Un mando de la Agencia Tributaria retrasó una denuncia por corrupción que afecta al PP
La delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra, demoró un explosivo informe que denunciaba el cobro de comisiones millonarias de las eléctricas por parte de altos cargos de la Junta e implicaba a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte
De la Lastra trabajó antes como alto cargo con el PP, como secretaria general de la Consejería de Hacienda en la Junta de Castilla y León
Según el informe de la Agencia Tributaria, que investiga Anticorrupción, la trama se repartió 110 millones de euros en comisiones de las eléctricas a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos
Varios altos cargos del Gobierno de la Junta de Castilla y León (PP) presuntamente cobraron enormes comisiones de algunas constructoras –Grupo Collosa, Parqueolid– y las grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola– a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos. En total, la trama se repartió 110 millones de euros, 18.300 millones de pesetas, según la investigación de la Agencia Tributaria que publicó este lunes El País. Por comparar, este botín duplica ampliamente la fortuna atribuida a Luis Bárcenas (47 millones de euros) y es más de cuatro veces superior al supuesto patrimonio de Rodrigo Rato (26 millones). Si son comisiones ilegales, como sospechan la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, no estamos ante unos comisionistas cualquiera: se trataría del tipo de mordidas multimillonarias que solo dejan los más grandes tiburones.
La investigación la destapó un inspector de la Agencia Tributaria en la oficina de Castilla y León, en Valladolid. Un funcionario, cuyas iniciales son J. T., que detectó unas extrañas inversiones que habían hecho millonarios a varios altos cargos de la Junta y del PP. Apenas 24.400 euros en acciones se convertían, una vez aprobados los permisos correspondientes, en 47,1 millones de euros. El mismo inspector de Hacienda también rastreó otros misteriosos pagos como “asesoría” –por unos trabajos que no acaban de aparecer– a dos importantes políticos del PP: el diputado Vicente Martínez Pujalte y el exministro y actual embajador en Londres Federico Trillo.
Cuando este inspector descubrió el pastel, elaboró un informe de 94 folios que trasladó a su jefa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. “Es el protocolo habitual cuando se detecta un delito”, afirma una fuente de la Agencia Tributaria, conocedora del caso, con la que ha podido hablar eldiario.es. “Es el delegado especial quien después debe pedir otro informe al servicio jurídico y presentar la denuncia formal ante la Fiscalía o el Sepblac (el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales)”.
El inspector J. T. cumplió con su parte hace ya bastante. Su jefa no fue tan diligente y el explosivo informe que esta semana ha publicado El País, tan delicado para el PP y para la Junta de Castilla y León, estuvo meses durmiendo en el fondo de un cajón.
En vista de que pasaba el tiempo y el caso no se movía, el inspector pidió explicaciones. Como no se las daban, J. T. volvió a presentar el informe, esta vez a través del registro, para forzar que siguiese adelante: para que quedase constancia y fecha de su denuncia y no se pudiese traspapelar. “No es para nada el procedimiento habitual, normalmente el traslado al delegado especial es un simple trámite interno que no se registra”, asegura esa misma fuente de la Agencia Tributaria. “Al pasar por el registro, el documento quedó informatizado, por lo que ya no se pudo ignorar”.
El duro informe sobre la supuesta trama de comisiones en la Junta hoy está en la Fiscalía Anticorrupción, gracias al empeño de este inspector.
Su jefa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, se llama Georgina de la Lastra. Es una persona muy cercana al Partido Popular que incluso trabajó, entre 2003 y 2007, como alto cargo en el Gobierno autonómico: como secretaria general de la Consejería de Hacienda; en la misma Junta de Castilla y León cuyas concesiones para parques eólicos hoy están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.
http://www.eldiario.es/escolar/corrupcion-eolica-pierde-fondo-cajon_6_380122012.html
Eldiario.es 29.04.2015
El hermano de Trillo era alto cargo de la consejería que dio concesiones a la empresa asesorada por el exministro
El Grupo Collosa recibió al menos dos licencias de titularidad de parques eólicos en el tiempo en que Francisco Trillo-Figueroa era secretario general de Economía
El PSOE denuncia esa relación y acusa al exministro de "mentir" al decir que "la instalación de los parques eólicos ya se había producido"
El ahora delegado de la Junta en Valladolid está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compraventa de unos terrenos por parte de sociedades públicas
Irene Castro / Fátima Donado
El exministro Federico Trillo.
La empresa a la que Federico Trillo facturó 354.000 euros por su asesoramiento en tres años se vio beneficiada por decisiones de la consejería en la que su hermano era alto cargo. El Grupo Collosa obtuvo la titularidad para al menos dos parques eólicos en el tiempo en el que Pablo Trillo-Figueroa ocupaba la Secretaría General de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que era el departamento encargado de resolver esas adjudicaciones.
El hermano del exministro ha pasado por varios puestos de responsabilidad en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, que ahora se ve salpicado por el escándalo de las concesiones de explotación de parques eólicos. Pablo Trillo-Figueroa, que en la actualidad es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de unos terrenos por parte de varias sociedades públicas. Junto a él hay una veintena de altos cargos imputados por ese caso, investigado a instancias de la Fiscalía.
En la investigación de las licencias de los parques eólicos, Hacienda apunta a la "existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo" que cobraron de compañías eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de esas concesiones, según el informe al que tuvo acceso El País.
Una de las empresas sobre la que Hacienda sospecha es el Grupo Collosa, al que Trillo facturó 354.000 euros desde febrero de 2006. Mientras el entonces diputado asesoraba a la corporación y su hermano era secretario general de la Consejería de Economía, ese departamento concedió a Collosa la titularidad de al menos dos de los parques eólicos de la comunidad.
Uno de los acuerdos para la explotación del parque eólico de Valdihuelo se llevó a cabo en 2005 entre una de las filiales de Collosa (Inverduero) y Endesa. La autorización para la explotación del parque eólico se resolvió el 30 de agosto de 2006, cuando Trillo llevaba asesorando a Collosa medio año. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones, según informa El País.
El inspector de Hacienda apunta a esa colaboración de empresas locales con eléctricas para las autorizaciones de los parques. "Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad", resume el inspector que firma el escrito.
Según ese documento, las empresas locales con las que se llegaba a acuerdos eran "propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”.
El PSOE dice que Trillo mintió sobre su labor en Collosa
El inspector de Hacienda sospecha que "todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León, y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos".
El otro parque que la Consejería de Economía dio al Grupo Collosa mientras los hermanos Trillo estaban en cada una de las partes fue el de La Mallada, que se quedó en manos de su filial Ider. Esa tramitación –que concluyó el 10 de marzo de 2006, justo un mes después de que Collosa contratara los servicios de Trillo– comenzó en 1998.
El PSOE ha acusado a Trillo de haber mentido en sus explicaciones sobre la relación con Collosa. "Cuando habló de su contrato de 9.000 euros por tomar un café con la empresa Collosa, dijo que no tenía nada que ver con la obra pública, ni con la instalación de los parques eólicos que ya se habían producido –ha relatado la diputada socialista Soraya Rodríguez–. Y mintió. Mintió porque en septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo-Figueroa, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa".
http://www.eldiario.es/politica/Trillo-asesoro-contratos-consejeria-hermano_0_382512820.html
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