identifican como testigos de los hechos de la irregular denuncia,
que tampoco refleja que secretaria y alcalde no quisieron formular denuncia
o
4) que uno de los miembros de la fuerza
actuante, el menos activo, dijo textualmente y en más de una ocasión que los
hechos ocurridos, por su naturaleza, no iban a ser objeto de ningún tipo de
denuncia.
CUARTA.- Falsedad omisiva y tono peyorativo del acta denuncia.-
Hay que insistir, también, en que el acta/denuncia es
indeterminada/incierta, con la peor falsedad, consistente en omitir datos de
hecho ciertos e imprescindibles para la mejor comprensión de lo acaecido, con
una inicial referencia a la intervención de “varias personas”, convertidas a continuación, con peyorativa,
malicioso perversión del lenguaje, en “tres
individuos”, intentando crear la falsa idea de un elevado número de
actores que, además de desconocidos,
eran, al menos, poco fiables.
Lo anterior agrava la vulneración, en fondo y forma, los requisitos para
la exigencia jurídica, dentro de nuestra -en teoría- estructura formal de
Estado de Derecho consolidado, de identificarse, que nunca es absoluta,
totalitaria, sino que está sometida a una serie de limitaciones y fórmulas legales
que, solo cuando son respetadas por quien exige tal identificación, la
justifican, no pudiendo las distintas policías discriminar, en ningún caso, a
los requeridos por razones de discrepancias ideológicas o socio-políticas como,
al menos indiciariamente, aquí parece ocurrir, siendo solo obligado
identificarse en una democracia cuando existe una sospecha razonable de delito
o de riesgo de alteraciones de orden público en reuniones o manifestaciones
masivas que exijan, de forma lógica y justa, un control de seguridad, lo que
aquí no ocurre, siendo exigible, además, que incluso en tales circunstancias el
requerimiento se haga
- con causa justificada,
- con ocasión, insistimos, de la comisión
indiciaria de un delito o falta grave,
- en reunión o
espectáculo multitudinario en lugar público y
- si se utiliza tal lugar o espacio público de modo que
impida o dificulte la normal actividad en ellos o genere riesgo hipotético
para el resto.
En todo otro caso,
como el aquí sometido a irregular expediente, la identificación es voluntaria, no pudiendo las
distintas policías, ni aplicando la “ley
mordaza”, obligar a nadie a hacerlo, por lo que, en consecuencia, no se
podría sancionar a quien se niegue, siendo aquí, a su tenor, el acto de la
pareja policial y, después, el de la instructora, autoridad gubernativa, aplicación
con tintes no democráticos de la ayer tan criticada, demonizada por el “progresismo” “ley mordaza”, por lo que, con las mismas razones usadas para
alegar, insistimos en nuestra ya formulada DENUNCIA/QUEJA, de la que aún no
hemos tenido ni noticia del pertinente. expediente -que suponemos- instruido.
QUINTA.- Evidente falta de tipicidad en los
hechos denunciados.-
Insistimos en que, ahora la propuesta de
resolución, dice que, sin modificar en nada el acta-denuncia -a la que se dota
de una conveniente presunción de veracidad eclesial- siendo hechos -ciertamente
atípicos- que lo motivan los que, al parecer, relató a la guardia civil verbalmente
-no firmándolos- la antigua -ya no lo es- secretaria del ayuntamiento del
Valdeprado del Río que, según nos informó la propia pareja policial, no los
quiso denunciar formalmente y se limitó, -insistimos que al parecer, pues en los
expedientes nºs ____ y ____ no consta ratificación-, a relatar unas supuestas
discrepancias nuestras con la exsecretaria municipal, referidas al intento -denunciado
por nosotros- de apropiación ilegal por el ayuntamiento del MUP nº 250 del CUP, para robar su
madera, propiedad de los vecinos del pueblo Arcera-Aroco del citado ayuntamiento,
alegando, además, a la policía actuante que, aparte de nuestra denuncia verbal
-ratificación de las escritas en trámite-, no había ocurrido nada, tras lo que,
los agentes nos requirieron -de forma innecesariamente brusca, ilegal- que nos
identificáramos, argumentándoles nosotros razones jurídicas -entre las
que no estaba la ridícula afirmación que reflejan en su parte-denuncia de que, en
concreto quien encabeza este escrito que, con Franco vivo, militaba en el PCE, nunca hubiera “tenido que identificarse ante nadie”- para sostener que, en la situación
concreta, no podían legalmente obligarnos a entregar nuestros personales
documentos de identificación personal, pese a lo cual, ante su cerrada, ilegal
insistencia, teniendo más cosas que hacer, nos identificamos, entregando los
tres, con expresa protesta y sin que existiera -ni en el acta/denuncia se
recoja- incidente alguno, el personal DNI que a cada uno identifica.
Es falso y de todo punto increíble que el,
19/11/2024, nuestra conversación con la fuerza actuante se prolongara por más de
10 minutos pues, además, teníamos otras cosas que hacer, siendo única explicación
de que en el acta se diga que la conversación duró ¡50 minutos!, entre las 13:20
y las 14:10 del citado día: 1) falsedad maliciosa en su redacción, o 2) olvido
de lo ocurrido, dado el injustificado, largo tiempo transcurrido, 52 días,
entre los hechos y la redacción, el 10/01/2025, de la inexacta acta.
Es preciso señalar también la irregularidad,
indicio de evidente arbitrariedad, de que tal acta no esté firmada, en
conformidad o disconformidad, por ninguno de nosotros, que hasta este momento
no hemos tenido conocimiento de la existencia de la misma.
Dice el art. 36.06) de la represiva, vieja y
enquistada a conveniencia del sistema L.O.
4/2015, socialmente identificada de forma gráfica como Ley mordaza que es infracción grave “la
desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio
de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa
a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación
de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación“, siendo lo cierto que aquí no ha existido
negativa alguna, sino solo lógica expresión -durante los muy escasos minutos
precisos- de razones jurídicas que justifican la improcedencia del, además de
ilegal, innecesario requerimiento policial, reflejándose en el
acta/denuncia y expediente sancionador que, tras las citadas alegaciones, “accedimos a identificarnos” y, sin
que se refleje ningún incidente, entregamos nuestros -muy personales- DNIs.
La inanidad de los hechos objeto de ilegal, represiva propuesta
sancionadora, incluso la indiciaria malicia policial y gubernativa se evidencia
en el hecho de que el acta-denuncia, aparece redactada -¿por qué tan
tarde,?, ¿lo recomendó alguien?- a los 51 días de los hechos, el
10/01/2025, diciendo, además, en él y de modo llamativo, que yo nací en Santoña
y mi domicilio es _______________________, datos inciertos, como se desprende
del simple examen del DNI que, ante la ilegal insistencia de la -solo- fuerza
actuante, me vi obligado a exhibir/entregar.
Es, pues, lamentable tener que argumentar aquí frente a algo tan irracional
como que, por una parte se pretenda sancionarnos porque nos negamos, sin
ningún tipo de desobediencia o resistencia punible, a identificarnos y, al
tiempo, se reconozca que accedimos a hacerlo, lo que permite inferir, sin lugar
a duda, que tanto la pareja policial como la autoridad gubernativa/instructora
actúan con mala fe, con dolo penal y ánimo de perjudicarnos, como mínimo
haciéndonos perder ilícitamente parte del tiempo y las energías que -consta en
esa delegación del gobierno- nos demandan los contenciosos judiciales que
mantenemos contra dicho gobierno y el regional, conociendo la falta de
tipicidad de los hechos objeto del expediente que se tramita con la
totalitaria, única y, al tiempo, fútil intención de “amordazarnos” mediante una ridícula, ilícita interpretación de la
denostada ley injusta.
SEXTA.- Valoración de los inciertos/atípicos hechos.-
En lo que se refiere a la valoración -con la escasa intensidad que exige
su evidente falsedad y falta de tipicidad- de los hechos, el artículo 53.2 b)
de la Ley 39/2015 traslada a quien
hace uso de la potestad administrativa sancionadora la exigencia de, siempre,
respetar la presunción de falta de responsabilidad mientras no se demuestre lo
contrario, derecho que nace, como hemos dicho, del constitucional artículo 24.2
CE, que nos protege con la exigencia de una actuación administrativa
sancionadora basada en medios probatorios de cargo que sean incriminatorios de
la conducta reprochada, toda vez que, insistimos, la carga de la prueba grava
obligatoriamente a quien acusa, sin que nadie esté obligado a acreditar su
inocencia, por lo que, cualquier insuficiencia en las pruebas -aquí ninguna-
practicadas, jurídicamente valorada por el órgano instructor y/o sancionador,
debe concluir en una resolución de archivo o absolución (STSJ de 30 noviembre
2007, País Vasco, Sala de lo contencioso-administrativo).
En este mismo sentido se han pronunciado tanto las SsTC 18/1981, de 8
junio y 70/2008, de 23 de junio como las del TS de 10 mayo y 23 octubre 1996, 7
y 10 marzo, 2 junio y 17 julio 1997, 25 febrero 1998, entre otras muchas, de
las que resulta la plena y vinculante aplicación al procedimiento
administrativo sancionador del fundamental derecho a la presunción de
inocencia, que hace recaer, insisto, en la Administración, especialmente en
casos tan sensibles como éste, la carga de la prueba que acredite los hechos
sostenidos en su irregular informe, lleno de contradicciones y datos inciertos.
Dice también la STC 76/1990 que, “en
ella -la potestad sancionadora- la
carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde
ineludiblemente a la Administración Pública actuante, sin que sea exigible al
inculpado una ‘probatio diabólica’ de los hechos negativos. Por otra parte,
la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del
juzgador, que éste ejerce libremente con la sola carga de razonar el resultado
de dicha operación” y la STS de 25/02/1998 que “la expresión ‘salvo prueba en contrario’ establecida legalmente excluye
que el contenido del Acta constituya una prueba tasada cuyo contenido se
imponga inexorablemente, ya que su consecuencia no es otra que la de invertir
la carga de la prueba de los hechos que recoge el Acta que queda desplazada
al administrado”, especialmente cuando el Acta es, como hemos dicho y
razonamos a continuación, tan poco fiable o solvente.
Conocidas las circunstancias de hecho litigiosas -1) en espacio público
semivacío, 2) solo tres personas, aunque 3) fueran “individuos”, 4) conocidas por su actividad social, 5) ejerciendo
evidentes derechos civiles, constitucionales, 6) en defensa del interés general
7) frente a un intento, que 8) fue explicado a la fuerza actuante de 9) operación
de robo de los bienes demaniales de los vecinos de Arcera-Aroco por el
caciquil, arruinado ayuntamiento de Valdeprado del Río, que 10) no valoran las
policías y 11) apoyan con saña las Administraciones,...- y no argumentándose,
además, en el acuerdo de iniciación los -inexistentes- motivos para aplicar a
tales hechos el artículo 36.6 de la LO
4/2015, de 39 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, insistimos
que lógicamente conocida como "ley
mordaza", es evidente que no concurre en este caso ninguno de los
elementos de un comportamiento que defina el tipo de la, por ello, inexistente
infracción señalada, ni que, menos aún, permita concluir la existencia de nexo
causal jurídico que haga procedente la desproporcionada sanción, que es un mero,
fallido intento intimidatorio, atacando, pues, policías e instructora, de
modo totalitario y abusivo, los principios de legalidad y tipicidad,
demostración evidente que esto, desde luego, no se funciona como una democracia
o, menos aún, como un Estado de Derecho.
SÉPTIMA.- Denuncia/ queja y renuncia.-
Es obligado insistir en que todo lo anterior
nos está causando personalmente, como interesados, y, por supuesto también, a
la Plataforma, Concejo y
ayuntamiento, de que somos parte y representamos, un ilegal, injusto daño que,
dado el tiempo transcurrido -5 meses- desde el nimio, inexplicable incidente
administrativo con la “pareja policial”
que, lógicamente, habíamos dado por zanjado es, una vez más, expresión de la
pésima, nada garantista acción político-administrativa en el legal
ejercicio por los ciudadanos, en especial los más activos, de libertades y
derechos, algo que, unido a la inseguridad jurídica del injustificable
tiempo de parálisis político-administrativa transcurrido desde el 19/11/2024 -hasta
la fecha de, al parecer, redacción del acta policial, ¿al dictado de alguien?, 10/01/2025-,
parálisis rota con una demencial acumulación de notificaciones que, tras los
meses de inactividad, parecen pretender agobiarnos e impedir, insistimos, la
normal actividad de nuestra sabida, importante tarea ordinaria frente a la ilegal
actuación de tal Administración/política, lo que exige reiterar la DENUNCIA/QUEJA frente a una
actuación/circunstancia tan objetiva y subjetivamente ilegal como la de vulnerar
nuestros derechos y libertades mediante la torticera aplicación de la represiva
“ley mordaza”, con una ilegal
interpretación de la norma, motivando que, dada su gravedad, en este trámite
del procedimiento sea más que lógica dicha reiteración.
Agrava tal denuncia/queja la desazón y pérdida
de tiempo que acta policial y expediente gubernativo, plagado de absurdas
notificaciones, nos suponen, obligándonos a denunciar que, salvo imposible/inexistente
prueba en contra, estamos sufriendo de
facto algo similar a un estado de alarma, excepción o sitio de le Ley Orgánica 4/1981, situación a la que,
claramente además, no se aplica el artículo 1 de tal ley, que dice que, "finalizada la vigencia de los estados (...)
decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora (...)
correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas
adoptadas en base a estas, (…)".
Reiteramos que la imposición de multas
-técnica que, de modo antijurídico usa aquí el poder político contra quien se
opone a su espurio ejercicio en apoyo del omnímodo poder económico, vulnerando,
insistimos, los esenciales principios de presunción de inocencia, legalidad y
tipicidad, probando la -mala- improvisación con que “la política” actúa, al no fijar bien siquiera los tipos de la sanción
que quiere imponer, con la técnica usada en la útil -para capital/política-
represión aplicada con amparo en lo que llamaron Covid19, en que el Ministerio, agravando tal inseguridad jurídica,
se inspira aquí emitiendo entonces y ahora torticeras instrucciones
jurídicamente inseguras sobre la forma en que habría que aplicar las multas,
difuminando, como ocurre aquí los tipos de la Ley mordaza para, tras calificar como grave nuestra
-inexistente- infracción administrativa y anunciarnos una
posible/coactiva/risible multa de hasta 30.000 €, se nos propone ahora una de
seiscientos un (601 €) euros.
OCTAVA.- Inseguridad jurídica que generan
las notificaciones.-
La forma de notificación telemática que,
previa a la postal, habitualmente usa con nosotros la delegación regional
gobierno central es perfecta muestra de inseguridad jurídica, como lo prueba el
hecho de no poder acceder a tal notificación electrónica con el carnet ACA, obligándome a esperar, como única
válida, a la subsidiaria notificación postal, llegándose en el caso de uno de los
aquí denunciados a decirle que, hace más de un mes, ha abierto una notificación
telemática, lo que es incierto, salvo que tal notificación haya sido abierta, algo
peligrosísimo, por quien que no era su destinatario, tal como, de forma
implícita, admite la propia instructora, al concederle un nuevo plazo de 10
días -inferior al legal de 15- para alegaciones, justificando todo ello y sus
graves repercusiones de inseguridad jurídicas la exigencia de información al
respecto.
Por todo lo expuesto,
SOLICITAMOS A LA INSTRUCTORA DE LOS
EXPEDIENTES de referencia que, admitido este escrito sobre los
expedientes de referencia, tenga por formuladas en tiempo y forma, ALEGACIONES
a su ilegal propuesta de sanción, para, tras el examen, análisis y prueba que,
en su caso, sobre ello se actúen y la ACUMULACIÓN de los tres expedientes en
uno, en la que insistimos con los anteriores argumentos, todo ello sea
DECLARADO NULO, dejando sin efecto los expedientes de referencia -y el
acumulado-, revocando lo acordado en ellos, dictando y notificándosenos la
resolución anulatoria correspondiente, a tenor de lo aquí planteado,
considerándosenos parte y notificándosenos cuanto se resuelva en el expediente
a tal fin se tramite. En Santander a diecisiete de abril de dos mil
veinticinco.
PRIMER OTROSÍ DECIMOS que, con posterioridad a las notificaciones en los
-no acumulados- expedientes ____ y _____ y concluida la redacción de las
alegaciones de más arriba, sorprendente y de forma ilegal al denunciado, no a su representante,
con un contenido documental distinto a las dos anteriores, se recibía la
propuesta de sanción generada en el _______, en cuyo fundamento de derecho
segundo se dice que “el órgano
denunciante se ha ratificado en los hechos que sirvieron de base para la
iniciación del presente procedimiento, considerándose refuerzo probatorio de la
denuncia a tenor de lo previsto en el art. 52 de la L.O. 4/2015, de 30 de
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana”, insistimos en que, más que
justificadamente, conocida como Ley
Mordaza.
La supuesta ratificación de la denuncia por la policía no es tal, sino
un intento de agravación de la misma, con afirmaciones nuevas, distintas a las
del acta-denuncia -que analizaremos- y que, además, al contrario de los
otros dos expedientes, en los que también se informa de su existencia, se acompaña
dicha “ratificación/agravación” a la
“propuesta”, apareciendo como fecha
de su elaboración y firma el 13/04/2025, posterior a la de la propuesta de
sanción en el expediente núm. ___, el 07/04/2025 en cuyo fundamento de derecho
segundo también se afirma, evidentemente en falso, que “el órgano denunciante se ha ratificado”, por lo que procedemos
a AMPLIAR LAS ANTERIORES ALEGACIONES, a tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES DE
HECHO Y DERECHO
ÚNICA.- Ilegal/falsa
ampliación, por la guardia civil, del acta-denuncia.-
Ya argumentada la irregularidad falsaria a la carta de que la
redacción del acta-denuncia policial sea de fecha 10/01/2025, 51 días
posterior a la fecha de los hechos y no esté firmada o refleje negativa a
firmarla por los denunciados, lo que está acaeciendo en este expediente resulta,
no ya amordazador, de ilegal ánimo totalitario, atemorizador, impropio de un
Estado de Derecho que la ratificación/ampliación del acta denuncia sea de
13/04/2025, seis días posterior al 07/04/2025 en que ya se dice que existe,
aunque no se aporta, en el expediente núm. .
En lo que se refiere al sorprendente contenido de la ratificación/ampliación,
que contradice el acta-denuncia, contiene la misma tan graves nuevas/mayores
falsedades como que en ella escriba la -solo- fuerza actuante que
·
por la
secretaria se les manifestó que “durante
la realización del pleno unas personas le han increpado varias veces, teniendo
que expulsarles del pleno”, pese a que, también falsaria, en el acta-denuncia,
tan distinta a ello, se afirma que lo ocurrido fue que tal exsecretaria -que ya
no está en el ayuntamiento- “ha tenido
un problema con tres personas en su oficina -en la que no se
celebran los plenos-, teniendo que echar
de su despacho por que la estaban increpando y voceando”, personas que,
al parecer, hicieron caso y, sin más, se fueron del despacho y a las que, pese
a conocer a todas -una de ellas concejal y, por tanto, autoridad municipal
electa- no las identifica la -insistimos en que solo- fuerza actuante, que,
·
no
contenta con ello, la -solo- fuerza actuante añade en su atípica ratificación/ampliación
falsaria que “preguntada -la
exsecretaria- por si quiere denunciar los
hechos, ésta manifiesta que todavía no lo sabe” -y, hasta el día de
la fecha, lo debe seguir ignorando pues tal denuncia no aparece en ninguno de
las distintas versiones del expediente que se nos notifican, siendo la realidad
que el único agente activo de la guardia civil (el otro ni habló casi,
limitándose a decirnos que los hechos eran irrelevantes y no tendrían denuncia)
nos manifestó de forma clara que “la secretaria
no quería denunciar-, cambiando tal extremo ahora por un requerimiento
supuesto, ”de forma entendible y educada”,
para que nos identificáramos, pues, ridícula, extraña razón legal, sin duda una
nueva falsedad a la luz de lo ocurrido, ahora escribe que, tras hablar con ella,
“la secretaria no sabe si les va a
denunciar por los hechos ocurridos en el interior del ayuntamiento”. Insistimos
en que como aún hoy, pues tal denuncia no aparece en ninguna de las versiones
que nos han dado del expediente
Extraño, atípico, ilógico todo, los hechos narrados, el acta-denuncia,
su redacción y fecha, así como su ratificación/ampliación aportada al
expediente núm. _____, en lo que se refiere, igualmente, a su redacción y
fecha, de lo que dejamos constancia a posteriores efectos/acciones legales.
Todo muy extraño.
Por todo ello
SOLICITAMOS A LA INSTRUCTORA DE
LOS EXPEDIENTES de referencia que tenga por expresado y admita el contenido del
presente otrosí a los alegados efectos. En lugar y fecha anteriores.
SEGUNDO OTROSI INSISTIMOS ANTE
LA INSTRUCTORA DE LOS EXPEDIENTES de referencia en que, por lo dicho, nos
sentimos obligados a interesar se tenga por reiterada nuestra anterior,
ilegalmente desatendida DENUNCIA/QUEJA, para que, si no se ha hecho ya, se
incoe el expediente que investigue la ilegal actuación de la -solo- fuerza
actuante y la instructora gubernativa de los expedientes que con la indiciaria
intención de poder incluir en cada uno lo que convenga- a tan -escasa- autoritas gubernativa, no se acumulan y,
siendo parte en el mismo, se nos notifique cuanto en él se acuerde.
A su tenor,
SOLICITAMOS se tenga por realizada la anterior manifestación reiterada a
efectos legales. Lugar y fecha anteriores.
