Plataforma para la
Defensa del Sur de Cantabria
COMUNICADO DE PRENSA
19-09-2019
Solicitud de encuentro
con el Presidente del Gobierno, Miguel A. Revilla
El descontrol y falta de planificación política -cada día mayor- en nuestro
territorio, el público interés mostrado por el presidente en recibir a todo el
que lo desee, excepto en Polaciones donde, en el esperpento con Osborne, no
había nadie, la influyentemente capciosa imagen que están creando ciertos medios,
el hecho de ser una asociación de ciudadanos en plenitud de derechos y la
imposibilidad de reunirnos, pese a haberlo solicitado durante años, con su
Consejero de Industria, y antes Medio Ambiente, Francisco Martín, cuya gestión anegan
los fracasos, urge hacerlo con Miguel Ángel Revilla, para trasladarle los
argumentos resumidos en el escrito adjunto.
Dados los reiterados errores (¿) y fracasos del gobierno que, de modo
enunciativo, relacionamos en dicho escrito, la urgencia y gravedad de todos ellos
y, en especial, el singular ridículo de que todas las grandes corporaciones
eléctricas y el gobierno no sean capaces, tras casi 10 años intentándolo sin
planeamiento, de aprobar ni un proyecto de los innecesarios parques industriales
eólicos que, en exclusivo beneficio del capital, nos pretenden imponer, su
evidente ineptitud política para, democráticamente, elaborar y aprobar el legalmente
obligado Plan Regional de Ordenación del
Territorio, PROT, que adecúe el futuro
productivo en nuestro territorio al reto del calentamiento global y, la guinda
del pastel, el falseamiento y desenfoque que en la política regional genera la
enfermiza obsesión del presidente por su imagen personal no somos optimistas y
nos sentimos obligados, en nuestra condición de asociación sin ánimo de lucro
muy activa, a solicitar la celebración, con la citada urgencia y fines, de
dicho encuentro.
Por
último, dada la importancia de los asuntos a tratar, nos parece de interés que,
tras dicho encuentro, se entregue a todos los medios una valoración conjunta
pública de lo tratado, por lo que, de no llevarse a efecto tal valoración
conjunta, la Plataforma hará pública
la suya.
En Arcera-Aroco, Valdeprado del Río,
Cantabria, diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve.
Asunto:
Solicitud de encuentro
AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.-
_________________________como Presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de
Cantabria, inscrita en el Registro Nacional con el nº ________, con domicilio
a efectos de notificaciones en______________________________________________________________________,
DIGO:
En uso de nuestros derechos, animados por el
público interés que muestra en recibir, sin motivo, a todo el que lo desee y
dado que, pese a haberlo solicitado en numerosas ocasiones por escrito durante
años, no nos ha sido posible debatir los graves asuntos que expresamos más
abajo con el Consejero de Industria, y antes de Medio Ambiente, Francisco
Martín Gallego, nos parece razonable tener un urgente encuentro con Ud., en la
fecha y hora que señale, a la que asistirán cuatro miembros de nuestra Plataforma cuya actividad es pública, para
informarle y conocer su opinión sobre los asuntos de interés general que le resumimos
a continuación.
ANTECEDENTES
Nuestra fundamental preocupación es el
territorio, bien esencial que sufre amenazas, agresiones y daños derivados de
la actividad combinada del poder político y económico, de modo que la acción sincrónica
y planes de esos poderes, su malicia, dejadez, torpeza, inicua parcialidad,...,
según los casos, que se evidencian aquí ahora claros en el caos del "desarrollo energético" que pretende
saquear lo comunal.
No denunciamos meros daños en bienes públicos y
privados causados por la aciaga gestión, sino el déficit democrático que supone
incumplir las obligaciones del que se dice Estado de Derecho al degradar, en
este caso, incluso la atención a la naturaleza.
Vemos que la gestión política, además de deficiente,
adulterada posibilita la tesitura de que, al tiempo del caos energético, el
calentamiento global, la desigualdad, el paro,..., un grupo del entorno del
club que usurpó suelo público y causó irreparables daños en las rocas de la ensenada
del Camello, tan importante o más que La Magdalena, provoque la inane atención
pública sobre una escollera natural, de piedra y nos aparta de los serios debates
además de sobre caos energético, cambio climático, desigualdad, paro,..., acerca
del fracaso de los planes industriales sucesivos, la ilegal y dañina carencia
del legal Plan Regional de Ordenación del Territorio, PROT, el ridículo despilfarro
de la "Universidad de Comillas", el vandalismo de demoler la
Diputación, único edificio administrativo republicano, ¡memoria histórica!, en
Santander, la danza a que someten el de Prehistoria y otros museos, al tiempo
que dimiten la gestión cultural en favor de la dudosa fundación bancaria a que
se permitió usurpar la mejor zona del puerto ciudadano de Santander, el bluff
del fibroyeso de Orejo, Sodercán, el "agudo" Plan de Gobernanza, los cientos de ilegales viviendas,
responsabilidad de Revilla, que hay que demoler, la nada de los Años
Lebaniegos, el Racing, la Cantabria servicial, el ridículo del TAV,..., muy largo
dispendio de inequívocos fracasos para los que vemos ha llegado el momento de
que, ya que no se solucionan con indecorosos sermones en TV prime time, al menos hagamos balance y,
quien deba, rinda cuentas.
El presidente no puede rehuir, como su
Consejero de Industria, el urgente debate que le solicitamos para ampliar y, sobre
todo, hacer públicos sus respuestas/propuestas a nuestros ARGUMENTOS:
PREVIO.-
La Plataforma para la Defensa del Sur
de Cantabria.-
Somos una asociación con diez años de actividad,
apartidista y sin ánimo de lucro, sin ingresos, cuotas ni subvenciones de
nadie, constituida frente al abuso sincrónico de los poderes político y
económico, ahora coordinados para arrasar el territorio común con muy dañinas e
innecesarias infraestructuras eólicas.
Explica Greta Thunberg, niña sueca con síndrome
de Asperger, que es éste un momento crucial en el que, entre otras cosas, urge defender
frente a un nuevo ataque la vida humana y optar entre crecimiento salvaje o austeridad
igualitaria, ahorro energético o despilfarro y, tras ello, abordar con la más solidaria
urgencia el deber de llevar a la práctica una transición energética que evite la
destrucción del planeta.
En
tal lucha habrá que desmontar, urgente, el modelo energético promovido por el oligopolio
de atroces infraestructuras de generación, transformación y transporte y virar
a la solidaria generación distribuida, socialmente controlada; el capital ha
implantado -e implanta- tan agresivas infraestructuras en los lugares que le
parecen más fáciles de usurpar, sin preocuparse por el daño que causa in situ los parques industriales
eólicos, subestaciones, líneas de muy alta tensión,... que, a su servicio,
generan, transforman y transportan energía eléctrica a los alejados lugares en que
la venderá, apiña generación, transporte, transformación y venta de
electricidad en manos de unos pocos para perpetuar el insolidario modelo que propicia
la llamada “pobreza energética”.
La
"soberanía energética"
nacerá de la descentralización, la generación distribuida que use lo que la
naturaleza da -viento, sol/luz, agua,...- donde existe, potencie una generación
eléctrica a pequeña y mediana escala que cubra las necesidades cercanas,
aliente el autoconsumo, el ahorro energético, la eficiencia,..., un modelo
económico más solidario con una idea más social de la energía, pues como dice
Hermann Scheer, “la revolución en el
suministro energético, que relevará las convencionales, solo se desarrollará
mediante diversas iniciativas independientes en muchos lugares y no mediante
una planificación tecnocrática ejecutada por élites económicas y políticas que organicen
el proceso gradualmente en el tiempo y el espacio”.
Contra
la "pobreza energética",
cínicamente esgrimida por capital, políticos y estúpidos, no se lucha con compasiva
“caridad”, sino evitando el derroche,
rebajando costes, siendo austeros e igualitarios, potenciando -no frenando- un
“autoconsumo” que genere parte de la
electricidad que, verdaderamente, precisemos y propicie el “balance neto”, vertiendo a la red
-pública, por supuesto- la energía sobrante para que la pueda consumir/comprar
-a un precio justo- quien la precise; con ello, al reducir gravámenes, trabas
burocráticas y legales,..., pueblos, polígonos industriales, edificios,... usarán,
cederán, arrendarán,... tejados y parcelas para generar energía, revolucionario
avance.
Arne
Jungjohann, analista energético, nos dice que en Alemania, ya en 2012, el
47% de la energía renovable nacida de la transición energética era propiedad
individual y de pequeñas empresas, administraciones locales, cooperativas,...
y el libro “Energía para la democracia”
explica que la llamada "pobreza
energética" la origina el capital con su tratamiento de la
electricidad como una mercancía para acumular más capital, en lugar de como un
bien básico para la vida diaria en la sociedad actual.
Tras esas -nuestras- tesis, analizamos lo de
aquí ahora.
PRIMERO.-
El "Concurso eólico".-
Pese a parecer prehistórica, denunciamos la ilícita
aberración que es la línea de muy alta tensión, a 400 kV, Soto de
Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso que, ahora bajo el mar, prolongan hasta Francia
como parte de la "autopista
eléctrica" que exige la generación concentrada, por lo que sería
razonable que la Consejería de Industria y el Presidente informen sobre el
uso y servicio que a los treinta años de su inicio proporciona tal línea.
Más
próximo en el tiempo, otra fase del abuso obligaba hace nueve años a recurrir
en alzada ante el gobierno la Resolución del Consejero de Industria, BOC de 8
de junio de 2009, que convocaba un “concurso
público para la asignación de potencia para instalar Parques eólicos en la
Comunidad Autónoma de Cantabria”, recurso que, pese a su importancia, se
desestimó mediante la indecorosa figura del silencio administrativo.
Trataba
el recurso de evitar que se implantaran parques eólicos con una potencia a
instalar de 1.400 Mw, propuestos, a la carta, en un supuesto estudio con
pretensión de "Evaluación Ambiental
estratégica" de la Universidad de Cantabria -¿cuántos millones de € de
"negocio"?- y, aún más grave, que el territorio de Cantabria arbitrariamente
se parcelara en siete zonas sin siquiera haber posibilitado alegaciones de los
interesados; un regalo a poderosos grupos y medradores locales frente al que hubo
que interponer recurso contencioso-administrativo ante el TSJC, que anuló el
"concurso", anulación
confirmada por el TS al desestimar la casación de los poderosos consorcios: E.On Renovables, SLU, hoy Viesgo -o vete a saber qué-; la
extinguida Cantabria Generación, SL
-Caixa Nova, Banco
Gallego, Instituto Hidrúlica U.C.,...-; Eolican -Engalsa, Jealsa, Biobas,..., socios gallegos, hoy
en liquidación-; la portuguesa/china EDP
Renewables, S.L., tercera empresa mundial en renovables; Actium
-Ascan, Apia XXI,...-, Helican -Sniace,
Banco Santander, Helium,...- y Biocantaber,
S.L. -Iberdrola, Ocyener,...-, dos sentencias que, por graves ilegalidades,
declararon nula la resolución y sin efecto el concurso, la potencia eólica fijada
y la zonificación, impidiendo un ilícito negocio.
Fueron
graves ilegalidades, no evaluar los impactos e incumplir el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006 que garantizan el derecho
político de interesados y afectados a ser informados y participar para intentar
evitar que desigualdad, inseguridad jurídica, incapacidad o, aun peor,
venalidad de la Administración, los perjudique.
Tras
la sentencia del TSJC, la administración cántabra, autora de la resolución,
admitió la ilegalidad del "concurso",
acató y se sometió a aquella, siendo los grandes consorcios los que, para
fracasar, recurrieron ante el TS.
Ya
que desde un inicio, pese a las muchas advertencias previas, se adjudicó la
posibilidad de generar 1.400 Mw eólicos a empresas concretas, se deberán valorar
de modo retrospectivo las responsabilidades políticas en tal cúmulo de ilegalidades.
SEGUNDO.-
Parques eólicos.-
Las dos sentencias fijaron que el Concurso planteaba "una zonificación del territorio distinta de
la prevista inicialmente -en el anterior Plenercan 2006-11-, puesto
que de tres zonas pasaba a siete”, mediante 1) el Decreto 19/2009, que regulaba
la instalación de Parques Eólicos en Cantabria y 2) la Resolución anulada que,
de modo oscuro, se intentó consolidar con 3) la Resolución del Consejero de
Industria (BOC 10/12/2010) que, sin justificar, asignaba a grupos concretos la urdida
potencia de 1400 Mw.
Reproducimos los mapas que muestran las enormes
diferencias entre las 3 zonas del Plan
Energético, Plenercan 2006-2011 y
las 7 del ilegal Concurso, que
afectaban a casi toda Cantabria:
Zonificación del
PLENERCAN 2006-2011 (tres Zonas en azul y rojo)
Zonificación de las
Bases de la Resolución anulada (Siete Zonas delimitadas en rojo)
Anulada
la implantación de los 1400 Mw, se sustituyó el Plenercan 2006-2011 por el PSEC 2014-2020 que, sin
justificarlo, previó unos 700 Mw, alardeando en los medios de comunicación reiteradamente
de que el Gobierno, desde el primer momento, recibió solicitudes, unos quince parques “con una potencia total de 368 Mw” que, según los mismos medios, se
estaban tramitando, diciendo en el parlamente el Consejero de Industria que se ubicarían
en Aguayo, Molledo, Bárcena, Luena,
Soba, Campoo de Yuso y Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río,.., todo el sur
de Cantabria.
Si nos fijamos, por ejemplo, en el P.E.
"El Escuchadero" veremos -como
en cualquier otro- lo burdamente ilegal de la acción política de la Consejería
de Industria en el trámite de las solicitudes, frente a las que la Plataforma formuló alegaciones, concluyendo
los expedientes con el rechazo de todos ellos por Medio Ambiente que, requerida
por Industria en el caso concreto de "El
Escuchadero", el 25 de abril de 2016 fijaba las siguientes Conclusiones sobre su tramitación:
"I) La Dirección General de Medio Ambiente no ha procedido hasta
ahora a iniciar el trámite de evaluación ambiental por las distintas
consideraciones -a las que nos remitimos- expuestas en el informe de 21 de enero de 2016, y que son objeto de
matizaciones en el presente informe.
II)
Basándonos en la consideración de que estamos ante un único parque y no tres ("El Escuchadero", "Peñas
Gordas" y "La Cruz del
Marqués", como quería Industria) -a
los solos efectos del trámite ambiental- la documentación presentada
(proyecto, EsIA, fase de IP,...) no es válida, ya que recoge fragmentariamente
el proyecto que debe tramitar evaluación de impacto ambiental".
Ahora vuelven a iniciarse trámites con
el apoyo "experto" de Capital Energy, Green Capital Power, vinculada a la familia de Florentino Pérez,
trámites en los que, con nuestra oposición, el órgano sustantivo -la
Consejería de Industria- ni ha iniciado la información previa en ninguno de los
parques que se proyectan, coincidentes muchos de ellos con los del Concurso eólico, cientos de amenazantes aerogeneradores,
líneas de alta tensión, subestaciones, pistas, toneladas de peligrosos metales,
metros cúbicos de hormigón armado,..., que, destruirían lo mejor de nuestro
vida, territorio, naturaleza, historia,..., para que los siempre generen innecesarios
Mw de potencia eléctrica, sobre lo que se ha difundido mucha y muy engañosa
publicidad en los medios de comunicación.
Así pues, lo paralizado por ilegalmente nulo se
intenta poner de nuevo, del mismo caótico/no ordenado modo, en marcha por Green Capital Power -un irónico Poder del Capital Verde- filial de Capital Energy, vinculada al grupo saudí
Alfanar, que proyecta, sin
planificación previa, implantar cientos de Mw eólicos, más que los 700
previstos en el PSEC 2014-2020, en
muchos agresivos parques industriales -Olea,
Ornedo, Cotío, Henestrosas, Morosos, Cildá, Amaranta, Maya, Bustatur, Alsa,
Ribota, Berana, Monte Garma, El Escuchadero, Zalama, Cruz del Marqués, Peñas
Gordas,...- que dañarían parte esencial de nuestro territorio, como
petróleo y ferrocarril hicieron en el far-west.
Repetimos, sin PROT ni zonificación energética
o eólica legal y lógica, solo con su secreta planificación, lo quieren hacer
parque a parque sin que, incumpliendo exigencias de información y participación
política, se puedan evaluar las negativas sinergias que todo ello genera,
destrozando ancestrales tipos de vida -el futuro en la actual situación-,
cultura, historia, turismo, trabajo,...
Tal es la situación que, con mayor detalle y
datos, explicaremos en el encuentro, resaltando en él el venal y sospechoso
hecho de que, cuando el PRC ha pasado a controlar Medio Ambiente -evaluación de
los impactos- con un nuevo consejero muy próximo a Revilla, se haya desatado una
pública y descarada euforia en presidente y consejero de Industria que parecen dar a entender que habrá más
celeridad y un distinto final -¿con los mismos técnicos que han informado
negativamente iguales o muy similares proyectos?- para los trámites.
TERCERO.-
Desistimiento de infraestructuras eléctricas y vuelta a ellas.-
En el colmo de la burla, los frenéticos y
concretos proyectos de implantar parques industriales eólicos en el sur de
Cantabria amenazaron sus valles con otras agresivas infraestructuras de
transformación y transporte de las que, al decaer los proyectos eólicos, REE, "voluntariamente"
desistió en la forma que a continuación resumo.
Empezando por el final, en
el BOC de 05/02/2018, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Industria publicaba una Resolución "por
la que se acepta el desistimiento de Red Eléctrica de España, S.A.U., a (...)
las siguientes instalaciones: Parque a 400 kV de la Subestación 400/220 kV
Valdeolea, línea de entrada y salida en la subestación de Valdeolea de la línea
a 400 kV Herrera-Virtus, y de la línea a 220 kV Mataporquera-Valdeolea y
reconfiguraciones líneas 220 kV Aguayo-Mataporquera y Cillamayor-Mataporquera",
haciendo desaparecer, mediante la misma, hoy firme, un gran mallado de
líneas y subestaciones, incurriendo, entre otras, en la falsedad de afirmar
que en los expedientes "no se han
presentado interesados", pues, al menos, la Plataforma presentó diversas alegaciones y recursos.
Resulta
en especial llamativo que 1) REE, operador del sistema eléctrico admita que,
por su propia dejadez, ha caducado el expediente y confiese de modo explícito
que 2) la actividad pretendida "figura
actualmente entre las no incluidas en la Planificación en las tablas 3.61 (motivación ApD) y 3.64
(motivación EvGen) del documento principal de la "Planificación Energética,
lo que significa que tales infraestructuras ¡¡no fueron necesarias, ni
legales, nunca!!
Es
ello muestra de, al menos, ineptitud en la acción político-administrativa o, en
el peor caso, de pretensión de engañar a los afectados/interesados, como lo es
también el desistimiento de la “línea aérea de transporte a 220 kV D.C.
L/220 kV Mataporquera-Valdeolea", autorizada y declarada de utilidad
pública en el expediente AT 66-11.
Coincide todo ello, en el tiempo y la irregularidad
en el método, con la "Orden
ETU/357/2018, de 22 de marzo, por la que se declara la suspensión de los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Bezana" y
"Bigüenzo"", publicado en el BOE nº 84, de 6 de abril de
2018, referida a proyectos del año 2009 que amenazan a 180.000 Ha. de
territorio del norte de Burgos/Palencia y el Sur Cantabria (Campoo, valdeprado
y Valderredible), una "suspensión"
ilegal que, además, favorece a su titular pues con ella "se habilita a la Dirección General de
Política Energética y Minas para levantar, mantener y modificar la suspensión
de los permisos de investigación (...)", lo que supone una total
inseguridad jurídica para un territorio equivalente a ¡un tercio de la
superficie de Cantabria! En la nueva "coyuntura" parece renacer la
amenaza de nuevo interés en implantar todas las infraestructuras desistidas.
¿Hacia dónde miraban mientras entonces -y miran
ahora- quienes nos "representan"?
CUARTO.- Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).-
Fija
la Disposición final primera de la Ley
2/2001, 25 junio, del Suelo de Cantabria que "la aprobación inicial del (...) Plan Regional de Ordenación del
Territorio (...) se producirá (...) en el plazo de (...) nueve (...) meses
desde la entrada en vigor de la presente Ley", debiendo haberse producido
tal aprobación, por tanto, antes del 28 de mayo de 2002, ¡hace más de diecisiete
años!
Pese
a los daños causados por tanto tiempo de salvaje actividad sin ordenar, no
se inició el trámite del esencial instrumento de planificación hasta que, tras
una grosera campaña en los medios, en los últimos meses de 2016, se emitieran un Documento Base y normas
para el funcionamiento de unas llamadas mesas sectoriales, burocracia sin
“sustancia” que se oponía a tener en cuenta las diversas e importantes
infraestructuras regionales en trámite que convertían la norma que se pretendía
aprobar en ineficaz para una correcta y útil ordenación de nuestro territorio, pues
partía de un inane PSEC 2014-2020 -que
debió ser posterior al PROT-, un Plan
de Acción Industrial y otro de Gestión de Residuos, la red de autovías, el agresivo
caos eólico, los salvajes permisos de fracking, el desorden del Puerto ciudadano
de Santander…, infraestructuras en las que los políticos admitieron su
intención de que el PROT no incidiera, convirtiendo éste en trampantojo para
desfigurar y ocultar lo real, obviando, además, el Convenio de Aarhus y la Ley
27/2006, impidiendo nuestra implicación en sus fútiles sesiones, si bien
solicitamos que se nos notificara cuanto, en su caso, llegaran a generar las
“mesas”.
Tras
una tramitación burocrática sin información ni participación reales, de nuevo se anunciaba -siempre por los medios
de comunicación- un Documento de inicio
que pretendía ser base para la aprobación inicial del PROT, documento que, al parecer, tenía como finalidad
ser, tras ser informado, el que la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CROTU) conociera para la aprobación inicial y, tras ella,
para que el Parlamento regional,
antes de concluir la anterior legislatura, lo aprobara como ley.
Onírico relato político que anunciaba los importantes
objetivos -luego fallidos- del PROT, fijar los asentamientos en el territorio,
regular su transformación y crecimiento, señalar zonas preferentes para futuras
infraestructuras industriales, aumentar la capacidad de las autovías A-8 y
A-67, fijar las exigencias del tren de altas prestaciones, mejorar las
frecuencias de FEVE y RENFE, desarrollar los espacios logísticos -de lo que
queda- del Puerto de Santander, regularizar del bitrasvase Ebro-Besaya, cerrar
el putrefacto problema de la depuradora de Vuelta Ostrera,..., a lo que, frustrado
-y, por ello, generando melancolía-, se pretendió unir al final, sin información
ni participación política pública, a partir de urgentes, escuetas y no razonadas
recomendaciones del Parlamento, 1) la variación de las normas para el
crecimiento residencial en pequeños asentamientos en suelo rústico, 2) la fijación
de zonas preferentes para el desarrollo industrial o 3) la delimitación de los
espacios donde se implantarían 700 Mw eólicos,..., por lo que, con la sola
información de lo aparecido en los medios solicitábamos, por escrito, su
nulidad.
Pese a haber alardeado de la elaboración del
PROT como un “un proceso
ejemplar, abierto, amplio y dinámico”, fue lo contrario pues, en especial en
su básica fase final, no hubo información ni participación, redactando a la
carta aspectos vitales que parecían tener como primordial fin la legalización
de proyectos bloqueados, ilegales, derrotados en los tribunales o con fuerte
oposición social; con 17 años de retraso respecto a lo que exige la Ley del
Suelo, la acción política que acompañó a la débil vida
del trámite del PROT no parecía pretender ordenar el territorio eficaz y
correctamente, sino llevar a la práctica algo ajeno a la norma.
En el caso concreto del injustificado, lento y
zigzagueante desarrollo energético, no se ordena ni planifican de ningún
modo en el territorio los arbitrarios Mw eólicos, de modo que se somete a los
afectados/interesados a indefensión e inseguridad jurídica, toda vez que desconocen
lo que en realidad se pretende hacer.
Con tales antecedentes y por razones no
explicadas, el PROT fue retirado de la CROTU por quienes, en enero de 2018, lo
habían presentado para su conocimiento y aprobación, sin que a ciencia cierta sepamos
cuándo y cómo se volverían a iniciar o reanudarían sus trámites; todo ello
fue motivo para que la Plataforma,
discrepante, solicitara por escrito ante la reunión de la CROTU de 31 de enero
de 2018, la nulidad del PROT, decisión que no se llegó a debatir al ser retirado
el documento sin explicar los motivos.
Hace
ya casi dos años y no hemos avanzado más.
QUINTO.-
Conclusiones.-
Lo anterior es un breve esquema de años de
lucha contra el abuso, relato del ilegal, ilógico y, quizás, corrupto trámite del
desarrollo energético, esencial para el futuro de nuestro mínimo territorio y,
por tanto, el de todos y cada uno de nosotros, en la lucha contra el
calentamiento global que obliga a utilizar los medios precisos para salir del
ghetto en que, unidos, dinero y política, nos pretenden secuestrar; un
descalabro, ejemplo de lo que en general ocurre, del lamentable fracaso de la
política en un sistema corrupto e inútil para el ciudadano que, por ello, nos obliga
a fatigarnos para determinar 1) la actuación origen de lo denunciado, 2) quién
sufre sus negativos efectos, 3) cómo remediarlo y 4) quiénes lo deberán hacer.
Si razonamos sobre ello y el trascendente impacto
social del, en el mejor caso, yerro de la acción política en tan importantes asuntos
-actuaciones de altos cargos, desde hace años, ahora en Industria y, antes, en
Medio Ambiente- que impiden que quienes
de modo ilegal han hecho lo relatado, inmersos en una indiciaria evidencia de
corrupción, lo sigan haciendo, siendo urgente este encuentro y hacer público lo
que resulte de él.
Repetimos que ello es ejemplo de lo que aquí
ahora ocurre cuando, claro síntoma, distraídos por miembros de una sociedad
que abusa del suelo público y daña el medio ambiente de las rocas de la ensenada
del Camello, al menos tan digna de ser protegida como la playa de La Magdalena,
perdemos tiempo debatiendo sobre una escollera natural, de piedra, y olvidamos
las catástrofes que, como el caos energético, el calentamiento del planeta, la
desigualdad o el paro sistémico, nos causa el gobierno regional con el fracaso
de sus planes industriales, el caro ridículo de la "Universidad de
Comillas", la demolición de la Diputación, único edificio administrativo
republicano, ¡memoria histórica! de Santander, la impúdica danza del Museo de
Prehistoria y otros, la fábrica de fibroyeso, Sodercán, el "agudo" Plan de Gobernanza, las viviendas
ilegales que hay que demoler, lo inane y caro de los Años Lebaniegos, la servil Cantabria, lo del Racing, la humillante ilegalidad
perpetrada en la mejor zona del puerto de Santander en favor de una poco fiable
fundación,... y el larguísimo etcétera de frustraciones y carísimo despilfarro de
dinero público, para el que ha llegado el tiempo de que, visto que indecorosos
sermones en prime time televisivo no
traen la solución, la busquemos, hagamos balance y, quien deba, rinda cuentas.
Por todo lo ello,
SOLICITO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE
CANTABIA que tenga por presentado este escrito y por formulado lo expresado en el
mismo para que, a su tenor y tras los trámites precisos, se señale día y hora
que tenga lugar para el urgente encuentro.
En Arcera-Aroco, Valdeprado del Río, Cantabria,
a 19 de setiembre de 2019.
