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Entrada ligera.
Cocino de Olla Ferroviaria de Patatas de Valderredible con bacalao.
Reposado inicial.
Ensalada templada de verduras con briznas de cecina de mula.
Sentado sensato.
Sorpresiva hamburguesa de buey tudanco con setas de temporada.
Desert definitivo.
Pastel de almendras y calabaza con helado de galleta CAMPURRIANA.
Panes de Orzales, Olea y Aguilar de Campoo.
Un buen blanco Verdejo; un buen tinto del Duero (Camesa); te de lastra con orujo / café y la primera copa.
RITMO
2 Temas de presentación en la entrada ligera.
Centro de la cena, sin banda sonora.
Calentamiento del concierto a los postres.
SwingSentidos a pleno ritmo con la copa y mas …..
Unas 300 personas ascendieron al Cotorru Bijuenzo (Bigüenzo) en una excursión organizada por la Asamblea contra la Fractura Hidráulica Campoo-Los Valles para reivindicar su negativa a la extracción de gas por medio de Fracking en Campoo-Los Valles, Norte de Burgos y Norte de Palencia.
La ascensión partió de Loma Somera en Valderredible
Nos abrazamos al centenario roble de La Piruta, al cual se le había desgajado una rama
La numerosa expedición culebreaba Loma arriba
Las vistas eran impresionantes: en primer término los inmensos rebollares de Arcera y La Aldea junto al Ebro, gigantesco corredor natural; al fondo a la izda. los tres barrios de Los Carabeos: Barruelo, Arroyal y San Andrés; a la dcha. Somaloma y como fondo las cumbres nevadas de Alto Campoo.
Pero no quedaba ahí la cosa ya que si nos girabamos se veía incluso el Espigüete y el Curavacas, La Lora y Las Loras, Peña Amaia y Monte Bernorio, y las inmensidades forestales, de pastizales y brezales de los pueblos altos de Valderredible: Bustillo, Otero, Quintanas Olmo, Arantiones, Salcedo, La Población de Arriba y de Abajo, La Serna, Ríopanero, La Cabaña de Hijedo, Ruanales...
En la cumbre nos informamos sobre esta peligrosa y contaminante forma de extraer gas del subsuelo que contamina los acuíferos; y sobre los permisos BEZANA y BIGÜENZO, que son los que afectan a toda esta zona y que incluyen desde las tierras burgalesas de Cilleruelo de Bezana hasta los tres valles del sur de Cantabria: Valdeprado del Río, Valderredible, Valdeolea y norte de Palencia.
RECORDAROS QUE EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO AL DOMINGO SE CAMBIA LA HORA, según la normativa de la Unión Europea, el último domingo de marzo, a las dos de la madrugada serán las tres(hora de la Península).
Así que la noche del sábado (24/03/2012) al domingo (25/03/2012) no olvidéis adelantar vuestros relojes y que hay que irse a la cama antes que dormímos una hora menos.
Marcha No Fracking Campoo-Los Valles el próximo domingo 25 de marzo al monte Bigüenzo
La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Campoo-Los Valles convoca para el próximo domingo 25 de marzo una marcha al monte Bigüenzo, con el objetivo de conocer las zonas afectadas por los permisos de investigación de hidrocarburos Bezana-Bigüenzo, para extraer gas de pizarra mediante fracking. Abarcan casi 180.000 hectáreas en toda la zona de Campoo, Los Valles y parte del norte de Palencia y Burgos. Estos permisos son una concesión compartida al 60-40% por las multinacionales españolas Gas Natural Fenosa y Repsol.
El punto de salida desde Reinosa es en el Parque de la Húngara (detrás de Caja Cantabria) a las 10 de la mañana.
PLAN:Salida del bucólico pueblo de Loma Somera de Valderredible a las 10,30, subida entre rebollos y pastizales abiertos al pico Bigüenzo, vuelta hacia las 14,30 - 15h.
Llevar botas de monte, ropa de abrigo, bocadillo y agua.
Os esperamos! No a la Fractura Hidráulica! Ni en Cantabria ni en ningún sitio!
ORGANIZA: Asamblea Contra la Fractura Hidráulica Campoo-Los Valles
La Asamblea contra el Fracking ha remitido a los ayuntamientos de la comarca de Campoo la información sobre el alcance de la concesión del permiso de investigación "Bezana-Bigüenzo", previsiblemente para la prospección de gas de pizarra mediante fracturación hidráulica, ante el "oscurantismo" que, según denuncia, ha caracterizado el procedimiento de concesión de este permiso.
Así, asegura que "ni siquiera" los ayuntamientos afectados han sido debidamente informados por parte del Ministerio de Industria. "Práctica que es una constante en estos casos", al igual que ocurriera en su día con el permiso de investigación "Arquetu" en la zona de Saja-Nansa, cuyos ayuntamientos y algunas organizaciones sociales "tuvieron que recurrir dicha autorización para remediar este despropósito", explica el colectivo.
La Asamblea contra el Fracking afirma que, ante la movilización social y las iniciativas de la Mancomunidad de municipios, el Gobierno ha hecho que la información "fluya con la normalidad a que obliga la legislación y además ha acordado la suspensión cautelar hasta que haya pronunciamiento por parte de los tribunales de justicia".
"Todo lo contrario" de lo que está ocurriendo en el caso del permiso "Bezana Bigüenzo", donde el Ministerio de Industria competente en este caso, "instalado en su política de opacidad, ni siquiera ha contestado a las solicitudes expresas de información relativas a este permiso de investigación, vulnerando de manera flagrante las Directivas europeas de derechos de acceso a la información y participación del público", denuncia.
La Asamblea contra el Fracking pretende "romper esa estrategia de ocultamiento, trasmitiendo información contrastada y objetiva", como el informe del Parlamento Europeo que alerta de los riesgos de esta tecnología y recomienda establecer una moratoria dentro de la UE, así como otro informe de la Universidad de Manchester y otro de la Agencia de Medio Ambiente norteamericana. Por otro lado, destaca que algunos países, como Francia, Bulgaria e Irlanda, se han adelantado y establecido sus propias moratorias al igual que antes hicieran diversos estados norteamericanos.
También dentro de esta campaña, el próximo día 16 a las 18 horas, dentro de las VI Jornadas sobre Medio Ambiente de Reinosa "Los Caminos del Aguas", se celebrará una conferencia informativa sobre la tecnología de fracturación hidráulica, en qué consiste, los riesgos que comporta, así como el permiso de investigación "Bezana Bigüenzo" que afecta a esta comarca.
En un comunicado, la Asamblea contra el Fracking destaca que su objetivo último es "informar, generar opinión, debate y participación social en la toma de decisiones para que éstas no se cocinen a nuestras espaldas".
El mayor parque eólico de América Latina se ha construido a base de engaños, estafas y mentiras a la comunidad local indígena, según denuncian en la zona.
La energía eólica, las virtudes de la cual propugnan Acciona, Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa, no es inocua. Denuncian que en México, los aerogeneradores de estas compañías se han instalado a base de saqueos de tierras, amenazas, engaños y promesas incumplidas a centenares de indígenas zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec, al sur del estado de Oaxaca.
Sus pobladores, acostumbrados a los fuertes vientos, sufren ahora el embate de las multinacionales españolas, que entraron en la zona de la mano de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras iniciativas privadas mexicanas en calidad de socias o intermediarias.
Pese a que la Constitución Mexicana estipula que la generación de energía debe ser exclusiva del Estado, en los años 90 el gobierno federal abrió el sector energético al mercado internacional cediendo a las presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así, en el Plan Estatal de Desarrollo (2004-2010), el Gobierno de Oaxaca cita que son 14 empresas extranjeras las que están en negociaciones para la renta de reservas territoriales en 13 poblaciones del Istmo, entre ellas están las españolas Acciona, Endesa, Preneal, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa. Estas empresas contrataron a líderes corruptos, autoridades municipales y funcionarios federales para que convencieran a los campesinos a rentar sus tierras a precios irrisorios, según denuncia el Centro de Derechos Humanos Tepeyac.
Contrato de Arrendamiento entre Unión Fenosa Energías Renovables México SA de CV y Anastacio Toledo (M. S.)
El Contrato de Arrendamiento firmado en 2006 entre Unión Fenosa Energías Renovables México SA de CV y el campesino Anastacio Toledo, de Juchitán, al que tuvo acceso periodismohumano, estipula que durante la primera fase de desarrollo y el período de construcción del parque eólico, Unión Fenosa, le pagará 150 pesos anuales (unos 9 euros) por cada hectárea de terreno. El pago por la instalación de un aerogenerador en su terreno oscila entre 8.000 y 18.000 pesos (500 y 1150 euros) según la capacidad del aerogenerador y después se le suman unos porcentajes irrisorios de la facturación total por la energía generada durante el período. Porcentajes similares y el mismo precio de arrendamiento por hectárea de tierra, acordó Endesa, a través de su filial mexicana Italaise, a decenas de campesinos de la región, según otro contrato del mismo 2006 que tiene periodismohumano. Y en la misma línea operó Iberdrola, quién también cuenta con 80 generadores en la región, en la comunidad de La Ventosa. Actualmente, Unión Fenosa vendió todos sus bienes en el Istmo a Gas Natural.
“Me agarraron cómo una criatura, inocente, y me engañaron”, explica Tomasa Antonio, indígena zapoteca de la Venta, municipio de Juchitán, que a sus 85 años sigue lúcida, pero no sabe leer ni escribir. Por eso, cuando en el 2004 la CFE le llevó el contrato de arrendamiento de 6,5 de sus 11 hectáreas para construir la subestación eléctrica que canaliza la energía generada por los aerogeneradores, creyó sus buenas palabras y estampó su huella en el contrato. Según un estudio de impacto social del proyecto hecho por el Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 60% de los ejidatarios de la zona son analfabetos.
En 2007, entró Acciona, que junto a la empresa mexicana de cementos, Cemex, han construido el mayor complejo eólico de América Latina, el parque Eurus, ubicado en el ejido de la Venta, municipio de Juchitán. Eurus genera 250’5 megawatios de potencia, lo equivalente al consumo de una población de medio millón de habitantes, lo que según Acciona evita la emisión del 25% del CO2 generado por una población como la citada. No en vano, la parte energética de Acciona ha sido la principal fuente de ingresos de la compañía en el último año, el 55,7% del total, según sus datos.
En el Convenio hecho con la empresa intermediaria y que establecía la entrada de Acciona, la cláusula 4ª especifica: “Eurus requiere obtener recursos económicos suficientes a través de algún esquema de financiamiento que pudiera recibir de instituciones bancarias, por lo que en este acto, El Ejidatario, autoriza a Eurus a transmitir y/o cederlos derechos y obligaciones de Eurus, (…) así como la transmisión y/o cesión posterior de los derechos y obligaciones de Eurus en caso de que se ejecute la garantía constituida para la obtención del financiamiento de Eurus, sin que sea necesario hacer gestión adicional alguna ante El Ejidatario”.
En resumen, Eurus, conformado por Acciona y Cemex, podrá hipotecar las tierras arrendadas para conseguir préstamos. Y por si queda alguna duda de la alevosía, en la cláusula décima primera obliga al ejidatario a “no proporcionar a terceros, ninguna información o documentación relativa a este convenio y a considerar dicha información como confidencial”.
“Nos enamoraron, nos prometieron la luna y las estrellas, y de eso nada”, comenta Zacarías Betanzos, uno de los arrendatarios de Eurus. Betanzos tuvo más suerte en cuánto a lo que percibe respecto a los arrendatarios de Unión Fenosa y Endesa, pero igualmente, los pagos son bajos, 6700 pesos anuales por cada una de las 4 hectáreas que le ocupan, es decir unos 1700 euros en total al año, menos de lo que ganaba rentándolas para potreros. Y frecuentemente se demoran en los pagos, o no pagan las afectaciones. “No consideramos que sea justo, se aprovechan, nos prometieron que además de los pagos, armarían lecherías para que pudiéramos comercializar la leche, nos darían créditos para mejorar nuestra producción, pacas para compensar los daños en el pasto,… no hay nada de todo eso”, explica Betanzos.
Una de las hijas de Tomasa Antonio, Isabel Santiago, explica que cuando llegaron a convencer al vecindario de la conveniencia del megaproyecto eólico prometieron inversiones millonarías que favorecerían a la población. “Nos engañaron a todos, sí están sacando millones de los ventiladores, ¿pero dónde está el dinero?”, arguye y mira a su alredor señalando su pueblo. Les prometieron carreteras, pabellones deportivos, mejores escuelas,… y nada de eso llegó. Sólo algunas brigadas de mantenimiento de vez en cuando y, al más puro estilo caciquil, la celebración anual de la Fiesta del Ventilador con música y cervezas gratis.
“Se aprovechan de la ignorancia y la pobreza de nuestra gente”, asegura Alejo Girón, ejidatario de La Venta y dirigente campesino que se ha resistido a ceder sus tierras. Y lo han hecho con artimañas, según todos los documentos que presenta a la periodista Girón. Las comunidades del Istmo se organizan mayoritariamente en Ejidos, una estructura comunal donde todos los pobladores son pequeños propietarios y además mantienen ciertas tierras comunitarias que gestionan en asamblea según usos y costumbres. “Amañaron asambleas ejidales, falsificaron firmas, aprobaron actas sin quórum, nos usurparon el comisariado ejidal y compraron a nuestras autoridades. Y todo gracias a un maridaje muy fuerte de las transnacionales con el gobierno”, denuncia.
Los contratos se firmaron ante la notaria de Juchitán con el beneplácito de las autoridades municipales y agrarias, y hasta de la Procuradoria Agraria mexicana. Javier Balderas, abogado del Centro de derechos humanos Tepeyac, subraya que el proyecto entra cuando es Presidente de la Comisión de Energía, Juan Camilo Mouriño, posterior secretario de Gobernación del actual presidente Felipe Calderón. Su familia posee la empresa subcontratada por Acciona para el mantenimiento de EURUS, Grupo Energético del Sureste (GES). Juan Mouriño, además, era el hijo del presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, quien desde su presidencia se ha vinculado con altos cargos del Partido Popular.
Además de la connivencia del poder político y el económico, y las ridículas remuneraciones, el problema del megaproyecto eólico en el Istmo se agrava por la ruptura del tejido social. La falta de información clara que hubo durante todo el proceso junto a la ausencia de una consulta colectiva, viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Indígena del estado de Oaxaca. Además, ha propiciado desintegración y división en las famílias y las comunidades. “En lugar del progreso prometido, lo único que trajo es la codicia”, agrega Betanzos.
En cuanto a los impactos económicos, el propio estudio de impacto, encargado por la CFE al Instituto de Ecología, reconoce que los complejos eólicos provocarán “una pérdida en los rendimientos de los cultivos, así como en la economía de los propietarios”. Los ingresos mayoritarios en la zona provienen de la ganadería y de los cultivos de maíz y sorgo. Tan sólo en el Ejido de La Venta, más de 800 hectáreas de tierras fértiles han sido cementadas para fijar torres y otras 120 para caminos, que dificultan el pastoreo de las vacas, que ya de por sí han visto menguar su territorio de pastoreo. Además las obras para compensar el desnivel natural del terreno, han creado más desniveles, que en los meses de lluvias, inundan los campos de cultivos, pudriendo el pasto. El ruido del aerogenerador en movimiento asusta el ganado. En la última reunión de Eurus con los arrendatarios, celebrada a primeros de mayo, eran más de 200, los ejidatarios que presentaron alguna queja. “Y eso ahora, en 5 o 10 años vamos a ver”, espeta Betanzos.
La economía regional es desplazada y aplastada por los intereses de las transnacionales. “Yo ahora produzo leche, queso y carne, si todos sembramos aerogeneradores, ¿qué vamos a comer? Tendríamos que importarlo de fuera a precios muchos más altos, seríamos más pobres todavía”, exclama Perfecto Cruz, de Unión Hidalgo, el pueblo aledaño a La Venta, otro de las 13 comunidades afectadas por el megaproyecto. Cruz es uno de los 150 campesinos que consiguieron anular sus contratos con Unión Fenosa y Endesa, después de haberlos firmado con promesas de grandes sumas de dinero. “Ese contrato se burlaba de nosotros, yo le pregunté a un ingeniero español que nos estaba ofreciendo y dijo que él ponía la inversión, y yo le contesté que se llevase su inversión y que me dejase con mi pobreza. Aunque volviesen ahora mismo con cajones de billetes, no los quiero”.
Para compensar todo esto, otra de las promesas que hicieron las empresas fue que contratarian a la población local para las obras y el mantenimiento de los complejos. Ángel Antonio Regalado trabaja desde hace un año y cuatro meses para Ges, la empresa subcontratada por Acciona para encargarse del parque. “Nos han tratado muy mal”, subraya y relata que en la construcción, de los casi 200 trabajadores con los que trabajaba, el 40% eran españoles, que con el salario y los viáticos, ganaban 90.000 pesos al mes (unos 6.000 euros) mientras que los locales sólo percibían un salario de 8.000 pesos (500 euros), por el mismo trabajo. Sus continuas protestas han generado despidos improcedentes, y Regalado confiesa que los 40 trabajadores que quedan encargados del mantenimiento, continúan por “necesidad”. El propio Regalado, aceptó el trabajo, justo después de volver de los Estados Unidos, donde emigró para tener algo que dar a su família, al igual que miles de oaxaqueños.
Otra de las principales amenazas de los proyectos en el Istmo, que se ha obviado demasiadas veces, es el peligro para la biodiversidad. El mismo estudio de impacto ambiental encargado por la CFE al Instituto de Ecología reconoce que el predio está dentro de la ruta de migración de aves “más grande del mundo”, y en ella transitan y anidan 12 millones de aves de hasta 128 especies, 3 de ellas protegidas por las leyes de México, Estados Unidos y Canadá. Y concluye que “el costo ambiental sería alto (…) pues el número de colisiones podría ser elevado”.
Asimismo, el estudio considera “relevante”, el impacto en la afectación a la calidad del paisaje, la pérdida de vegetación, y la colisión potencial de aves con los aerogeneradores, especialmente en otoño y primavera.
Sin embargo, según datos corporativos de ACCIONA, la compañía se ha adjudicado la construcción y explotación de tres parques eólicos más en el estado de Oaxaca (México).
Sin embargo, aún no se ha creado ninguna legislación específica que mitigue la violación de los derechos comunales de los campesinos, ni el despojo de sus tierras, ni los daños ambientales. “Lo peor va a venir para nuestros hijos, que ya no van a tener tierra, va a estar vendida”, concluye Regalado.
ACS SE CONFIESA: no estaban en el negocio eólico para diversificar las fuentes de energía, ni para reducir la contaminación atmosférica, ni para dejar de depender del petróleo, ni para equilibrar la balanza de pagos, ni para revitalizar el medio rural, ni para generar empleo, ni para reducir el agujero de la capa de ozono...;
Llegó la hora de sincerarse: estaban en el negocio eólico por el negocio, para sacar el máximo beneficio al mínimo coste. No quieren producir energía (ni limpia ni sucia) quieren conseguir las concesiones,construir los parques eólicos y, una vez construidos, venderlos.
¿Para qué exigen y valoran las administraciones autonómicas en los concursos experiencia en generación eléctricasi luego dejan vender los parques a quien más pague por ellos?
El economista 5 de marzo de 2012
Economía/Empresas.- ACS reduce un 28% su inversión en renovables en 2011, hasta 617 millones
5/03/2012 - Se trata de instalaciones ya proyectadas, a las que no afecta la moratoria
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
ACS <:ACS.MC:>invirtió 617 millones de euros en promoción de instalaciones de generación de energía renovable en 2011, importe que supone una reducción del 28% respecto a la de 865 millones de 2010.
Del monto total, 482 millones se emplearon en la construcción de plantas termosolares, y los 135 millones restantes, en la ejecución de parques eólicos, según datos oficiales del grupo que recoge Europa Press.
La inversión en termosolares arroja un descenso del 20% en comparación con la ejecutada en 2010, mientras que la correspondiente a energía eólica es un 48% inferior.
Se trata de inversiones en instalaciones ya proyectadas o en construcción, que por tanto no se ven afectadas por la moratoria a las renovables aprobada recientemente por el Gobierno para nuevas promociones y sin efecto retroactivo.
La estrategia del grupo que preside Florentino Pérez en 'energía verde' es similar a la que sigue en concesiones de infraestructuras. Pasa por promover y construir instalaciones de generación con el fin último de venderlas una vez que se ponen en servicio.
"No somos explotadores, sino constructores", insistió en este sentido el pasado jueves el presidente de ACS durante la presentación analistas de los resultados de 2011.
De hecho, ACS tiene en la actualidad colgado el cartel de 'se vende' en un lote de activos de energía, que incluye las cuatro termosolares que tiene en España, instalaciones eólicas que suman 723 megavatios (MW) de potencia y las nueve líneas de transmisión eléctrica que le quedan en Brasil.
El grupo confía en cerrar estas desinversiones en 2012, que se sumarán a las realizadas en 2011 (dos termosolares y varios activos eólicos).
INGRESOS POR 373 MILLONES EN 2011.
Por el momento, la explotación de los activos de renovables ya en servicio reportaron a ACS ingresos por 373 millones de euros en el ejercicio 2011, importe un 20,8% superior al del ejercicio precedente y que equivale al 5,2% de la facturación total de la división industrial del grupo.
En cuanto a la rama de proyectos integrados, dedicada a la construcción de este tipo de activos, contrajo un 13,4% sus ingresos en 2011, hasta 2.705 millones, "como consecuencia de la caída de actividad en España, que disminuye un 35%, por la finalización de proyectos en renovables y la reducción de la inversión en nueva capacidad de los principales clientes en España".
De esta forma, la actividad internacional de proyectos integrados de ACS ya supera a la registrada en España, tras elevar un 23% su facturación en 2011.
La plataforma CORE (Cántabros por la Ordenación Racional de la Energía Eólica) considera que las declaraciones realizadas por el presidente regional, Ignacio Diego, sobre el concurso eólico, en las que hacía afirmaciones como que de éste se puede derivar un "problema económico importantísimo", ponen de manifiesto que "no cabe más" que su suspensión definitiva del mismo.
CORE recuerda en un comunicado que Diego también ha dicho que este concurso ha metido a Cantabria en "un lío jurídico" y que "le puede salir caro a los cántabros", así como que es el "gran cuento del tocomocho eólico" o que las inversiones prometidas "no son creíbles", por lo que la plataforma cree que "debe determinarse qué empresas han querido estafar a los ciudadanos, cuáles deben apartarse del futuro reparto y quienes deben asumir las responsabilidades políticas por el engaño, especialmente si esto ha generado obligaciones económicas".
Según la plataforma, se tiene que explicar "con claridad, detalle y rigor" qué es lo que se ofrecía, qué era lo realizable y qué no era cierto, cuántos eran los puestos de trabajo que "realmente" se aportaban, "si se aportaba alguno", y las inversiones reales comprometidas en las distintas zonas como incentivo al desarrollo local.
CORE también solicita que los servicios jurídicos del Gobierno informen de las "implicaciones y alcance" que tales acuerdos puedan suponer para los ciudadanos y si los mismos suponen algún compromiso con derivaciones económicas, "en contra de lo que han venido sosteniendo los anteriores dirigentes políticos".
Pide además al Gobierno que se hagan públicas las cláusulas y condiciones de las adjudicaciones del concurso eólico y que, al menos hasta que "se aclare el alcance de sus graves consecuencias anunciadas", se proceda de inmediato a la suspensión cautelar del mismo para evitar que se puedan generar mayores perjuicios, "so pena de convertirse en cómplices del mismo".
CORE está integrada por ARCA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro Becedo, Mortera Verde, SEO/BirdLife, Plataforma en Defensa de los Valles del Sur de Cantabria y Revista Cantárida.
01.03.12 - el diario montañés
LUCÍA ALCOLEA
SANTANDER.
El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, afirmó ayer que el permiso de investigación denominado 'Arquetu', para obtener gas natural mediante la fractura hidráulica en los Valles de Saja y Nansa, se encuentra en suspenso. Desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Cantabria informaron ayer de que «hasta que no se resuelva el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación Tres Mares y Ecologistas en Acción, el proyecto se encuentra en suspenso».
Estas asociaciones presentaron un recurso el pasado mes ante «la pasividad» del Gobierno, que no ha contestado a los recursos de reposición presentados en agosto pasado. «El silencio del Gobierno nos obliga a recurrir a los tribunales para obtener una respuesta a las alegaciones presentadas, especialmente porque se concediera sin obligar a la empresa a realizar un estudio de impacto ambiental», informan.
La Asamblea ha recordado que la Mancomunidad Saja-Nansa presentó un recurso contra la concesión del permiso Trofagas al estar afectados territorios de nueve ayuntamientos de los Valles de Saja y Nansa.
El Gobierno cántabro aclaró ayer que no ha iniciado ningún procedimiento para instalar un complejo gestor de residuos industriales no peligrosos en Valderredible y destacó que ha dado por desistida la solicitud, al no recibir del promotor la documentación necesaria a pesar de habérselo solicitado en tres ocasiones. En un comunicado, el Ejecutivo cántabro incide en que la Dirección General de Urbanismo no ha autorizado tampoco el uso de los terrenos para ese fin.
La Finca Taleros, antigua Granja Munilla, se encuentra dentro del término municipal de Valderredible aunque limita territorialmente con los municipios palentinos de Aguilar de Campoo, Pomar de Valdivia y Berzosilla. Esta ubicación ha generado gran malestar en los municipios palentinos, especialmente el de Aguilar de Campoo, que ha mostrado un rechazo frontal al proyecto. Su alcaldesa, María José Ortega (PP), ha señalado que «la zona afectada realmente es Aguilar» y que la instalación de esta planta de reciclaje echaría por tierra el lema 'Arco y Aroma' (románico y galletas) que utiliza el municipio en su promoción turística.
El comunicado hecho público ayer por la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo aclara que desde enero de 2011 el promotor del proyecto (el grupo gallego Toysal) le ha presentado, en dos ocasiones, solicitud y documentación para el inicio del trámite de control ambiental. Señala que en ambas ocasiones, desde la Dirección General de Medio Ambiente, se ha considerado esa documentación «insuficiente», al no cumplir con lo establecido en el decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Control Ambiental Integrado.
Autorización Ambiental
Por ello, el Gobierno requirió entonces al promotor que subsanase esas carencias para poder iniciar el procedimiento ambiental, puesto que las instalaciones tienen que someterse al procedimiento de otorgamiento de Autorización Ambiental Integrada (AAI), y al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
La Consejería recalca que hasta el momento el promotor no ha aportado la documentación necesaria para el inicio de ese procedimiento, por lo cual, «tras un tercer requerimiento y cumplido el plazo reglamentario», se ha dictado resolución por la Dirección General de Medio Ambiente, con fecha 29 de febrero de 2012, dando por desistida la solicitud.
Información pública
Añade el Gobierno de Cantabria en el comunicado de ayer que, en noviembre de 2011 el Ayuntamiento de Valderredible reogió un anuncio de información pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en relación a la solicitud de licencia de obras para esta actividad.
Y remarca que, ante este hecho, la Dirección General de Medio Ambiente se puso en contacto con el Ayuntamiento para informarle de que no se pueden otorgar las autorizaciones y licencias para la ejecución de proyectos que requieren una Autorización Ambiental Integral, «en tanto no se haya publicado oficialmente la resolución que la otorgue». Recordó a los responsables municipales que no se pueden otorgar las licencias para actividades sujetas a algún tipo de control ambiental en tanto éstos no dispongan de Autorización Ambiental Integrada, de Evaluación Ambiental o ambas, o de Comprobación Ambiental.
La Consejería añade que, pese a que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible indicó que el proyecto podría ser considerado como un uso autorizable del suelo y emitió un informe favorable de compatibilidad urbanística, la actividad se iba a localizar sobre Suelo Rústico de Especial Protección. Destaca que, conforme a la ley, en ese tipo de suelo están prohibidas las construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza y destino.
«Este hecho ya ha sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento», apunta la Consejería, que añade que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) está a la espera de la remisión del expediente para la tramitación de la solicitud de autorización en suelo rústico.
Desde el Ayuntamiento de Valderredible, su alcalde, el regionalista Fernando Fernández, ha insistido en señalar que en su mano «únicamente está tramitar la solicitud de una licencia de obra y de una licencia de actividad que ha pedido la empresa». Al igual que ha hecho hace unos días a través de un edicto en el que informaba a los vecinos del municipio sobre el contenido del proyecto, recordó ayer que por las características de la instalación y por ubicarse en unos terrenos calificados como suelo rústico de especial interés, debe ser la Consejería de Medio Ambiente la que de el visto bueno.
