NOTA DE PRENSA
29/07/2021
Plataforma para la
Defensa del Sur de Cantabria
http://www.surdecantabrianatural.blogspot.com/
surdecantabrianatural@gmail.com
La Plataforma presenta
una querella criminal contra Marcano, Blanco, Alvear y Lucio
La ilegal y dañina
reiteración del gobierno en desobedecer lo exigido por TSJC y TS al anular la
adjudicación de potencias del "concurso
eólico" -de hace ya 12 años- y la falta de actuaciones respecto a
nuestras continuas demandas de planificar y evaluar estratégicamente los
impactos y, en consecuencia, paralizar las autorizaciones de los polígonos
industriales eólicos, nos han exigido presentar, el pasado lunes 26, una
querella contra las cúpulas de las consejerías de Industria y Medio Ambiente
por, al menos, delitos de desobediencia a sentencias judiciales, contra el
patrimonio comunal y el medio ambiente, contra derechos protegidos por la
Constitución y prevaricación.
Efectivamente,
TSJC y TS dejaron establecida, en 2012 y 2015 y con relación a la generación "eólica", la forma en que debía actuar el gobierno de Cantabria
·
Se había "indebidamente
omitido la evaluación ambiental exigida para los planes y programas con efectos
significativos sobre el medio ambiente", obligación legal de
evaluación global que hoy, pasados 6 años, sigue incumplida, sin haber sido
evaluada la masiva, dañina actividad energética eólica de las solicitudes de
los 39 polígonos en trámite, más de 1.500 Mw, una potencia que incluso supera
la del “concurso”.
·
La "convocatoria
del concurso de asignación de potencia eólica es -debe ser- algo bien distinto
a un instrumento de planificación o de ordenación" y "la resolución impugnada -y, con ella, la
asignación de potencias- incluye
previsiones y determinaciones que no son propias de una convocatoria de
concurso y sí lo son, en cambio, de un instrumento de planificación",
lo que, agravado y con más dolo, ocurre ahora, al permitir la Administración
que las empresas promotoras de los polígonos eólicos -sin haberse ordenado ni
evaluado- planifiquen su actividad de
facto, se apropien y destruyan el territorio, casi todo él comunal,
·
Aunque el “concurso
eólico” incluía una “subordinación
a los instrumentos de planificación (...) lo cierto es que esa
declaración formal carece en buena medida de virtualidad", lo que
hoy, años después, es más evidente, pues -con dolo- la Administración, incumple
su primera obligación, proteger el territorio de todos planificando, en su
caso, las infraestructuras energéticas eólicas y realizar la evaluación global
conjunta de sus gravísimos impactos.
·
Como no puede ser de otro modo, "la secuencia lógica y obligada es que el
planeamiento preceda a la ejecución, siendo ésta la que debe acomodarse a
aquélla", pues pretender planificar tras haber ejecutado las obras
es poner el carro delante de los bueyes y "supone la entera desnaturalización del planeamiento como instrumento
legalmente configurado para el diseño y trazado de los actos singulares que
deben acomodarse a él", acabando de desmontar el TS con ello la
peregrina idea de los querellados y los grandes consorcios beneficiados por el
ilegal concurso de un remedo de subsanación a
posteriori de las esenciales, ilícitas, dañinas carencias de planeamiento y
evaluación estratégica que, de forma gravísima, seguimos sufriendo, con la
agravante de que son los mismos infractores -a los que el TSJC y TS explicaron
cómo deberían actuar- los que ahora pretenden planificar a su gusto y conveniencia,
además sin evaluar.
Dicha exigencia ha
sido reiterada por la Plataforma a, entre otros, los
querellados en diversos escritos, a los que ni siquiera responden, salvo uno
muy reciente del Sr. Lucio, que solamente puede ser interpretado como un intento
de burla, consistiendo nuestro más serio requerimiento en la petición de que la
Administración regional tramite una Revisión de oficio que declare la nulidad de pleno derecho -y la
consiguiente inmediata paralización de- todos los "expedientes eólicos", exigencia a la que, incumpliendo
las más elementales normas del procedimiento administrativo, ni siquiera
responden.
Las ilegalidades son
tan evidentes, el riesgo que se está generando es tan grave y el desprecio a
los vecinos tan escandaloso que nadie puede dudar que -salvo quiebra total del
Estado de Derecho- el Juzgado de Instrucción adoptará con urgencia, como hemos
solicitado, las medidas precisas para paralizar de forma inmediata el grave
atropello contra el territorio comunal y el interés general que, tan
salvajemente, están siendo agredidos por quienes ya lo intentaron, fracasando,
en 2009, a los que demandaremos las responsabilidades económicas personales
en que, sin ninguna duda, han incurrido.
Los
parques eólicos no son, al contrario de lo que dicen, “verdes”, ni contribuyen
al desarrollo del empleo, la tecnología y la calidad de vida de los afectados,
ni mucho menos a solucionar el calentamiento global que, por el contrario, con
su crecimiento empeoran; son un medio burdo y dañino de generar energía y se
caracterizan por la forma abusiva en que, con apoyo "político",
grandes corporaciones imponen sus proyectos a las comunidades, sin valorar sus
impactos humanos, sociales, ambientales,...
Rechazamos
los parques industriales, la generación concentrada, además de por su burda
ilegalidad, 1) por su falsa caracterización de “verde”, 2) por el incontrolado
poder de especuladores, multinacionales y bancos que los manejan, 3) por el
hecho de que los proyectos, sin información ni debate previo, llegan impuestos
a nuestras comunidades y, además, 4) porque el ciclo de vida de la generación
eólica precisa recursos no ecológicos ni renovables, como son el hormigón, las
gigantescas estructuras metálicas, el cobre, las fibras y plásticos, los
lantánidos, el agua, el aceite,..., además del destrozo que suponen las
infraestructuras, los molinos, las pistas de rodadura, las líneas de
evacuación, las subestaciones,…
Su
instalación significa un acaparamiento de territorio, en especial de los montes
comunales, el control de todo él, que es la vida de su población, dañinos
impactos contra ella y aquel, deforestación, aplastamiento de la habitual
actividad económica, desvalorización progresiva, pérdida de los elementos
culturales, históricos, ambientales, daño en la fauna y la flora, contaminación,…,
afectando, en definitiva, a una visión ancestral, consolidada, del mundo y una
forma lógica de relacionarse con la naturaleza.
Por
ello, exigimos que “los políticos hagan su trabajo y los empresarios el suyo”,
separados, pues “cuando se cruza la raya, aparece la corrupción”,
teniendo la leal convicción de que en los hechos que denunciamos se ha cruzado
esa raya y hay motivo sobrado para denunciar penalmente lo que representa un
caso de corrupción sistémica cierta, quiebra del Estado de Derecho en el
trámite de múltiples procedimientos administrativos, consecuencia todo ello de
la ilícita connivencia del dinero y los políticos; es corrupción que pretende
imponer, aquí ahora, la implantación de gigantescos aerogeneradores, pistas de
rodadura, líneas de alta tensión, subestaciones,… en naturales montañas y
valles, destruir el tradicional y lógico uso agrícola, ganadero, cultural,
turístico, deportivo,… de ese territorio con varios procedimientos
administrativos groseramente ilegales, superpuestos, confusos, con un claro
objeto ajeno al interés general, evidentemente impuesto por un poder no electo
y con un fin programado y definido mucho antes de iniciarse cualquiera de esos
procedimientos.
Un
aquelarre que, visto
lo visto, no se puede permitir, se acabó la paciencia y acudimos al único
medio que nos queda, a los Tribunales con una querella, en principio contra
Francisco Javier LOPEZ MARCANO, Daniel ALVEAR, Guillermo BLANCO y Antonio LUCIO,
cúpulas de las consejerías regionales de Industria y Medio Ambiente, vinculados
al PRC, así como contra todas aquellas otras personas que en las actuaciones
que se practiquen en el procedimiento aparezcan como imputables.
