CORRUPCIÓN EÓLICA CASTILLA Y LEÓN. TRAMA EÓLICA 4


El Norte de Castilla 3.11.2015

Seis claves para entender la trama eólica

M. J. Pascual | Valladolid

La comisión de investigación ha comenzado hoy los trabajos para desenredar lo que parece una madeja complicada en la que es fácil perderse 

Hace seis meses que se habla de ella, de la trama eólica. Una madeja de complicado desentrañe, que hoy miércoles empieza a ser investigada en las Cortes de Castilla y León. Pero ¿qué es la trama éólica? En síntesis: cargos de la Junta de Castilla y León, en supuesta connivencia con algunas empresas de la comunidad, cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos sembrados por la comunidad en los diez últimos años de despegue de esta energía ‘verde’. La fuente principal: un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria del que todo el mundo habla pero que (dicen) nadie tiene, a excepción de Tomás Herranz, el fiscal anticorrupción encargado del caso, que tiene a tres equipos especializados trabajando desde diciembre de 2014. 

Entender bien todo el asunto no es fácil, por eso te damos aquí seis claves para poder comprender mejor un asunto enrevesado.

1.- LOS NOMBRES PROPIOS. 

El listado de comparecencias del PSOE arranca con J. M. T. M., el inspector de la Agencia Especial de la Administración Tributaria en Castilla y León autor del informe sobre el que se asienta la razón de ser de la propia comisión investigadora. Le sigue Georgina de la Lastra, delegada especial de dicha agencia. Federico Trillo-Figueroa, el exministro y actual embajador español en Reino Unido y, en las fechas de los hechos que se investigan, en Estudio Labor. El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte y la exdiputada vallisoletana Ana María Torme, copropietarios de SIRGA XXI. Los tres, asesores de empresas mencionadas en el informe, como el GRUPO COLLOSA. En sexto lugar (aunque es la primera vez que se menciona su nombre vinculado a la trama) aparece la exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, seguida del exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, la exviceconsejera Begoña Hernández y el exviceconsejero Rafael Delgado. Se piden también las comparecencias del actual director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y dos de sus antecesores en el cargo, Manuel Ordóñez y Luis Carlos Escudero, además del director general de calidad ambiental, José Manuel Jiménez y la exdirectora general de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, Rosa Ana Blanco Miranda, junto con dos exdirectores de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz y Jesús Rodríguez Romo. El exconsejero delegado de la empresa pública EXCAL, Alberto Esgueva, y Francisco Esgueva, del GRUPO SAN CAYETANO, figuran en los puestos 17 y 18 del listado. Los exapoderados mancomunados de las empresas IBERDROLA RENOVABLES (ANTES BIOVENT), Ricardo Bravo y Rafael Icaza de la Sota. Se pide además que declare el hermano de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Eugenio García Tejerina, de APECYL, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, y Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes con Villanueva. Además de todos los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias, los jefes de servicio de Industria y los de Medio Ambiente desde 1995. 

2.- LOS DOCUMENTOS. 

El principal, el informe elaborado por la Agencia Tributaria remitido a Anticorrupción. Ya ha sido solicitado. Además, se pide una relación de todas las instalaciones de este tipo inscritas en el registro oficial desde 1995, los acuerdos por los que se nombra y cesa a Alberto Esgueva consejero delegado de Excal y director del área de Creación e Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de Inversiones.

3.- DECLARACIONES DE BIENES. 

Se persigue detectar si existió enriquecimiento o beneficio ilícito, comparando los bienes de los cargos públicos cuando entraron y cuando cesaron en sus puestos. La petición se extiende a prácticamente todas las personas llamadas a declarar.

4. LAS EMPRESAS. 

ENERGÍA GLOBAL CASTELLANA (extinguida) se constituyó entre SAN CAYETANO E IBERDROLA RENOVABLES CASTILLA Y LEÓN. Se han pedido las escrituras de constitución de la primera, en 2004; su venta de acciones por los hermanos Esgueva a Iberdrola Renovables, que las compró por 47 millones cuando estaban valoradas inicialmente en 24.000 euros, según el PSOE.

5.- COINCIDENCIAS. 

Algunos de los nombres de excargos, empresarios y sociedades que figuran en la relación supuestamente implicados en la trama de los eólicos aparecen en otros informes policiales y tributarios solicitados por la Fiscalía de Valladolid en las diligencias abiertas desde 2013 en el Juzgado de Instrucción número 2 sobre las operaciones urbanísticas de compraventa del edificio de Arroyo de la Encomienda, actual sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda, y el parque empresarial de Portillo. Hay una veintena de personas que serán llamadas a declarar en calidad de investigados cuando el juez disponga de toda la documentación solicitada.

6.- FUNCIONAMIENTO. 

La pretensión de los ‘populares’ en la comisión que presiden es, aseguran, «agilizar» el trabajo y los tiempos. De entrada, consideran «excesivos» los papeles solicitados por el PSOE y ven más asumible acotar y pedir la que la Junta remitió en verano a la Fiscalía Anticorrupción. Este será un primer escollo en la negociación. Habrá, como barruntan, discrepancias en el número y nombres de los comparecientes. Otra dificultad que tendrán que sortear durante todo el tiempo que duren los trabajos es el secreto que impone el reglamento de las Cortes. Aunque esta regla se flexibilizará en las comparecencias, los declarantes tienen derecho a pedir que sus intervenciones sean secretas. También, aunque obligados a comparecer, pueden negarse a declarar como ocurre en los juzgados.

http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201511/03/seis-claves-para-entender-20151101104955.html

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