Hacienda no sabe cómo Delgado pagó a un imputado un piso de lujo
El inmueble ubicado en el Paseo Zorrilla está valorado en 412.000 euros
Los informes remitidos por la Agencia Tributaria al juzgado también implican a Rafael Delgado, que fue hombre de confianza del ex consejero de Economía Tomas Villanueva, viceconsejero y secretario de Economía y secretario, así como consejero delegado de la ADE, cargos que ejerció de manera sucesiva hasta 2011.
Su nombre resuena en ambas tramas como aquel que podría haber facilitado la oportunidad de medrar tanto a Alberto Esgueva como a otros. Las operaciones de compra del Edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo llevan su firma, que también aparece en la concesión de varias explotaciones eólicas mediante asociación –procedimiento por el cual un superior toma las competencias de un inferior– y desplazar a los jefes provinciales de Economía e Industria encargados de esas aprobaciones.
Los informes efectúan un repaso de las empresas propiedad o participadas por Rafael Delgado. Una de ellas, Samuño Activos Slu, adquirió un piso a Nereo de Inversiones, de 245 metros en el Paseo Zorrilla, valorado en 412.113 euros, y la Agencia añade que «se desconoce el pago del precio». A renglón seguido, apunta que ese mismo día de la venta, 20 de septiembre de 2012, Rafael Delgado suscribe un préstamo hipotecario por casi 400.000 euros y, sin embargo, ambas operaciones no aparecen suficientemente vinculadas.
Pero es que antes, Nereo había adquirido el piso a Tecnicyl, propiedad de Ángel Román Montes López, otro de los imputados por la empresa Urban Proyecta PM3, que vendió el Edificio de Arroyo a la Ade e intervino en la compraventa de terrenos en Portillo. En esa caso, la Agencia Tributaria también señala que «se desconoce la forma de pago de la misma» entre esas dos empresas.
Diario de Valladolid 4.11.2015
El PP frena el acceso a informes de la trama eólica entre la desidia de parte de la oposición
Aplaza las comparecencias hasta la llegada de documentos / Sólo el PSOE registra sus peticiones
El PP restringe, al menos de momento, la documentación que manejará la comisión de investigación de la trama eólica. En la tercera reunión, el grupo mayoritario hizo valer el voto ponderado para rechazar el grueso de papeles requeridos por la oposición y aplazar las comparecencias hasta después de la recepción y estudio de los informes.
Los populares entienden que los procuradores deben analizar los documentos antes de decidir «a quién preguntar»; entre ellos, el «ya solicitado informe» de la Agencia Tributaria –en realidad es una denuncia, en manos de Anticorrupción–, «piedra angular» –en palabras de Raúl de la Hoz– de la supuesta adjudicación irregular de autorizaciones de instalaciones eólicas a cambio de comisiones.
«Conocido eso, acotaremos la investigación. Se podrá solicitar la comparecencia de personas relacionadas con hechos probados documentalmente y más informes. El rigor es contar con la documentación», añadió de la Hoz, quien recordó que esta fórmula ha sido la aprobada en el parlamento andaluz, en la comisión de los cursos de formación, por PSOE y Ciudadanos.
Aunque la comisión acordó en su primer encuentro que cualquier solicitud se formularía en el seno de este órgano, el Grupo Socialista, promotor de la investigación, fue el único que formalizó la suya por escrito, en el Registro de las Cortes: catorce peticiones documentales, de las que el PP aceptó tres.
El resto de grupos lo hicieron de forma verbal. Podemos se sumó a las peticiones del PSOE por ser «coincidentes», según su portavoz, Pablo Fernández. Ciudadanos se interesó por las relaciones de empresas investigadas con la Administración autonómica. Y UPL reclamó conocer el vínculo profesional con la Junta de las personas mencionadas en informaciones periodísticas.
Así pues, prosperaron, con el voto a favor de toda la oposición salvo el PSOE, las peticiones del PP, entre ellas, los expedientes de autorización administrativa de instalación de parques, incluidos los no resueltos; los de transmisiones a terceros; y copia de la instrucción de la Dirección de Energía y Minas de 2004 relacionada con la «avocación de competencias» en el entonces viceconsejero, Rafael Delgado, para resolver la autorización de parques.
Los populares aceptaron la solicitud del portavoz del Mixto y rechazaron en solitario once peticiones del PSOE, entre ellas, el cronograma de la tramitación de los expedientes de parques eólicos; las declaraciones de bienes de ex altos cargos de la Consejería de Economía; o las copias de tres escrituras de compraventa de acciones que, según informaciones periodísticas, probarían un enriquecimiento presuntamente ilícito de Alberto Esgueva, ex consejero delegado de Excal.
El portavoz socialista, Javier Izquierdo, denunció la actitud «obstruccionista» del PP. Primero por «denegar casi toda» la documentación pedida por su grupo. En segundo lugar por aplazar las comparecencias, probablemente, hasta después del 20-D, porque la Junta tiene hasta dos meses de plazo. Y, tercero, por obligar a la oposición a «hacer un peregrinaje por las provincias» para consultar la documentación.
Y es que los populares se amparan en el Reglamento para oponerse a centralizar en las Cortes todos los informes. Según de la Hoz, son mil los expedientes de parques eólicos tramitados en los últimos años y cada uno lo conforman mil folios. «No tiene sentido hacer trabajar a la Junta de forma insensata», justificó. Izquierdo alega que su grupo sólo necesita una parte de cada expediente y sugiere su aportación en formato digital.
Pablo Fernández (Podemos) respaldó los argumentos de Izquierdo: «Esclarecer requiere horas y estudio. Sólo pedimos que se nos facilite el trabajo». José Ignacio Delgado (Ciudadanos) lamentó que no haya «avances», y culpó por igual a PP y PSOE por sus «batallitas».
El grupo naranja solicitó la comparecencia de 26 personas. Facilitó a la prensa una relación de nombres, sin especificar cargos. En ella figura Alfonso Fernández Mañueco. Al ser preguntado en qué condición (fue consejero de Interior y Justicia y es secretario general del PP), Delgado apeló a la «responsabilidad política» del «mayor dirigente del PP».
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